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jueves 25 diciembre 2025
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Foro del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional

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MCRC

Queridos amigos de la libertad:

Seis años después del fallecimiento del fundador del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional (MCRC), don Antonio García-Trevijano Forte, continuamos defendiendo y divulgando sus vigorosas ideas. Mantenemos encendida la antorcha de la libertad política con el mismo espíritu innovador y de lucha que siempre ha caracterizado al MCRC, a pesar de las adversidades y de los intentos por parte de la oligarquía política y de sus medios de comunicación, de que nuestras ideas no influyan en las corrientes mayoritarias.

Se ha propuesto una nueva iniciativa de la cual os queremos hacer conocedores:

1) Hemos creado una nueva página de asociados. Para acceder tenéis que hacer clic en este enlace, rellenar el formulario de registro y esperar la validación de la Junta Directiva.

2) Se ha puesto en marcha un foro en el que todos los asociados podéis participar. Este foro funciona de forma independiente del área de asociados. Para poder acceder al foro primero hay que darse de alta en la página de asociados, registrándoos con usuario y contraseña de manera independiente respecto al área de asociados (empleando la misma dirección de correo electrónico). Una vez registrados, también debe validar el registro la Junta Directiva. Os animamos a estar en contacto con nuestra comunidad y organizarnos todos juntos.

Además, aprovechamos para recordaros el doble acto que se va a celebrar el día 2 de marzo en Órgiva (Granada). Allí se va a celebrar un homenaje a Antonio García-Trevijano, además de la Asamblea General Ordinaria del MCRC, a la que estáis convocados todos los asociados para ese mismo día.

Esperamos vuestra participación en estos y en los futuros proyectos del MCRC. Atentamente.

Lealtad, verdad, libertad.

El último trampantojo del régimen

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Ilustración de la portada de Pere Borrell del Caso: Huyendo de la crítica (1874).

La norma verdaderamente eficaz, es aquella no escrita pero que es aceptada por todos sus destinatarios. Se percibe legítima y mueve a la obediencia voluntaria y a su adhesión. Una norma no escrita circulaba en las élites jurídicas españolas de manera inveterada. Cuadraba y cerraba en la cúspide del edificio al resto del arco estatal.

Los altos cuerpos de funcionarios al servicio del Estado, y en este artículo deben ser llamados por su nombre, letrados de Cortes y letrados del Consejo de Estado, me refiero especialmente a los primeros, eran percibidos en el mundo estatal, administrativo y político como la última frontera de la razón del derecho. El último dique. El bastión del supuesto prestigio que con auctoritas corregía los desmanes de la potestas. Aquellos que tenían el oficio de pastorear las ovejas descarriadas al redil del consenso salvífico. Aquellos que podían renovar el pacto taumatúrgico de «la Transición» en cada decisión tomada. Eran los auténticos sacerdotes de un culto salvador y salvífico que sólo ellos conocían y que provocaba genuflexión en los bancos de la sociedad política. Ellos engranaban las viejas generaciones con las nuevas para que la continuidad del consenso no se interrumpiera.

De manera casi hipnótica, todo el espectro político obedecía lo que ellos decían. Navegaban por esos procelosos mares de las envidias políticas sin que la espuma ni la sal les salpicaran. Siempre adelante, siempre mar adentro en la singladura constitucionaria. Eran el último trampantojo del régimen. Cumplían bien la función de engañar al ojo público, una suerte de ilusionismo que diese una cierta impresión que la realidad sabemos que desmiente.

Quedaban bien en el altar del Estado. Daban cierta cobertura de prestigio al régimen. Daban. Hasta que el brazo corruptor de este Directorio les alcanzó. Y lo hizo con la estrategia más diabólica posible: dividirlos. El curso de honor de los letrados de las Cortes pasaría a depender del comisario letrado, nombrado por el Ejecutivo contra la tradición de auctoritas del Cuerpo. En ese preciso momento, el Cuerpo perdió la esencia que los salvaba. ¿Golpe sibilino para que implosione desde dentro o torpeza máxima? Un harakiri en tiempo real. Lo que quedaba de honor, sólo podía salvarse pidiendo el traslado a la otra Cámara o huyendo a las Reales Academias, esos magníficos pastos donde descansan los pastores del régimen, pero el daño cometido es de magnitudes insospechadas.

Se dio a morder la manzana de la corrupción a los mejores y la mordieron. En ese mágico momento, al mundanizarse, se disolvió su carisma, la carroza se convirtió en calabaza. El trampantojo caía y quedaba al desnudo y en carne viva el cinismo del régimen. Ya no hay auctoritas, sólo potestas. Tú, Ejecutivo, dicta, y yo, jurista orgánico, justificaré lo que me pidas. Ahora la amnistía. Después, la desmembración de España.

Confesiones de remordimiento

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Aun a pesar de vivir en un periodo postmodernista, en el que todo sea relativo, incluso la moral, es sorprendente cómo pervive la condición humana en su esencia, por mucho que se artificialice la inteligencia.

Una persona arrepentida de un acto, ha cerrado el ciclo en su conciencia respecto de su acto; independientemente de que vuelva a errar, pero está establecido en su conciencia que es un mal acto.

Sin embargo, parece que el remordimiento hace referencia a que la justificación consciente del acto sea vista como un pretexto en su subconsciente. El acto cometido sigue remordiendo la conciencia del remordido.

Y en la política puede traducirse como testimonios o confesiones para aliviar ese remordimiento. Si no, un servidor no podría encontrar justificación a las siguientes declaraciones.

Alfonso Guerra reconoce la ausencia de separación de poderes. Confiesa que la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género es inconstitucional, y que fue aprobada por el Tribunal Constitucional debido a presiones políticas.

Fernando Suárez denuncia que se haya impuesto el régimen electoral proporcional como un pretexto para dar cabida a ideologías diversas, maniobra blanqueadora de la transición; y que luego fue usado como cimiento de la oligarquía de partidos española, anulando la posibilidad de representación política de la nación.

Luis María Ansón rompe su voto de silencio respecto al golpe de Estado del 23-F. Su testimonio recoge que la estrategia inicial, diseñada por el general Armada, según él, consistía en un golpe militar para instaurar un gobierno de salvación. La estrategia estaba basada en el golpe dado en Francia en 1958, que devino en la V República francesa. Pero en este caso no dio lugar al gobierno de concentración debido a la negativa del coronel Tejero a aceptar a socialistas y comunistas en el gobierno.

El pretexto que esgrime Ansón es el miedo a un golpe de Estado reaccionario debido al descontento de la cúpula militar, que veía en el desgobierno de Suárez cómo la ETA asesinaba a generales del Ejército cada pocos días. No sólo es una confesión de la mala arquitectura política pergeñada en la transición española, además de la justificación del golpe de Estado, sino que es muy improbable que Juan Carlos no hubiera dado el visto bueno al plan del general Armada para salvar su monarquía, a pesar del testimonio del señor Ansón.

Un infierno empedrado de buenas intenciones

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Tras la guerra árabe-israelí que se desarrolla en 1948, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) crea en 1949, con la resolución A/RES/302 (IV), la agencia encargada de prestar ayuda humanitaria a todos los palestinos desplazados por la guerra. UNRWA, promovida por Israel y Estados Unidos (EEUU), y fuertemente financiados por países de la Unión Europea (UE), es la única agencia de la ONU cuya área de actuación se circunscribe exclusivamente a una sola región del mundo.

A lo largo de las última décadas, han ido surgiendo acontecimientos y denuncias importantes que evidenciaban cómo la organización podría estar siendo instrumentalizada por parte del fundamentalismo islámico, tanto en términos de financiación como de adoctrinamiento. Así es como vemos que en 2017, la organización no gubernamental y sin ánimo de lucro UN Watch, con sede en Ginebra (Suiza), que tiene como misión auditar de forma independiente la labor de la ONU, denuncia en un informe cómo 40 profesores de UNRWA se dedicaban en la red social Facebook a difundir mensajes de odio antisemitas e incitando acciones terroristas. La organización introduce su informe textualmente con el siguiente párrafo:

«Los ejemplos de incitación en este informe incluyen a profesores y personal de UNRWA celebrando el secuestro terrorista de adolescentes israelíes, vitoreando el lanzamiento de cohetes contra centros civiles israelíes, respaldando diversas formas de violencia, borrando a Israel del mapa, alabar a Hitler y publicar su foto, y publicar vídeos abiertamente antisemitas, caricaturas, y declaraciones».

Tras el terrible atentado del 7 de octubre de 2023, Israel emite un informe, en el que muestra evidencias de cómo 12 miembros de UNRWA habrían participado directamente en el atentado, lo que definitivamente hace reaccionar a los principales países donantes (tras suspensiones temporales de fondos en años anteriores) y que sumaban cerca del 89% de los ingresos de la organización. Esto ha supuesto un duro golpe para las finanzas de UNRWA, hasta tal punto de poner en grave riesgo su subsistencia, lo que ha provocado que —como buenos tontos útiles bajo el mandato de un gobierno no electo por la mayoría y sin mecanismos de control—, España haya donado una partida extraordinaria de 3,5 millones de euros; a diferencia de países como Suecia que, en una decisión más sensata, abordaron esta crisis reorientando las aportaciones que ya hacían hacia otras ONGs de actuación internacional, que están presentes también en la zona.

Más recientemente, en EEUU, haciendo gala de esa libertad política fundadora que dio origen a los mecanismos de control del poder en una democracia y que los repúblicos, desde el MCRC (Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional), defendemos para España, es donde UN Watch ha presentado otro informe este mismo año para exponer al pueblo norteamericano lo que está sucediendo con el dinero que sus representantes políticos aprueban en el Congreso a este respecto; siendo en el mencionado auditorio donde el director ejecutivo Hillel Neuer lo expone ante la Comisión de Asuntos Exteriores, Subcomisión de Derechos Humanos Mundiales y Organizaciones Internacionales. En en este informe se detalla cómo en un grupo de unos 3000 miembros de la aplicación de mensajería Telegram, de los cuales muchos de ellos serían profesores pertenecientes a UNRWA, al menos 30 habrían estado celebrando el atentado del 7 de octubre y apoyando el terrorismo de Hamas.

Hasta ahora, todas las pruebas y denuncias que se presentaban podrían resultarnos localizadas y aisladas en el tiempo, posiblemente no suscitando mayor importancia ante los ojos de muchos, teniendo en cuenta que UNRWA ha actuado en todas ellas expulsando a las personas que estuviesen implicadas. Sin embargo, las acusaciones que ha vertido esta semana Israel, acompañándolas de evidencias visuales, de confirmarse, resultarían de máxima gravedad, al manifestar lo que no puede ser otra cosa que una complicidad total con Hamas, pues estaríamos hablando de túneles utilizados por la organización terrorista que, al parecer, pasarían bajo algunos de los centros de la mencionada agencia de la ONU, y que se suman a los que ya se encontraron bajo el enclave neutral de Al-Shifa; uno de los hospitales más importantes de la Franja de Gaza.

Fiscales veletas

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Pedro Manuel González, autor del libro «La Justicia en el Estado de partidos», en el capítulo nº 199 de «La lucha por el derecho» nos habla del inevitable control de la Fiscalía por parte del Gobierno de turno.

La Fiscalía, instrumento de gobierno

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Si se conoce que La Fiscalía es un instrumento del partido gobernante para llevar adelante sus iniciativas, no debe sorprender que invariablemente sus decisiones vayan a favor de su estrategia política. Para que luego hablen de lawfare.

Ahora, los tertulianos del otro bando se echan las manos a la cabeza porque el fiscal general del Estado, don Álvaro García Ortiz, se pronuncie, con supuesto criterio técnico, en contra de las intenciones de García Castellón y de la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, de seguir su instrucción contra Puigdemont por delito de terrorismo, lo que le dejaría fuera de la amnistía según la inicial redacción de la propuesta de ley orgánica.

También se hacen cruces porque el fiscal del Tribunal Supremo que ha de informar al respecto, el señor Redondo, cambiara súbita y radicalmente de criterio tras entrevistarse con el propio García Ortiz.

Sin embargo, todo obedece a la lógica de la cadena de mando. La razón de esta situación se encuentra en la propia configuración de La Fiscalía como estructura jerárquica, en cuya cúspide se sitúa a un fiscal general del Estado elegido por el Gobierno. Por eso en el Gobierno están tan tranquilos. De los mismos creadores del «¿y La Fiscalía, de quién depende?», llega ahora el «decidirá quién le corresponda decidir».

Sólo la auténtica unidad de las carreras fiscal y judicial dentro de una justicia independiente, regida por un órgano de gobierno separado del poder político orgánicamente, garantiza la integridad de la función de defensor del derecho propia del Ministerio Público.

En realidad, la prosecución neutral del interés público y la operación intelectual de juzgar y hacer cumplir lo juzgado son dos caras de la misma moneda, inseparables y complementarias. Sólo las diferencia la capacidad decisoria. No olvidemos que en el derecho penal español, al contrario, por ejemplo, que en el norteamericano, el fiscal no es un mero acusador sino un defensor imparcial del derecho, que debe apreciar y manifestar al juzgador, si existen, las circunstancias que eximen de la responsabilidad criminal.

Agárrense a los asientos, porque esto será un aperitivo si, finalmente, tal y como están de acuerdo los partidos del gobierno y oposición (ya se sabe: «hoy tú, mañana me toca a mí»), sale adelante la reforma procesal penal para sustraer las competencias instructoras al juez y atribuirlas al fiscal.

Veintitreintismo

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Caricatura de la portada diseñada por Maximiliano Fiocca.

No hace un año de las elecciones generales. Votó un 66,6% de la población. Resultó el voto disperso entre las diferentes facciones, pero el régimen continuó incólume.

En ese contexto, continúa la política oligárquica en la que vemos cómo el régimen de votación proporcional da un poder decisivo a las oligarquías independentistas.

Se llega a tal punto de cinismo en que, para poder formar gobierno, el descaro de Sánchez llega al punto máximo en amnistiar a terroristas. Cuestión que enfada a la población y se manifiesta ante la sede de la facción estatal en el gobierno.

Sin embargo, la política de empobrecimiento de la ciudadanía pone en situación límite al sector primario, que decide manifestarse en contra de las medidas, no del régimen. Se manifiestan para que no los castiguen tanto. Los diferentes intentos por capitalizar el descontento del sector primario en una acción en contra del régimen quedan desarticulados por los mismos agricultores, los más destacados mediáticamente.

Puede ser que me equivoque en mi análisis, o que suceda algo inesperado. Pero no hay nada nuevo bajo el sol, de hecho, la consigna del 15M buscaba ser aséptica, por no vincularse a ningún partido ni sindicato —en aquel caso urbanitas indignados—, y ahora, tenemos a la gente del campo «indignada».

Respecto a las manifestaciones, el 15M usaba las acampadas, sin embargo, los agricultores usan una estrategia de resistencia activa, cortando la circulación y las líneas de suministro. Y se suman a las protestas los que años antes fueron calmados por el gobierno con subvenciones estatales.

Dada la naturaleza internacional de las manifestaciones por la Política Agraria Común, seguramente la UE deba ceder total o parcialmente en sus medidas, pero una vez conseguidos sus objetivos: ¿continuarán las manifestaciones?

Parece ser que todos comprendemos que uno no se puede tomar en serio lo que dicen los políticos. En España —y en Europa— estamos muy acostumbrados a la caradura con la que proponen una cosa para luego hacer la contraria.

Sin embargo, hay un fenómeno que se produce en otro plano. Y es cuando dejamos el plano físico de las acciones perpetradas y entramos a hablar de siglas de partido o de cualquier otro ente jurídico.

Es así que parece no importarle a nadie, por ejemplo, que los actos de los políticos queden libres de culpa, al diluirse toda responsabilidad en la persona jurídica.

Esta característica no es exclusiva de las facciones de la partidocracia española, sino que como es definido por los tratadistas, acontece en todos los regímenes que eliminan la representación política en favor de la identificación. Pero, en estos regímenes, la medida puede ser una decisión tomada por el partido en sentido eufemístico, que enmascara una decisión de la cúpula, aun contraria a sus ideales.

Es más, hay otro fenómeno identitario del cual se vale la clase política continental, y es engendrar las medidas políticas en un producto de mercadotecnia, cual capote del que se sirven para marear a la gente y el cual les funciona de maravilla.

Si los políticos soberanos deciden que van a seguir una determinada política en detrimento de las masas, engendran un capote irreal, que les sirve como pretexto de la materialización de esa política, así sea como deflector del descontento ocasionado.

La Agenda 2030 es un claro ejemplo de capote con el que marean a los ciudadanos: tanto sirve para justificar las draconianas medidas, como para aguantar las embestidas de las protestas, ya que mientras la gente se enfada por el contenido ilusorio en ese pretexto y carga contra él, los políticos evitan ser el centro de las quejas ciudadanas, mientras ellos preparan tranquilamente la Agenda 2050, al no verse amenazados ni un ápice la estabilidad de sus carguitos. Ni pagarán por el daño provocado.

Cumplan o no cumplan sus agendas, el régimen no permite frenarlos. ¿Cuántas manifestaciones ha habido desde la transición española? ¿Cuántas encaminadas a la libertad política y contra el despotismo?

Pero lamentablemente hay una coda: saldrán oportunistas que acapararán el descontento, transformándolo en reformismo, luchadores contra el pretexto y no las causas, y los creadores incontinentes que meterán miedo «del capote» y no de «lo político».


«Y válgame la metáfora del capote
no sea toro que tienta al ardid,
sino sociedad guiada por los mejores.
Que no son los políticos bravos toreros
hacen su causa injusta lid,
hasta ser libres no desfalleceremos».

La noche mágica del 4 de agosto de 1789

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El 4 de agosto de 1789 durante la Revolución francesa, la Asamblea Constituyente abolió el sistema feudal.

Antonio García-Trevijano, 19 de marzo de 2013.

Fuente RLC: https://www.ivoox.com/rlc-19-03-2013-revolucion-francesa-tocquevill-amp-trevijano-audios-mp3_rf_1880375_1.html

Música: BWV 1052 Bach

La traición, factor de reinado

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Hoy, en el capítulo cuadragésimo sexto de «La cátedra de Dalmacio», presentado y conducido por Juanjo Charro, Dalmacio Negro Pavón (catedrático de Ciencias Políticas y autor de numerosos artículos y libros) nos ilustra sobre la monarquía, la república, la constitución material y la traición como factor del reinado actual en el régimen partidocrático del 78. Han participado también Pedro Manuel González, Enrique Baeza y Bernardo Garrido.

A vuelapluma sobre la reforma

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Es descorazonador comprobar cómo cuando el camino hacia la democracia ha sedimentado cuestiones esenciales en la acción, se desande lo recorrido para propugnar el atajo de la reforma o su colaboración con ésta. Esa es la causa de este artículo, que no pretende ser un numerus clausus de las razones en contra del reformismo sino solamente arrojar luz, por la vía de urgencia, al criterio de las personas que durante esta semana me han preguntado con insistencia por el mío propio.

Ni en la vida personal ni en la política dos medias verdades suman otra cosa que una mentira. Y de la misma manera que es indiscutible la oportunidad de apoyar las medidas que propongan los hombres de la situación que supongan objetivos parciales en la lucha por la libertad política, no menos cierto ni importante es subrayar que esa labor de zapa no la pueden protagonizar los netos defensores de la libertad política desde dentro del régimen. Es la diferencia entre la oportunidad y el oportunismo.

La coherencia entre los fines y los medios en la acción política es esencial. Es común oír que el fin justifica los medios, olvidándose del resto de la cita, que añade que tal cosa es sólo así cuando el fin resulta alcanzado.

Deslizarse por la pendiente de la confusión para llegar a la utopía es peor que el error intelectual, puesto que aquella desemboca en la frustración y el abandono de la acción como resaca del activismo. Como por ejemplo, proponer un partido formado por los defensores de la libertad política que no perciba fondos estatales y que coadyuve a la conquista de la democracia.

Tal ocurrencia supondría ponerse en desventaja práctica frente a quienes utilizan todos los resortes de la actual relación de poder, en tanto la corrupción es factor de gobierno y la subvención la gasolina con la que funciona la propaganda y crecimiento de los partidos estatales. En ellos sí hay coherencia. Como la que tenían Hitler y Mussolini al participar en las elecciones del Estado de partidos, ya que a ninguno les importaba la libertad.

La otra explicación sería todavía peor: habría que corromperse voluntariamente para luego volverse honrado una vez sumido en el piélago de la descomposición moral y política.

No existe mecanismo interno alguno que evite tal situación, tampoco en lo personal. No sirve de nada que el aspirante a político tenga los mismos ingresos que antes de entrar en tal bondadoso partido. Dado que los partidos se constituyen como órganos cuasi administrativos, los electos se configuran como una clase de funcionarios, y por ende, independientemente de su retribución, su designación resulta una suerte de plaza pública sin oposición, lo que de por sí supone un privilegio personal.

Eso sin contar con que los beneficios de la clase política de los partidos estatales no se reducen al sueldo, sino que el grueso de las prebendas y sinecuras se encuentran más allá del presupuesto, gracias a los contactos e influencias generados.

Por otro lado, ¿cómo cifrar el coste de la permanencia en la política traducido en la interrupción de la progresión de la carrera profesional o laboral? Es imposible. El político debe ser retribuido por su elector o se convierte en un funcionario del Estado por muchos límites que se le pongan.

Esta fatal arrogancia coincide con la forma de pensar de quienes no se explican por qué en una democracia el voto del menos preparado vale lo mismo que el del catedrático. Desconocen que la política es cuestión de fuerza social, no de cualidades personales ni intelectuales. De la misma forma que la fuerza de la corriente no se puede remontar con el mismo agua de su cauce, sólo desde fuera se puede cambiar el rumbo de lo político, en la relación entre gobernantes y gobernados.

Basta pues de exigir, ni de pedir. No hay nada que regenerar ni reformar. Hay que romper y no hay atajos.

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