España, único gran país europeo que sube los impuestos en plena crisis. Queda dentro del orden lógico de las cosas: Los partidos del régimen partidocrático forman una sociedad estatal totalmente desvinculada de la sociedad civil que vota pero no elige. Se constituyen en facciones del Estado, que consideran un instrumento a su servicio que hay que engordar a costa de la gente, que queda por debajo como en una clásica sociedad estamental al estilo del llamado Antiguo Régimen (el I.V.A. aplicado a las mascarillas es otro síntoma evidente y sangrante; recordaba hace poco el economista Luis Riestra que, durante la crisis de 2008, subieron los gastos relacionados con las necesidades básicas un 40%, mientras que la casta política no reducía para nada su red clientelar); a ello se añade el particular carácter mafioso de la partidocracia española. El único medio pacífico de oponerse a este régimen político de explotación es dejar de votar: la ideología existe en la sociedad civil, no en la sociedad estatal de los partidos políticos, cuyo único objetivo es la consecución y reparto del poder del Estado, mientras reparten falsas camisetas ideológicas para ilusos.

PSOE, Podemos y ERC pactan un cambio en la ley educativa que facilita la inmersión lingüística. Esta enmienda a la nueva ley educativa -enésima variante de la LOGSE-, ha provocado cierta indignación. Pero quien se indigna -decía Antonio García-Trevijano- lo hace porque desconoce las causas de su indignación. Si Franco utilizó una idea de España ad hoc para mantener su poder, sus herederos, la oligarquía del Estado de partidos, utilizan una idea de la ‘no-España’ para afianzar el suyo (la misma actitud machacona de exigir que se hable de ‘castellano’ y no de ‘español’ es reveladora al respecto), aproximándose progresivamente en sus posturas extremas, pues la oligarquía degenera en dictadura. El nacionalismo es una ideología totalitaria que supone el asalto de la nación, de la sociedad civil, por parte del Estado. Y uno de sus instrumentos es la lengua, como bien demostró el nazismo alemán.

Iván Redondo refuerza sus ‘geometrías variables’ para mantener a Pedro Sánchez en el poder. La degeneración de la oligarquía de partidos en dictadura se acentúa en esta fase crítica de la Partidocracia: un presidente partidocrático (al que sólo le interesa mantenerse en el poder, y cuyo propio partido no es más que un pretexto necesario) y su asesor principal, que parece versado en la teoría de juegos, juegan con los diversos partidos minoritarios buscando su apoyo puntual, haciendo primero que hagan gala de sus presuntos principios ideológicos (falsos por ende, pues están envueltos en la misma lucha por el reparto del poder del Estado que los partidos mayoritarios del régimen), para luego concederles migajas de dicho poder, a cambio de la renuncia o el silenciamiento de tales primeras posiciones, con lo que quedan cada vez más enredados en la dependencia del partido en el gobierno: el círculo infernal del consenso partidocrático, que aumenta el poder absoluto del partido en el gobierno de turno, controlador al tiempo del poder legislativo, el ejecutivo y de la potestad judicial.

Isabel Celaá cambia el nombre de la asignatura Lengua Cooficial: pasará a llamarse Lengua Propia. El poder de la Partidocracia se basa en la integración (la de las masas en el Estado al modo fascista), por medio de la identificación ideológica, en vez de la representación (uno de los principios de la democracia formal). Es así que en el régimen partidocrático proliferan los nacionalismos (pequeñoburgueses, y racistas) que suponen la apropiación de la nación por parte del Estado, poniendo por delante lo «propio» frente a lo «común», el sentimentalismo aldeano, y el uso fascista de la lengua como instrumento de integración obligatorio. Para al final poner todo ello al servicio de la ambición de las oligarquías regionales de constituir un Estadito donde ejercer un poder sin control, puramente partidocrático.

El gran analista bursátil y repúblico Alberto Iturralde señala que la aparición de la vacuna de Pfizer – cuya cuestionable eficacia se hace más evidente cada día- tenía, por un lado, el objetivo de que los altos ejecutivos de la compañía se enriquecieran vendiendo acciones (plan de venta de acciones preparado desde del 19 de agosto) y, por otro, responder a la necesidad del sistema financiero de vender los activos bursátiles que habían comprado para mantener el mercado artificialmente con el fin de facilitar la victoria de Trump, creando ahora un ambiente de euforia favorable a la compra masiva de esos activos. La partidocracia utiliza, por ende, esta cascada de anuncio de vacunas a cada cual mejor para dar una cuestionable esperanza a una población cada vez más sumisa a sus arbitrariedades legales.

El parlamento echa a Teresa Rodríguez del grupo de Adelante Andalucía con los votos de PSOE, Cs y la abstención del PP. Lo ocurrido con esta político del régimen partidocrático es producto de la falta de representatividad del diputado en éste. Al ser expulsados ella y sus compañeros de un grupo parlamentario, como se indica en la noticia, «pierden algunos derechos, porque el reglamento del Parlamento de Andalucía excluye a los diputados no adscritos de las iniciativas reservadas a los grupos parlamentarios, entre las que se encuentran la iniciativa legislativa, las proposiciones no de ley, las mociones, la participación en debates de totalidad de proyectos de ley, de investidura del presidente o presidenta de la Junta, y en general todas aquellas reservadas a los grupos parlamentarios». Si tal diputada contara con un mandato de sus electores según el sistema electoral mayoritario de distrito uninominal, y no fuera – como es- más que una mera integrante de una facción del Estado según el sistema electoral proporcional de listas de partido, sería imposible excluirla de la iniciativa legislativa, pues es esa precisamente su función: ser representante de su distrito electoral de forma inalienable.

El Congreso de los Diputados busca una empresa que ofrezca desayunos a los diputados por 1,15 euros. Se entiende que una noticia como ésta pueda indignar, aunque la indignación – repetimos- oculta en realidad un desconocimiento en el indignado de las causas de su indignación, como decía Antonio García-Trevijano. El que personas que no hacen más que votar las consignas que les pasan los lidercillos de los partidos que les han dado trabajo poniéndolos en las listas que los votantes-creyentes no hacen más que refrendar – por lo que son muy bien pagados-, desembolsen una cantidad irrisoria por un desayuno completo no es más que una muestra chusca de su necesidad de afirmarse como casta privilegiada, aparte y superior, a la manera que hacían los nobles e hidalgos otrora, no pagando impuestos o pechos, o haciéndose beneficiarios de prebendas o exenciones. La diferencia con entonces es que el pueblo llano no votaba, y ahora sí vota, dándoles el poder, a la gente que vive de ellos y los explota sin la menor vergüenza. No taxation, without representation, ése era el grito de la libertad.

Kichi carga contra Unidas Podemos tras la expulsión de Teresa Rodríguez: «Ya son establishement». El pequeño oligarca local, tras la implacable defenestración de su pareja y compañeros (de nada sirvieron las llamadas a la sororidad, cuando se impone la, digamos, «sorodomía» de la descarnada lucha por el poder y la eliminación del posible adversario o adversaria – ya saben, eso de que sólo puede quedar una-), llama pedantemente «establishment» a la oligarquía de la que él mismo forma parte… para después, presa quizás del pánico, declarar que está dispuesto a presentarse a las nuevas votaciones municipales de 2023, contra lo que había prometido anteriormente, pretextando la situación de crisis creada por la pandemia, que podría hacer «necesaria» su presencia pública. «Yo estoy dispuesto a cumplir mi compromiso de, tras ocho años, estar fuera de la política, donde me espera una vida dedicada a mi mujer, a mis hijos, a mi familia, a mis amigos. Pero si Cádiz, si la gente me dice que puedo seguir siendo positivo para la ciudad, porque la historia se ha roto por la pandemia, por mi no habrá ningún impedimento», declara el síndico, aunque es revelador que en esa enumeración de objetivos de dedicación postpolítica falte la mención… al trabajo. Cortada su posibilidad de pasar a la política nacional como diputado apesebrado, sólo le queda la opción de atornillarse al sillón de alcalde, pues la perspectiva de volver a las aulas, después de haber gustado las mieles de la casta, del «establishment» como dice él, debe de ser muy dura, y lo de volver a conseguir ser liberado sindical debe también de estar como que muy disputado. Tiene, en todo caso, razones para inquietarse este alcalde ya que su reelección no dependerá de los votos de los gaditanos, que, igual que en todas partes, no pueden ni siquiera elegir directamente a su alcalde gracias a nuestra antidemocrática partidocracia, sino de los pactos a posteriori de las fuerzas políticas del régimen, que pueden darlo por finiquitado (o no).

Pablo Iglesias asegura que hay tensiones en el gobierno: “Hay pruebas inequívocas de que Unidas Podemos no se ha moderado”. Excusatio non petita, accusatio manifesta, dice el adagio latino. El chico del régimen para dirigir por los cauces partidocráticos a la indignación ignara del 15-M, quiere reafirmar su caché de «malote» de la política, de enfant terrible como se decía en tiempos más cultos, cuando no es más que otro oligarca farsante atento a satisfacer su ansia de poder, y colmar la necesidad de identificación ideológica de una masa de gente que, ante todo, tiene necesidad de creer (I want to believe) para autojustificar su predisposición a la servidumbre voluntaria.

Ruben Gisbert tira de videoteca para demostrar la falsedad de Abascal, quien en 2015 criticaba la falta de separación de poderes típica de nuestra partidocracia, para pedir ahora, cuando están plenamente integrados en el régimen (como Podemos), su cuota de participación en la elección de los miembros del CGPJ, es decir, aquellos que eligen a los jueces del Supremo que juzgarían a los políticos a quienes deben el puesto.

Interior lanza un plan de “reeducación” para políticos presos por corrupción con careos con las víctimas. «Médico, cúrate a ti mismo»: el cinismo del régimen partidocrático alcanza cotas siderales cuando se saca de la manga programas de reinserción (unidos a alivio de penas) para políticos condenados, basados en explicaciones psicológicas (como el narcisismo y la baja autoestima) para su proceder delictivo, que en realidad está en consonancia con la corrupción inherente al consenso político partidocrático, donde ésta es la base de funcionamiento de un régimen no fundado en la representación política del ciudadano, sino en la satisfacción del ansia de poder dentro del Estado de los partidos que se constituyen en facciones de este.

Sinceramente, llama la atención el clamoroso silencio en el que durante estos días se instalan desde jueces, fiscales, catedráticos de derecho y abogados, hasta aquellos a los que eufemísticamente se les denomina juristas de reconocido prestigio.

Como sabemos, el Gobierno ha instaurado recientemente el denominado “toque de queda”. Ello afecta de manera directa a los artículos y derechos fundamentales de la Constitución, como son el artículo 19 que declara que «los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional» y el artículo 21.1 que señala que «Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa». Cabe decir que estos derechos, por su naturaleza intrínseca, son derechos humanos universales, como el derecho a la vida, a la libertad, etc.; de manera que en el mundo civilizado no es preceptivo que lo reconozca una constitución pues son derechos adquiridos simplemente por el hecho de nacer. En consecuencia ese decretado –no por el poder legislativo sino directamente por el poder ejecutivo- toque de queda, choca frontalmente con los derechos de reunión y de circulación, que además pueden ser invocados directamente ante un juez por la propia esencia de los mismos. Ante esto, el Gobierno, para no quedar mal ante la ciudadanía, ha delegado en las comunidades autónomas el poder de desarrollar las medidas contenidas en el estado de alarma, a qué horas, etc.

Pero existe un gravísimo y antijurídico fraude de ley en esa delegación a las comunidades autónomas por parte del Gobierno pues conculca e infringe lo dispuesto en el artículo 55, apartado 1, de la Constitución, cuyo Capítulo tiene por revelador título «De la suspensión de los derechos y libertades» y que señala «Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3; artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5; artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución». Así pues, queda evidenciado que, en puridad constitucional, es preciso para suspender los derechos antes referidos, que previamente se declare el estado de excepción o de sitio.

Igualmente, todos sabemos que esto no ha sido así. El Gobierno no ha tenido la valentía de decretar el estado de excepción para no resultar «el malo de la película», con el coste electoral que ello conlleva; de esta manera es cada comunidad autónoma quien se puede ver afectada en el futuro en los resultados electorales. Es decir, que para no responsabilizarse de medidas tan severas, y durante tanto tiempo, el Gobierno de España delega el tratamiento de derechos fundamentales e inherentes a toda persona a comunidades autónomas e igualmente a ayuntamientos con las consiguientes multas y sanciones.

Todo ello con la coartada y al socaire de la pandemia. No obstante, en mi humilde opinión, no existe relación entre suspender derechos inalienables con establecer preventiva y sanitariamente unas pautas concretas y claras, que deberían estar vigentes desde hace muchos meses. La realidad es que la población ya ni sabe qué se puede, o no, hacer, ni a qué debe atenerse, dados los continuos cambios de rumbo por quienes nos gobiernan.

Retomando el inicio de este escrito, es clamoroso y lamentable que nadie con suficiente cualificación salga ante la opinión pública para rebelarse contra una suspensión durante meses de derechos humanos y constitucionales. Es el resultado de que en España no existe separación entre poder legislativo y ejecutivo ni independencia judicial. El poder ejecutivo es el que ordena. El legislativo, las Cortes Generales, están ausentes y los tribunales más altos permanecen callados igualmente, no vaya a ser que cuando venga la correspondiente renovación de cargos vuelva al puesto de donde vino. Así, desgraciadamente, nos luce el pelo a todos los ciudadanos, que deberíamos ser los que de forma pacífica y argumentada lucháramos por la vigencia de estos derechos esenciales.

*Artículo publicado en el diario La Nueva España, el 10 de noviembre de 2020.

¿Qué puede significar «Estado de derecho» en nuestra situación política de Estado de partidos?

El Estado de Derecho viene a ser, en principio, el Estado regido por las leyes, pero la historia nos enseña que toda forma política, ya sea polis, reino, república, Imperio o Estado, incluyendo el Estado de partidos, se ha organizado mediante normas jurídicas, es decir, no podemos apreciar el verdadero significado distintivo o específico del moderno sintagma «Estado de derecho» ya que sería una simple redundancia en los términos.

El Estado de partidos, en segundo lugar, al no tener una verdadera constitución – resultado de la libertad constituyente,  que separe en origen los poderes ejecutivo y legislativo y garantice la independencia judicial– solo podría alegar al respecto que derecho, en la expresión «Estado de Derecho», sería sinónimo de simple legislación, y, por tanto, significaría un simple «Estado de legislación»: un Estado (moderno) sin gobierno democrático, o un simple gobierno (no democrático) con legislación.

Se podría pensar, de igual manera y por esta razón, que el Estado de partidos convierte al Estado de Derecho en un  Estado parlamentario o en un Estado moderno liberal, pues es en el parlamento, órgano de la representación de la nación política, donde se aprueban las leyes que guían a los gobernados; sin embargo, dicha  idea de legislación no deja de ser, en la partidocracia, un estroma – o tejido conjuntivo– que oculta la verdad política de que esas leyes son, en esencia, las propuestas o decisiones del Gobierno, es decir, que no son verdaderas leyes del parlamento de la nación. Y ello es así debido a que los representantes en el parlamento son representantes del jefe del partido en el gobierno y no exactamente los representantes políticos de los distritos o mónadas electorales en los que se dividiría la nación política.

Una conclusión provisional, según esto, es que el Estado de derecho es el «Estado de la ley», es decir, el Estado que impone la Ley por encima del capricho del individuo o del Gobierno en todo momento y circunstancia.

Esta idea del Estado de Derecho  como Estado de la Ley, si fuera verdad, ya sería un gran avance político, pero los recientes casos – entre otros muchos–, nacionales e internacionales, de un ministro del Interior –Marlaska– que, presuntamente, impide o intenta impedir la labor de investigación de un juez  en el caso de la pandemia de la COVID-19  o  el caso del abuso de la violencia policial en EEUU con resultado de muerte – George Floyd –, muestran que la ley no se puede imponer sobre la acción del Gobierno – poder ejecutivo– sin el control judicial.

Lo que quiere decir, en una conclusión definitiva, que Estado de Derecho, si significa algo, es Estado de los jueces, desde los de primera instancia al Tribunal Supremo, porque son ellos los que tienen la potestad de interpretar de derecho y hacer cumplir lo juzgado.

Por lo que, ahora sí, después de este ejercicio de filosofía política «estromática», podemos concluir que Estado de derecho viene a significar Estado de los jueces, ¿pero a qué tipos de jueces y a qué tipo de gobierno nos referimos, cuando constatamos que el Estado de los jueces necesita, de nuevo, del poder ejecutivo para hacer ejecutar materialmente sus decisiones?

Como se puede comprobar en los dos casos mencionados, el de Marlaska/ Pérez de los Cobos/juez y el de policía de Mineápolis/George Floyd, si el poder ejecutivo, en definitiva el Estado, se niega a cumplir las decisiones judiciales, estas serían simple papel mojado. Por lo que todas las preguntas anteriores se resumen en otra pregunta fundamental:

¿El Estado de partidos impide que el Estado de los jueces sea un simple estroma que oculta el Estado del gobierno no democrático u oligarquía de partidos?

 La experiencia y el análisis racional de la política indican que sí, es decir, que el Estado de los jueces es una apariencia que oculta simplemente un Estado reducido al gobierno, un gobierno no democrático.

Sin embargo, podría alegarse que esta dependencia en la ejecución material de las decisiones de los jueces no significa que la potestad judicial no tenga o no deba tener o mantener su independencia y funcionamiento autónomo del Gobierno y de la jefatura del Estado.

Podría alegarse ciertamente esta objeción, pero enseguida nos podemos dar cuenta de que la democracia formal no puede limitarse a un simple formalismo democrático, es decir, que la independencia de los jueces sea una simple separación de funciones en la que las resoluciones judiciales puedan no cumplirse por el poder ejecutivo. De ahí la urgencia de un auténtico cuerpo de policía judicial, dependiente orgánica y funcionalmente de los jueces, que cumpla en todo caso las órdenes de estos, tanto en la investigación como en la ejecución de lo juzgado, y la posibilidad de que la potestad judicial pueda implicar, in extremis, el cese del jefe del Gobierno cuando una condena acarrease su inhabilitación.

La democracia formal  exige, por sí misma,  que la potestad judicial sea realmente ejecutiva por parte del Gobierno o de su policía judicial, es decir, que la democracia formal de la que hablara Antonio García-Trevijano  necesita la potestad independiente  de los jueces y no sólo su autoridad jurisprudencial (auctorĭtas), ya que de lo contrario no habría control del poder.

Por ello proponemos a los españoles conquistar la libertad política a través mediante la acción colectiva para alcanzar un período de libertad constituyente, superando pasiones de servidumbre y rémoras del pasado. Porque España necesita:

– Respeto entre los españoles, respeto a la asimilación de las mejores capacidades, individuos y valores. Respeto que no quiere decir consenso.

– Un desarrollo económico equilibrado, basado en la innovación, que sin duda permitiría un crecimiento de la riqueza y una distribución de la misma más adecuada al interés general.

– Aptitud para el pensamiento abstracto. En filosofía política es necesario volver a la razón de los juristas, es decir, a la razón del derecho y no sólo de la legislación.

– Recuperar valores culturales y sociales y el debate de ideas.

– Acceso a los dones más altos del espíritu, el ser consciente de los ideales de la libertad colectiva.

– Firmeza y valentía civil y política.

– Capacidad para desarrollar una acción ciudadana articulada y constante, para que la política no olvide que el poder está en la nación, no repartida entre una oligarquía de partidos.

– El rechazo de toda bravuconería bronca en aras de la adopción de modales refinados y corteses,

– Unas mejores formas privilegiadas en el empleo del ocio individual y colectivo,

– El aprecio por la obra bien hecha frente a la improvisación chapucera y el fraude pactado.

– Y un cambio de actitud consistente en abandonar todo conformismo, tranquilidad y acomodo hacia el poder más próximo o elevado.

En conclusión, un sistema político que haga imposibles las afirmaciones de los sofistas Anacarsis y Trasímaco:

«Las leyes son como las telas de araña, que rompe cuando quiere el fuerte, poderoso o rico como un pájaro, mientras que sufren los débiles como mosquitos su rigor». Anacarsis, siglo VI a. C.

«Lo justo (el derecho) no es otra cosa que lo que conviene al más fuerte». Trasímaco, s. IV a C.

Y haga posible lo que lo que dijo Hesíodo en Trabajos y días:

 «Para que los mortales no hagan como los animales, que se comen unos a otros, Zeus les dio la justicia».