La más alta eminencia literaria se manifestaba el mismo día: mientras tenía lugar la publicación de la primera parte del Quijote estaba representándose “El Rey Lear”, de la que Jefferson decía: “un sentido vívido y duradero del deber filial se imprime con mayor eficacia en la mente de un hijo tras su lectura, que por la de todos los libros que sobre la ética y la divinidad se hayan escrito”.   Los rusos han sido probablemente los que mejor han comprendido la novela de Cervantes. Turgeniev alababa la generosidad espiritual y nobleza de sentimientos del inmortal hidalgo manchego. Dostoievski sentía tal devoción por él que en su “Diario de un escritor” lo llama “el más noble entre los nobles que han existido en el mundo”; ciertos personajes suyos son de filiación quijotesca: el príncipe Mishkin o Aliocha Karamazov; y en la leyenda del Gran Inquisidor, la “ardiente noche sevillana” despierta ecos cervantinos.   Alonso Quijano, condenado a la derrota, sale no obstante a medirse con el mundo, en su empeño de transfigurarse en caballero andante. Don Quijote siempre es leal a sí mismo en cualquier circunstancia, a su voluntad indomable, por muchos enemigos, obstáculos o adversidades que se crucen en su camino: “Bien podrán los encantadores quitarme la aventura, pero el esfuerzo y el ánimo es imposible”.   El nuevo coordinador general de IU, Cayo Lara, hizo un llamamiento a la huelga general “no como fin en si misma, sino para decirle a los poderosos que por ahí -sacando el dinero público para meterlo en los bolsillos de la banca-, no vamos a ninguna parte”. Esta propuesta ha sido recibida con frialdad e incluso indiferencia por parte de las dos principales centrales sindicales, que sólo la creen justificada en caso de que el Gobierno o la patronal recorten derechos de los trabajadores.   Cayo Lara (foto: IU Daimiel) En “El idiota” se puede leer este pasaje: “Dicen que existen tantas oficinas de gobierno, tantos burócratas, que sólo el pensarlo marea. Todo el mundo ha sido, es o será funcionario del Estado. Todo el mundo está dispuesto a ponerse a su servicio”. El pancismo sindical no quiere ni puede ver, a causa de su condición estatal, que incluye, por tanto, la subordinación al engendro partidocrático, la permanente razón que asiste al conjunto de los ciudadanos, para “deshacer el entuerto” de los usurpadores de sus derechos políticos.

Pactos ficticios rotos (II)* Esta Constitución, defendida en su día por el PCE como emblema de la “reconciliación nacional”, consagra una combinación absolutamente letal para toda posibilidad de control democrático del poder: la inseparación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo y el sistema de representación proporcional mediante listas, que la inconsistencia teórica de políticos y periodistas quiere hacer “abiertas”, como si ello disminuyese en algún grado el efecto que sobre la representatividad tiene la “ley de hierro de las oligarquías” denunciada por Robert Michels. Es ocioso insistir en la obviedad de que tal combinación pone al parlamento al servicio del gobierno y deja por tanto en una pura ilusión toda noción de contrapeso entre poderes. Pero no es extraño que tal situación no sea objeto de mayor análisis por el PCE: la clase política es conservadora por naturaleza. Un sociólogo tan notable como James Meisel ya hizo una descripción suficientemente ilustrativa de las tendencias a las que inevitablemente se abandonan estos grupos: el ya mencionado “consenso”, es decir, la falta de transparencia democrática, el intercambio y la resolución de conflictos en reuniones de despacho y no en los foros públicos de debate; la “conciencia de clase”, es decir, la conciencia de pertenecer a un grupo con intereses comunes que deben ser objeto de protección frente a posibles ataques exteriores, y como corolario de ambas, coherencia de propósitos y objetivos entre sus miembros.   Todos esos factores explican el proceso por el cual se llegó al “pacto constitucional” que ahora el PCE denuncia como incumplido. Pero no hay un cuestionamiento, por parte de los comunistas españoles de aquel modus operandi del que ellos fueron partícipes; a lo sumo, el apunte de que “el referéndum del 78 fue lo menos parecido a la decisión soberana de un pueblo, al que sólo le dieron dos opciones: Monarquía Parlamentaria o Franquismo sin Franco". Por qué entonces aceptaron este proceder es algo que no pueden explicar, pues les llevaría a cuestionarse por completo la historia de los últimos 30 años y el papel desempeñado por la oposición antifranquista en la evolución de los acontecimientos. Con el riesgo evidente de que el beaterio desencadenado por el 30º aniversario de la Constitución de 1978 quede al descubierto como la manipulación política que es.   Prosigue el comunicado del PCE alentando un “Proceso Constituyente a favor de una Tercera República cargada de derechos sociales, económicos y ambientales, de paz y amistad con los pueblos, y con una democracia participativa de calidad". La confusión de la fórmula es notable, y es de imposible concreción o plasmación en texto constitucional alguno. La “amistad con los pueblos”, suponiendo que la definición de un concepto tan vago e inespecífico esté fuera de discusión, no es algo que quepa regular por decreto alguno, que a lo sumo puede imponer la “alianza entre estados”.

El artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial proclama que corresponde en exclusiva a Juzgados y Tribunales juzgar y hacer cumplir lo juzgado. El precepto recoge nominal o formalmente un principio democrático tan básico como que el monopolio de la justicia inherente a cualquier Poder Judicial que se reclame como tal, abarca no sólo la fase declarativa del derecho, sino también su tutela ejecutiva. Sin embargo el carácter meramente programático de dicho precepto, matizado por una Jurisprudencia asentada en decisiones avaladas por un tribunal de garantías constitucionales que es marioneta política de los partidos, ha puesto en evidencia la inexistencia de ese monopolio de la actividad ejecutiva con residencia en sede judicial.   La configuración del Estado de las autonomías como perpetuo proceso de delegación competencial, motivó en un primer momento la gravísima transferencia a las distintas Administraciones Autonómicas del seguimiento y cumplimiento de la ejecución de las sentencias penales privativas de libertad, con la competencia residual pero también administrativa, de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en aquellas autonomías que no asumieron las competencias en materia de Justicia. El tratamiento penitenciario, concesión de permisos, progresión en grado y cumplimiento de las penas, salía así de la esfera judicial, administrativizándose y dejando al Juez de Vigilancia Penitenciaria, como simple filtro de legalidad ex post poniendo la ejecución penal en manos políticas con la consiguiente pérdida de garantías del justiciable.   Esa desjudicialización de la tutela ejecutiva ha sufrido recientemente una nueva vuelta de tuerca que ha pasado prácticamente inadvertida a la opinión pública y que debe ser denunciada. Dando un salto cualitativo y alcanzando ahora al proceso civil, desde el pasado 26 de Noviembre, el Ministerio de Justicia ha asumido la facultad ejecutiva consistente en subastar los bienes embargados en los procesos judiciales, hasta ahora sometida por entero al control de la actividad judicial de los Juzgados de Primera Instancia donde se tramitaba la correspondiente ejecución. Basta entrar en la página web del Ministerio de Justicia para participar en las subastas “on-line” de bienes trabados por los órganos judiciales, donde se puede obtener por cualquiera que quiera participar en las pujas copia de la documentación judicial trascendente, incluidas resoluciones, actas y diligencias, que se encuentran archivadas digitalmente en tal sede administrativa. La agilidad y la eficacia han sido tradicionalmente pretextos del poder político para sustraer a los ciudadanos de las garantías judiciales, articulando procedimientos sumarios o directamente asumiendo competencias administrativas de lo que es materia judicial. No es Guantánamo, pero si un signo más de la inexistencia de separación de poderes.

La difícil comprensión de los fenómenos sociales, combinada con una equívoca creencia en el libre albedrío, suele dar pie a presentar la vida en común como un agregado de voluntades individuales. Más todavía si se considera la llamada sociedad abierta, pues las actuaciones personales que atañen a lo colectivo no están directamente sometidas a una coacción externa comprobable, sino que ésta se interioriza sicológicamente, buscando no ya eludir la censura, sino conseguir la aprobación de un fantasmagórico otro generalizado, abstracción principalmente encarnada hoy aquí por las instituciones políticas estatales y el consenso público al respecto que demuestran los medios de comunicación oficiales, que, al definirse como democráticos, remiten, cerrando el círculo, precisamente a la voluntad de la mayoría.   Las declaraciones de los políticos y la línea editorial de los medios conceden continuamente un valor referencial a lo que refieren como “la sociedad” o “la ciudadanía”, nutriéndose ambos de las conclusiones deducidas de encuestas privadas, por ellos encargadas, que cuando se divulgan constituyen la llamada “opinión pública agregada”. Pero más allá de la utilidad estadística de semejantes muestreos y de la posibilidad de deducir conclusiones sociológicas, no es posible presentar este fenómeno como si la sociedad civil se abriera camino al poder, cuando es al contrario, o sea éste, quien lo manipula para poder convalidarlo con sus ambiciones.   Para corregir esta falla, se ha inventado una fantasmagórica “opinión pública discursiva”, que se define como, citando al profesor Víctor Sampedro Blanco, “un proceso donde el público es un colectivo de voluntades individuales que deliberan entre sí, condicionándose mutuamente" . Esto supongo significa que hay que acompañar los fríos números de una muestra con las opiniones concretas, deduzco que a favor y en contra, de algunos sujetos no públicamente significados, seleccionados aleatoriamente. Con tan poca cosa se construye lo que designan “esfera pública”, parlamento virtual con el poder que quiera concedérsele, de la ideal “democracia deliberativa”. Ante tan alta construcción teórica y fabulosa solución, ahora comienzo a comprender por qué en España se impide a los ciudadanos que hagamos uso de la burda y retrasada “norma de la mayoría”, por más que se trate de un procedimiento para fundamentar las decisiones colectivas de carácter obligatorio adicionando las voluntades individuales, lo que ya implica, de por sí, la realización de los principios de igualdad y participación políticas.   Obama virtual (foto: rikomatic)

Bernard Madoff, uno de los pioneros del moderno Wall Street y ex presidente del mercado de Nasdaq, en paralelo a la sociedad inversora que fundó como una firma de corretaje que prestaba servicios de intermediación entre vendedores y compradores de acciones, montó un club de asesoramiento financiero a través del cual movía los fondos de multimillonarios –family offices-, hedge funds y bancos de todo el mundo, a los que ofrecía una rentabilidad muy alta, cercana al 10% anual; su tarjeta de presentación era impecable: sólo cinco meses de caídas entre 1993 y 2007. Madoff nunca estuvo dispuesto a explicar el secreto de su continuado éxito.   Los bancos han desarrollado herramientas financieras que son el resultado de combinar movimientos y posiciones en varios activos, generalmente en aquellos cuyo valor deriva de la evolución de los precios de otros activos denominados subyacentes (cestas de acciones, divisas, tipos de interés, índices bursátiles, materias primas, inflación, etcétera), con el fin de crear productos (de inversión o de cobertura) a la medida de las expectativas de sus mejores clientes, resaltando su atractiva rentabilidad y disimulando sus riesgos. Estos productos estructurados, que tenían como referencia los de Madoff, ofrecían garantía de capital o bien la posibilidad de invertir por un importe superior al que pone realmente el cliente mediante el apalancamiento, cuyo incremento provoca una mayor exposición a la insolvencia e incapacidad de atender pagos.   El reputado Madoff puso en marcha un gigantesco fraude de tipo piramidal, en el que el capital aportado por los nuevos inversores cubría la jugosa rentabilidad que esperaban los antiguos. Para que esta estafa se mantuviera en pie era necesaria la constante inyección de dinero fresco; se ha venido abajo en cuanto se han producido reembolsos masivos en la industria de los hedge funds. El financiero estadounidense ha sido descubierto por su falta de liquidez inmediata: necesitaba 7000 millones de dólares para satisfacer las reclamaciones de sus inversores. Se calcula que pueden haberse evaporado cerca de 40.000 millones de euros.   Ante su monumental desatención los reguladores del mercado de valores (SEC) aclaran que no “hay policías suficientes en el mercado para vigilar que las reglas se cumplen”.   hechos significativos Para paliar su falta de fondos el ayuntamiento de Barcelona sube los transportes públicos cerca de un 7%. El Banco Santander tiene 2330 millones ligados a la estafa de Madoff.

Dr. Jekyll y Mr. Hyde (foto: lerble) Mr. Hyde El señor Hyde es un mal lanzador de zapatos. Lo cierto es que no es diestro en casi nada, siempre actúa con excesivo ímpetu, muy atropelladamente. La acción libre tiene sus desventajas y esta es una, se encuentra demasiado cerca de los sentimientos primarios. Aunque suyo es el privilegio de trazar nuevas rutas en el mundo, no está en su poder organizarse espontánea coherente y pacíficamente.   La libertad de acción, a diferencia de la acción libre, es metódica y suele actuar con la habilidad que produce la dedicación serena. La sociedad civil, que es el lugar natural de la acción libre, sólo puede darse a sí misma una libertad de acción general a través del Estado. En el todo social lo oculto y salvaje es la sociedad civil; el Estado es la voz coherente y clara del doctor Jekyll y no cabe duda de que si el zapato volador hubiera sido suyo, de ninguna manera habría errado el blanco.   Precisamente porque la vida de Mr. Hyde es convulsa y en muchas ocasiones se encuentra dominada por el temor, la duda y la locura, los individuos que componen su personalidad, cada uno de nosotros, ha desarrollado una aguda pasión de Estado, que los más superficiales –ignorando su componente administrativo- reducen positivamente a firmeza en la acción del poder ejecutivo y los más ilusos negativamente a un ente represivo y susceptible de mengua planificada o de aniquilación, como si su existencia –ajena a la voluntad particular de los individuos- no fuese condición previa de la propia política.   Sin embargo, que la única voz coherente o que la acción más eficaz de la sociedad civil sea precisamente la que tiene como intermediario al Estado, no debe hacernos olvidar la monstruosidad que ha supuesto intentar estatalizarla y, sobre todo, la vileza que cometen quienes, diciéndose parte de ella, se estatalizan para dominarla. No hay contradicción en reconocer a un mismo tiempo el poder civilizador del Estado y la necesidad política de civilizarlo.

Si los españoles aguantaron estoicamente el Franquismo hasta la muerte del mismísimo Dictador, con mucha mayor soltura tolerarán su herencia monárquica, que además de permitir el pluralismo de partido en el Estado, promociona hasta retorcerlas todo tipo de libertades, excepto las que atañen a lo colectivo, que habrían de convalidarse administrativamente dando por plausible participar en el reparto proporcional en inferioridad de condiciones; pero contando con la unánime definición público-mediática que torna en democrática la realidad de un poder sin control y donde los votos de los ciudadanos no eligen nada ni a nadie.   Que la única salida pacífica a este Juancarlismo auto reaccionario, que deseamos episódico y no terminal para España, tenga que venir de la atrofiada sociedad civil; no es que resulte milagroso, sino más aun histórico, pues sería la primera vez que los españoles protagonizaran algo así.   Aunque deducir atributos colectivos carezca de rigor científico alguno, sí responden a una generalización descriptiva. En este caso, las naciones a las que hemos de compararnos son a la francesa y a la británica. Ambas protagonizaron dos revoluciones, con cierta implicación popular, que acabaron con la ejecución de sus monarcas, símbolo de la autoridad del Estado, por entonces vinculada a lo divino. Los españoles somos ajenos a hechos similares. El pueblo ha eludido cualquier complicación política, jamás creyéndose respaldado por el derecho y sabiéndose insignificante para las castas dirigentes. El ejército decimonónico fue la cantera de los “revolucionarios”, reflejando que solamente un poder fáctico podía oponerse de hecho al Estado, episodios que se nos han presentado como guerras “civiles”. Respecto a la cuestión de los reyes, es difícil dilucidar si nos hubiéramos atrevido a ejecutar alguno, pues los borbones hicieron gala de un pragmático amor patrio que les llevaba a poner tierra de por medio ante la primera dificultad, demostrando considerar siempre su persona de mucho mayor valor que la Corona.   Oliver Cromwell mural (foto: kyz) Es así como se debió forjar el carácter de un pueblo acostumbrado al dirigismo político, considerando ajena la res publica al comprobar que la Ley está continuamente a disposición de los poderosos, y aguantando con pío estoicismo su eterna sumisión, ahora con la síntesis monárquica del Franquismo y la II República bajo la égida de Juan Carlos, que pervive estatalizando la esperanza y cultivando una utopía de autonómica ingeniería social.

Según la mitología la Quimera es un monstruo imaginario que vomitaba llamas y tenía cabeza de león, vientre de cabra y cola de dragón (Diccionario de la lengua española). Vagaba por el Asia Menor asustando a las gentes y engullendo sus rebaños. Este diccionario también define la quimera como todo aquello que se propone a la imaginación como posible o verdadero, no siéndolo.   Quimera de la Catedral de Notre-Dame (foto: Meryabad) Siguiendo la estela de estas narraciones, Jesús Caldera, vicepresidente de la Fundación IDEAS (Igualdad, Derechos, Ecología, Acción y Solidaridad; una “think tank” perteneciente al Partido Socialista), ha presentado un Decálogo de reformas destinadas a paliar la crisis financiera mundial… Este documento es un informe, supervisado por los catedráticos Carlos Mulas y Emilio Ontiveros, destinado a aportar ideas a la cumbre del G-20, celebrada en noviembre en Washington, en el que auguran su nueva denominación: la cumbre del G-21. ¡Qué fantasía!   Entre sus capítulos destaca: acabar con los paraísos fiscales (acumulan casi un trillón de dólares, según ellos) antes de 2015 mediante una regularización fiscal a escala mundial así como imponer un gravamen especial a los capitales que vayan o vengan de esos paraísos; reducir el apalancamiento de las entidades financieras, con un límite de entre 15 y 25 veces los recursos propios, suficiente para dar un amplio margen de maniobra para financiar la economía real y evitar situaciones como las que colapsaron a Lehman Brothers, cuyo ratio de apalancamiento era superior a 50 veces sus recursos propios. ¡Qué maravilla!   El documento mitológico tiene muchos capítulos con entretenimiento asegurado: limitar las remuneraciones excesivas de los directivos; redactar una directiva europea que suprima el secreto bancario y establezca medidas severas "de aislamiento financiero" para los Estados que no quieran colaborar; crear un Tesoro europeo, un Sistema europeo de supervisión financiera y nuevas agencias de calificación; transformar el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un Fondo Monetario Global, con una capacidad financiera cuatro veces mayor; etc. etc. etc. ¡Qué ilusión!