Friends del Sr. Rodríguez Al fin, el señor Obama y el señor Rodríguez son friends. Pero, a diferencia de lo que escribió el pulitzerizado Jim Hoaglan en el Washington Post, no son vidas paralelas. En lo político uno es el presidente ilusionantemete negro y culto de una democracia y el otro es el presidente crudamente tipificado de una partidocracia. Pero al señor Rodríguez Zapatero, sin duda, le gusta tener como friend al señor Obama no porque este sea un hombre poderoso sin igual sino porque es un ciudadano del mundo, lo que explica que tras la consabida sesión fotográfica posterior al encuentro “bilateral” praguense, haya respondido así a las improvisadas palabras del americano: <<La verdad es que para España es un momento de nuevo tiempo en las relaciones entre Estados Unidos y España y el propósito de mi gobierno, porque es el deseo de mi país, es colaborar con el presidente Obama por un orden mundial de paz, por un orden mundial más justo, en la lucha contra la pobreza, por para las futuras generaciones un tiempo mejor>>. El señor Rodríguez Zapatero debe de ser también friend de alguna hermosa Miss Universo que a buen seguro no se enfadará porque nuestro líder le haya robado el discurso.   La serie “Friends”, asentó en el español uno de los más espantosos alienígenas lingüísticos que se han conocido: el adverbio de frecuencia “básicamente” (basically) que los angloparlantes utilizan hasta la saciedad y los hispanohablantes hasta la suciedad. Este horror para el oído es una de las guirnaldas expresivas de la generación más preparada de la historia de España pues, a diferencia de lo que la opinión publicada dice, nunca los jóvenes han actuado con más egoísta responsabilidad, se han instruido mejor, ni han obedecido más gratamente al poder opresivo. Masas de titulados, estancias en el extranjero y un porcentaje sin igual de población capaz de leer ingles técnico abrieron el camino a la esperanza de vivir como la publicidad describe, y una telenovela pija cubrió de inútiles “básicamente” las frases. Todos somos friends de Zapatero.   En Política, la utilización literal de los anglicismos de frecuencia todavía produciría sonrojo pues “Friends” cogió mayores a nuestros oligarcas pero, sin embargo, las ideas de frecuencia, la expresión de tópicos sin la menor entidad real, se ha convertido en el núcleo central del discurso del Poder. Básicamente, los políticos españoles no dicen nada cuando no saben qué hacer, cuando han hecho algo malo o cuando otros han decidido por ellos; el noventa y mucho por ciento de las ocasiones.     Zapatero y Obama (Zapatero 2008 y radiospike photography)

Tanto los que abogaban, antes de la Cumbre del G-20, por introducir estímulos fiscales para impulsar la economía (Reino Unido y EEUU) como los que consideraban prioritaria una regulación del sistema financiero internacional (Francia y Alemania) han salido de Londres satisfechos con los compromisos adquiridos.   Los Estados más poderosos del mundo aumentarán en más de un billón de dólares los fondos destinados a combatir la crisis, que en el caso del FMI se triplicarán, con el fin de rescatar a los países con mayores dificultades, restablecer el crédito e incentivar el comercio. Además, se ha acordado la creación de un Consejo de Estabilidad Financiera cuya misión consistirá en alertar de los riesgos macroeconómicos. También parece haberse iniciado una lucha irreversible contra los paraísos fiscales, de los que se elaborará una lista: “La era del secreto bancario ha terminado”, asegura el primer ministro británico.   Con el objeto de reconstruir un sistema financiero, cuyos fallos y falta de regulación han sido causas fundamentales de la crisis, el anfitrión de la Cumbre, Gordon Brown, ha señalado que limpiarán los bancos de activos tóxicos para que puedan volver a dar créditos, y una vez saneados, les obligarán a no endeudarse en exceso y aumentar sus provisiones en momentos de bonanza.   Aunque Obama cree que se ha alcanzado un “compromiso para realizar una reforma global de un sistema fallido”, calificando la Cumbre de hito en la lucha contra la crisis y de punto de inflexión en la recuperación mundial, ha reconocido que tendrán que esperar para comprobar si las acciones acordadas serán suficientes.   No obstante, Zapatero, rebosante de optimismo y orgulloso de haber consolidado a España como “una potencia en el ámbito internacional”, cree que desde esa reunión londinense ya se ha generado la confianza necesaria para que la recesión toque fondo en el segundo semestre de este año. Para este gobernante de un país en el que el número de parados ya ronda los cuatro millones, la receta para recuperar la confianza pasa por la laboriosidad: “hay que trabajar, trabajar, trabajar”.   hechos significativos   Rajoy sale en defensa incondicional de Bárcenas y Galeote: “nadie podrá probar que no son inocentes”.   En Francia están dispuestos a cortar la conexión a internet de aquellos que realicen descargas ilegales de archivos.

Aislado, pero no solo (foto: ????? ???????) Opiáceos laicos No es cierto que, en la sincronía contemporánea, la explicación de las sociedades humanas pueda restringirse exclusivamente a causas materiales. Sin embargo, la evolución diacrónica de aquellas no puede ser continuamente contraria a éstas últimas. Aún así, y utilizando la jerga del materialismo cultural, bien que la estructura dependa de la infraestructura y ambas se encuentren envueltas en la superestructura; en las posmodernas sociedades de masas, con fuerte especialización del trabajo (siempre considerado como un bien escaso), trata de evitarse que los modos de producción y de reproducción —componentes de la referida infraestructura que podrían medirse de forma etic— sean el motor de un cambio en las clases dirigentes. Las consecuencias económicas se presentan sometidas a un grado de imprevisibilidad tal que multiplicarían la incertidumbre en el sistema y podrían poner en peligro la deseada estabilidad. La superestructura resulta entonces mucho más maleable a los intereses de los poderosos, vertebrados institucionalmente en un statu quo político que les mantiene a salvo.   De hecho, la noción de cultura hoy dominante se circunscribe exclusivamente a la citada superestructura. Millones de definiciones emic contradictorias, inverosímiles, notorias o extravagantes, igual da, inundan la vida de los individuos desde la escuela. Han colonizado lo público en la prensa, en la radio, en la televisión, en el cine, en la literatura, en la pintura, en la escultura, en el pensamiento… La multitud de gustos disimula la ausencia de gusto, los saberes fraccionados la deconstrucción de la sabiduría y el tumulto de verdades certifica lo imposible de la verdad. Seres atomizados por la libertina inconsciencia inducida son incapaces de percibir cualquier interés colectivo: ¿para qué aspirar a instituciones políticas que puedan encarnar lo inconcebible? La posición de los poderosos es indemne a pesar de todo. La ruina moral se compadece de la ruina económica a la que nos ha conducido la providencia del Juancarlismo. Siempre en un mundo que parece no existir… ¡Hasta que te toca! Entonces descubres que estás sólo. ¡Y todo es tan real!

Quedan lejos los tiempos de los pósitos locales como uno de los antecedentes de las Cajas de Ahorro, la Real Orden de 1835 por la que se animaba a los Gobernadores Civiles a seguir los pasos dados por algunos países europeos y por el Conde de Villacreces para fundar la Caja de Ahorros de Jerez de la Frontera y el celo del Gobernador Civil de Valencia por establecer una de ellas en su provincia , la Real Orden de 1839 en la que se regulaba la creación de una o más Cajas de Ahorro en cada provincia y los motivos de su creación: la lucha contra la usura que sufrían los agricultores en meses de mala cosecha y la canalización del ahorro de las clases trabajadoras.   Se fueron especializando en la captación del ahorro de pequeños impositores hasta llegar al 59% de los depósitos de ahorro en el año 2007, en la concesión de créditos a hogares, a pequeñas empresas y a la concesión de hipotecas para la adquisición de viviendas (53%, 43% y 57% del mercado financiero respectivo en 2007). Pero poco a poco fueron ampliando los servicios ofrecidos a sus clientes y compitieron con la banca comercial y de inversiones hasta llegar a poseer paquetes de acciones de las grandes empresas industriales, de préstamos a constructores y promotores inmobiliarios y de toda clase de títulos ofrecidos en el mercado financiero internacional. Aprendieron a crear sus propios derivados (cédulas hipotecarias y otros) para captar más dinero a corto plazo y así ampliar sus negocios. Se olvidaron de sus orígenes.   Pero lo que verdaderamente está causando su debacle es la forma de gestión y la dimensión adecuada. Sus órganos directivos se han llenado de personajes venidos de los partidos políticos, de los sindicatos, de los ayuntamientos, de las instituciones autonómicas escogidos con los moldes de la partitocracia, es decir “comisarios políticos” o delegados designados bajo cuotas de poder proporcional. Esta cohorte de directivos, unas veces por su baja cualificación económico-financiera, otras por los consejos de tecnócratas sin escrúpulos, han aprobado la financiación de proyectos ideados por políticos con delirios de grandeza, de poca rentabilidad económica y nula visión de futuro (Caja de Castilla la Mancha). En muchos casos las Cajas de Ahorro se han convertido en meros servicios financieros de los Gobiernos autonómicos y locales y por eso la lucha por su control es despiadada y en muchos casos barriobajera (Caja de Madrid). La cacareada fusión de algunas Cajas como forma de sobrevivir a la actual tragedia de los mercados financieros es un mito con pocos argumentos favorables ya que siguiendo este razonamiento podríamos deducir que lo más conveniente sería tener una sola Caja de Ahorros nacional. Pero en realidad es una argucia para crear una sola caja por Comunidad Autónoma para simular la posesión de un Banco a las órdenes del grupo dirigente de ese territorio, como pretendió el Gobierno Vasco en su momento y como parecen desear muchos otros dirigentes regionales.

No pocas veces una operación en apariencia inocente y sencilla como la elección de términos para el abordaje de un problema, en su doble vertiente teórica y práctica, define ya de por si los límites que el planteamiento y la solución no podrán traspasar. En el conflicto entre “identidad” y “representación” se suscitan varios condicionantes: la naturaleza de la cuestión que pretende tratarse y, si es posible, resolverse; conocido dicho problema, la pertinencia de la elección de ambos términos y el por qué de la exclusión de otros; la congruencia de la oposición entre ambos conceptos y, por último, el ámbito en el cual dicha dicotomía se plantea, es decir, el Derecho Privado o el Derecho Público o Político.   Por enésima vez, el siempre socorrido manual que es la “Teoría de la Constitución” de Carl Schmitt, va a servir de guía para la discusión que está por plantearse. Empieza el jurista alemán por establecer, justamente, una tajante discontinuidad entre los ámbitos jurídicos público y privado, y en razón de tal discontinuidad atribuye al concepto de “representación” significados completamente diversos y hasta opuestos según operen en uno u otro contexto. En el ámbito del Derecho Privado, la idea de “representación” se aproxima a la definición de “comisión” que, en el contexto del Derecho Público y extraída de la obra de Jean Bodin “Los seis libros de la República”, ofrece Carl Schmitt en su tratado sobre “La Dictadura”. El “comisario” no tiene exactamente una “función” sino una “misión”. Mientras que la “función” supone una lista cerrada de competencias o atribuciones que definen no solo lo que el sujeto puede hacer, sino principalmente, y sobre todo, lo que no puede hacer, los límites que no puede traspasar, por el contrario la “misión” se define por el objetivo perseguido y el éxito o fracaso de la misma habrá de valorarse, precisamente, a la luz del objetivo conseguido o malogrado. Por supuesto, esta dicotomía no excluye que tanto la función como la misión tengan un objetivo asociado, pero el malogro de éste no será el criterio por el que habrá de sancionarse un eventual fracaso en el desempeño de una función; por el contrario, ésta puede cumplirse con escrúpulo y el fin último puede frustrarse: ello solo será indicativo de la insuficiencia de las funciones asignadas para la consecución del objetivo planteado. Quien tiene una misión no puede permitirse otro criterio para el éxito o fracaso de la misma que el éxito o fracaso del propio objetivo encomendado. Si la función define los medios necesarios para el logro de los fines a los que ésta se consagra, mediante unas atribuciones previstas y tasadas, la misión establece únicamente los fines permitiendo unos márgenes siempre móviles en los medios que pueden ponerse en juego; si estos medios se hayan limitados por restricciones fácticas o jurídicas, tales barreras son en todo caso externas a la propia misión encomendada y no vienen previamente establecidas por ésta.

Puño de hierro en guante de seda. El Ministro Caamaño ha comenzado su andadura ministerial dando muestra del consabido talante gubernamental para intentar apaciguar el crispado mundo judicial. Se busca una imagen dialogante que sirva de contraste con su predecesor, D. Mariano Fernández Bermejo de métodos expeditivos y rudos modales. Sin embargo tras la amable imagen del nuevo Ministro se oculta la misma sustancia de inseparación y dominación que se demuestra en la brutalidad conceptual de sus melosas declaraciones públicas. Los pocos días de mandato del nuevo patrón de la Justicia han servido para dejar perlas impagables.   Ministerio de Justicia (foto: notrenemesis) El contenido de la primera comparecencia de Caamaño desde su toma de posesión ante la Comisión de Justicia del Congreso acredita lo dicho. Tras reducir los problemas de la Justicia patria al recurrente tópico de la falta de medios, justificó su mayor dependencia administrativa como solución, avalando la propuesta de desjudicialización de los registros civiles como para acabar con el atasco de estos órganos jurisdiccionales. De igual forma el Ministro, ante la incomprensible pasividad de Sus Señorías, apostó por “abrir una reflexión” sobre la posibilidad de reducir “el complejo y nutrido sistema de recursos judiciales que provocan dilaciones” como método de agilización de la Justicia. Es decir, para evitar el atasco judicial, directamente se reducen las garantías jurisdiccionales de los justiciables limitando su derecho a la defensa. Tan expeditivo método de simplificación que su predecesor en el cargo no se atrevió a proponer, viene a agravar la ínfima calidad del sistema de garantías jurisdiccionales de nuestro país, que ha recibido ya el reproche explícito de Naciones Unidas al no garantizarse ni siquiera la doble instancia judicial en los delitos más graves dado el carácter extraordinario del recurso de casación.   Para finalizar, el señor Caamaño tratándose de ganar a las asociaciones judiciales finalizó su intervención vinculando el principio de autoridad judicial con el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral de los Magistrados. Ni corto ni perezoso, afirmó la necesidad de avanzar en esa materia refiriendo como a día de hoy la autoridad social con que se encuentran investidos los jueces no compensa, como parece insinuar que si lo hacía en el pasado, con la pérdida del goce en las relaciones personales y familiares que toda persona ha de disfrutar. Que se sepa a día de hoy ninguna de esas asociaciones de jueces ha protestado por tan indigna compensación. Tres botones de muestra que deben servir para que nadie se lleve a engaño sobre la vieja estrategia de policía bueno, policía malo.

Guardería (foto: Alhaurín) Los cuidados médicos y las condiciones higiénicas no fueron tan determinantes en la disminución de la mortalidad infantil como el fin de la costumbre de matar o dejar morir a los hijos no deseados; hasta finales del siglo XVII el infanticidio, a pesar de ser condenado en los púlpitos, era tolerado por una hipócrita sociedad, que lo disfrazaba bajo la forma de un accidente: los niños perecían ahogados entre las sábanas de la cama de sus padres.   Ahora, no es la vida del niño, sino la del feto, y los plazos y las condiciones a los que habrían de atenerse las madres para disponer de ella, los que constituyen una socorrida materia de controversia ideológica entre unos partidos estatales que, de esta manera, pueden establecer una tenue línea divisoria entre sus miméticos desempeños políticos. Pasto de la beatería izquierdista y de la demagogia feminista por un lado, y del conservadurismo cerril y de la desmesura religiosa por el otro, no será posible una sensata consideración del aborto hasta que la inerte y muda sociedad civil española no disponga de representantes políticos y de medios que difundan, sin fabricarla previamente, la opinión del público.   Si volvemos a los recién nacidos y a sus primeros pasos, descubrimos que el cuidado especial de la infancia no tuvo lugar hasta el inicio de la Ilustración. La aristocracia educa a sus hijos en sus propias mansiones con preceptores e institutrices; para los vástagos de las clases inferiores sigue siendo la calle -y entre adultos- el lugar donde se desarrolla su aprendizaje; pero ya los retoños de la burguesía incipiente son encerrados en los colegios. Esta reclusión (tal como se hace con los locos, los mendigos o las prostitutas, según Foucault), conservada hasta el día de hoy, se denomina escolarización.   La vida familiar se organiza alrededor de una infancia que será atendida, durante sus primeros años, en la casa, y más tarde confiada a la educación de una Iglesia y un Estado (que ve al niño como el futuro de la nación: soldado, productor de bienes y reproductor de genes) dispensadores de conocimientos comunes que los padres no pueden ofrecer. Si los niños, por su naturaleza, necesitan la seguridad de un espacio recoleto (el cálido hogar) para madurar sin perturbaciones, no parece que las guarderías actuales sean adecuadas para ello.

En la sociedad no hay afán de Justicia, sino de regulación y de coerción de lo toscamente dañino. La Justicia es un concepto teológico y, al ser aplicado a la Política, tiende a trasladarse desde el Poder de Dios al del Estado sin parada en la Sociedad Civil. Pero eso no la convierte (a la Justicia) en un Poder constituyente del Estado. El llamado Poder Judicial es en realidad una autoridad civil profundamente pragmática, casi clínica. Sancho en su Barataria personificó literariamente una Justicia que es más reconocible en tanto que praxis del sentido común que como poder estatal.   En realidad, la common law o ley natural -consuetudinaria, tradicional, como quiera llamarse- es llevada hasta el Estado por el Poder Legislativo, no por el Judicial. Aunque no en España, en una democracia los diputados representan en el Estado el elemento conservador de lo que la sociedad ya ha creado, o desea crear. Es decir, transforman la heterogénea lex tradita en homogénea lex scripta. Los jueces y sus compañeros del ramo deben hacer frente a un continuo esfuerzo de improvisación interpretativa que no les permite constituir nada. Incluso podría forzarse la reflexión hasta el punto de ver en la judicatura un saber “progresista”, más encargado de identificar viejas creencias y doctrinas en hechos nuevos, reconocidos como tales, que de encasillar los comportamientos juzgados dentro de los rígidos taxones del Derecho.   Un porcentaje del PIB constitucionalmente asignado; elecciones corporativas (incluso definido un cuerpo electoral maximizado) para la elección de los órganos de gobierno de la judicatura; titularidad vitalicia de los cargos en estos órganos; y una policía propia son medidas que, en bloque, van más allá de asegurar la independencia judicial: originan un cártel, un poder para-estatal. Si el Poder Judicial se convierte en casta, el riesgo de sufrir opresión se dispara para el ciudadano. Dotar a los jueces de competencias ejecutivas (policía) es algo tan aterrador como ofrecérselas a los médicos o a los sacerdotes. Tan desasosegante como la existencia del Ministerio de Justicia. A pesar de la tradición jurídica continental, parece impropio que la Administración de Justicia permanezca, sin más, instalada en el Estado. Y si tiene que ser así, parecen necesarias más garantías, que pasarían por hacer a los jueces responsables de sus decisiones ante la Sociedad Civil. ¿Podría ser un veto o moción que por mandato directo de los electores del distrito electoral -y sólo así- pudiera presentar cualquier diputado contra la resolución -o incluso la posición profesional- de todo juez? ¿Quizá la institución de algún tipo de iniciativa popular directa contra los funcionarios de Justicia en cada partido judicial?     Dibujo de Daumier