(foto: xopi) Descomposición total La semana pasada salieron a la luz unas imágenes, recogidas por las cámaras del metro de Madrid, en las que podía contemplarse la brutal paliza, sin mediar palabra o aparente provocación, de un joven a otro. Mientras el agredido recibía un aluvión de golpes, con unas consecuencias para su salud entonces difíciles de calibrar, la gente que viajaba en el vagón se ocupaba en alejarse de la escena, demostrando que el destino del infortunado no era cosa suya, y que no merecía la pena el arriesgarse a recibir siquiera un golpe por interponerse. Unas trémulas manos fueron todo el apoyo que recibió. La reacción que acabo de relatar no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de la idiosincrasia de la sociedad española. Algo que, entre la dictadura y el posfranquismo vigente, han terminado por forjar. La eliminación sistemática de toda posibilidad de acción colectiva partió de la esfera de la política. Y de su potencia final da testimonio el citado ejemplo, por cuanto ya afecta incluso a las formas más espontáneas e inocentes: en el caso que nos ocupa, ante la flagrante injusticia de la inopinada agresión, el poder ponerse rápidamente de acuerdo entre al menos dos viajeros, para tal vez así arrastrar a otros, e intervenir en frenar la paliza. Desde el poder, se ha creado el ambiente que disuelve todo interés de grupo si éste no es oficial-protoestatal. Así, todos los españoles saben, aunque no estén dispuestos a reconocer: (1) que no todas las normas, desde las más elevadas hasta las más cotidianas, son de aplicación efectiva, quedando a criterio discrecional de la autoridad; (2) que cuando sí se aplican, las leyes mantienen un premeditado rasgo de indefinición que permite no administrarlas a todos por igual; (3) que, según el caso, las sentencias pueden mitigarse por otras vías, incluso no cumplirse; y (4) que, en determinadas materias, resulta más gravoso comportarse correctamente, pues la actitud de la autoridad y la propia ley terminan beneficiando al tramposo, estafador, agresor o delincuente. Esto promueve las actitudes clientelares, minando la empatía y acabando por inhibir a los sujetos de los problemas comunes, que ahora se vislumbran ajenos. La secular convivencia bajo regímenes sin separación del poder y sin posibilidad efectiva de vigencia del principio de legalidad, han convertido a la sociedad española en un mero agregado de individuos, inhábiles, en su gran mayoría, para generar asociaciones cuyo mero fundamento sea su aspiración de mejorar la existencia colectiva, compartiendo la idea de cómo hacerlo. A la falta de cauces institucionales apropiados (o al margen de las organizaciones estatales, per se incapacitadas porque sus propios intereses se construyen, precisamente, sobre su prerrogativa para obstruir el acceso al Estado de los grupos activos en la sociedad), con la desmoralización que ello acarrea; se agrega una atmósfera en la que, es de sobra conocido por todos, que los fulanos que intenten algo así nunca resultarán beneficiados tal por acción, como poco serán ignorados, o que, si se significan demasiado, se exponen a sufrir las consecuencias de semejante desafío. {!jomcomment}
Qué pena España, qué pena
Qué pena España, que ni políticos ni intelectuales distingan con claridad lo político de las cuestiones de la política de partido, que nadie luche por el bien común e interés general del país y sí por los intereses particulares de las elecciones partidistas, que nadie sepa construir el sentimiento de pertenecer a una nación mediante la elección libre y por mayoría de un presidente de la República Constitucional, que no se articulen más y mejores asociaciones cívicas precisas para gestionar para el interés nacional la rabia y frustración del pueblo, que sufre por el paro y el creciente malestar económico. Qué pena que nadie desde los medios de comunicación generales diga públicamente que los bancos rescatados con el dinero de los españoles deben por ley ofertar créditos a los proyectos empresariales y cooperativos competitivos y, en cambio, los intelectuales y medios sí difundan la ignorancia en los temas políticos y el conocimiento exacto en lo frívolo, y es una gran pena, digo, porque España no está todavía en la misma situación de la Alemania de la República de Weimar. Qué pena España, qué pena que en tu suelo patrio la libertad política todavía no esté constituida. ¿Y qué diferencias concretas habría con la situación actual? Por ejemplo, en España, nadie negaría el agua del Tajo a la región de Murcia. Todos los españoles se unirían para conseguir su bien común y la unión haría la fuerza. Río Tajo (foto: Boby Pirovics)
Estadísticas del desempleo
Diafragma decafónico de dígitos (foto: kozumel) Estadísticas del desempleo La estadística, durante mucho tiempo, fue una disciplina asociada a los Estados, como indica el origen de su nombre y se dedicó a coleccionar datos numéricos ordenados y clasificados sobre la población, las finanzas, la salud pública y otros fenómenos sociales y naturales con el propósito de ser útiles a los gobernantes para conocer la marcha de su nación (Sixto Ríos). Los expertos, dedicados a esas tareas, pasaban su tiempo en organizarlos y presentarlos de forma sistemática en registros, actualmente en bancos de datos. Herederos de estas tareas hay innumerables registros públicos, entre los que se encuentran aquél que es objeto de este análisis: el registro de empleo, mantenido y coordinado por el Servicio Público Estatal de Empleo. Éste organismo nos presenta todos los meses un informe sobre las personas que han estado buscando empleo en el mes anterior (abril de 2010) que en dicho periodo alcanzó la cifra de 5.558.111 personas, de las que 933.684 tenían empleo previo. Cualquier niño de secundaria deduce sin dificultad que en abril había 4.624.427 personas que buscaron empleo sin tener ninguno trabajo previo. Pero los encargados de difundirlos nunca harán referencia a este dato. Conocedores del impacto, y con la consigna de tapar los datos adversos publicados pocos días antes por el Instituto Nacional de Estadística para el primer trimestre del año (4.612.700 parados), harán hincapié que el “paro registrado” fue de 4.142.425 personas, para que quede en la retina de los ciudadanos esa cifra que alivie su tensión política. Pensarán, como muchos medios de comunicación, que la situación ha mejorado en abril. Algunos les advertiremos que el “paro registrado” es una cifra limada de personas que han demandado empleo con disponibilidad limitada (210.335) y de aquellas otras personas demandantes de empleo no ocupadas (271.067 que realizan cursos y otros menesteres). Tampoco la Encuesta de Población Activa del INE (una investigación realizada a través de una muestra de las 30.000 secciones estadísticas del territorio nacional, aproximadamente), hija de la Estadística inferencial, que realiza una estimación trimestral sobre el empleo, ha quedado libre de “replanteos y limpiezas técnicas” como se ha podido adivinar a través de un “error informático” que permitió conocer de antemano aquel dato a través Internet, y evitar “replanteos y limpiezas técnicas”. Y aquel niño, con su lógica limpia y desnuda de prejuicios, llega a la sencilla conclusión: la suma del paro registrado más los desempleados que admitirían un empleo parcial más los otros desempleados no ocupados es una cifra muy cercana a la calculada por el INE. Sus mayores serán engañados y envilecidos por la información parcial facilitada por los medios oficiales. A través de ambas se vislumbra la realidad despiadada, la hemorragia que no cesa y la carne trémula: somos 46.951.532 españoles (avance del INE) en 2010 y solamente están ocupados 18.394.200, es decir el 39% de la población se hace cargo de todos aquellos; el número de hogares en los que nadie trabaja ha subido a 1.298.500; la tasa de desempleo juvenil supera el 40% y cada vez aumenta el número de parados de larga duración; y la tasa de paro supera la quinta parte de todos los activos (20,05%). Mientras tanto nuestros dirigentes están obsesionados con su imagen política y se preocupan más de tapar la herida para que no se vea o en mostrar una gasa poco sanguinolenta para hacernos soñar en la mejoría que de sanar al enfermo. Este problema social ha adquirido tal envergadura que se ha convertido, desde hace tiempo, en un problema político. Recordemos que “sin libertad, todo conflicto importante es problema político…” (A. García-Trevijano).
La atmósfera del régimen
A lo largo de las últimas décadas, numerosos servidores del Estado de Partidos han desfilado por la pasarela de la corrupción. La propaganda del Régimen siempre ha destacado que tales casos son fenómenos individuales que obedecen a la naturaleza irremediablemente imperfecta del ser humano, pero que bajo ningún concepto mancillan la inmaculada sacralidad de las instituciones vigentes, como si éstas no hicieran posible (ausencia de controles y vigilancias) y hasta deseable (garantía de la impunidad) revolcarse en el albañal de la corrupción. Mientras las recalcitrantes líneas editoriales de El País y El Mundo han considerado que las corruptelas que no paran de manar son extrínsecas a unas instituciones en cuya estructura y funcionamiento siguen sin advertir vicios (no ocultos sino bien visibles), sus brigadas de investigación han puesto de relieve -conforme a los intereses de cada uno de esos medios de confusión masiva- la financiación ilegal de los partidos y el enjambre de autoridades (desde la de mayor rango estatal a la concejalía más modesta del reino, en una sociedad política tan amplia y nutrida merced a la artificiosa multiplicación de instancias públicas) que han libado en el florido campo de la corrupción. Últimamente, los contenedores mediáticos más alejados (La Gaceta y Público) vierten sospechas de enriquecimiento ilícito sobre el presidente del Congreso de los diputados cebrados. Pero, por fin, la esperanza española del liberalismo estatal ha dado involuntariamente con la fórmula exacta del régimen que ambiciona presidir: “La corrupción es algo consustancial a las instituciones”, es decir, la señora Aguirre pone a sus seguidores en la tesitura de comprender la naturaleza institucional, y por tanto, irreversible, de la corrupción. Esta castiza Dama de Hierro dice que “lo importante no es que se produzca, sino lo que se hace para evitarla”: pues como no se hace nada efectivo, resulta inevitable. La mentira pública (ahormada en las grandes cocinas mediáticas) de una oligarquía de partidos que se presenta con la máscara de la democracia, se ha convertido en el modo de ser normal en el que han crecido las nuevas generaciones, escépticas y desesperanzadas. El encanallamiento y la desmoralización de la vida española que han extendido los partidos estatales, junto a una crisis económica cuyos efectos han sido agudizados por la incompetencia, la demagogia y la imprevisión de unos gobernantes ajenos a los intereses de los gobernados, han creado una atmósfera mefítica, que empieza a ser insoportable para un número creciente de españoles cuyo espíritu de veracidad reclama la libertad política.
De perdones y reconciliaciones
(foto: Evgenij Chaldej) De perdones y reconciliaciones Uno de los efectos perversos de la Ley de la Memoria Histórica ha sido el de resucitar la propaganda de la “reconciliación nacional” alentada por el Partido Comunista de España una vez constatada la imposibilidad de que la dictadura de Franco cayese por un levantamiento popular. Una consigna perfectamente extraña al ámbito de la política, de marcado matiz moral y religioso; y acaso no sea casualidad que fuese, precisamente, el Partido Comunista el que introdujese en la lucha política un elemento eclesiástico como contrapeso al nacionalcatolicismo imperante. Ya por entonces el comunismo había desterrado, salvo brillantes excepciones como Antonio Gramsci, la funesta manía de pensar. Un ejemplo de los delirios a los que puede conducir la absurda pretensión de atribuir culpas y responsabilidades, y ajustar cuentas con la historia, en lugar de limitarse a la fría descripción de los acontecimientos del pasado, ha sido la polémica sostenida en el diario EL PAÍS entre el expresidente socialista de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina y el eurodiputado socialista Carlos María Bru Purón. La pretensión de este último de que "junto a José Antonio, asesinado, debería reposar otra persona ejecutada por los rebeldes" (Contraste de pareceres, EL PAÍS, 3 de mayo) inevitablemente evoca la inclinación supersticiosa por lograr un equilibrio que, a setenta años de terminada la guerra civil, es de todo punto imposible, y sobre todo, indeseable. Que los soterrados en fosas comunes o los tirados en cunetas reciban cristiana sepultura o el entierro que los ritos familiares prescriban es no solo un derecho irrenunciable sino, incluso, una obligación que este Gobierno se ha guardado bien de asumir, con una Ley de Memoria Histórica que le releva de toda responsabilidad en un cometido que queda en manos de la Justicia y de los agraviados que a ella recurran. Las movilizaciones públicas en defensa del encausado juez Baltasar Garzón no han subrayado, por puras servidumbres pragmáticas y partidistas, las deficiencias de una ley nefasta que tiene gran parte de responsabilidad en el problema legal originado por las iniciativas del juez. A cambio, la obsesión que une a tirios y troyanos por escenificar alguna suerte de "reconciliación nacional" debe denunciarse como una intolerable intromisión de la sociedad política en algo que, de ser lícito, correspondería en exclusiva a la sociedad civil. Las atribuciones que ilícitamente se arroga la clase política son causa y consecuencia, en un proceso de mutuos condicionamientos, de la efectiva nulidad de la sociedad civil o de su nula influencia en la sociedad política. Por debajo de la evidente significación política de la guerra civil española, existen multitud de historias particulares, cada una con sus odios, rencores, perdones o reconciliaciones, que hacen que toda pretensión de "reconciliación nacional", o sea, reconciliación entre las dos Españas, entre dos abstracciones, sea un atropello que sólo pretende allanar la peripecia personal de los involucrados en aquella matanza y disolverla en un perdón colectivo, un "hacer las paces" entre dos espectros, dictado y escenificado por las autoridades. continúa …
De perdones y reconciliaciones (completo)
(foto: Evgenij Chaldej) De perdones y reconciliaciones Uno de los efectos perversos de la Ley de la Memoria Histórica ha sido el de resucitar la propaganda de la “reconciliación nacional” alentada por el Partido Comunista de España una vez constatada la imposibilidad de que la dictadura de Franco cayese por un levantamiento popular. Una consigna perfectamente extraña al ámbito de la política, de marcado matiz moral y religioso; y acaso no sea casualidad que fuese, precisamente, el Partido Comunista el que introdujese en la lucha política un elemento eclesiástico como contrapeso al nacionalcatolicismo imperante. Ya por entonces el comunismo había desterrado, salvo brillantes excepciones como Antonio Gramsci, la funesta manía de pensar. Un ejemplo de los delirios a los que puede conducir la absurda pretensión de atribuir culpas y responsabilidades, y ajustar cuentas con la historia, en lugar de limitarse a la fría descripción de los acontecimientos del pasado, ha sido la polémica sostenida en el diario EL PAÍS entre el expresidente socialista de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina y el eurodiputado socialista Carlos María Bru Purón. La pretensión de este último de que "junto a José Antonio, asesinado, debería reposar otra persona ejecutada por los rebeldes" (Contraste de pareceres, EL PAÍS, 3 de mayo) inevitablemente evoca la inclinación supersticiosa por lograr un equilibrio que, a setenta años de terminada la guerra civil, es de todo punto imposible, y sobre todo, indeseable. Que los soterrados en fosas comunes o los tirados en cunetas reciban cristiana sepultura o el entierro que los ritos familiares prescriban es no solo un derecho irrenunciable sino, incluso, una obligación que este Gobierno se ha guardado bien de asumir, con una Ley de Memoria Histórica que le releva de toda responsabilidad en un cometido que queda en manos de la Justicia y de los agraviados que a ella recurran. Las movilizaciones públicas en defensa del encausado juez Baltasar Garzón no han subrayado, por puras servidumbres pragmáticas y partidistas, las deficiencias de una ley nefasta que tiene gran parte de responsabilidad en el problema legal originado por las iniciativas del juez. A cambio, la obsesión que une a tirios y troyanos por escenificar alguna suerte de "reconciliación nacional" debe denunciarse como una intolerable intromisión de la sociedad política en algo que, de ser lícito, correspondería en exclusiva a la sociedad civil. Las atribuciones que ilícitamente se arroga la clase política son causa y consecuencia, en un proceso de mutuos condicionamientos, de la efectiva nulidad de la sociedad civil o de su nula influencia en la sociedad política. Por debajo de la evidente significación política de la guerra civil española, existen multitud de historias particulares, cada una con sus odios, rencores, perdones o reconciliaciones, que hacen que toda pretensión de "reconciliación nacional", o sea, reconciliación entre las dos Españas, entre dos abstracciones, sea un atropello que sólo pretende allanar la peripecia personal de los involucrados en aquella matanza y disolverla en un perdón colectivo, un "hacer las paces" entre dos espectros, dictado y escenificado por las autoridades. Quieren exorcizar el fantasma de “las dos Españas” pero lo necesitan como referente irrenunciable para sostener la monstruosidad de una imposible “reconciliación nacional”. Tal clase de manipulaciones constituyen la manifestación más notoria del oportunismo y de la cobardía moral de una clase política tan atrevida como desconocedora de la historia que reiteradamente trae a colación, incapaz de dejar de explotar un fenómeno que, más allá de sus causas y consecuencias políticas, tiene también una significación íntima y particular para quienes padecieron una catástrofe que ya no admite componendas. Por eso la reconciliación no es admisible en el ámbito de la política, sólo lo es en el ámbito de la moral o de la religión. Por eso no cabe una gran reconciliación – de la cual el entierro junto a José Antonio de "un asesinado por los rebeldes" sería sólo un indecente simulacro y una manifestación más de la tendencia necrófila española a remover y trasladar cadáveres por puras necesidades políticas del presente, sin atender a respeto alguno por los muertos- sino solamente miles de reconciliaciones personales, para quienes quieran reconciliarse. No para quienes no tienen derecho a perdonar en nombre de otros. A pesar de la solícita y no solicitada tentación redentora de los apóstoles de la “memoria histórica”. La guerra aglutina a todos los combatientes de un mismo bando, sobrevivientes, heridos o muertos, en una “unidad de destino” en la cual todos comparten pro indiviso la titularidad de la victoria o la derrota. Allí donde las mutuas diferencias han arrastrado a los contendientes, volentes o nolentes, al campo de batalla, la fase de la discusión se ha terminado y ya solo impera la ley del más fuerte, es decir, el derecho de guerra del vencedor sobre el vencido. Que, por definición, es incompatible con toda idea de colectiva reconciliación. Ésta, si procede, se sustrae a la guerra como enfrentamiento violento entre dos colectividades y ya sólo puede remitirse al contexto de las múltiples tragedias particulares padecidas por quienes han tomado parte en ella. Se sustrae, por tanto, a la lógica de la guerra misma, que no entiende de individualidades ni de la singularidad de cada uno de los combatientes que forman la unidad indiferenciada y no en vano uniformada que constituye lo que genéricamente se designa como “carne de cañón”. {!jomcomment}
Y el sindicato parió un ratón
La crisis económica está evidenciando que no sólo se trata de que unas instituciones antidemocráticas favorezcan la deslealtad institucional, la corrupción y el despilfarro, sino que además nos hallamos ante una falta de liderazgo político como en ningún otro país de la tierra. Al anuncio a bombo y platillo por parte del fútil presidente Zapatero de recortar el sector publico en 29 empresas para ahorrarse dieciséis millones de euros, un ahorro ridículo, que en plena tormenta financiera parece más un desprecio inaudito que la muestra de incapacidad de un insolvente político, se une el parto ratuno del sindicato vertical CCOO con las declaraciones de su secretario general, Fernández Toxo, de que el crédito a las empresas debe fluir. Después de dos años de recapitalización bancaria y cuando han quebrado una de cada diez empresas por estos motivos, el "líder" sindical avisa al amigo Zapatero, a posteriori, para que luzca, su imbecilidad política. Y es que las tomadura de pelo de estos descamisados que amasan fortunas mediante la gestión de planes de pensiones privados mientras se manifiestan por mantener la edad de jubilación y las pensiones públicas, daña a la integridad moral y cívica de cualquier persona no corrompida por la demagogia de lo políticamente progre y postmoderno. Este es el culto de adoración de las ignorantes y bienintencionadas masas juancarlistas que buscan vengarse de la historia para no mirarse en el espejo de su cáscara ahuecada tras treinta años de medrar a la sombra de la subvención pública. Un liderazgo de la fachada y la insolvencia políticas. Todo un alarde de escurrir el bulto que nos estigmatiza en Europa, donde nos miran como a los males jugadores de mus, que viven del farol permanente para poder jugar con las cartas de la vanidad, el autoritarismo y el engaño. Hemos pasado del acomplejado líder de las Azores, al líder de la alianza de civilizaciones y a la vuelta de la esquina nos espera el líder tranquilo. Todo bajo la atenta mirada de Su Majestad Don Juan Carlos I de Borbón quien parece que no se entera de nada porque en realidad no hace nada, a la luz de la transparencia pública, claro está, salvo quizás, dejarse ver en las carreras.
Reflexión sobre la acción
Chica de acción (foto: Stephanie Wallace Photography) Reflexión sobre la acción El fin de la cultura es una mayor y mejor comprensión de la realidad. Al perseguir la verdad buscamos un sistema de categorías que nos permita orientarnos en el mundo. Al principio, el conocimiento ha de ser eminentemente práctico, puesto que el hombre primitivo ha de dejar a un lado las dudas e indecisiones que interrumpan una acción de estricta supervivencia. Ahí, sólo sabemos en la medida que hacemos. Pero con la pura acción individual se pierde la noción de un entorno general, sumiéndonos en la atomización y en el conocimiento superficial y fragmentario. Al concentrarnos en la inmediatez de los asuntos particulares que conforman nuestras vidas, tendemos a extraviarnos o a perder la perspectiva de lo que acontece más allá de nosotros, dándole finalmente la espalda a todo lo que rebasa o difumina el horizonte particular. Dentro del solipsismo reinante, la conducta del hombre medio actual no responde a proyectos elaborados por él mismo, sino que suele ser el producto de un mimetismo o de una adhesión automática al conjunto de “valores”, modas y mitos difundidos por las opiniones oficiales y oficiosas. Así, el comportamiento del votante de listas de partido se convierte en puro accionismo impersonal y mecánico. Antes de votar, no se continúa …
Reflexión sobre la acción (completo)
Chica de acción (foto: Stephanie Wallace Photography) Reflexión sobre la acción El fin de la cultura es una mayor y mejor comprensión de la realidad. Al perseguir la verdad buscamos un sistema de categorías que nos permita orientarnos en el mundo. Al principio, el conocimiento ha de ser eminentemente práctico, puesto que el hombre primitivo ha de dejar a un lado las dudas e indecisiones que interrumpan una acción de estricta supervivencia. Ahí, sólo sabemos en la medida que hacemos. Pero con la pura acción individual se pierde la noción de un entorno general, sumiéndonos en la atomización y en el conocimiento superficial y fragmentario. Al concentrarnos en la inmediatez de los asuntos particulares que conforman nuestras vidas, tendemos a extraviarnos o a perder la perspectiva de lo que acontece más allá de nosotros, dándole finalmente la espalda a todo lo que rebasa o difumina el horizonte particular. Dentro del solipsismo reinante, la conducta del hombre medio actual no responde a proyectos elaborados por él mismo, sino que suele ser el producto de un mimetismo o de una adhesión automática al conjunto de “valores”, modas y mitos difundidos por las opiniones oficiales y oficiosas. Así, el comportamiento del votante de listas de partido se convierte en puro accionismo impersonal y mecánico. Antes de votar, no se preguntan por el sentido último de su acción, estando dispuestos a poner sin vacilaciones su destino en manos de fuerzas ajenas a la libertad política de todos. El hombre masa ya no puede recluirse fácilmente en el ámbito del consumo o de aquello que sólo esté relacionado directa o indirectamente con los planes, intereses y objetivos del propio yo o de las ínsulas familiares. La crudeza de la crisis, o lo intrincada, problemática y difícil que se va volviendo la vida que nos rodea sacude y hasta zarandea al hombre que se había despreocupado de lo público, pero no evita que siga tendiendo a reducir o aligerar su pensamiento, vaciándolo de verdadera cultura política. Los humanistas italianos exaltaron la vida activa respecto a la contemplativa. El que se perdiese en la contemplación de Dios hasta el punto de no conmoverse por la desventura del prójimo ni inquietarse por la ruina de la patria, no sería un hombre, sino un tronco o una piedra. Por eso, la verdadera sabiduría no consiste sólo en el puro entendimiento, sino también, en la prudencia de la acción, o sea la razón directiva de la vida, que en el ámbito de los asuntos públicos, se ciñe a la conquista y garantía de la libertad política. Por último, no está de más recordar la historia de Porthos (el personaje de Dumas): el hombre de acción cuyo primer pensamiento le causó la muerte mientras corría para alejarse de una carga de dinamita que había dispuesto. Porthos se preguntó súbitamente cómo podíamos caminar o por qué colocábamos siempre un pie delante del otro. Se detuvo y la dinamita explotó. {!jomcomment}
Lógica de la extravagancia
Cuando no existe separación de poderes no sólo se politiza la Justicia, sino que también la política se judicializa. La judicialización de la política es la tendencia a la resolución por vía judicial de conflictos de orden político. La inexistencia de contrapesos de poder impide el control de la actividad política por la ciudadanía, de modo que por un lado, los únicos agentes políticos reconocidos, los partidos, tienden a resolver sus disputas en los tribunales, y por otro, los ciudadanos irrepresentados sólo pueden impotentemente intentar responsabilizar a la sociedad política mediante la acción indirecta de una tutela judicial mediatizada. El abogado murciano D. José Luis Mazón, el mismo que presentó querella contra el Juez Garzón por los cobros que pudo recibir del banquero más poderoso de España durante su estancia en Nueva York, reclamó ante el Juzgado de lo Mercantil ser indemnizado con cuatro mil euros por el PSOE por incumplimiento de su programa electoral en lo referido a Justicia, donde prometía “incidir de modo especial en la exigencia de responsabilidad de los jueces”. La pretensión fue desestimada por el Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Madrid en sentencia que ahora será revisada en apelación por la Audiencia Provincial tras el recurso interpuesto por el Letrado. En tal trámite de alzada, la Sala ha rechazado la práctica en segunda instancia de las pruebas propuestas por el recurrente previamente inadmitidas por el Juez de lo Mercantil, como eran la declaración del Presidente del Gobierno, la del Vicepresidente Tercero, D. Manuel Chaves en su calidad de presidente de la Comisión Ejecutiva Federal del partido en 2.004, o la del jefe del grupo parlamentario socialista, D. Diego López Garrido. José Luis Mazón El juzgador de instancia había declarado en Marzo de 2.009 que los programas electorales no son expresión de actividad comercial, por lo que no pueden aplicárseles las responsabilidades de la Ley General de Publicidad, condenando a Mazón a las costas y declarando temeraria la acción ejercitada.
