Uno de los escollos principales que impiden el vergonzante consenso de los Magistrados del Tribunal Constitucional (TC) sobre la legalidad el estatuto catalán, está siendo la previsión expresa en el texto a examen de la culminación procesal en el ámbito de esa Comunidad Autónoma del alcance jurisdiccional de Juzgados y Tribunales, limitándolo a la competencia territorial de su Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Según el documento original, la organización judicial catalana acabaría en el TSJ de Cataluña como tribunal casacional máximo y último, asumiendo las competencias que hasta ahora correspondían al Tribunal Supremo (TS). Es decir y en suma, mientras los recursos de casación ordinario, en interés de ley o para unificación de doctrina y extraordinario de revisión del resto del territorio nacional serían competencia del TS, en los asuntos tramitados en el ámbito de organización de planta judicial catalana, sería el TSJ de Cataluña el encargado de su conocimiento en última instancia.   Torpemente, los Magistrados que se oponen a tal conceptuación de la organización judicial que implanta el nuevo estatuto autonómico denuncian la ruptura del principio de unidad jurisdiccional. Según este posicionamiento, la diversidad de atribución de funciones competenciales objetivas para conocimiento de idénticos trámites procesales por razones de ubicación territorial quebraría tal principio unitario. La simplicidad intelectual de los miembros del TC y su propia autoconsideración como órgano judicial cuando realmente es político, les impiden darse cuenta de que la razón aducida para deslegitimar esta previsión es errónea, ya que es el principio de igualdad el que se ve afectado por la norma examinada y no el de unidad jurisdiccional.   El principio de unidad jurisdiccional significa ni más ni menos la indivisibilidad de la potestas, de tal forma que residencia exactamente la misma autoridad estatal para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en el más modesto Juzgado de Paz, que en el propio Tribunal Supremo. La autoridad de todos los juzgados es idéntica por unitaria y la fuerza ejecutiva de sus resoluciones, por tanto, la misma. Cosa distinta es la atribución de la competencia objetiva para resolver por razón de materia, cuantía, o por los efectos devolutivos del sistema de recursos. No existe, como se suele oír, una jurisdicción social, otra penal y otra civil, sino una sola jurisdicción y distintos órdenes jurisdiccionales (penal, civil, social…).   Así el nuevo estatuto no destruye el principio de unidad de jurisdicción, sino algo más simple como son los principios de igualdad de trato,   derecho  a   la  defensa  y  acceso  a  la Justicia y sus órganos por razón de adscripción territorial. Y es que, el principio de unidad de jurisdicción no existe ya desde la promulgación de la constitución de 1.978 y de las Leyes Orgánicas tanto del Poder Judicial como del propio Tribunal Constitucional, siendo la existencia de éste, que se sitúa como jurisdicción especial y fuera de la organización judicial ordinaria, ejemplo máximo de la ruptura de ese principio que ahora se señala que está en peligro. De ahí que el propio TC sea incapaz de articular una respuesta coherente sin incurrir en contradicción interna.

El origen del Homo sapiens (foto: lauren poor) Frutos de incomprensión Cualquier intento por explicar la irrupción de homo sapiens pasa, indefectiblemente, por contemplar la implacable estructura social de nuestra especie. Desde esta condición intrínseca, las peculiares dotes cerebrales y comunicativas de los primates antropomorfos sobrevinieron en el habla. El lenguaje-pensamiento comenzó forjándose cual herramienta que permitía manipular el espacio y el tiempo para poder, entonces, anticiparse a los acontecimientos del mundo y/o adaptarlos conforme a la supervivencia del grupo. Y solamente medraron aquellos que así lo hicieron.   Es cabal especular que la correspondencia inicial, entre el conjunto de los seres, los objetos, las acciones y los hechos del mundo, y el conjunto de los signos que los anunciaban, constituyera una aplicación biyectiva. Que el conjunto inicial o dominio fueran los elementos de la propia realidad, y que el conjunto de sus imágenes verbales, un codominio cuya extensión probablemente estuviera sujeta a cierta regla de utilidad, se construyera basándose en una relación onomatopéyica, “indicial” o “para-icónica”, según criterios razonables, cuyo posterior desarrollo y transmisión cultural terminaría por trascender, obviando los vínculos iniciales de las voces con su sustrato.   Con la expansión de la humanidad y su devenir histórico, el ambiente social fue engordando hasta complicarse en tal medida que se solapó al mundo. La mutación socioeconómica capitalista los fundió, al portar consigo la barbarie ética capaz de justificar la desigualdad extrema a costa de acabar con  la verdad. El codominio lingüístico se segregó de lo real para instalarse en lo plausible, alzándose como un referente vicario por el que era imprescindible transitar para poder acceder y moverse en las impersonales relaciones humanas de gran escala, ahora sujetas a tan estricta jerarquía como obligatorias para la propia subsistencia. Ya que es imposible fulminar la realidad, sí que es factible obnubilarla minando la conexión unívoca del logos con el referente real que lo originó. Hoy, se ha dado la vuelta a tal correspondencia, y es el calculado universo simbólico el dominio del que parten las dirigidas flechas, postergando a la verdad-realidad a una mera imagen dependiente para todo aquello que pudiera entrar en conflicto con la indefinición oficial, guardián último del desaforado privilegio del estatus financiero.   El lenguaje-pensamiento ha sido despojado de su utilidad para describir el mundo, que ya no es la naturaleza, sino una de las construcciones sociales alternativas consentidas desde el poder; perdiendo la capacidad de concretar la acción colectiva, que ya no puede ser espontánea, sino consecución de lo político. El finiquito de esta herramienta, sostenedora de la aptitud para compartir, convierte en obligada la actitud de los individuos de hablar entre ellos de sí y para sí, limitándose a expresar enunciados de consumo personal, e impotentes para buscar proposiciones cuya validez sea independiente de algún sujeto concreto, esto es verdaderas para todos. Los pocos dotados para discernir la realidad tienen el obstáculo añadido de no poder comunicarla, y, en caso de lograr flanquearlo, la barrera final de no llegar a ser comprendidos.

Elena Salgado y otros (foto: bnim) La mentira política: el paradigma Supongamos que es cierto. Ayer nuestro ministro de economía mintió, trató de saltarse la ley de su propio gobierno y engañó a los gobernados para evitar males mayores para su partido. Bien, ¿y qué? ¿Por qué no habría de hacerlo? ¿Si nadie hubiera descubierto esa mentira sería políticamente lícito el hecho que esta encubre?, ¿lo es habiendo sido impunemente descubierta? ¿Por qué todos los gobernantes de la transición han mentido?; es más ¿quién, en nuestra sociedad, puede triunfar sin mentir? ¿Por qué sólo los medios de comunicación ejercen de jueces de la ley? ¿Qué relación guarda la mentira política con la moral?, ¿y con la corrupción, la pobreza cultural y el nacionalismo? Una pequeña serie de artículos intentará dar respuesta a estas y otras preguntas.   En política, la acción libre es lo constituyente. Claro que es importante el qué se constituye, qué régimen jurídico explícito resulta del acto de transformarse la comunidad humana en algo más que un agregado más o menos regulado de individuos; también es importante el cómo se constituye esa nueva comunidad, es decir, la forma de la acción constituyente del Estado (aclamación espontánea, decisión asamblearia, golpe de Estado, guerra, revolución, genocidio…); e importa, por supuesto, el quién lleva a cabo ese acto: si son numerosos o escasos dirigentes, elitistas o demagogos, etcétera. Pero en todos estos aspectos intervienen, además de los determinantes físicos inherentes a la vida humana, la capacidad de decisión y la pugna ponderada y contingentemente solidaria entre intereses intra e interpersonales: la libertad.   Ahora bien, a pesar de todas estas certidumbres y a efectos políticos, lo verdaderamente importante es el resultado en sí del proceso constituyente,  entendiendo este resultado como la presencia sensible de las instituciones, los documentos y las personas del poder. No porque tales fenómenos sean una realidad material y un hito histórico, que lo son, sino porque el aparato que encarnan posee la cualidad de devenir inmediatamente paradigmático. La Política es territorio del paradigma, como lo son la Metafísica, la Epistemología y la Ciencia. Paradigma entendido, al hilo de Agamben, como aquello que una vez alumbrado o descubierto se alimenta a sí mismo; aquello que, sin necesidad de presupuestos o de origen, sólo atiende a su propio desarrollo e incita a ser considerado exclusivamente como objeto de cognoscibilidad y no de crítica intelectual ni, mucho menos, de juicio moral. Aquello que, no siendo arquetípico, origina sin origen; es decir, lo original entre singularidades. Digamos que, así entendido, el paradigma es uno de los manantiales del devenir cultural.   Un paradigma de este tipo es políticamente relevante porque orienta a la vez que restringe la libertad de pensamiento y, consecuentemente, de acción. Acaso todo proceso constituyente necesite de esta ontología paradigmática para ser verdaderamente constituyente. Cuando una sociedad se constituye políticamente -formaliza su Estado- vuelve a fundarse como nación. Por su parte, a nuestro cerebro le es fácil adaptarse a cualquier estructura para desarrollar sus funciones; no es necesario que el aparato lógico se corresponda con una entidad real. A fin de cuentas para pensar no es necesario que el pensamiento sea veraz, basta con que sea coherente, aunque se trate de una coherencia sin razón. El paradigma falsario de la transición y la coherencia sin causa posterior son los generadores del gran artificio político dentro del cual los españoles, los europeos, nos revolcamos.

Al volátil y pusilánime Presidente de Gobierno le han fallado las circunstancias, así que se dispone a cambiar de identidad política. De la pródigas subvenciones a los implacables recortes presupuestarios. Este viraje no acaba de ser asimilado por los compañeros de viaje sindicales, a los que, sintiéndolo mucho, no les va a quedar más remedio que convocar una huelga general. Además, en los ámbitos mediáticos pseudoprogresistas, de tonto útil de izquierda, van a convertir al promotor de la concordia universal en tonto inútil de derecha.   El aspirante a ser designado sucesor por su jefe, señor Blanco, no ha tenido empacho en subirse a la noria televisiva para atenuar la conmoción social que están produciendo los ajustes de Zapatero, el cual, para justificar la presencia del ministro de Fomento como mano derecha del poder ejecutivo, podría decir lo mismo que el Caudillo, cuando le pasaron la terna para escoger secretario general del Movimiento y sacó a Fernández Cuesta: “Excelencia, ha elegido usted al más tonto”: “Por eso”.   Mientras tanto, desde las bancadas peperas, exigen a voz en cuello la dimisión de Zapatero, para que el jefe de la derecha estatal empiece cuanto antes a cuadrar las cuentas y a poner orden en el desmadre zapateriano. El mal de la corrupción está diagnosticado y su tratamiento prescrito, pero los “matasanos” del PP son inmunes a las bondades de la democracia, y como Kent al rey Lear “Está bien, mata al médico y otorga una recompensa a la repugnante enfermedad”, quieren convocar a la soberana masa votadora para que refrende ahora su ilimitada e impune capacidad de mando en el Estado.   La dimisión repentina del gobernante calma el desasosiego social. No como la confesión de la culpa por el reo, sino como evacuación sentimental de una tensión insoportable entre la abundancia de emociones y la escasez de ideas para expresarlas. La catarsis es un atajo que, en momentos de desorientación sentimental, conduce a la ética a través de la estética.   La belleza de un relámpago de dignidad ilumina la conciencia de la fealdad moral en la que vivimos, del agobio al que nos conduce el deshonor, de la utilidad de renunciar a las agradables ventajas con que la maldad impide la alegría. Con la dimisión por dignidad se le pide al gobernante que sublime su fracaso político mediante un bello gesto moral. Que calme el malestar de la sociedad, comunicándole su propio dolor en voz alta: dimitiendo. ¿Será capaz Zapatero de entonar semejante canto del cisne?

Stalin (foto: saquayo) Ruina política   El placer abyecto de obedecer a un Amo o a un Poder despóticos sigue siendo sentido por millones de seres humanos. La sumisión voluntaria de la mayoría a la minoría que manda (da igual por qué), dejándose imponer penurias, sufrimientos, humillaciones y, hasta la propia muerte, más que de fenómeno social parece tener visos de maldición histórica. Un solo hombre, la mediocridad más notable del Partido encaramada a la jefatura del régimen soviético, desangró a varias generaciones de un país que ocupaba la sexta parte del globo. Y lo atroz es que semejante exterminio se produjo durante la plácida administración de la servidumbre que ejercía el “padrecito de todas las Rusias”.   Abruma hacerse una idea de la idolatría que provoca Castro, así como de la veneración que rodeaba a la figura de Franco. El Poder está sacralizado, y desde el primer momento, los que están bajo su influjo se inclinan a reverenciarlo. Sea cual sea el origen del poder o la forma de establecerlo, (con golpes de fuerza o mediante pactos de oligarcas), su simple duración, a pesar de su ilegitimidad, ya le otorga reputación en el interior y reconocimiento en el exterior.   En mayor o menor medida, todos los regímenes políticos descansan en la opinión que se tenga de ellos: en la adhesión que susciten o en la falta de oposición que provoquen. El crédito no se obtiene solamente por el hecho de ostentar (casi siempre, detentar)  el  poder:  la creencia  social  en  los beneficios y seguridades que reporta ha de ser reafirmada constantemente ante los ojos crédulos de una opinión pública manipulada. La Monarquía de los partidos estatales debe su crédito a la propaganda, es decir, al sistemático engaño acerca de su creación y funcionamiento.   Todos los gobernantes de la partidocracia agotaron el abundante crédito que se les concedió al inicio de sus jefaturas, sin que todavía el Régimen que ha hecho posible sus distintas felonías haya entrado en quiebra. Aunque la dimensión de la crisis financiera no se podía augurar, la flecha prevista viene más despacio, y por tanto, a nadie que conozca la naturaleza del Estado de Partidos y Autonomías, le habrá cogido por sorpresa cómo la corrupción, el despilfarro y la incompetencia inherentes al mismo, han atravesado la economía nacional.   En una total desorientación, siempre es lo que más falta hace aquello en que menos se piensa. De lo contrario, naturalmente, no se trataría de una total desorientación. Que España desafine en el concierto de las naciones más poderosas y que no tengamos crédito en el circuito financiero internacional, reviste mucha menor gravedad que el hecho de que, a estas alturas o bajuras, el régimen vigente no esté lo bastante desacreditado como para proceder a su inmediata disolución. Si los votantes dan cheques en blanco, los oligarcas acaban extendiendo cheques sin fondo.

Sin excepción, todas las asociaciones de jueces y fiscales españoles han presentado conjuntamente al Ministro de Justicia un manifiesto consensuado en el que previenen del peligro de deterioro de Justicia ante el plan de ajuste presupuestario del gobierno de Rodríguez Zapatero. Los firmantes muestran su “máxima preocupación” ante la “incertidumbre” que el anuncio hecho el pasado día doce por el Presidente del Ejecutivo “ha generado en el seno de las carreras judicial y fiscal”. En el escrito trasladado a la prensa también exigen de Caamaño “la convocatoria urgente de las asociaciones judiciales a fin de obtener una cumplida y concreta información sobre la incidencia de las medidas previstas en el ámbito de la Justicia”.   Poco han tardado los togados en ir a mendigar a su patrón. Subrayando su rol burocrático y dependiente propio de este Estado de poderes inseparados, han sido los primeros funcionarios en solicitar la gracia del mendicante a su principal. El apenas tímido despertar de las aún recientes movilizaciones judiciales parece lejano en el tiempo. Tras los acuerdos económicos y vacacionales alcanzados por los Jueces tras una huelga que el ejecutivo les negaba como derecho, el recorte les deja poco más o menos igual que estaban antes de la movilización, conservando las conquistas “sociales” de su vacación y jornada servidas entonces por el Ministerio.   La dependencia económica de la Justicia del ejecutivo es otro lazo de dominación que se suma a los de carácter orgánico y funcional. Sin independencia económica para el desarrollo de la función jurisdiccional, no puede existir separación más que del encargo ejecutivo de juzgar y hacer cumplir lo juzgado conforme se ordena, con sometimiento último a decisiones de orden político, en esta ocasión en cuanto afecta al imprescindible aporte presupuestario para el ejercicio de la labor judicial. La escenificación de la mendicidad al patrón, es signo de su vasallaje.   ¿Cuál es el precio de la independencia y de la dignidad de la Justicia? ¿Cuánto costaría a los jueces y fiscales reclamar la separación e independencia de la función judicial estatal respecto del poder político?   Francisco Caamaño (foto: rtve)

A la taurina hora de las cinco de la tarde, después de que los diez Magistrados del Tribunal Constitucional (TC) acordaran realizar una parada para comer, se reanudó una deliberación que dura ya cuatro años sobre la constitucionalidad del estatuto catalán, nombrando como último ponente a su Presidente Dña. María Emilia Casas. El bloqueo de la situación por falta de acuerdo consensuado sobre la redacción de la sentencia entre jueces “progresistas” y “conservadores” designados a propuesta de los grupos parlamentarios, ha llevado finalmente a que sea la Presidente, quien cuenta con voto de calidad, la que ahora asuma la redacción del texto definitivo.   El Pleno se había reunido a las once de la mañana, pero no fue hasta la una y cuarto cuando comenzó a tratarse el último borrador de sentencia, ya que la sesión plenaria no era monográfica e incluía otros asuntos en el orden del día. El texto que estaba sobre la mesa era el redactado por el Vicepresidente del TC, D. Guillermo Jiménez, integrado en el “bloque conservador”, es decir designado por el Partido Popular. Ante la nueva falta de acuerdo para su aprobación, la Presidente Sra. Casas Baamonde, designada por el PSOE, toma las riendas.   La única duda está ahora en si Dña. Emilia se atreverá a hacer valer su voto de calidad para romper el empate, o si, como al menos públicamente pretende, intentará servir de moderadora de las simpatías y antipatías de los delegados de los partidos en el TC. En cualquiera de los casos, la escenificación del fracaso institucional de un tribunal de garantías de origen y finalidad política diseñado como filtro último de control y dependencia queda en evidencia.   Transar sobre la juridicidad de una norma como un elemento más del consenso político de esta parademocracia, es sólo equiparable a pactar sobre un hecho dado, objetivo y ajeno a la voluntad propia o contraria como es el hecho nacional.   Tribunal Constitucional (foto: Jaume d'Urgell)