Solo los desconocedores de cómo se establece la relación de poder político en España podían esperar otra cosa. Más de doscientas páginas, votos particulares aparte, para consumar en la primera de las más de treinta sentencias que vendrán por otros tantos recursos pendientes, algo tan previsible como infame, la conversión de una operación política espuria en Derecho positivo: la validación de la Ley de Amnistía (LOANCat), transformando una transacción partidista en acto jurídico supremo. El Tribunal Constitucional ha actuado como lo que es, un tribunal constitucionario que diseña el régimen según el reflejo político del momento. No es justicia: es poder.
Partiendo de la omisión del término «amnistía» en la Constitución de 1978 hasta la reciente sentencia, el Tribunal ha recorrido un camino de legitimación jurídica a posteriori de lo que no es otra cosa que una autoamnistía encubierta. Una ley hecha a medida de sus propios beneficiarios por aquellos que, con nombre y apellido, negociaron sus términos para garantizar la investidura del presidente del Gobierno. Una operación que no resiste ni el más mínimo examen de legalidad, como verdadero acto de inmoralidad política.
La sentencia atropella principios fundamentales de todo orden jurídico que establezca no ya la separación de poderes (inexistente en España), sino incluso su mera división funcional como son la exclusividad de la jurisdicción, el derecho a la tutela judicial efectiva y la legalidad penal. Todos ellos han sido sacrificados en el altar de la gobernabilidad. En el altar del poder.
Solo examinando el derecho positivo, ¿dónde queda la reserva jurisdiccional prevista nominalmente en los artículos 117 y 118 CE, cuando una ley orgánica puede impedir al juez ejercer su potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado? ¿Qué significa ya el principio de igualdad ante la ley, si esta puede ser suspendida para quienes ostentan el poder de decidir quién gobierna?
El Tribunal Constitucional ha ignorado deliberadamente los dictámenes previos de los letrados de las Cortes, que alertaban de la inviabilidad constitucional de la LOANCat sin una reforma previa del texto fundamental. Ha despreciado su propia jurisprudencia, que nunca avaló una amnistía con efectos exoneradores para delitos tipificados en un código penal. Ha despreciado también el artículo 14 CE, que impide cualquier privilegio personal por razón ideológica.
Y, por encima de todo, ha consumado la perversión del Derecho penal mediante una ley singular que consagra la impunidad selectiva, amparada en una causa política. Esta ley —construida sobre una «condición previa» para la investidura de Sánchez, tal como admitió el propio portavoz de Junts— constituye una aberración jurídica, una forma encubierta de autoamnistía proscrita internacionalmente.
Fiel a su naturaleza constitucionaria, constituyendo el orden jurídico cuando se trata en realidad de un órgano constituido, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional no es interpretar el Derecho. Es suspenderlo para unos pocos, para quienes controlan el poder. Es admitir, sin rubor, que la ley es el precio de una investidura.
Y si el Tribunal es capaz de bendecir este atropello, ¿qué impide que mañana se amnistíe la corrupción, la violencia institucional o el terrorismo, si ello conviene al ejecutivo de turno?
Al aceptar la premisa de que la política justifica el delito, el Tribunal Constitucional borra la distinción entre legalidad y voluntad de poder. Este fallo no es un acto jurídico, es un acto de poder. Un poder sin control, ejercido por una oligarquía de partidos que utiliza las instituciones como máscaras de legalidad. Esta amnistía, legitimada por un tribunal colonizado por las cuotas políticas, es la más flagrante manifestación de la degeneración de la monarquía del 78.
Pedro Manuel González, autor del libro «La Justicia en el Estado de partidos», en el capítulo nº 271 de «La lucha por el derecho» analiza la primera de las sentencias del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía.
La separación de poderes en EEUU imposibilita que el Presidente pueda tener privilegios y pueda legislar a su conveniencia, por lo tanto la autocontratación o el conflicto de intereses son imposibles.
Analizar el Estado implica asumir la formulación conceptual de una forma histórica concreta de lo político. Empero, la historia del concepto no es la historia de la institución. Primero es la institución, luego el concepto que, sin ambigüedades, la denomina.
La premisa del artículo es formular, simplificando, qué es el Estado. Por una parte, la institución. Por otra, el concepto. Si bien, la perspectiva del análisis conceptual presume y constituye la sistematización conjunta de término y concepto con la institución.
¿QUÉ ES EL ESTADO?
El Estado es una forma histórica concreta de lo político. Es la dominante en Europa desde los siglos XVI y XVII, y supone unidad política en y por la decisión soberana de neutralidad[i]. Resultado «de un proceso agregativo», heterogéneo y no direccional, adquirió «una unidad de sentido» y constituye una «estructura que en su totalidad es cualitativamente nueva, aunque no lo sea exactamente en todos y cada uno de sus componentes»[ii].
Fue en el siglo XIX cuando se configuró el término Estado como una «omnímoda idea ordinal», un «concepto genérico» aplicable a toda forma política de cualquier tiempo[iii], a las concretas polis griega, civitas romana, imperium mundi, res publica, ecclesia o regni, a toda forma política de todo tiempo y lugar[iv]. El uso retrospectivo y generalizador es anacrónico, equívoco.
Escrutar la evolución de las formas políticas es ahondar en su carácter histórico y contextual. Aun cuando interese una forma determinada, o una forma de la forma como lo es el Estado de partidos, es necesario entender el origen de la forma y su carácter político particular que forman el concepto.
Esta primera serie de artículos expone brevemente la formación histórica del Estado como forma teológico-política, secularizada, neutral y soberana. Cómo se agrega el carácter de soberano jurídico. Y cómo deviene total y partitocrático, analizado con más detenimiento en la siguiente parte.
El presente artículo es el primero de un comentario de texto más amplio elaborado en conjunto y que explica esquemáticamente la formación histórica del Estado como institución, la evolución de sus formas y la visión española del Estado de partidos. Se trata de un estudio de introducción de la historiografía institucional-conceptual del Estado como forma histórica contextual de lo político. Además, se esboza cómo se contrapone la visión del Estado de partidos de Antonio García-Trevijano (1927-2018) con la de Manuel García-Pelayo (1909-1991), uno de los referentes de la doctrina española de derecho constitucional del siglo XX y primer presidente del Tribunal Constitucional español.
[i] Carl Schmitt, «El Estado como concepto vinculado a una época histórica», Veintiuno: Revista de pensamiento y cultura, 1998, Núm. 39, pp. 67-82, trad. española de Francisco A. Caballero (original: „Staat als ein konkreter, an eine geschichtliche Epoche gebundener Begriff“ (1941), incluido en Verfassungsrechtliche Aufsätze: Materialen zu einer Verfassungslehre, Berlin, Duncker & Humblot, 4 Auf. 2003, pp. 375-385).
[ii] Manuel García-Pelayo, «Hacia el surgimiento histórico del Estado moderno», pp. 109-110, inédito de 1977, publicado en Idea de la política y otros escritos, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales (CEC), 1983, pp. 107-133.
[iii] Carl Schmit, «El Estado como concepto…», Opus cit., p. 70.
[iv] La obra de Manuel García-Pelayo incluye diversos estudios de las formas políticas más allá del Estado y las formas de Estado. Vid. El reino de Dios, arquetipo político, Madrid, Revista de Occidente, 1959; Las formas políticas en el Antiguo Oriente, Caracas, Monte Ávila, 1969. En otros estudios también historia las formas políticas de la Baja Edad Media, «Federico II de Suabia y el nacimiento del Estado moderno», III, 1, B, en Del mito y de la razón en el pensamiento político, Madrid, Revista de Occidente, 1968, pp. 141-223.
La ilegalización de asociaciones que ensalzan o defienden al franquismo no es más que una nueva maniobra de la monarquía de los partidos estatales para reforzar su legitimidad aparente, sin alterar en absoluto su naturaleza continuista del franquismo sociológico, institucional y jurídico. Aparentan destruir lo que en realidad perpetúan.
El régimen actual, surgido de una transición sin ruptura ni libertad constituyente, es en esencia una prolongación del régimen anterior, aunque revestido con ropajes pseudodemocráticos. No es más que el franquismo sin Franco, una oligarquía de partidos enmascarada bajo una Constitución otorgada con libertades concedidas, que tan fácilmente se dan como se quitan.
El franquismo, como dictadura unipersonal, concentró el poder en la figura de un solo hombre: Francisco Franco. Pero su sucesión, acordada por el dictador mismo, no condujo a la fundación de una democracia, sino a una reforma cosmética dirigida por las mismas élites que lo sustentaban y por quienes aspiraban a ocupar su lugar. De la ley a la ley, el poder a sí mismo. Todos ganaron con el consenso. El principio franquista de legalidad sin legitimidad fue transferido íntegramente al régimen del 78.
¿Acaso hubo libertad para que el pueblo español decidiera entre república o monarquía, entre parlamentarismo o presidencialismo, entre representación o partitocracia? No. Hubo una reforma desde dentro, promovida por el rey designado por Franco y sus procuradores reciclados en parlamentarios. Y fue precisamente ese continuismo pactado el que evitó una ruptura con el régimen anterior.
Por tanto, cuando se aprueban leyes para «ilegalizar el franquismo», lo que hacen no es más que escenificar una falsedad, como si hubiera existido una ruptura que nunca ocurrió. Ilegalizar el franquismo simbólico —sus fundaciones, sus homenajes, sus bustos— sirve al régimen actual para presentarse como su antítesis, cuando en realidad es su producto directo. Una mendaz dialéctica en la que el antifranquismo se convierte en herramienta legitimadora del postfranquismo.
Es la misma hipocresía que aflora cuando se pretende ilegalizar partidos políticos. El Estado de partidos se arroga el derecho de decidir quién puede existir políticamente y quién no, eliminando del tablero a los que cuestionan su propia legalidad. Ilegalizan partidos para defender la democracia… que nunca fue instaurada.
Es decir, los mismos partidos estatales que ocupan el poder sin ser representantes del elector —sino delegados de sus jefaturas— se atribuyen la facultad de decidir qué ideas políticas son admisibles. ¿Puede haber mayor aberración jurídica y política? Lo hacen con el franquismo simbólico, lo hacen con partidos incómodos, y lo harían con cualquiera que reclame libertad constituyente. Todo lo que no encaje en su consenso oligárquico es borrado del mapa.
La monarquía de partidos instaurada en 1978 no fue fruto de la voluntad constituyente del pueblo español, sino de una operación de ingeniería política, donde los partidos se repartieron el poder. El rey no fue elegido, la forma de Estado no fue discutida libremente, y los partidos, todos subvencionados, forman hoy un cartel que suprime la representación política.
Se puede prohibir una fundación que lleve el nombre de Franco, pero no se cuestiona el entramado legal que emana del franquismo: ni el sistema electoral proporcional que impide la representación del elector, ni la ausencia de separación de poderes, ni la jefatura del Estado hereditaria e irresponsable, ni el dominio absoluto de los partidos sobre la vida pública. Todo eso sigue intacto.
El antifranquismo legislativo es, pues, un teatro: se declama en las leyes lo que se niega en las instituciones. En lugar de desmontar el franquismo real —el régimen de obediencia, de ausencia de libertad política colectiva— se ataca al franquismo sentimental, al nostálgico, al decorativo. Se quita la estatua, pero se conserva el poder sin control.
Es esta la gran mentira del régimen del 78: se presenta como una democracia cuando no hay ni una sola institución que garantice sus reglas definitorias: representación y separación de poderes. Y el uso del antifranquismo simbólico no es más que una coartada para silenciar esa verdad estructural.
La única ruptura posible con el franquismo es la ruptura democrática: la apertura de un período de libertad constituyente, donde el pueblo español pueda manifestar su voluntad sobre la forma de Estado y de gobierno. Mientras no haya libertad política colectiva, mientras los partidos estén en el Estado y no en la sociedad, mientras el Parlamento sea una cámara de obediencia y no de representación, no habrá democracia. Y el franquismo, con o sin estatua, seguirá vivo en el alma misma del régimen.
Pedro Manuel González, autor del libro «La Justicia en el Estado de partidos», en el capítulo nº 270 de «La lucha por el derecho» nos habla de la conducta de la clase política española, renegando del franquismo, pero aceptando la relación de poder y el origen de legitimidad del mismo.
Estimado lector: ‘Cartas persas’ se publica en la revista del MCRC Diario de la República Constitucional, fundada por Antonio García-Trevijano, arquitecto de la teoría pura de la democracia. Inspirada en Montesquieu ―cuya separación de poderes Trevijano llamó «alma de la libertad»―, esta columna presenta a un sheij iraní que observa Occidente con ironía coránica y rigor constitucional. Sus cartas, herederas del espíritu crítico de ambos pensadores, desvelan las falsas democracias donde el poder se disfraza de ley.
Desde Estambul (enviada tras el ataque a Isfahán): Cuando los titiriteros declaran guerras… y otros mueren por el guion
Querido hermano Riza:
Mientras escribo estas líneas, el lamento del muecín se funde con el estruendo de camiones que transportan gasolina a precios de oro. «¡Todo sube!», gritó ayer un hombre al estrellar su taza contra el mármol de este café estambulí. Sí, todo sube: el pan, el falso como su melena dorada. Pero en Isfahán, la muerte sí fue real: una abuela iraní yació entre los cristales rotos de su ventana, víctima de un misil que confundió su humilde taller de alfombras con «blanco estratégico». Su único crimen fue vivir.
Occidente gritó victoria cuando sus bombas cayeron sobre nuestra tierra. Pero tras el humo, solo hallarás espejismos: ningún reactor destruido, ninguna capacidad aniquilada. Solo ruinas para cámaras ávidas de espectáculo. Los únicos muertos reales respiran aún en el olvido: el niño palestino aplastado bajo su escuela en Jabalia, el aldeano libanés segando trigo cuando el dron sonrió desde el cielo, la madre en Teherán que reza por un hijo devorado por la frontera. Todos ellos, daños colaterales en un juego de tronos donde los pueblos pierden… y los tiranos cobran. Trump alimenta fantasías de fuerza en su base enfurecida. Netanyahu compra tiempo mientras los fiscales retroceden ante la «emergencia nacional». Irán fortalece su resistencia, sí, pero ¿quién devuelve el aliento a los pulmones de Gaza asfixiados por el fósforo? El mundo llora por el gasóleo que escasea… sin ver que lo que se agota es la compasión humana.
Te pregunto, hermano: ¿por qué demonizan a Irán mientras besan las manos de jeques que decapitan periodistas en consulados? Nuestro pecado es negarnos a ser súbditos. Irán no invadió Irak —los tanques que arrasaron Faluya llevaban estrellas, no medias lunas—. Irán no bombardea mercados en Kiev —mira quién envió los misiles que destriparon la plaza de Odessa—. Irán no siembra 700 bases militares por el mundo. Cuando cerramos el Estrecho de Ormuz, no es agresión: es el grito ahogado de quien ve a sus hermanos palestinos morir de hambre por sanciones crueles… y nadie escucha.
La verdadera bomba no yace en nuestros desiertos, sino en las criptas de Zurich donde guardan los archivos de Epstein. En las sonrisas de políticos que firman cheques para bombas… mientras sus bancos custodian vídeos de niñas esclavas. Temen más esas grabaciones que a todos nuestros misiles. Por eso inventan enemigos. Por eso sacrifican niños en campos de refugiados, jóvenes soldados israelíes engañados con promesas de gloria, y ancianos iraníes que mueren sin insulina por bloqueos «humanitarios». Tres tragedias, un verdugo: la máquina de guerra que fabrica odio para ocultar su podredumbre.
Recuerdo aquel cuento de Rumi que nos narrabas en los jardines de Konya: «El lobo que más grita ‘¡Lobo!’ es el que tiene la sangre más fresca en el hocico». Hoy, los lobos visten trajes de seda. Netanyahu clama «¡Defensa!» mientras entierra documentos de corrupción bajo los escombros de Gaza. Trump anuncia «¡Victoria!» cuando sus misiles solo rompieron ventanas de un taller de alfombras donde una anciana tejía sueños para sus nietos… pero calla los nombres de las niñas del Lolita Express.
El mundo observa hipnotizado el precio del gas que sube… sin ver que lo que realmente encarece es el precio de la sangre inocente. La próxima vez que un hombre rompa su taza de rabia en Viena, dile esto: la guerra más sucia no estalla en los campos de batalla, sino en el silencio cómplice ante los mártires.
Mientras doblo esta carta, veo un barco de papel navegar hacia un petrolero saudí. Lo lanzó el niño palestino del muelle. En sus frágiles pliegues lleva escrito: «¿Por qué?». El barco se hunde entre olas de crudo… y el petrolero avanza hacia Occidente, cargado de lágrimas convertidas en combustible para su teatro de muerte.
Tu hermano que atrapa gritos en tinta, Sheij Omar ibn Farid.
Carta XII: El juego de ajedrez donde las piezas son naciones
Desde El Cairo (respuesta a Omar, 3 días después). Crónica de un engaño tejido por think tanks y ejecutado con sonrisas de diplomacia
Querido hermano Omar:
Tu carta llegó con olor a pólvora y lágrimas. Mientras los buques de guerra surcaban el Estrecho como perros de presa, yo hallaba en un bazarcito cairota el mismo manuscrito maldito que tú describes: Which Path to Persia?, escrito por sabios de Brookings en el año 2009 de su era cristiana. Sus páginas olían a azufre y ambición. Permíteme develar cómo estos modernos magi convierten profecías en misiles… y por qué su «fin de la guerra» es otra farsa.
Recordarás aquel breve respiro cuando el bufón dorado ascendió al trono occidental. Algunos necios —incluso entre los nuestros— susurraban: «Reducirá el imperio para salvar la república». ¡Qué candoroso error! El asesinato de Soleimani no fue un arrebato: fue la primera piedra de este tablero sangriento. Cuando Irán y EE.UU. danzaban en frágiles negociaciones, el zorro de Tel Aviv lanzó su ataque… y aquel payano coronado gritó ¡Victoria! antes de que los misiles tocaran tierra. Proclamó haber aniquilado nuestro programa nuclear, mientras las cámaras mostraban solo escombros humeantes de un taller de alfombras en Isfahán. Los que creyeron en él ahora repiten como loros: «Era necesario»… negando que les vendieron humo por oro.
Ese manuscrito de Brookings es el Corán secreto de su estrategia. Te lo descifro: usan la diplomacia como tapadera —¡mira cómo sonríen en Viena mientras afilan dagas!—, aplican el «déjaselo a Bibi» (Netanyahu) para que Israel ataque primero con armas estadounidenses —¿no es idéntico al informe RAND que desangró Donbás?—, y fabrican provocaciones para justificar la guerra total. ¡Ay, si el general Soleimani resucitara para gritarles: «Yo fui esa provocación!».
No te dejes engañar por los cantos de sirena sionistas. Israel es solo un puñal en la mano de Washington. Sin sus donaciones anuales de 4000 millones de monedas de oro, sin sus Iron Dome fabricados en Texas, sin sus satélites que vigilan nuestros desiertos… ¿cómo osarían atacar? Usan a Netanyahu como usan a Zelensky: carne de cañón para desgastar al gigante antes de que el verdadero verdugo baje al ruedo. Gaza es su Donbás particular.
¿Por qué anuncian ahora el «fin» de la guerra, hermano? Porque ven cómo se derrumba su hegemonía. China teje la Ruta de la Seda, los BRICS crecen como un ejército de sombras, y Rusia sobrevive a sus embargos. Irán es la llave que cierra la integración euroasiática… y por eso debe ser destruida. Su narrativa es tan frágil como un velo de seda: «Israel tiene derecho a defenderse» de un ataque que ellos mismos iniciaron. ¡Hipocresía que hasta un niño de Qom desenmascara!
Nuestros líderes miran al abismo con ojos de estrategas. Si no respondemos, seremos como Rusia en 2014: invitación a la humillación perpetua. Si atacamos a EE.UU., el bufón unirá a su pueblo con la sangre de nuestros misiles. La senda sabia sería golpear a Israel hasta agotar sus defensas, como Rusia desangra a Ucrania. Que los Iron Dome se desplomen bajo enjambres de drones, mientras EE.UU. mira impotente desde lejos… sus arsenales divididos entre Tel Aviv, Kiev y Taiwán. Pero ¡cuidado! Pakistán duerme con un ojo abierto, Turquía grita traiciones vacías, y Rusia/China nos envían armas… pero no soldados. Estamos solos frente al lobo.
Aquí yace su mayor vileza, Riza: ¡Ansían que les ataquemos! Esos 40000 soldados estadounidenses en el desierto no son defensa… son carnada. Si un misil nuestro hunde un barco y mata cientos, el payano alzará la bandera manchada de sangre y gritará: «¡Guerra santa!». Buscan su Pearl Harbor particular… un sacrificio humano para movilizar a las masas adormecidas.
Mientras plegaba aquel infame manuscrito, recordé las palabras de Ibn Khaldun: «Los imperios mueren cuando confunden astucia con sabiduría». EE.UU. juega ajedrez con reglas escritas en 1945… ignorando que el tablero ahora tiene continentes que no controla.
Hoy, al pasar frente a la mezquita de Al-Azhar, vi a niños jugar con barquitos de papel al Nilo. Uno llevaba escrito «BRICS», otro «Nueva Ruta de la Seda». La corriente los unió contra el barco de «OTAN», arrastrándolo hacia la catarata. Un anciano copto murmuró: «Los ríos ganan a los acorazados… pero primero deben crecer».
Tu hermano que vigila desde el puente, Riza al-Hassan.
Las opiniones aquí expresadas pertenecen al personaje ficticio, no a sus autores reales ni al equipo editorial. La ironía es un puente, no un muro.
Nota editorial sobre las ‘Cartas persas’: «Ningún espejo refleja la verdad entera, pero todo reflejo invita a cuestionarla». Las cartas del sheij Ibrahim al-Hamadani —y su «estimado hermano en Isfahán»— son un homenaje literario a Cartas persas de Montesquieu, obra maestra donde un viajero oriental critica con ironía las costumbres francesas. Este sheij es un personaje ficticio, creación satírica que encarna la mirada de un sabio islámico clásico para analizar Occidente: su pluma no defiende regímenes, dogmas ni banderas, sino que usa la tradición cultural persa como lente para interrogar el poder, la hybris y los espejismos de la modernidad. Sheij Yazid al-Rashid, mencionado en los textos, tampoco existió: es un compuesto de figuras como el sufí Al-Bistami (maestro de la lucha contra el ego) y filósofos que convirtieron la crítica en arte. Su propósito no es enseñar el islam, sino recordar —como hicieron Hafez, Rumi o Al-Farabi— que toda verdad se fragmenta en perspectivas.
«El sabio no teme a los espejos rotos, sino a quienes creen poseerlos intactos» (inspirado en Hafez).
Al tratar solamente de constituir unas reglas de juego político, una verdadera Constitución política que separe el poder, no puede en su esencia ser demagógica.
En cualquier democracia, la responsabilidad política puede ser detectada y es exigida con independencia de que existan o no responsabilidades penales. Se trata de una consecuencia esencial de la separación de poderes, de la existencia de representación y de la independencia judicial. En España, al no existir ninguna de estas, la frontera entre responsabilidad penal y política se ha difuminado hasta hacer indistinguible lo jurídico de lo político.
La figura de Pedro Sánchez, representa en este sentido la culminación de un proceso de degradación institucional iniciado hace décadas. Pese a los escándalos que rodean a su entorno personal y político, y frente a lo que en cualquier democracia hubiera supuesto motivo suficiente para la dimisión inmediata, Sánchez se aferra al cargo con una serenidad cínica. ¿Por qué?
Porque en España, como buena partidocracia que es, no se puede distinguir con claridad entre lo que es una responsabilidad penal y lo que es una responsabilidad política. El marco institucional no lo permite por su propio diseño.
La Justicia, el comúnmente llamado poder judicial, lejos de constituir una facultad estatal autónoma capaz de fiscalizar al ejecutivo, se encuentra ahora estructuralmente subordinada al poder político. Esto no es una afirmación retórica, sino una constatación jurídica: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces, lleva décadas siendo elegido proporcionalmente por los partidos, que a su vez eligen a la cúpula de las más altas instancias judiciales. La fiscalía general del Estado, designada por el Gobierno, el Tribunal Constitucional, repartido también entre los partidos, y el Ministerio de Justicia, brazo armado del ejecutivo, consuman dicho control institucional a la inversa.
Cuando no hay una magistratura independiente, la línea que separa lo que puede o debe ser juzgado judicialmente y lo que exige una respuesta en términos exclusivamente políticos se diluye. La consecuencia es que los escándalos se judicializan —frecuentemente de forma ineficaz— o se ignoran, pero rara vez se traducen en una rendición de cuentas política ante los gobernados.
Por otro lado, la ausencia de representación diluye la responsabilidad fuera de los juzgados, hasta que desaparece. Los votantes, meros ratificadores de listas, actúan como los fanáticos de los equipos de fútbol, apoyando a los colores propios hasta el final, independientemente de la tropelía cometida, porque son incapaces de asumir el engaño como propio.
Pedro Sánchez simplemente se beneficia de esta patología institucional eludiendo cualquier tipo de responsabilidad política escudado en la inexistencia de sentencias firmes. Lo hizo con el escándalo del Tito Berni, lo ha repetido con la amnistía pactada con los condenados del procés, y ahora lo vuelve a hacer escudándose tras la presunta persecución judicial contra su esposa y prebostes de partido, como si las instituciones actuaran de manera autónoma y no al dictado de los equilibrios políticos del momento.
Pero esto no es un problema de nombres ni de siglas. No es Sánchez, ni lo fue antes Rajoy, Zapatero o Aznar. Es un problema estructural. Cuando se diseña un sistema de poder único solo dividido funcionalmente y que además controla la Justicia, la exigencia de responsabilidades políticas se vuelve imposible.
En este contexto, la dimisión de un presidente del Gobierno no es un acto de responsabilidad, sino una fantasía. ¿Por qué habría de dimitir alguien que no se siente fiscalizado ni por sus propios electores, ni por los medios, ni por la Justicia? Mientras la relación de poder no cambie —mientras no exista una verdadera separación de poderes, representación en el legislativo e independencia judicial—, la única lógica imperante será la del poder por el poder. Y en esa lógica, dimitir es perder. Y en España, nadie dimite porque con el consenso todos ganan.
Pedro Manuel González, autor del libro «La Justicia en el Estado de partidos», en el capítulo nº 269 de «La lucha por el derecho» nos explica por qué Pedro Sánchez no dimite.
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Derecho a acceder a tus datos personales para saber cuáles están siendo objeto de tratamiento y con qué
Derecho a rectificar cualquier dato personal inexacto -por ejemplo, si necesitas actualizar la información o corregirla en caso de que fuera incorrecta-.
Suprimir tus datos personales, cuando esto sea posible. Si la normativa vigente no nos permite eliminar tus datos, los bloquearemos durante el tiempo restante.
Solicitar la limitación del tratamiento de tus datos personales cuando la exactitud, la legalidad o la necesidad del tratamiento de los datos resulte dudosa, en cuyo caso, podremos conservar los datos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Oponerte al tratamiento de tus datos personales.
Llevar a cabo la portabilidad de tus datos.
Revocar el consentimiento otorgado -por ejemplo, si te suscribiste al boletín y ya no deseas recibir más información-.
Ejercer tu derecho al olvido.
Podrás ejercitar tus derechos en cualquier momento y sin coste alguno, indicando qué derecho quieres ejercitar, tus datos y aportando copia de tu Documento de Identidad para que podamos identificarte, a través de las siguientes vías:
Dirigiendo un correo electrónico a nuestra dirección: [email protected]
Dirigiendo una solicitud escrita por correo ordinario a la dirección Calle Alondra 1, Prado de Somosaguas, Pozuelo de Alarcón, 28223, Madrid.
Además, cuando recibas cualquier comunicación nuestra, clicando en la sección de baja que contendrá esa comunicación, podrás darte de baja de todos envíos de comunicaciones del MCRC previamente aceptados.
Cuando te hayas suscrito a la recepción de mensajes informativos a través de Whatsapp podrás cancelar la suscripción desde el formulario del Diario donde te diste de alta, indicando que deseas darte de baja.
Si consideras que hemos cometido una infracción de la legislación en materia de protección de datos respecto al tratamiento de tus datos personales, consideras que el tratamiento no ha sido adecuado a la normativa o no has visto satisfecho el ejercicio de tus derechos, podrás presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial que proceda en su caso.
¿Están seguros tus datos?
La protección de tu privacidad es muy importante para nosotros. Por ello, para garantizarte la seguridad de tu información, hacemos nuestros mejores esfuerzos para impedir que se utilice de forma inadecuada, prevenir accesos no autorizados y/o la revelación no autorizada de datos personales.
Asimismo, nos comprometemos a cumplir con el deber de secreto y confidencialidad respecto de los datos personales de acuerdo con la legislación aplicable, así como a conferirles un tratamiento seguro en las cesiones y transferencias internacionales de datos que, en su caso, puedan producirse.
¿Cómo actualizamos nuestra Política de Privacidad?
La Política de Privacidad vigente es la que aparece en el Diario en el momento en que accedas al mismo. Nos reservamos el derecho a revisarla en el momento que consideremos oportuno. No obstante, si hacemos cambios, estos serán identificables de forma clara y específica, conforme se permite en la relación que hemos establecido contigo (por ejemplo: te podemos comunicar los cambios por email).
Resumen de Información de nuestra Política de Privacidad.
Responsable del tratamiento
MOVIMIENTO DE CIUDADANOS HACIA LA REPÚBLICA CONSTITUCIONAL (MCRC)
Calle Alondra 1, Prado de Somosaguas, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid. NIF: G-86279259
Finalidades de tratamiento de tus datos personales
- Atender tus solicitudes de información, comentarios, peticiones y/o consultas en el marco de tu relación con el MCRC.
- Atender las solicitudes para el ejercicio de tus derechos.
- Enviarte todas las comunicaciones a las que te hubieras suscrito, incluido el boletín (si te hubieras suscrito) y comunicaciones por Whatsapp.
- Enviar cualquier compra realizada en la Tienda del MCRC.
Origen de los datos tratados
- Nos los has facilitado libremente tú mismo o un tercero en tu nombre.
- Los hemos recabado a través de nuestro Sitio Web mediante cookies. Puedes obtener más información sobre este tratamiento en nuestra Política de Cookies.
Base de Legitimación para el tratamiento
- El tratamiento es necesario para la ofrecerte la información necesaria en atención a tu condición de asociado del MCRC.
- Para determinados tratamientos, nos has dado tu consentimiento expreso (ej participación en una acción; boletín…).
- Contrato de compra entre las partes.
Cesión de datos a terceros
- Cedemos tus datos a proveedores de servicios, incluidos aquellos relativos al envío de las compras realizadas en la Tienda.
- En ningún caso se cederán tus datos a personas ajenas a la actividad del MCRC (ya sean asociados o ajenos a la asociación) y los servicios que nos has sido solicitado.
- Cedemos tus datos a determinadas autoridades en cumplimiento de obligaciones legales (ej. Administraciones Públicas).
Plazos de conservación
- Conservaremos tus datos durante el tiempo que siga vigente tu relación con el MCRC.
- Si nos pides expresamente que los eliminemos, así lo haremos salvo que exista una obligación legal que nos lo impida o que, por ejemplo, necesitemos utilizarlos para la formulación, ejercicio y defensa de reclamaciones.
Derechos del interesado
Podrás solicitarnos el ejercicio de tus derechos por correo electrónico: [email protected], o por escrito a nuestro domicilio social en Calle Alondra 1, Prado de Somosaguas, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid.
Puedes pedirnos el derecho a acceder a tus datos, a solicitar su rectificación o supresión, a limitar el tratamiento de tus datos, o a oponerte a determinados tratamientos, a retirar el consentimiento que nos hubieras prestado, a la portabilidad de tus datos o a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado.
Si no estás de acuerdo con el tratamiento que realizamos de tus datos, puedes presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos: www.aepd.es.
Si tienes alguna duda sobre esta Política de Privacidad o el tratamiento de tus datos, escríbenos a nuestra dirección de correo electrónico [email protected], y estaremos encantados de atenderte.
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