Aurelio Arteta se pregunta si es lícito invocar la Constitución como instancia dirimente y definitiva en las controversias políticas que con frecuencia ocupan a la prensa y a la opinión pública (EL PAIS, 29 de septiembre), oponiendo al fundamento puramente positivo de la Constitución algo que no puede más que arrimarse a la noción de "derecho natural", si bien el autor se refiere a este polo de la contraposición -o, para ser exactos, complementariedad- con el nombre de "razones morales". Como Arteta no deja de subrayar, la ley puede ser el fundamento último de una decisión jurídica, pero a menos que descanse sobre si misma de forma autorreferente , dicha ley, en lo que a su contenido se refiere, no puede dejar de apelar a alguna instancia externa en funciones de legitimación, en suma, a una especie de "derecho natural". A menos, claro está, que la ley renuncie a toda legitimidad que no se reduzca al aborigen prehistórico de la propia noción de “legitimidad”, es decir, el derecho de las armas, el derecho del vencedor sobre el vencido, o sea, la ley del más fuerte. Aurelio Arteta, sin embargo, deja intacta la naturaleza verdaderamente problemática y espinosa de la cuestión: si la aplicación de un Estatuto de Autonomía, y hasta la propia letra del mismo, arrojan consecuencias que estimamos rechazables, pero, al mismo tiempo, perfectamente acordes con la Constitución Española, no queda más remedio, por pura honestidad intelectual, que poner en cuestión la propia Constitución. Sin llegar a entrar en el contenido, sino solo en cuestiones puramente formales, recordemos el proceso de promulgación de la llamada "ley de leyes": convocatoria de elecciones legislativas en 1977, autoatribución de poderes constituyentes por parte de una asamblea que no los tenía, acuerdo por consenso entre las fuerzas políticas sobre cuestiones como forma de estado, forma de gobierno, sistema electoral y sistema de organización territorial, y sometimiento del texto consensuado a referendum. Examinemos ahora este proceso, no desde una inespecífica y difusa "razón moral" sino desde el axioma de la democracia como único criterio de legitimidad aceptable. Y preguntémonos si, a la luz de tal criterio, la Constitución de 1978 es legítima. Es inevitable subrayar, por tanto, que quienes apelan a la Constitución como razón última para zanjar disputas intelectuales –sancionando, por tanto, como derecho natural lo que no es más que un derecho positivo- deben saber que están apelando, dentro de un discurso que frecuentemente presume de ser “democrático”, a una “ley de leyes” cuya legitimación de origen es antidemocrática.   Constitución española

El Congreso de los E.E.U.U. rechaza el plan de Bush (foto: mischiru) Causa de la crisis financiera   Antonio García-Trevijano   Los analistas de la economía, incluso los que presagiaron desde hace años el estallido de la burbuja inmobiliaria -hipotecas basura en EEUU, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Bélgica, España y otros países- opinan ahora a remolque de las noticias del día. Carecen de criterio. El pánico, ante una quiebra del sistema capitalista, les hace ser entusiastas acríticos de todo tipo de medida intervencionista del Estado, desde las nacionalizaciones de bancos y aseguradoras -Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Bélgica, por ahora-, hasta la compra masiva de créditos bancarios dañados por morosidad o insolvencia de deudores particulares.   A los gobiernos, partidos de oposición, gran banca de depósito y medios de comunicación, les conviene echar toda la culpa de la crisis financiera a las hipotecas basuras. Es una forma de ocultar o diluir la responsabilidad de los verdaderos agentes inmediatos del desastre. Si el problema estuviera en las hipotecas basura, donde el valor del bien hipotecado, al no cubrir todo el nominal del crédito, causaría la quiebra de la entidad hipotecante -si se contrajera la demanda de viviendas, y éstas dejaran de aumentar su precio-, la solución sería bien sencilla y no perjudicaría a la liquidez inmediata del sistema crediticio. Bastaría que una entidad estatal comprase por su valor de mercado -por ejemplo, 50 % del nominal- los créditos dañados; pusiera la liquidez de ese precio en el circuito financiero; y reclamara luego a los deudores la mitad de sus hipotecas con facilidades de pago. Pero en los momentos de pánico casi todo el mundo reacciona de la misma manera: “no hay que mirar al pasado, sino todos unidos, como en el 11-S, dar una solución patriótica de futuro” (McCain). ¡Como si fuera posible encontrar alguna solución sin identificar y localizar la causa que ocasionó la catástrofe financiera! Todo remedio que se aplique será vano, incluso a corto plazo, si no se ataca de raíz la causa pasada de la crisis actual. Pero hay miedo del candidato republicano al pasado de su jefe de campaña, a sueldo de Freddie Mac, una de las entidades crediticias que está en el origen del problema. Miedo de Henry Paulson, puesto de rodillas ante la portavoz del partido demócrata, Nancy Pelosi, para pedirle que no se airee en público que llegó a la Secretaría del Tesoro, desde la presidencia de una de las grandes sociedades causantes de la burbuja financiera. Nadie quiere saber que el factor desequilibrante del mercado crediticio no ha estado tanto en las hipotecas basura (subprime), como en la artificial riqueza monetaria, creada de la noche a la mañana, con la negra especulación, a la baja bursátil, de los fondos de alto riesgo. Una manipulación de las cotizaciones, incomprensible para los inexpertos, pero delictiva.   En artículos y editoriales de este Diario, trataremos de explicar cómo ha sido posible que esos Fondos de Alto Riesgo premiaran a sus ejecutivos con un dos por ciento de la cifra de negocio, más un veinte por ciento de los beneficios. Entre ellos, a Henry Paulson, a quien Bush quiso convertir en dictador, sin ley ni control, como gestor único de 700 mil millones de dólares públicos para salvar a la banca privada de la catástrofe que él mismo contribuyó a causar. Lo decisivo fue que dichos Fondos, por su alta rentabilidad, lograron cautivar ingentes masas de dinero, procedentes de fondos de pensiones, compañías de seguros, bancos de inversión, cajas de ahorro, empresas inmobiliarias, Universidades, Fundaciones, Iglesias, grandes empresas editoras y, cómo no, bancos de depósito. Esas entidades se verían muy afectadas por la quiebra de los Fondos de Alto Riesgo.   Con el pretexto demagógico del peligro de desempleo y de las hipotecas basura, todos los medios, conservadores o progresistas, apoyaron el plan inicial de Bush. Las bolsas suben ante la noticia de cualquier tipo de intervención estatal, y bajan si se retrasa. No confían en su propio mercado bursátil. Lo que importa destacar ahora es el prejuicio político de los que aprueban o condenan dicho Plan (mejorado en la propuesta que el Congreso ha rechazado) por razones ideológicas, como si existiera una teoría económica de carácter científico, de valor universal y permanente, que no haya sido concebida para cada coyuntura histórica de la economía.   Cuando el capital agrícola dominaba la actividad económica, se fraguó la doctrina de la fisiocracia. Cuando el capital comerciante tomó el relevo, Adam Smith creó la teoría de la libertad de mercado, autorregulado por su mano invisible. Cuando la mano visible del capital industrial imponía las reglas del mercado, Saint Simon inventó la tecnocracia, y Carlos Marx el control del proceso productivo por el Estado. Cuando los ciclos expansivos o depresivos azotaban la economía internacional, Keynes creó las nociones contables de la macroeconomía, para no ahorrar, invertir y endeudarse en tiempos de depresión. Desde que el capital financiero domina al industrial, no hay más política económica que la monetaria y la fiscal. El Plan Bush es monetarista, pues aumenta el capital circulante, y es fiscal, pues también crecería la receta impositiva, si no se emite nueva moneda. Nada tiene esto que ver con el socialismo financiero ni el capitalismo social. La visión de la crisis financiera es distinta en EEUU y Europa. Allí hay democracia, es decir, separación de poderes. Aquí no. Ocho años de Bush han propiciado la burbuja financiera, la hipotecaria y la actual crisis crediticia. Es normal que el legislativo haya rechazado su Plan de rescate para la oligarquía bancaria. Mientras aquí, Sarkozy lo apoya y pregona la necesidad de refundar el capitalismo sobre bases éticas, partiendo de cero. No quiere saber que no hay capitalismo salvaje, sino ánimo de lucro sin reparos morales, si los gobiernos no ponen límites a su libertad de acción.

Don Baltasar Garzón (Foto: jmlage) Hay iniciativas judiciales que, examinadas a la luz de las reacciones que provocan entre la clase política, se vuelven muy oportunas. La del juez Baltasar Garzón para la investigación de las desapariciones de los asesinados por la dictadura ha permitido al líder de la oposición protestar ante una posible reapertura de heridas que al parecer ya estaban cerradas, y, en justa correspondencia que redunda en un único y mismo error, el presidente del Gobierno ha venido a felicitarse por el cierre oficial de esas mismas heridas que, al parecer, se nos viene encima. Lo discutible no es aquí el derecho irrenunciable de las familias a dar a sus muertos la sepultura que el ritual prescribe. Lo monstruoso es la concepción por la cual unos y otros aceptan la enormidad de que el poder pueda arrogarse algo tan inadmisible como la facultad de abrir, cerrar o dar por cerradas heridas que sólo a las víctimas pertenecen: por muy buena voluntad que le pongamos, a los muertos no es posible devolverles la vida arrebatada. Un paso más y acabaremos irremisiblemente en una religiosa escenificación de “reconciliación nacional”, como si no hubiéramos tenido bastante con la propaganda atizada por la oposición antifranquista que enarboló esa misma bandera fraudulenta. La cobardía humana prefiere, con frecuencia, un arreglo fraudulento, aun a costa de asumir una ficción mentirosa, antes que la aceptación de lo imposible de toda reparación. Si existe alguna remota posibilidad de hacer "justicia" al sufrimiento, tal acto de justicia pasa, paradójicamente, por la constatación de su propia imposibilidad, por la reafirmación de lo irreparable, del sinsentido del sufrimiento ocasionado. La idea de "hacer justicia a las víctimas" no hace más que redoblar el agravio del que han sido objeto, al pretender reconducir el daño supremo, la muerte, al sistema de pagos y compensaciones que es la ficción sobre la cual se legitima la idea misma de Justicia, tanto da si terrena o divina: tal compensación es imposible, fingir lo contrario es una ofensa a aquellos cuyo sufrimiento ahora se quiere lavar. Nuestro laico gobierno no ha podido disimular el profundo cristianismo que anima el irresponsable optimismo del presidente.

El diario El Mundo ha iniciado una nueva entrega de material multimedia para conmemorar los 30 años de Democracia. El trabajo resultante ha sido elaborado por la gran locutora Victoria Prego, quien imprime con su magnífico timbre de urgencia, los tintes más realistas de las ambiciones insatisfechas que alumbraron el pacto Constitucional. Y es que toda conmemoración, si no se manifiesta de forma caleidoscópica al coagularse el movimiento browniano de la sociedad civil por una victoria de la memoria colectiva encierra, en su planificada difusión, un interés siniestro. Las fechas populares se aguardan bien con ardor fallero, bien con orgullo nacional y nunca advienen en épocas de crisis. Los conmemoradores profesionales de la Democracia, como El Mundo, necesitan recordar a la sociedad civil, con meme implantado, lo que nunca conformó su personalidad colectiva: La lucha en un periodo constituyente por una Constitución democrática.   El dos de noviembre de 1975, el secretario de Estado en Washington, Henry Kissinger, escribía a su embajador en Madrid los siete elementos básicos para que la transición española condujera hacia su plena integración en la Comunidad Atlántica. El concepto de libertad política no aparece en el texto, pero podemos leer: "Nosotros no favorecemos ninguna solución o a ningún partido político dentro del amplio rango del pensamiento democrático, pero anticipamos que la transición estará en manos de personas esencialmente conservadoras". Sin embargo, cinco días más tarde, tras reunirse con oficiales de la OTAN, el plan Kissinger se había hecho un poco más explícito. En un telegrama distribuido entre el cuerpo diplomático de las capitales europeas y firmado por él mismo podemos leer: "Nosotros vemos a Juan Carlos como la baza más realista para iniciar un proceso ordenado de reformas, dada la fragmentación de la situación doméstica y la dominante y continuada influencia de lideres esencialmente conservadores." Además: "Es importante que los vecinos europeos de España sean realistas en sus expectativas y demandas de cambio político; deseamos que sean capaces de responder comprensivamente a los esfuerzos reformistas de Juan Carlos y no esperar elevados estándares demasiado pronto en el movimiento de España hacia Europa". ¿Qué puede haber más ajeno a la sociedad civil que considerar posible sólo lo que es actual, sin la misión de los medios que conmemoran la Democracia? La adhesión del Estado español a la OTAN esta garantizada de forma dinástica, Mr. Kissinger.   Henry Kissinger (foto: Fondo Económico Mundial)

Los procesos de institucionalización política no dejan de ser construcciones sociales producidas históricamente que, independientemente de los planes y el juego de voluntades a priori de los actores y grupos interesados/autorizados al respecto, devienen en lo imprevisible, al resultar modificados por su facticidad y plausibilidad. A no ser, precisamente, que se aceptara previamente una fórmula de resolver disputas que permitiera la adecuación teórica de los proyectos a un resultado presumible. Sea como fuere, asentar la relación de mando exclusivamente en la violencia física resultaría algo ruinoso, por lo que debe ser interiorizada por los que obedecen hasta llegar a formar parte de su natural realidad cotidiana. No es de extrañar que las primeras legitimaciones a posteriori de la distinción jerárquica fueran del tipo mitológico-religioso, y que la continuidad institucional se atribuyera a la simple descendencia familiar del jefe. Tampoco que la transmisión generacional siempre se refiera al pasado, perdiendo de vista las causas primigenias del orden social, incluso dejando de operar su presunta razón o utilidad. Siglos de sedimentación diacrónica han convertido aquellas justificaciones en complicados e interesados artefactos conceptuales que pretenden integrarse consecuentemente en el marco general del universo simbólico, aun llegando a deformarlo. Únicamente el método científico, una rigurosa racionalidad teórica y la ética de la verdad pueden librarnos de asumir su desmesurado afán dominador.  Pero la estructura institucional sigue siendo una cuestión de poder. Cualquier cambio o alteración de la misma que no se asiente en la libertad política y se resuelva, parte por parte, conforme a la norma de la mayoría, carece de valor democrático. Si el resultado no responde cabalmente al principio electivo del gobierno, el representativo de la asamblea legislativa, y separa los poderes del Estado en origen, impidiendo que uno designe otro; nunca puede haber democracia. No es necesario un gran esfuerzo mental para comprobar que la actual Monarquía española encaja perfectamente en este patrón negativo. Prueba de ello es eludir públicamente cualquier definición normativa de la democracia para evitar la confrontación teórica, asentando su legitimación, sin la menor decencia intelectual, en hueras fórmulas abstractas y en la falsa parafernalia que se deducen del premeditado timo verbal de referirse, tan machacona como cotidianamente, al actual Régimen de partidos como “La Democracia”.   Tela de araña (foto: Doc Albores)

El exministro de justicia y actual alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, declaró hace escasas fechas a El País que “un alcalde dependa de su partido es inconstitucional”. Descubrimiento jurídico excepcional para un político del Estado de Partidos que proviene del mundo judicial de la transición. No ha sido, sin embargo, una revelación numinosa.   Don Santiago Belloch (foto: diegonavarro.org) Todo lo contrario: es la conclusión obvia de la perentoria necesidad pecuniaria de los ayuntamientos españoles. Y es que no hay nada más tradicional en la historia de la conquista de la democracia que la rebelión contra la falta de financiación cuando se están pagando los impuestos para el centralismo administrativo madrileño. ¿No se consiguió la democracia norteamericana por razones tributarias contra el parlamento colonialista inglés? Zaragoza no es EE.UU. pero para las personas inteligentes y amantes de su patria y de su Pilarica, que le “toquen el bolsillo” es como la invasión napoleónica. Y solamente tenemos que recordar en los Episodios Nacionales cómo resistían los maños. La voluntad patriótica aragonesa deberá ir unida, por otro lado, a la agudeza propia de un jurista como Belloch. La máxima autoridad política en un municipio, es decir, el alcalde, no puede estar en el organigrama jerárquico de un partido político de Madrid. Si eso es así –piensa y declara el jurista- entonces tal realidad “no puede ser constitucional”. ¡Y piensa bien! El único problema es que la Constitución española otorgada hace treinta años y que él considera democrática, en realidad, no lo es; entre otras razones ¡porque no contempla que un alcalde se deba y represente a su pueblo! ¿O no recuerda Belloch quién le puso en la lista de candidatos a concejal en su partido? ¿O ha olvidado que el sistema electoral que le permitió alcanzar la alcaldía presidencial es proporcional de partido? En definitiva, señor Belloch, cuando está en juego la hacienda y los impuestos de los aragoneses no podemos decir, con la tradición, “el mejor alcalde, el rey”. Más bien habrá que reconocer el déficit democrático en las elecciones a las alcaldías establecido en la constitución y legislación y gritar ¡el mejor alcalde, el democrático!  

Tras el acuerdo alcanzado entre gobierno y oposición para la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, las élites partidistas anuncian ahora su firme determinación de renovar los miembros del Tribunal Constitucional antes del próximo mes de diciembre. El consenso a toda costa, convertido una vez más en auténtica Razón de Estado, prevalece de nuevo sobre los más elementales principios de orden jurídico. La pendencia ante el “Alto Tribunal” de resolución sobre asuntos tan importantes como la constitucionalidad del estatuto catalán, puede llevarnos a la esperpéntica situación de que se dicte una Sentencia al respecto que no sea firmada por sus redactores sino por sus consensuados sustitutos. El principio de inmediación judicial exige que el Juez o Magistrado que examina los presupuestos fácticos y jurídicos a juzgar sea el mismo que dicte la correspondiente Sentencia.  Independientemente del atentado contra la separación de poderes que supone la elección de jueces por la clase política, la prioridad del consenso pseudoinstitucional prevaleciendo sobre criterios jurídicos objetivos se manifiesta inequívocamente en los tiempos judiciales que determinan la elección de sus miembros. Aunque la Sentencia se dictara antes de la renovación del TC según el juicio de intenciones de su Presidenta, Dña. María Emilia Casas, que ha declarado que para ello “se trabajará a pleno pulmón”, la verdad incuestionable es que los tiempos políticos ordenan los tiempos procesales, transformando el teatro de la “Justicia Constitucional” en pura pantomima. La lógica interna de tal realidad que no es sino corrupción en este Estado de Poderes Inseparados, ha hecho que la necesidad política de solucionar la “patata caliente” del Estatuto catalán, venga acompañada de la vergonzosa renovación del Consejo General del Poder Judicial precisamente en este momento, que junto con el prometido nuevo pacto sobre la Justicia, constituyen la tríada ejemplificadora de que en España no existe división entre los poderes estatales. El Tiempo no sólo es factor elemental para ofrecer soluciones en Justicia, sino que observar su desarrollo procesal coincidentemente con razones que le sean ajenas, es un útil instrumento para detectar la ausencia de separación de poderes.   Tribunal Constitucional (foto: Trasgu1987)

El Departamento del Tesoro y la Reserva Federal estadounidenses han propuesto destinar, mediante una “Ley de Estabilización Financiera”, 700.000 millones de dólares a la compra de los activos “contaminados” por las hipotecas basura, con el fin de que los bancos puedan mantenerlos fuera de sus balances hasta que la economía se recupere con la reactivación del flujo crediticio. Aunque ese plan de rescate financiero contaba con el apoyo de los candidatos a la Casa Blanca y de los líderes del Congreso, ha sido rechazado por la Cámara de Representantes de EEUU. 205 congresistas votaron a favor y 228 en contra (uno de cada dos republicanos y 90 demócratas). Los legisladores aducen para oponerse al rescate gubernamental de la banca de Wall Street, entre otras razones, que el plan no incluye suficiente ayuda para las familias afectadas por las ejecuciones financieras,  el poder sin precedentes que se le otorgaría al Secretario del Tesoro para decidir cuándo y dónde comprar deudas incobrables, o que los contribuyentes tengan que costear la irresponsabilidad de las mayores empresas financieras. Un tipo de congresista cuya reelección depende de los ciudadanos de su distrito o Estado, y que, por tanto, no ha de someterse a la disciplina de partido para ser nuevamente incluido en una lista, hace que sea muy aventurado vaticinar pactos o consensos como los que se estilan por aquí. Sin embargo, “El Mundo” en su editorial “¿Seremos aquí capaces de pactar?” daba por hecho que los demócratas y republicanos aparcarían sus diferencias para resolver, codo con codo, los acuciantes problemas de la nación, demostrando con ello, “el sentido del Estado que tuvo nuestra clase política en los años setenta”. Dicho periódico propone unos Pactos de la Moncloa como los que encabezó Suárez en 1977. Y que Zapatero,  si el optimismo no le ha impedido cambiar de opinión sobre la crisis, podría reeditar con Rajoy y los nacionalistas. Además, respecto a EEUU, donde las votaciones son imprevisibles, poseemos una gran ventaja: la segura unanimidad con la que los diputados aprobarían lo acordado por sus jefes.   hechos significativos El PNV volverá a incluir en su programa electoral una iniciativa sobre el “derecho a decidir”. El Euribor sube hasta el 5,37% y encarece las hipotecas en 700 euros al año. Diseñan una técnica que detecta precozmente las enfermedades más dañinas del sector agrícola.