El trigésimo aniversario de la Constitución de 1978 se celebra sonoramente en la España oficial. Pero carece de valor. Y es que no es necesario ponerse de acuerdo en algo en lo que todos deben coincidir, exigido como condición previa de su medrar. Así los medios de comunicación son unánimemente adictos al actual Régimen de poder, porque cuando no nacieron de él, por él fueron convalidados. Su misión consiste en simular el pluralismo civil para encajarlo en los partidos políticos del Estado, recreando así un ficticio consenso social respecto a la Monarquía. La señalada fecha está incorporada en su liturgia.   Franco y Juan Carlos I (foto: Jaime de Urgell) Sin embargo, una parte del periodismo se ha distinguido en la denuncia de los chanchullos, la corrupción y los abusos del poder (recuérdese que llegando hasta la insuperable cota del crimen de Estado). Mas esa postura ética de cariz axiológico, que parece traspirar el desvelamiento de tan luctuosos hechos, choca frontalmente con su obligación moral deontológica, que les lleva a enterrar su evidente causa normativa-institucional, como si la imposibilidad de elección democrática personal de los responsables políticos o la ausencia de división del poder desde su origen les fueran ajenos; preservándose así la tan indispensable como ilusa alternativa de partido. De su afán por salvaguardar esta Carta Magna que tanto encomian, surgen esas estrafalarias teorías del “cambio de Régimen” o de “un Régimen dentro del Régimen”; lo que, si fuera cierto, en todo caso mejoraría la Constitución de perniciosa a inútil, pues, ¿de qué sirve tal Ley si no dispone de los medios efectivos que aseguren su cumplimiento?   Con el paso de los años y el pesar de los hechos, llegará un momento en el que la inmundicia intelectual y el cinismo atroz no bastarán para sostener el Estado de partidos juancarlista. Y la crisis económica y el elevado desempleo van a actuar como catalizador. La necesidad de un verdadero periodo constituyente con libertad política, algo que precisamente se nos escatimó hace tres décadas, se abrirá camino por sí misma desde la sociedad civil. Los medios de comunicación y los líderes de opinión que lo obstaculicen habrán unido definitivamente su destino al de esta Monarquía; los que no cierren el paso a sus referentes públicos serán estimados; y quienes incluyan en su agenda la causa de la verdad y de la libertad pasarán a la Historia.

La ausencia de una auténtica Policía Judicial y la configuración de la única existente como cuerpo exclusivamente administrativo, dependiente del poder oligocrático de los partidos, pervierte la seguridad pública como bien jurídico deseado y lo transmuta en simple brutalidad incontrolada. Poco importa que se trate de policía estatal, autonómica, local o aún fiscal, ya que la diversidad administrativa no supone separación en el ejercicio del monopolio de la fuerza, sino sólo multiplicar su actuación arbitraria en función del amo a quien sirven. Por eso, no es de extrañar que el Departamento de Interior de la Generalitat catalana haya renovado el apoyo jurídico a los cinco mossos d´esquadra que han sido condenados por malos tratos a un detenido para que recurran la sentencia que les condena. El muy progresista Joan Saura (Iniciativa per Catalunya,-Les Verds), ha indicado que la consellería que dirige mantendrá el asesoramiento jurídico y pagará la defensa de los mossos condenados, cuyas penas en algunos casos alcanzan los seis años de prisión por su brutal actuación.   Si resultaba sarcástico que Josu Ternera presidiera la Mesa de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, no lo es menos que el Sr. Saura de público conocimiento de la decisión del departamento que encabeza tras su intervención en la inauguración de los jornadas policiales sobre el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, celebrada el 27 de Noviembre pasado en Barcelona. Con anterioridad a la sentencia que condena a los agentes autonómicos, dos de los cinco condenados por tortura aprobaron sendas oposiciones que les permitieron ascender de categoría y ser destinados a la Comisaría de Les Corts donde, según la resolución condenatoria, torturaron y maltrataron a un ciudadano rumano al que detuvieron por error en el año 2.006, y a quien llegaron a introducir una pistola en la boca para hacerle confesar. Ajeno a la realidad, y ante un auditorio compuesto básicamente por mossos y policías locales bajo su Mando Único, Saura hizo una defensa de la institución policial, como la que “más puede hacer por respetar y proteger los derechos humanos”.   Juan Saura (foto: icvlhospitalet) Sin la existencia de una auténtica Policía Judicial garante del Derecho Público, el Estado de Poderes Inseparados se convierte en sindicato de la brutalidad cuando no directamente en garantía de impunidad de los poderosos e instrumento de eficaz represión.

Maria Antonia Iglesias (foto: Rafael Robles L.) No en vano señala Karl Popper en “La sociedad abierta y sus enemigos” que todo sistema es siempre institucional. No leyó a Karl Popper doña María Antonia Iglesias cuando no desaprovechó la ocasión que la entrevista televisiva con el exdirector general de la Guardia Civil Luis Roldán le brindaba para dejar bien clara su concepción de la responsabilidad política de los poderosos: “No eché usted más mierda sobre el PSOE de González”, fue la frase pronunciada por la periodista, que produce vergüenza incluso transcribir. En suma, para María Antonia Iglesias se trataba de aislar, en toda su pureza, la culpabilidad de Luis Roldán en los delitos cometidos, en la creencia de que el grado de responsabilidad personal del designado es inversamente proporcional al grado de responsabilidad política del designante.   Así de endeble es el fundamento teórico del discurso de quienes, ahora, participarán en los festejos de conmemoración por el 30º aniversario de la llamada Constitución Española, que debe quedar libre de toda sospecha. Para un viaje tan corto, para el enérgico repudio del funcionario responsable del atropello, no era necesario teorizar siquiera sobre la naturaleza de las instituciones, ni siquiera la ciencia política tendría que haberse molestado en inventar instituciones garantistas que evitasen la corrupción o que al menos posibilitasen la exigencia de responsabilidad política de los escalafones jerárquicos superiores, vista la imposibilidad de prever el atropello.   Frente a la ingenua percepción que atribuye los males del sistema al mal comportamiento de la clase política o de sus subordinados, frente a la falaz creencia de que denigrando y vilipendiando en público al funcionario corrupto, en una grotesca exaltación de mal gusto, se puede salvar la honorabilidad de sus jefes, la realidad es que, a mayor responsabilidad personal del culpable, mayor es la responsabilidad política del superior y mayor es el desamparo provocado por un sistema institucional que ha depositado en la buena fe de los poderosos la garantía del respeto a la legalidad. Buena fe que es discrecionalidad; discrecionalidad que necesariamente vacía de contenido a las instituciones. Pero esta es la cruda verdad que los defensores a ultranza de esta “ley de leyes” tratarán sistemáticamente de ocultar: el Partido debe quedar a salvo, las Instituciones también, Roldán y solo Roldán es el culpable, moral y honor pueden dormir tranquilos.

Queridos medios de masas:   Para el año que comienza me gustaría pediros un par de cosas, no son para mí, sino para todos los españoles, ya va siendo hora de que alguien les diga la verdad. Os lo pido a vosotros, porque sois vosotros, sin duda, los principales responsables de que en España la gente piense que lo que tenemos es una democracia… imperfecta, pero democracia.   Mas antes de pedir nada, no me queda más remedio que denunciaros por omisión, encubrimiento, cobardía y deslealtad. Omisión al callar lo que saben y doblar la esquina, cada vez que alguien se acerca a la verdad. Mentir, cuando se pregonan supuestas virtudes democráticas allí donde no se conoce siquiera la libertad política.   Me gustaría que os dirigierais a los potenciales ciudadanos y les contarais de una vez el gran tabú: que lleváis más de 30 años encubriendo a la clase política que los desprecia; que omitís en cada programa ó editorial, todos los días, que es la Monarquía de Partidos la única responsable de la corrupción generalizada que nos invade; que el cáncer y sus metástasis están sellados, a sangre y fuego, en las mismas entrañas de nuestra partitocracia.   Los españoles tienen que saber que sois vosotros, los medios de comunicación, los principales enemigos de la libertad política en este país. Y paradójicamente, los únicos que pueden ayudarnos a conquistarla algún día.   Por lealtad a los demás, a nuestros amigos, a nuestros congéneres, a la especie, a España y a los españoles. Queridos medios, se lo deben a la sociedad civil, esa que todo lo aporta y todo lo soporta. La que suda y muere. No podemos continuar con esta farsa ni un minuto más. Os pido complicidad en la lucha más grande a la que siempre ha aspirado el ser humano… la conquista de su libertad. En vuestro caso se reduce a algo tan simple como decir la verdad. Ya podéis empezar: “En España no hay Democracia Formal y el Pueblo Español tiene derecho a la misma…”.     Verdad

El fabuloso negocio inmobiliario se ha desvanecido, y las grandes constructoras, empantanadas en una gigantesca deuda que no pueden asumir, sólo ven dos salidas de urgencia. Una, la suspensión de pagos, como Habitat y Martinsa-Fadesa cuyos activos, según tasaciones independientes, valen 1800 millones de euros menos de lo que se filtró cuando la compañía solicitó el concurso de acreedores.   Y la otra consiste en la cesión del control accionarial a las entidades bancarias, como hizo Colonial y ahora los miembros de la familia Sanahuja, en Metrovacesa, que están negociando con sus seis máximos acreedores, que éstos se hagan con el 54% del capital a cambio de los 4000 millones que les deben; un acuerdo que no garantizaría la supervivencia de una empresa que se vio obligada hace unos días a vender, con unas pérdidas de 300 millones, al banco británico HSBC la misma torre que le había comprado año y medio atrás. Por su parte, Sacyr, ha logrado reducir su deuda un 37% con la venta de su concesionaria Itínere, pero continúa intentando colocar su paquete del 20% de Repsol al mejor postor, que sigue siendo la petrolera rusa Lukoil.   El paro ha subido por octavo mes consecutivo, acercándose a los tres millones, siendo la construcción el sector donde más ha incidido, doblando el nivel de hace un año (268.464 desempleados más). También se duplica el número de inmigrantes sin trabajo. La Seguridad Social ha perdido en noviembre casi 200.000 afiliados y el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos registra el mayor descenso, en su historia, de asociados. Ante esta grave situación, el jefe del PP cree que el Gobierno “está desbordado por su incapacidad e improvisación”.   El secretario general de Comisiones Obreras, José María Fidalgo, aboga por cambiar un modelo económico basado en la “apreciación artificial del precio de la vivienda y el endeudamiento” que “era insostenible” y que hará que la crisis sea “posiblemente más larga en nuestro país que en otros”: “hay que poner los cimientos para que las cosas en el futuro no puedan ser así”. En cuanto al presente, el ministro de Economía deja entrever que “hay cierto consenso” sobre esto: “2009 va a ser peor que 2008”.   hechos significativos   La Liga Norte pide que se cierren las mezquitas y que se impida entrar a los inmigrantes en Italia.  Bush admite que su mayor error fue creer que existían armas de destrucción masiva en Irak.

Vuelo al infierno (foto: Michelle) Vuelos de Estado Despegamos suavemente, sin retrasos ni sobresaltos; la clase turista sabe cercana y alegre porque se intuye superior a la condición de ciudadano y algo es algo, pero la verdad es que no tenemos ganas de volar. En la era del bajo coste, el turismo sexual, el deportivo, el religioso, el cultural, el gastronómico, el solidario… muy pocas personas desconocen lo que significa viajar sin ganas. Y este es, como decimos, nuestro caso. Hubiéramos deseado permanecer en casa, cierto que sin lo público, pero también sin lo facticio; sencillamente tumbados o jugando con los niños.   Pero volamos, y parece que algunas turbulencias se han cruzado en nuestra trayectoria sin destino. El comandante, que siempre es una voz sin rostro porque en la tradición judeocristiana una voz sin rostro gobierna la nave mejor que cualquier licenciado en aeronáutica, anuncia que somos prisioneros de guerra sin los derechos de los prisioneros de guerra; somos terroristas con derecho a guerra y nada más. Así que cuando hagamos escala en Morón o Rota, según convenga a la discreción, seremos sin nombres o existencias oficiales, según convenga a la difusión. No debemos preocuparnos, las turbulencias pasarán. Eso sí, cinturones abrochados y prensa al regazo.   Según parece nadie sabe que recorremos el mundo para dejar de ser humanos. Y quienes lo saben, nos desconocen. Pero es mejor no perder el optimismo. Como siempre ocurre, también hay buenos momentos y estos centros de obtención de información para el desconocimiento, los centros del poder impune, nos han premiado con un nuevo nombre. El mismo que tuvimos cuando desde el Vaticano decenas de los más terribles criminales nazis alcanzaron el alivio suramericano. El mismo que nos dieron cuando, drogados, jóvenes y tremendamente subversivos, nos arrojaron al mar de la Argentina. Vuelos de Estado, así nos llaman. Un bautismo oficiado por los Gobiernos sin rostro, porque en la tradición de la servidumbre, los gobiernos sin rostro hablan mejor que las voces de los Gobiernos. Somos otro vuelo de Estado que termina aunque los Estados no vuelen, ni hablen los Gobiernos. Capucha negra, mono naranja y guajira, guajira guantanamera.

Muchos analistas, a rebufo de la crisis, han desempolvado los viejos consejos de Keynes y los keynesianos, decláranse locamente partidarios de aplicar políticas fiscales para poder salir de ella. Para estos predicadores toda intervención pública es buena por naturaleza, tiene efectos balsámicos y eficaces, es la panacea de todos los males económicos. Pobres ignorantes, no se dan cuenta que esas medidas dependen de los actores que las ejecuten, de los medios que empleen y de los fines que persigan. Veamos una pequeña fotografía de uno de esos actores: el conjunto de las diecisiete Comunidades Autónomas.   Sede de la Junta de Andalucía (foto: Bruno Girin) A través del avance de los presupuestos de las Comunidades Autónomas para 2009 que el Ministerio de Economía y Hacienda acaba de publicar se ven los dineros que van a manejar: 177.124 M€, más que los gastos no financieros de la Administración General del Estado (157.600 M€). En su elaboración cada una de ellas realiza un análisis del entorno sin apenas tener en cuenta lo que han hecho las otras o el Estado, actúan como si estuvieran solas en el planeta. De sus datos se desprenden unos gastos inmensos, entre los que destacan: personal (30%), gastos corrientes en bienes y servicios (16%) y transferencias corrientes (31%), financiados con unos ingresos de 161.942 M€ entre los que destacan los tributos cedidos (40%) y transferencias recibidas (45%); fantasías recaudatorias, pues de entrada prevén un endeudamiento de 15.182 M€.   Son un alucinante entramado de intereses. Pensemos que cada una de ellas tiene una media de siete a diez Consejerías o Departamentos y en cada una de éstas hay de cinco a diez directores generales y otros cargos por el estilo, es decir cerca de mil altos cargos. Pero no queda ahí la cosa, pues según el Inventario de Entes de las Comunidades Autónomas, publicado por el Ministerio de Economía y Hacienda, existían a principios de 2008 unos 1.800 entes dependientes de ellas (48 Universidades, 511 Sociedades Mercantiles, 280 Fundaciones, 554 Consorcios, más de 190 Entes Públicos y 170 Organismos Autónomos y otros). Excepto los Organismos Autónomos y algún Ente considerado administrativo, sus gastos e ingresos no están incluidos en los presupuestos comentados.

El Ministro de Justicia D. Mariano Fernández Bermejo afirma que la postura de la Fiscalía del Tribunal Supremo apoyando la rebaja de penas a los condenados por el caso Ekin no supone “ningún cambio de filosofía”. El Sr. Fernández Bermejo respondió así a las preguntas sobre la información publicada por el diario “El País”, según la cual el Fiscal del Alto Tribunal ha decidido apoyar parcialmente los recursos de casación de 33 de los 47 condenados en diciembre de 2.007 en el juicio al entorno de ETA.   Desde luego no existe cambio de filosofía en la actuación de la Fiscalía, ya que ésta consiste únicamente en obedecer a pie juntillas las instrucciones de quien ocupa el vértice de la estructura jerárquica del Ministerio Público, nombrado directamente por el Presidente del Gobierno. Así lo reconoce expresamente el Sr. Bermejo cuando se pronuncia sobre las líneas maestras de la actuación de la Fiscalía, pues sus criterios son dictados directamente desde el ejecutivo como una parte más de su actuación de gobierno. Nadie mejor que él para saber cuál es la “filosofía” de la Fiscalía ya que ésta no es otra que la voluntad coyuntural del gobierno, convertida así en auténtica Razón de Estado. La última oferta terrorista de nuevas conversaciones políticas con el gobierno, y la difícil posición del ejecutivo tras el fracaso del “alto el fuego permanente” etarra hacen imposible plantear la cuestión frontalmente.   La debilidad del gobierno, que lo es en realidad del Estado, aconseja adaptar la postura procesal de la fiscalía cursando las órdenes oportunas al Fiscal General del Estado nombrado “dedocráticamente” y simulando una independencia en la actuación totalmente inexistente, de tal forma que la acción del ejecutivo quede incólume de cara a la opinión pública. La crítica por los partidos de oposición a la actuación del Fiscal General del Estado es tan constante en lo personal como persistente en su apoyo institucional, sabedores de que en algún momento llegará su turno y nombraran para el puesto a uno de sus correligionarios. Cardenal, Conde-Pumpido y el propio Bermejo han sufrido las críticas del bando rival por su docilidad en el cargo, pero lejos de denunciar la iniquidad de la forma de elección del Fiscal General del Estado, o aún la existencia misma de tal cargo político, han preferido esperar el momento de su sustitución.   Fernández Bermejo y Conde-Pumpido (foto: eitb.com)