Sólo un positivismo ignorante del espacio que las convenciones, y los ritos delimitan en una sociedad, puede pasar por alto obscenidades como el cuadro que las cortes presenciaron el miércoles 18 de febrero: un ministro de Justicia de espaldas a la presidencia del congreso agradeciendo la adhesión incondicional, en forma de fragoroso aplauso, de su grupo parlamentario.   No obstante, la estampa, en tanto que adefesio, tiene el valor de la imagen que instruye sobre la naturaleza de las instituciones imperantes infinitamente más que cientos de convencionalismos y mentiras que sin trabas recorren las páginas impresas de los grandes diarios, se pasean sin rubor por tertulias radiofónicas y se pregonan con sincero convencimiento, es decir, con absoluta ignorancia, por una parte nada desdeñable de la clase política.   El primer pecado achacable a una escenificación como esa es de carácter netamente estético: solo la falta de refinamiento puede permitir que un ministro adopte la pose de quien acaba de completar una magnífica faena ante un público entregado. Y aquellos que sostengan que detrás de la fealdad, y más concretamente, de esta clase de fealdades, no viene la maldad, adolecerán, por regla general, de más mala fe que de ignorancia. Porque tal espanto que ofende a la vista es la fealdad en la que se manifiesta la correlativa maldad de un sistema institucional que permite que un miembro del Poder Ejecutivo, esto es, un ministro, ocupe un asiento permanente en un banco del Poder Legislativo; que posibilita los aplausos y jaleos de aquellos que, según la buena fe de los biempensantes, tendrían por obligación controlar la acción de los gobernantes y de facto no son más que impertérritos aplaudidores. En términos de pura y consecuente Teoría del Estado, un horror similar al de una eventual ovación de los magistrados del Tribunal Supremo al Presidente del Gobierno.   Una sociedad civil que tolera el aplauso en contexto semejante hace profesión de servidumbre voluntaria. Unos diputados que se entregan a tal infamia demuestran tener perfectamente interiorizada la relación de poder en la que descansa el ejercicio de sus funciones: saben bien que no hay diputantes ante los que, como diputados, tengan responsabilidad alguna. Saben bien que su jefe y señor no es un pretendido “pueblo soberano” que jamás ha existido, sino el jefe y señor de las instituciones, el Jefe del Poder Ejecutivo, del cual el ministro es privilegiado subordinado y al cual ellos deben sujeción. Saben bien que pueden menospreciar a una sociedad civil ajena a la sociedad política, como impone la más consolidada costumbre de una partidocracia que ya ni tan siquiera es parlamentaria, pues no puede ser parlamentario un sistema en el que el parlamento está reducido a la función de investir al presidente, instante a partir del cual desaparece de facto salvo para aplaudir o silbar.

(foto: Casareal.es) Que el ministro Bermejo anuncie una legislación ad hoc contra el derecho a la huelga de los jueces, a pesar del artículo 28 del propio estatuto partitocrático que nos han colado por Constitución, da la medida de la falsedad total del mismo Régimen.   Los conflictos de derecho no están sujetos a la literalidad de una ley, pues entre personas medianamente capaces todas saben leer y se conoce el significado de las palabras. En estos asuntos la “verdad” a secas puede no bastar, es necesario un “veredicto” o declaración de verdad del tribunal competente que “verifique” —haga verdadero— lo dispuesto en la ley. No mediando el principio ético de veracidad entre los altos magistrados, ni la debida previsión casuística y rigurosidad semántica en los legisladores, fundamentalmente por deber ambos sus dignidades a una misma voluntad superior a la que han de ceder la última jurisdicción, la verdad se reduce a una mera cuestión de poder; y las consecuencias resultan demoledoras para las relaciones sociales, que en última instancia terminarán remitiéndose a él.   Es utópico un sistema institucional que asegure la selección de personas con las citadas virtudes, pero debe exigírsele que al menos no lo impida, normalizando y separando en origen ambos poderes conforme a los principios —imparcialidad y representatividad— que respectivamente les guían. Por eso es un crimen inconcebible que las jefaturas de los partidos políticos de esta Monarquía se hayan concedido a sí mismas la potestad exclusiva de nombrar a los jueces de los altos tribunales —el Constitucional es, de hecho, un tribunal político— y a los legisladores. Pero más terrible aún es el haberlo hecho mediante el engaño artero y mantenido de referir este designio a la voluntad popular —algo absolutamente imposible eludiendo la norma de la mayoría y la elección personal— en vez de reconocer honradamente que su propia existencia orgánica, o sea la de varios partidos en el Estado, ya implica por principio la representación política de los españoles tal y como se decretó en la Constitución del 78, con lo que es perfectamente normal que los votos se utilicen entonces para señalar la proporción en la que han de repartirse el poder —y con ello todo lo demás— entre estas nefastas organizaciones; y más allá de esto no hay verdad pública ni veredicto contrario posible.

Las recientes protestas de los magistrados frente a la impudicia con la que el poder ejecutivo ha exigido que se acaten sus órdenes, ha levantado una suave brisa de esperanza en la posibilidad de que los jueces defiendan su dignidad de la única manera posible: conquistando su independencia. En el caso del “cuarto poder”, reina la autocomplacencia, como si los niveles de corrupción interna, degradación profesional e indigna dependencia no fuesen escandalosos. &nbsp Las “ciencias” de la información y los mecanismos de la publicidad se estudian en las mismas facultades; quizá por eso es común a tales disciplinas la exhortación a una sórdida “agresividad” en sus campañas. El ansia de novedad y la necesidad de “frescura” (con inmediato olor a podrido), son características que han traspasado todas las fronteras culturales, y ya se usan como normas para juzgar las obras de arte, cosas que han de permanecer en el mundo generación tras generación. Esto indica hasta qué punto la necesidad de puro entretenimiento ha empezado a poner en peligro incluso lo más valioso, y por tanto, menos perecedero. En Roma, se vio aparecer un tipo de funestos individuos, que constituyeron un ejército de delatores; cualquier rufián con un espíritu ambicioso buscaba a un delincuente cuya condena pudiese agradar al emperador; lo cual era un camino directo a los honores y a la fortuna. Los medios que trafican con las informaciones de la partidocracia, saben muy bien a quiénes deben complacer con sus sesgadas denuncias de una corrupción generalizada. &nbsp En “El gran carnaval” Billy Wilder retrata a un canalla de la prensa que presume de ser un tipo agresivo y embustero, capaz de fabricar noticias cuando no las hay (“salgo a la calle y muerdo a un perro”) para satisfacer la avidez de sensaciones fuertes de un público manipulado y embrutecido. Dejando a un lado el lodazal televisivo, los medios presuntamente respetables ejecutan una sistemática ocultación de la verdad que sirve al engaño institucional; eso sí, con mucha profesionalidad: nada de lo que dicen es formalmente mentira y todo es sustancialmente falso. Algunas verdades factuales incómodas se toleran, pero con la condición de transformarlas en opiniones, como si la política del Vaticano durante la II Guerra Mundial, el apoyo masivo que tuvieron Hitler y Franco, y el oportunismo de Juan Carlos I, no fuesen hechos históricos sino una cuestión de “apreciaciones”.   Prensa orgánica (foto: doraimon)

A pesar de que el Gobierno auguró una incidencia mínima, las asociaciones que convocaron la huelga cifran en un 62 por ciento la participación de los jueces en ella, mientras que el CGPJ la baja al 35 por ciento. Si a los 2.168 magistrados que secundaron el paro -de un total de 3.500 que estaban en activo-, sumamos a los que expresaron su malestar en las concentraciones llevadas a cabo en las puertas de las sedes judiciales, casi todos los jueces protestaron de una u otra manera.   El ministro Fernández Bermejo, tras afirmar que “las costuras del sistema están forzadas”, anuncia que enviará al Consejo de Ministros una ley para regular el modo en que los jueces reivindicarán sus derechos ateniéndose a que “un poder del Estado no puede ir a la huelga”. Sin embargo, si antes no queda prohibida, las asociaciones judiciales –las cuatro, esta vez- mantienen la convocatoria de una segunda jornada de paro judicial para el próximo 26 de junio, si no se atienden sus reclamaciones.   El presidente del Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo, en declaraciones al “ABC”, vuelve a rechazar las acusaciones de corporativismo que suscitó la sanción de 1500 euros a Rafael Tirado por no encarcelar al presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés: “En los últimos siete años se ha sancionado a más de 300 jueces y condenado penalmente a unos pocos sin protesta de ninguna clase” hasta que “la injerencia del Gobierno en los asuntos judiciales ha sido escandalosa”.   El señor Gallardo expone las peticiones de los magistrados: “el doble de jueces de los que hay; que se invierta en Justicia la ratio europea, que es del 3 por ciento del PIB (mientras que en España no pasa del 1 por ciento); y que se respete la independencia judicial”.   En el editorial de “El País” dan con el problema: “el núcleo instigador –el movimiento asambleario impulsado desde las juntas de jueces- no ha mostrado interés alguno en llevar las medidas planteadas por los huelguistas a ninguna mesa negociadora”; lo cual, según dicho periódico, despide un “tufo revanchista y antisistema”.   hechos significativos &nbsp El Instituto Nacional de Estadística publica un informe sobre la Contabilidad Nacional que apenas recoge el desplome de la economía.   Los primeros ministros de Italia y Gran Bretaña, Berlusconi y Brown, no descartan nacionalizar los bancos para combatir la crisis económica.

Moonset (foto: ecstaticist) Revelación En el Universo de la España que ve morir al dictador, cada fragmento reproduce la totalidad de la imagen, paradigma holográfico donde los hechos se establecen por analogía.   Dos “Transiciones” esconden esta historia secreta de la infamia, semejantes, paralelas, afines, schrödingerianas: la de los años setenta y la de los años noventa. En una, política -y educativa-, la “democracia” oculta las bambalinas de un poder que no está dispuesto a abandonar el muelle lecho de cuarenta años; en otra, educativa -y política-, la “reforma” orna unas estructuras sociales ancilares con el brillo del progreso. La Constitución de 1978 refrenda el engaño de la partidocracia, la aniquilación de la libertad política; la LOGSE de 1990 patenta la impostura de la igualdad, el fin de la libertad del individuo. Lo que aquélla dejara como único despojo engulle ésta con la sonrisa de Summerhill; lo que ésta, perversamente tantálica, ofrece aquélla ya había escatimado tornándolo tópico de ONG.   Como una melodía recurrente acecha, en esta peregrinación a ninguna parte, la sentencia de la Tabla Esmeralda: «como lo de arriba, así lo de abajo». Si bien hasta el momento se resistía la tentación a desbocar los símiles dudosos de la “prisca sapientia”, por fin se comprende el motivo de la recurrencia obsesiva, pues, de súbito, emerge el orden engendrado décadas atrás, la teoría política, la conjetura educativa de la servidumbre.   “Videmus nunc per speculum et in revelatione”.

Crisis* económica. La burbuja financiera, como parte del mundo globalizado en que vivimos, también nos afectó, pero en nuestro caso con más virulencia. Desde ciertas instancias monetarias se venía advirtiendo de la creencia errónea de que los precios de los pisos y de otros activos subirían indefinidamente y que los ciclos económicos habían sido eliminados (Jean Claude Trichet), pero los particulares y las empresas siguieron gastando y acumulando deudas hasta quedar atrapados en grandísimo apalancamiento (% de activos financiados con recursos ajenos). La oferta de nuestro sistema productivo satisface fundamentalmente la demanda interna, dejando para la exportación la cuarta parte de lo producido. Destacan los sectores de la construcción, del automóvil y del turismo que en su conjunto representan más de un tercio de nuestro PIB. ¿Cuánto tiempo tardará el mercado en absorber los excedentes que no exportamos, como las viviendas construidas y compradas como inversión especulativa -y no vendidas- o las de segunda mano que están a la venta? ¿Cuánto tiempo tardará el sector automovilístico en vender los ingentes stocks que posee? ¿Qué harán las empresas turísticas con sus instalaciones dedicadas a satisfacer el ocio, de cuyos objetos se prescinde en épocas de crisis? En cuanto a la demanda, los consumidores privados y las empresas, ante este panorama de bache financiero, dedican sus recursos a eliminar las hipotecas y/o los prestamos que concertaron en épocas de ilusiones financieras a costa de restringir el consumo. Aun así seguimos importando bienes, servicios y capital para satisfacer un tercio de la demanda nacional. Una de las causas de la frecuente situación deficitaria de nuestra balanza de pagos. Curiosa paradoja nacional: producimos lo que no necesitamos (y además no podemos exportar) y a la vez necesitamos más de lo que producimos.   Crisis política. Si lo comentado hasta ahora es grave, lo es más la forma de tomar medidas anticrisis por parte del Gobierno nacional y la falta de representantes de la sociedad civil. Aquél no ha querido comprender, hasta ahora, la profundidad de la crisis ni el tiempo necesario para que las medidas den sus frutos, ni ha querido darse cuenta de su impotencia en muchos sectores y de la escasez de medios de que dispone. Debido a la brutal descentralización de las competencias, el Estado español se ha quedado sin aquéllas que mayor impacto económico tendrían en estos momentos. Sus depositarias, las Comunidades Autónomas dilapidan los recursos nacionales en una inmensa burocracia y en una vasta red de entes y empresas públicas cuya única función es mantener el clientelismo y se enfrentan a la crisis sin tener en cuenta a las demás. Ante esta situación de emergencia nacional, las diecisiete autoridades autonómicas y su apéndice, el Estado, tratan de poner parches financieros y fiscales de forma deslavazada. ¿Qué pensaría Robert Solow de este “desgobierno” cuando está advirtiendo de que ante una crisis global como ésta no sirven los estímulos fiscales nacionales sino los estímulos fiscales globales?

Sólo la ingenuidad y la ignorancia pueden creer que el Rey de España no cumple una misión importante. Freud, de acuerdo con la teoría de Darwin, explicaba la cohesión de las masas pre-institucionales a través de los inconscientes deseos que había dejado en sus integrantes el periodo durante el cual constituyeron una horda salvaje. La adhesión al nuevo jefe mantiene viva la alegría horizontal de haberse librado de aquel que impedía al resto del grupo el acceso a la satisfacción de los instintos sexuales. El cambio de líder representa el coito para todos.   Cuando Franco murió, las personas que lo habían combatido y las que lo habían servido se vieron convertidas en una horda incongruente. El propio Freud, describe cómo el pánico de las masas no lo produce el peligro, sino el debilitamiento de los lazos intragrupales. Era absolutamente necesaria una nueva identificación que uniera a la clase política satisfaciendo el acceso individual al poder que tantas veces había negado el semental de El Pardo. Juan Carlos de Borbón fue la referencia perfecta. Él, claro está que sin saberlo, hizo posible la cohesión de la horda política para convertirla en oligarquía estructural. La sociedad -que cuanto más humillada ha sido, más tendencia muestra a buscar una salida rápida y nuevamente humillante- asumió sin dificultad alguna el mito regio y los sentimientos bárbaros invadieron la organización social. El destape institucional estaba servido y así continúa. Ahora, cuanto más humillado se encuentra un poder con respecto a otro en el Estado de Partidos, más intuición de pánico lo invade, más se niega a sí mismo. Cuanto más alto es el puesto que ocupan los funcionarios dentro de ese poder, más intensa es la sensación personal de ese pánico. El poder judicial también ha encontrado en el monarca su nexo libidinoso. Los síntomas lingüísticos de la corrupción aparecen y mutan antes de que el pensamiento haya podido explicar todas sus causas. La nueva palabra sintomática del oportunismo político es espacio. Todo en la Naturaleza -principalmente la publicitaria- es nuestro espacio o cuenta con uno a nuestra disposición. Pronto lo veremos entre los derechos humanos. Pues bien, ese lugar de intachable satisfacción de apetitos que ahora consideramos íntimo, proviene del secretismo del poder y su nombre, en el ámbito nacional, es, sí, juancarlismo. Quienes sufren fobia a profesar honestamente cosa pública alguna, no temen lucir el juancarlismo confeso que los distingue como profesos de la partidocracia. Los franquistas juancarlistas renunciaron a exigir al continuador de la obra de El Caudillo que cumpliera con su juramento instaurador de la monarquía, para no ser tratados como liberticidas. Los monárquicos juancarlistas renunciaron a la fuente de legitimación de la Monarquía, el honor dinástico, para someterse a un rey que reinó sobre la persona, y reina sobre la tumba, del padre a quien usurpó el trono. Los republicanos juancarlistas renuncian cada día a la República para figurar en el reparto de gloria, irresponsabilidad y poder.

La semana pasada en esta misma columna y analizando la judicialización de la vida política como consecuencia indeseable de la inseparación de poderes, se presentaban las mezquinas personalidades de D. Mariano Fernández Bermejo y D. Baltasar Garzón como dos caras de la misma moneda. El primero politizando la justicia y el segundo judicializando la política.   Baltasar Garzón (foto: UNIA) No hemos tenido que esperar mucho a la escenificación de esa realidad. Ni la ética ni la estética son barreras ante la falta de escrúpulos y la zafiedad de la corrupción política, judicial y en general institucional de esta partitocracia. Que el Ministro de Justicia comparta escopeta los fines de semana con el juez encargado de instruir las consecuencias judiciales de esa misma corrupción, sólo puede escandalizar por el cinismo y chulería de sus protagonistas, pero nunca como excepcional caso de contaminación procesal. Simplemente se trata de una muestra aparatosa de la inseparación de poderes.   La sola existencia del Ministerio de Justicia anula absolutamente la posibilidad de poderes separados, la de la Audiencia Nacional deja en papel mojado la prohibición constitucional del establecimiento de tribunales especiales y la elección del Fiscal General de Estado por el ejecutivo borra incluso la simple división formal del Estado en distintos poderes que sirvan de contrapeso unos de los otros. Por eso la recusación formal de Garzón que promueve el principal partido de la oposición es además de un absurdo intelectual, un inútil ejercicio de impotencia.   Nadie con un mínimo de inteligencia puede hacerse cruces de indignación por este hecho tan grosero como sus mismos protagonistas, cuando el Fiscal, encargado de velar por el interés y el derecho público en el proceso, se encuentra ya en dependencia jerárquica de la mismísima Presidencia del Gobierno. La docilidad de la fiscalía siguiendo las instrucciones dadas por sus jefes promoviendo o abandonando las causas de corrupción propias o del adversario político no se solucionan con una simple recusación del inquisidor principal, girasol del Poder Único. En la lógica interna del estado de poderes inseparados a nadie podría extrañar que mañana Garzón fuera Ministro de Justicia, ni que Fernández Bermejo volviera a la fiscalía para “promover la aplicación imparcial del derecho”.