Aristóteles en su Ética a Nicómaco utiliza un concepto de amistad muy semejante al que en este diario se otorga a la palabra lealtad: la matriz de la Humanidad, el presupuesto de la virtud, el umbral de la Política. Pues bien, la carencia de esa perspectiva, de intuición de pertenencia al mundo y a la especie, impide reconocer al ciudadano sometido que en la excelencia hay, primero, un pasional retorno de lo privado a lo público y, segundo, el reconocimiento social de que en el logro individual asoma lo mejor de toda la comunidad, sea esta cual sea. La degeneración moral que acarrea la enajenación política, pretende que el mérito es el camino al éxito y la distinción el aura que los adorna.   El mérito no es un logro personal, sino el reconocimiento social de la excelencia producto de la virtud; el mérito se otorga -no se adquiere- y no siempre quien lo recibe es distinguido. La distinción no puede ni debe buscarse pues es consecuencia de ciertas cualidades naturales y de la buena educación; la distinción siempre es excelente, excepto aquella que se anhela o pretende conservarse. Eso es para los espíritus y las clases decadentes. La pasión de distinción, vulgarizada por la demagogia igualitarista, es la pasión de ser famoso. En nuestra sociedad, igualada a la baja por los medios de comunicación, el mérito puede resistir en el ámbito privado, pero la distinción a duras penas. Esta suele ceder su lugar al amaneramiento y la imitación.   El ejército -combatiente- y la universidad -libre-, son instituciones en las que podría gobernar el mérito, pero apenas ocurre. Así que tomando la sociedad al completo este orden es pura fantasía, como lo es su reverso tenebroso: los pueblos tienen lo que merecen. La timocracia y la aristocracia son utopías. El poder no es un mérito y por supuesto tampoco el uso del poder, como el del dinero, proporciona distinción. Ni siquiera en la verdadera democracia la hipotética competencia de las inteligencias selecciona al personal político conforme a la excelencia; así que no pasa de grotesco el afán de las falsas democracias por propagar la idea de que quienes ocupan -u ocuparon- puestos relevantes son acreedores de mérito por gracia del poder y distinguidos por capricho pentecostal. Se llega a hablar de sacrificio.   Cuando poderosos y poderidos mencionan el mérito del pueblo español durante La Transición, se destapa la adulación al esclavo, es decir, la intención de que lo siga siendo. Si el pueblo constituyera un sujeto político real, el español hijo de la transición sería rastrero con respecto al poder e ignominioso respecto de quienes luchan por la libertad.   En cualquier caso, ninguna necesidad tiene la clase estatal de recurrir a la sociedad civil pues ellos se lo merecen y ellos se lo honran. Doña Carmen Chacón ha recibido otra medalla.

Cándido Conde-Pumpido (foto: UIMP) La autoatribución competencial garzonita para la judicialización de la parte de corrupción que corresponde al principal partido de la oposición ha encontrado freno en la negativa del Ministerio Fiscal a seguir la investigación en la Sede de su Tribunal, interesando la remisión de la causa a los distintos Tribunales Superiores de Justicia por encontrar indicios de criminalidad únicamente en aforados regionales y no así en parlamentarios nacionales, que determinaría la del Tribunal Supremo. El partido del gobierno y también unánimemente la prensa del régimen se han apresurado a adornar la actuación del Ministerio Público como muestra de independencia funcional en aplicación recta del Derecho, ajena a cualquier contaminación política, por interesar que las diligencias investigadoras salgan de las manos del cazador Garzón para entregarlas al juez natural correspondiente a los únicos imputados formalmente.   Sin embargo, conociendo la dependencia jerárquica y funcional del Ministerio Fiscal del poder ejecutivo por su estructura piramidal en cuya cúspide se sitúa un Fiscal General del Estado elegido directamente por el Gobierno, tal actuación de la Fiscalía debe ser valorada por el mínimamente perspicaz observador atendiendo a claves muy distintas. En primer lugar al temor al protagonismo y egolatría de Garzón, favorable ahora a la causa del partido en el gobierno, pero peligroso e imprevisible si el día de mañana considera que sus servicios no se ven recompensados adecuadamente. Aún está en el recuerdo de todos la apertura e instrucción por D. Baltasar del caso GAL tras regresar de la política al juzgado al ser traicionadas por González sus promesas de convertirle en Superministro de Justicia e Interior. Conviene soltar y recoger carrete al Magistrado estrella adecuadamente, controlando así su recorrido.   Y en segundo término, para el partido gobernante y por ende a la misma Fiscalía, el daño al PP se ha consumado ya con la existencia misma de la causa, amplificada a través de su potente maquinaria periodística. La mera apertura de diligencias judiciales por Garzón independientemente de su ulterior resultado, con la entrada preventiva en prisión de miembros y elementos afines de la oposición, culmina sobradamente sus expectativas. El servicio pues, está ya hecho sin que exista necesidad de dar más protagonismo al instrumento utilizado.

Colegio electoral (foto: gaelx) En el inicio de las “purgas estalinistas” se rechaza el Código Penal de 1926 porque aprecian en éste “un cierto modo aburguesado de medir las penas en función de la gravedad del hecho”. Lo que importa no es la culpabilidad personal sino la peligrosidad social: se puede encerrar a quien sea si es socialmente adverso de la misma manera que se debe soltar a un culpable si es socialmente afín.   Una lección que se desprende del totalitarismo y que podrían recoger los jurisconsultos al servicio de la Monarquía partidocrática, es que la figura penal de la prevaricación, por ejemplo, puede constituir una legal opción jurídica, ya que el Derecho ha de ser siempre instrumental, y no representar un obstáculo ante las necesidades políticas. Algo así como una “doctrina Botín” interpretada “a lo Garzón”.   Varias generaciones sucumbieron a la fascinación de la mentira y de la violencia, como fundamentales instrumentos políticos para lograr una peculiar justicia en un mundo nuevo que exigía la destrucción del viejo. Después del desplome real de esta utopía, ha sobrevenido una verdadera contrarrevolución cultural: no hay verdad alguna ni nada sustancial sobre lo que pensar, sólo cosas accesorias o accidentales sobre las que se vierten opiniones, aunque de las cosas que se sabe no debería opinarse ni tampoco de las que no se sabe. El respeto debido a las personas se reclama para las opiniones, que han de honrarse incluso siendo necias o maliciosas.   Quien se oponga a la realidad creada por el Poder será arrojado a las tinieblas exteriores de la corrección política. Los medios propagandísticos ya se encargan, con su constante pedagogía de la servidumbre y la resignación, de adoctrinar a los buenos vasallos del régimen e incrustar en sus cerebros el agradecimiento bovino de los que piensan: ¡Es por nuestro bien!   Se trata de conformar espíritus abatidos, que no tengan curiosidad ni estén dispuestos a acometer ninguna noble empresa; hombres cuyas inclinaciones sean todas pasivas como aquellos indios que creían que la inacción total es el más perfecto estado, dando al Ser Supremo (Panamanack) el nombre de inmóvil. O sea, los indiferentes al engaño, que legitiman la corrupción con el automatismo del voto al partido.

Advierte Hannah Arendt en su discurso “Sobre la violencia” del peligro de que “el fin se vea superado por los medios a los que justifica y que son necesarios para alcanzarlo”. Aunque su reflexión apunta a la relación entre medios y fines en el campo específico de la violencia bélica, el aserto puede hacerse extensivo a multitud de terrenos menos traumáticos y más cotidianos.   Con su reflexión, Hannah Arendt llega al umbral del lado verdaderamente escabroso del asunto: el fenómeno por el cual los medios se emancipan de una conexión racional con los fines que aparentemente persiguen, imponiendo su ley y no dejando a los objetivos proclamados más opción que sujetarse a los verdaderos dueños y señores de la siniestra función. Huelga señalar que sólo el más empecinado ‘wishful thinking’ puede mantener el dogma de la racionalidad instrumental de las armas y negarse a ver el poder de persuasión que las armas ejercen sobre quien las porta: las armas confieren poder, y el más terrible de todos los poderes, el poder de vida o muerte; y el poder no es sólo un medio para designios ulteriores; es también un fin en sí mismo. Cualquier polemología que rechace de plano siquiera el planteamiento de esta posibilidad estará abocada al fracaso.   Con su inteligente reflexión Hannah Arendt responde, siquiera sin pretenderlo, a la arrogancia intelectual del Friedrich Engels del ‘Antidühring’, donde la racionalización instrumental de la guerra se expresaba en términos contundentes: “El ejemplo pueril expresamente inventado por el señor Dühring para probar que la violencia es el factor históricamente fundamental demuestra en realidad que la violencia es sólo el medio y el fin es en cambio el provecho económico. Y de la misma forma que los fines son más importantes que los medios para lograrlos, en la historia es más importante el aspecto económico de las relaciones que el político”. Hannah Arendt no acertó a ver un mundo tan racional como el que Engels, por exigencias ideológicas, se impuso. Las ideologías hijas de la Ilustración, ya sea el liberalismo o el marxismo, no pueden aceptar fenómenos para los cuales la teoría carezca de explicación: o bien los expulsan a la categoría de contingencias carentes de significado, al modo en que Hegel condenaba a “corrupta existencia” todo aquello que no se sujetase al plan divino de la “Historia Universal”, o bien los someten a la constrictiva ortopedia de un armazón teórico que malamente puede dejar de distorsionar los hechos mismos. La racionalización de Engels responde a esta limitación.   Pero el apunte de Hannah Arendt es fecundo no sólo para los trágicos asuntos de la guerra, sino también para los más prosaicos asuntos de la burocracia. La emancipación de la burocracia como casta permanente, que somete a su propia existencia los fines a cuyo servicio, presuntamente, está, es un fenómeno generalizado en los llamados modernos Estados de masas.

Tras escrutar los resultados electorales Juan José Ibarretxe infiere de éstos el mensaje que le han transmitido los vascos: “queremos que nos lideres”. Además, el lehendakari en funciones sostiene que las cosas no están para llevar a cabo experimentos políticos, sino para resguardarse en la firme y experta conducción de un gobierno que “agarre el toro por los cuernos y lleve este país adelante”.   El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, se reafirma en llamar “golpe institucional” a un pacto entre populares y socialistas que no sería más que “un quítate tú para ponerme yo”; Urkullu recuerda que las ilegalizaciones de partidos con la misma ideología que ETA obedecen a cálculos electoralistas, y que por tanto, el parlamento que ha salido de las urnas “no se corresponde con la fotografía sociológica del país”. En la misma línea, Javier Arzallus clama contra la farsa que supone una mayoría absoluta de PSE y PP en el Parlamento vasco, al ser obtenida con un “barrido” de los que debían haber sido representantes de más de 100.000 votantes vascos. El ex jefe nacionalista denuncia que “se ha producido un golpe antidemocrático” asentado en la doctrina Garzón y en la Ley de Partidos.   Decidido a entrar en Ajuria Enea, Patxi López quiere ahuyentar los temores del PNV acerca de un “Gobierno que haga antinacionalismo”, puesto que en el suyo habrá “gente con sensibilidad nacionalista”. En todo caso, aunque perdería el control de la Policía Autónoma (Ertzaintza) y de la Radio Televisión Pública Vasca (EITB), el PNV seguiría manteniendo su red clientelar por medio de las tres diputaciones forales y de “sus” cajas de ahorro.   En el País Vasco, las citadas diputaciones son instituciones muy influyentes a raíz de la autonomía fiscal vasca, que reside en los llamados territorios históricos. Aquéllas son las que recaudan los impuestos de los contribuyentes y deciden la cuantía del impuesto de sociedades que deben abonar las empresas. De esta manera, el PNV, aunque sea “agredido” por los partidos “constitucionalistas” mediante su desalojo de la Lehendekaritza, puede seguir aplicando su política fiscal. Con tantos intereses creados, difícilmente se “echarán al monte”, tal como amenaza Arzallus.   hechos significativos La vicepresidenta Fernández de la Vega cree que este primer año de la segunda legislatura zapateriana ha sido “razonablemente positivo”. Nouriel Roubini, un prestigioso economista, señala que los grandes bancos de EE.UU. quebrarán en 6 meses y serán nacionalizados.

Los reflujos electorales que se han producido en Galicia y el País Vasco despiertan en el patriotismo constitucional la esperanza de contener la marea centrifugadora del nacionalismo periférico y suavizar los abusos que perpetra éste (postergando el uso del español y tergiversando los hechos históricos) en la enseñanza que está bajo su dominio. El oportunismo, consustancial al PSOE y al PP, y la necia impotencia de las instituciones del Régimen, empezando por la Monarquía, no invitan al optimismo, ni siquiera al que exhibe Zapatero: tan infantil.   Sánchez Albornoz descifró el enigma histórico de España fijando una singularidad nacional que procedía de un sustrato romano visigodo, contrario al islam. Don Claudio erigió a don Pelayo, peleando con el nombre de Dios en los labios, en el primer vencedor cristiano del islam en Europa, y nada menos que en el salvador, desde Covadonga, de la cultura europea. Más tarde, los capellanes de los conquistadores ocultaron a los indios que el Dios crucificado y escarnecido fuese el los españoles: en su lugar, mostraban, para intimidarlos, a un victorioso Santiago Matamoros. Tampoco la realidad histórica de España fue una idílica coexistencia “intercultural” de cristianos, judíos y musulmanes: los períodos de relativa tolerancia se alternaban con otros de hostilidad, persecuciones y algaradas.   La decadencia cultural inclina a recluirse en ruinosos bastiones y a ensimismarse buscando esencias patrias. El casticismo del cristiano viejo, vigente en Castilla desde el siglo XV hasta el XVIII, fue recuperado por los epígonos nacionalcatólicos y falangistas del 98. Y el vizcaíno o “español al cuadrado”-es decir, sin la menor impureza mora o judaica en su genealogía- se transmuta en el vasco castizo que sufre la “opresión española” desde la abolición de los fueros que las guerras carlistas propiciaron.   Merced al movimiento pendular descrito por García-Trevijano en el anterior editorial, la enseñanza del retrocastellanismo franquista ha sido sustituida en las últimas décadas por la de la historiografía nacionalista de Ferran Soldevila y Rovira i Virgili, que impone la Generalitat, y los delirios racistas y las fantasías históricas de Sabino Arana, que dibujan “el ámbito vasco de decisión”.   Sabino Arana (foto: jKarteaga)

Los intelectuales, artistas, periodistas, tecnócratas, burócratas y políticos que apoyaron a quienes diseñaron el esqueleto institucional y el ropaje sociológico de este régimen, desean ahora, según doña Rosa Díez, ser mucho más que alternancia, ser alternativa. Pero lo cierto es que la reacción nunca supone alternativa. Unión, Progreso y Democracia es un partido reaccionario que pretende llevar a ciertas personas hasta los puestos de poder con la sola justificación de que el miedo y la decepción han purificado tanto sus almas que pueden seguir dando la espalda a la sociedad civil y ratificando el núcleo venenoso de todo el diseño institucional, la Constitución española.   El papel representado por el partido de doña Rosa en las elecciones vascas abre los entresijos de la partidocracia y el hedor echa a volar. Cuando el recuento de votos indicaba que UPyD sería imprescindible para formar el frente constitucionalista capaz de elegir un nuevo presidente autonómico, doña Rosa clamó que su partido seria exigente en el nuevo Gobierno. Horas más tarde, descartada definitivamente esta posibilidad, la señora Díez dijo que su grupo servirá de apoyo al nuevo Gobierno.   Rosa Díez (foto: UPyD) En la partidocracia todos los partidos concurrentes a las elecciones renuncian a la representación política, traicionando a la sociedad civil. Los grupos menores presentes en el Parlamento sólo pueden aspirar a dos tipos de acción política: 1. Caso de contar con voto decisivo entre ambiciones equilibradas: chantaje indiscriminado y constante. 2. Caso de no contar con esos votos desequilibrantes: la inanidad.   UPyD aspiraba a jugar el papel que tanto ha criticado a los nacionalistas en el Congreso de los Diputados. Ahora, sin poder en el Estado autonómico, la irrepresentación que encarna queda al desnudo. Ningún territorio concreto, ningún grupo definido de electores puede aspirar a que sus intereses sean defendidos por el calienta-escaños de turno de UPyD. Si el juego político es falso, si no existe sociedad política, los diferentes intereses requieren de una miríada de escenarios estatales en los que medrar, desde el Estado central hasta la última comunidad de vecinos. Y lo que en la sociedad civil son sentimientos e intereses reales, en los estadículos son fantasías de tirano. El último trato siempre se establece con uno mismo. Sin libertad, perseguir los propios ideales es venderse. Tagore lo supo tan bien que puede poner el punto final *.