Cheney (foto: haljordan 211299) Sea como sórdido placer en el dolor ajeno o como retorcida vía para descubrir la verdad, la tortura es el signo más acusado de la depravación humana. Los romanos, considerándola propia de salvajes, la empleaban únicamente con los esclavos, y el Santo Oficio descoyuntaba huesos en nombre de un Dios que “se sirve de todos los medios”; y a fin de cuentas eternas, un pequeño mal –el insufrible dolor del cuerpo y la humillación del espíritu hasta exigir la palinodia-, por un gran bien: la salvación eterna.   Hay innumerables ejemplos de inocentes que, para que cesara el tormento, se confesaron culpables o señalaron a los supuestos cómplices de su delito. Ya lo advertía Beccaria: “toda diferencia entre ellos –el inocente y el culpable- desaparece por el mismo medio que se pretende emplear para encontrar la verdad”. Tras la irrupción de la barbarie bélica en la civilizada Europa de inicios del siglo XX, en la que la tortura fue moneda común de la oficialidad imperial contra sus propios subordinados (como se confirmó en Viena, en los procesos militares que se abrieron después de 1919), se atisba la abyección sistemática del nazismo y el estalinismo.   “Ganas de dormir” de Chéjov, cuenta la historia de una muchacha que sirve en una familia que la abruma con trabajos durante todo el día y que por la noche la obliga a velar a un bebé, al que acaba por estrangular. El insomnio forzado es un gran medio de tormento, y además no deja ninguna huella visible; y si lo unimos a la asfixia simulada, aumentan las posibilidades de arrancar valiosas informaciones a los presos de Guantánamo, como argumenta el tenebroso Dick Cheney, como si la superpotencia americana tuviese que recurrir a métodos dignos de caníbales para enfrentarse a la difusa amenaza del terrorismo.   A los militares que hayan participado en la tortura de prisioneros debe aplicárseles la más rigurosa ley marcial. Y en cuanto a los políticos que han dado las “pertinentes” indicaciones, lo único decente en una democracia, sería condenarlos legalmente y expulsarlos políticamente. Felipe González, con su dilatada experiencia en grupos e impunidades antiterroristas, podría aconsejar a los gobernantes europeos.

La que durante diez años ha sido alcaldesa de Córdoba, única capital de provincia que rige IU, ha aceptado ocupar una de las consejerías más importantes (la de Obras Públicas y Transportes) de la Junta andaluza, tras el ofrecimiento del heredero de Chaves, José Antonio Griñán, de quien Rosa Aguilar se deshace en elogios sentimentales: “cálido, afable, cercano y que sabe que la política tiene rostro humano”.   Las reacciones de las figuras más sobresalientes del pasado y el presente de Izquierda Unida, han ido desde la sorpresa de Anguita, que cree que con esa decisión, Rosa ha perdido la credibilidad, hasta las acusaciones de deslealtad al partido que han lanzado Llamazares y Francisco Frutos, quien señala que aquélla “ha utilizado la plataforma de IU para labrarse una carrera personal”.   El presidente ejecutivo del PCE, Felipe Alcaraz, describe este episodio como uno de esos que “ensucian la vida política, confunden a los ciudadanos y les hacen ver que parece que todo cabe en política”. Y el reciente coordinador de IU, Cayo Lara, se ha deslizado por la pendiente de la poesía fácil: “si se marcha una rosa vendrán miles de rosas y miles de claveles”.   Después del descalabro electoral que sufrió IU, con Llamazares a su cabeza de lista, todas las miradas de renovación interna se dirigieron a Rosa Aguilar, que descartó la posibilidad de comandar un partido en el que no acababa de sentirse cómoda, como declaraba últimamente. Ahora dice entrar como “independiente” en el Gobierno andaluz ya que seguiría comprometida con las mismas ideas y con los ciudadanos de una ciudad, Córdoba, por la que piensa “hacer mucho” desde la Junta.   Por su parte, el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, se muestra indignado con esta operación, y por eso, solicitará la urgente convocatoria de la “Mesa Antitransfugismo”. En el seno de IU consideran que la captación de Rosa es “una agresión política” del PSOE, que reabre la vía submarina de los Garridos, Almeidas y Curieles; en todo caso, sin su figura más carismática, se quedan al borde del hundimiento.   hechos significativos   Berlusconi busca para su partido caras nuevas y bonitas entre distintas actrices y modelos.   El presidente de la CEOE indica que las pensiones corren peligro si no se acomete una reforma laboral.

Enamorados (foto: Johans_express80) Buen gusto El gusto comienza siendo algo natural, tanto en la especie como en los individuos. En su fase inicial no puede haber mal gusto, pues la naturalidad es consustancial a las funciones elementales de los seres animados. El buen gusto se adquiere por eliminación de lo repugnante, lo deforme y lo impúdico. Las reglas de urbanidad reprimen la naturalidad, en aras de convenciones sociales de las que, sin embargo, no puede derivar la personalidad individual del gusto. La formación de la sensibilidad estética procede de un recorrido de ida y vuelta a la naturaleza. La juventud exagera, para hacerlos más cercanos, los atractivos que encuentra en aspectos del mundo físico y de la sociedad que le pasman por su grandeza, o le tranquilizan por su placidez. Hasta que su repetida experimentación, sin algo personal que retenga el entusiasmo, le hastían. Es casi imposible el buen gusto juvenil. En la madurez, en cambio, se llega a la delicadeza en afinidades y emociones procediendo justamente al revés, o sea, eliminando de la naturaleza y de la sociedad todos los rasgos que obstaculizan la reproducción de aquellas emociones simples que marcaron el corazón de la infancia y de la juventud. Este es el secreto de la sabia y bella ingenuidad.   Pero la intuición tarda en descubrir el sentimiento único, por irrepetible, de las experiencias vividas con emoción juvenil, y que el deseo de revivirlas tiende a reproducir. Es inevitable, por eso, que haya huellas infantiles en las expresiones del gusto adulto, como un resto de inmadurez en las sofisticadas manifestaciones del buen gusto. La inteligencia intuitiva y la educación estética pueden elevar el rango del gusto instintivo, haciéndolo más afín a otros tipos de excelencia cultural. Pero siempre será el instinto natural quien seguirá eligiendo preferencias. De ahí la trascendencia de aquellas épocas, la primera infancia y la pubertad, donde se fijan las admiraciones culturales y las atracciones instintivas. La mitad de nuestras normas estéticas proceden de nuestros primeros tutores y la otra mitad de nuestros primeros amores. Esas experiencias originales, aun borradas o difuminadas por el recuerdo, marcan los cauces por donde discurrirán, como si fueran espontáneas, las inclinaciones al buen gusto. Un asunto de sana adecuación a la edad del instinto que elige afinidades sensitivas y a la cultura del carácter que produce acciones distinguidas.

Las instituciones políticas son el resultado de un diseño premeditado. Responden a la causa final que en su momento vislumbró la mente de los poderosos, según su mayor o menor inteligencia al adoptar la forma adecuada para lograr los objetivos deseados. El elemento material, siempre la misma naturaleza humana socializada, es el factor más débil, susceptible de ser tratado como una constante. Igual que no existe una maquinaria perfecta, debido a las limitaciones en el trasvase entre tipos de energía enunciados en las leyes de la termodinámica; no puede haber una institución perfecta, pues en las relaciones humanas es imposible mantener en los individuos un flujo regular voluntad-acción adecuadamente retroalimentado, aun previendo toda contingencia disfuncional. Es necesario planteárselo desde un punto de vista negativo: si puede ser inalcanzable “lograr” lo ansiado, aseguremos al menos, siempre sin imposibilitar lo primero, “evitar” lo indeseable. Es fácil intuir un principio de jerarquía en los fines, que podría enunciarse como que la consecución de muchos logros secundarios nunca puede validar el no llegar al objetivo esencial, convertido así en primario. De él se llega al de no contradicción, o que solamente se considerarán aquellos fines que sean compatibles con el considerado primario. Aquí estamos en condiciones de declarar una ley insoslayable: toda institución política y, por extensión, todo orden político institucional siempre cumplen con su fin primario, sea éste proclamado públicamente o no.   José Martí (foto: wallyg) El plan institucional es la previsión de una organización formal que responda a la finalidad. El periodo constituyente es así fundamentalmente axiológico, pues debe asentarse sobre la escala de valores compartida en la definición del objetivo primario, antes que tecnológico. Una vez constituida, la exigencia institucional reclama el deber tornando a lo deontológico, de tal guisa que, entonces, su cumplimiento queda atado y sincronizado a la serie causal prevista para arribar a los fines: el deber tiene así un sentido. Y la división del poder asegura su exigencia.   La democracia es el único diseño político-institucional cuyo objetivo primario es público y sincero porque responde a una aspiración ética universal formalmente posible. La sinergia de sus atributos permite la posibilidad de expandir la libertad desde lo individual (la reseñada aspiración ética) a lo colectivo (exigencia moral del deber) y desde lo colectivo a lo individual, acompasando ambos. Libertad en el sentido maravillosamente descrito en una frase por José Martí, como “el derecho que toda persona tiene a ser honrada, y a pensar y hablar sin hipocresía”. La República Constitucional es la forma política que puede asegurar tal cosa en España. *

Es inexplicable que los cambios de Gobierno sin cambio de medidas de gobierno sean asumidos por la sociedad como si tal cosa. Es increíble que la corrupción se tolere como si expresara la verdadera naturaleza humana. Estos hechos indicativos de autismo social en quienes dirigen y de servilismo demente en quienes obedecen, así como el auge de la mentira y lo facticio en la vida privada, encuentran un vínculo en el placer-displacer de lo público.   La moral natural da origen a principios que mantienen los intereses del individuo severamente distanciados de la realidad social. Esta represión se ve aliviada por el quehacer político, capaz de identificar unos (principios) y otros (intereses). El pensador y el tirano sienten por igual el placer surgido de esa armonía. Sin embargo, todo pensamiento, acción o estructura relacionado con lo político es inexorablemente sancionado por la misma moral cuyo peso parecía desaparecer durante su realización. En este sentido, la representación es el único ingenio que permite a la moral revisar verazmente los hechos del Poder y a los individuos integrados en la masa social tener a su alcance la satisfacción del placer de pertenecer a lo público. La elección del representante conduce al placer político -o identificación con la acción egoísta-; la eventual deposición del elegido mantiene siempre accesible el placer moral -o identificación con la represión social.   Pero los intelectuales, gobernantes, industriales, financieros, militares, sacerdotes e informadores de la partidocracia (es decir, aquellos que en cumplimiento del deber fomentaron y aplaudieron el fascismo en Europa) sienten escalofríos ante la idea de participación de las masas en la toma de decisiones, de manera que diseñaron las instituciones encargadas de cerrarles el paso. Ante esta actitud, se produjo una reacción instintiva de desprecio hacia lo político en la ciudadanía que gran parte de la élite cultural posmoderna se encargó de consagrar socialmente. Así, las puertas de la satisfacción republicana quedaron cerradas desde dentro y atrancadas desde fuera. Naturalmente, cuando el vínculo entre la sociedad creadora y el Estado regulador se rompe, la corrupción es inevitable. Y su extensión, tanto vertical como horizontal, inmediata. En sentido vertical gracias a instituciones que formalizan esa ruptura; horizontalmente, sostenida en el relativismo moral. Dicho de otra manera, cuando la política anula definitivamente la moral, se niega de facto la capacidad que la sociedad tiene de organizarse por sí misma. Para los jerarcas del Estado de Partidos el placer de lo público es síntoma de la comunión del yo con la cosa pública. Son adictos a él y tienden a restringirlo para gozar de sus voluptuosidades con toda intensidad. Para el resto de la población este placer es un mito y la imposibilidad de satisfacerlo lleva a buscar sucedáneos en la imitación de los vulgares arquetipos publicitarios. Cuando una situación así se afianza, la moral es incómoda tanto para unos como para otros.

Don Cándido está que se sale. Tras acusar a 61.000 funcionarios policiales de prevaricación por no auxiliar a la Justicia cuando son requeridos por la Fiscalía para la investigación de hechos supuestamente criminales, vuelve a la carga reclamando el monopolio de la instrucción penal para la institución en cuya jefatura política fue encumbrado por el Ejecutivo. En un desayuno informativo de Europa Press que tuvo lugar el pasado 16 de Abril, Conde-Pumpido volvió a reclamar la reforma del proceso penal para otorgar al Fiscal el protagonismo de la investigación delictual, asumiendo las funciones ahora en manos del Juez de Instrucción.   Para que nos hagamos una idea, el Fiscal General del Estado defiende que los actos procesales que abarcan desde la apertura de la causa penal, pasando por las diligencias de investigación (registros, intervenciones telefónicas, interrogatorios…), y la adopción de medidas cautelares (desde la prisión provisional a la libertad bajo fianza y órdenes restrictivas de derechos, como la de alejamiento) hasta llegar a la conclusión del sumario decidiendo sobre la prosecución o abandono de la acción penal (sobreseimiento), se sustraigan del control del Juez para dejarse en manos de Fiscal.   Para justificar la medida Conde-Pumpido pidió “salir del botijo español” después de comparar la función actual del juez instructor con “un carromato del siglo XIX que circula por carreteras modernas”. Carreteras hacia el presidio del disidente, se entiende, y de la arbitrariedad penal.   Volviendo al cerámico símil, reiteró que “tenemos que abandonar el botijo”, al ser preguntado sobre las opiniones que apuntan a que sus exigencias de reformar este aspecto de la Justicia conllevarían la politización de decisiones de orden jurisdiccional. En esta misma línea dijo que quienes acusan a la Fiscalía de perseguir intereses políticos en esta cuestión “actúan con mala fe”. Añadiendo seguidamente que “quien piense eso, no conoce la Constitución o no conoce la ley, el Ministerio Fiscal es una institución autónoma y no tiene dependencia del Gobierno [¡!]. Señalar permanentemente ese problema de la politización me parece que es volver al debate pueril que nos ha impedido durante treinta años un modelo penal adaptado al resto del mundo”.   Al margen del cinismo de las declaraciones precedentes de quien es elegido “dedocráticamente” por el Presidente del Gobierno como máximo e imparcial valedor del Derecho, D. Cándido calla que en los países en que el fiscal es director de la instrucción penal, tal rol parte del carácter jurisdiccional de su estatuto personal y orgánico, que en España sólo se lograría con la unificación de las carreras fiscal y judicial en un Poder Judicial auténtico y separado de los restantes del estado. Como en este Diario algo de la constitución y de la Ley sabemos, nos da que lo que D. Cándido pretende es darnos con el botijo en toda la cabeza.

José Corbacho, Ministro de trabajo (canalhub.fotos) Cuando el debate sobre las pensiones públicas comienza a tener interés en la sociedad civil, aterriza el señor Celestino Corbacho, Ministro de Trabajo, y propone el consenso partitocrático y la retirada de dicho debate de la opinión pública con la intención de no molestar a los ciudadanos con falsas crisis y de ofrecerles un brindis al sol: las pensiones públicas están garantizadas hasta el año 2025.   La esperanza de vida de los españoles ha incrementado el colectivo de beneficiarios del sistema sin encender ninguna alarma ya que un aumento del número de cotizantes, en parte debido a la llegada masiva de inmigrantes, ofrecía la apariencia de una evolución normal. Pero la crisis económica despertó a la sociedad de su letargo político y le mostró su debilidad: en menos de dos años el número de cotizantes bajó casi dos millones. En este ambiente no es extraño que varios analistas y personajes públicos, entre ellos el Gobernador del Banco de España, aconsejen el retraso de la edad de jubilación para liberar las dos variables del sistema: más cotizantes y menos beneficiarios. Una conclusión no exenta de demagogia, pues por otro lado se están incentivando jubilaciones anticipadas financiadas total o parcialmente con ingresos públicos.   Muchos de estos analistas dicen que si el modelo actual de financiación a través de cuotas sobre los salarios (a cargo del empleador y del empleado) no se reforma o no se admite una cofinanciación a través de los impuestos generales (IVA o Impuestos sobre el capital) el sistema es inviable. Así que hay que ser claro: o se admite esta carga tributaria para liberar a las empresas de costes directos de uno de sus factores productivos o no queda más remedio que rebajar las pensiones drásticamente.   No hay que olvidar que las actuales pensiones se calculan de acuerdo con las cuotas ingresadas en los últimos 15 años, generalmente las más altas, en perjuicio de aquellas otras personas que han estado cotizando 20, 30 ó 40 años. Es un argumento de justicia social buscar un periodo de cómputo lo más cercano posible a realidad de cada cotizante. Por último, no olvidemos que un Fondo de Reserva bien dotado (un 30% del PIB, según Ignacio Zubiri) es una garantía de permanencia de esa relación entre cotizantes y pensionistas, no como el ridículo Fondo actual que llega escasamente al 4% del PIB.

Javier Cercas, autor de un libro de previsible éxito editorial sobre el golpe de estado del 23-F, ha manifestado haber contemplado la posibilidad de titular su libro con el artificio retórico de “Ética de la traición”, aludiendo con ello al comportamiento de Gutiérrez Mellado, Adolfo Suárez y Santiago Carrillo: “traición a un error para construir un acierto”. Javier Pradera, en el panegírico que, junto a Joaquín Estefanía y Miguel Ángel Aguilar, ha dedicado EL PAIS al libro en cuestión, añade a la célebre dualidad de Max Weber entre la “ética de la responsabilidad” y la “ética de la convicción” esta tercera “ética de la traición”, sentando así el caso español como un nuevo paradigma histórico de una ética que la más cabal voluntad de entendimiento calificaría, sin necesidad de más juicios de valor, como oportunismo. Que el comportamiento de la clase política protagonista de aquellos acontecimientos no pueda considerarse producto de convicciones, pero tampoco de la responsabilidad del hombre público ante las consecuencias de los actos dictados por sus propias convicciones, ya debería mover a la más grave desconfianza. Al tratarse de un sistema de principios con vocación de permanencia, la ética excluye, como un cuerpo extraño, el oportunismo, que se caracteriza, precisamente, por moverse en unos márgenes siempre variables y a discreción del portador; el comportamiento del oportunista sería predecible sólo si lo fuese la imprevisible evolución de los acontecimientos a los cuales el oportunista se acomoda. Pero el oportunismo carece de la gloria que los apologetas de la grandeza histórica otorgan a la “traición”. Por eso Javier Cercas se ha abstenido de calificar de oportunista el comportamiento de los “héroes” que incluye en la nómina de esos tres grandes “traidores”.   Por lo demás, al criterio de valoración puramente estético que anima tales construcciones le conviene una expresión tan chocante y aparentemente contradictoria como “ética de la traición” –hermana gemela de una eventual “ética de la deslealtad”-, porque con ello se cumple la advertencia de aquel personaje de El Decamerón: “Entre blancas palomas añade más belleza un negro cuervo de cuanto pueda hacerlo un cándido cisne”: es la vulgar figura del contraste, utilizada también por parte de quienes se exaltan con el recuerdo de las “grandezas y miserias” de la humanidad. Por debajo de tales artificios formales, el contenido suele ser de enorme pobreza. En el supuesto de que, como ha señalado Javier Cercas, la llamada Transición Española –dejémoslo en mayúsculas, como corresponde a todo gran paradigma histórico, y la transición pretende serlo- no fuera “perfecta”, pero el resultado fuera “mucho mejor de lo que cabía esperar”, faltaría por explicar por qué razón, llegados a un punto en el cual el fantasma del “ruido de sables” ya no es creíble por el público, se le hurta a los españoles un Proceso Constituyente del que entonces carecieron. ¿Qué cuarta ética inventarán ahora estos propagandistas de la Transición para legitimar esta carencia?