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sábado 3 enero 2026
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Dignidad de la abogacía

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La adhesión al manifiesto editorial masivo “La dignidad de Catalunya” por parte del Colegio de Abogados de Cataluña (ICAB) ha tenido como respuesta el correlativo “La dignidad de la Abogacía”, fechado de 30 de Noviembre último y suscrito por doscientos colegiados de la misma Corporación en el que muestran su oposición a la postura colegial. La réplica de los profesionales que así se han visto “metidos en el saco” del apoyo incondicional al nuevo estatuto por su simple pertenencia a la Corporación es contundente cuando señala que “resulta intolerable que el Decano y la Junta de Gobierno del Colegio se arroguen la representatividad de la totalidad de los abogados de Barcelona en la realización de manifestaciones de estricto contenido político, careciendo de potestad estatutaria ni legitimidad de ningún tipo para ello. Ni el Decano ni el Colegio fueron elegidos para realizar manifestaciones políticas, ni en su programa electoral siquiera se contenía la menor referencia al estatuto y al recurso ante el Tribunal Constitucional”.   La respuesta de este grupo de Letrados resulta lógica al ver sustituida su propia opinión por motivo de pertenencia forzosa a entidad de derecho público, pero incurre en una debilidad argumental y jurídica indisculpable en quien hace de la Justicia su profesión al sustentar los motivos de su legítima protesta en el apoyo a la labor de un órgano de control político de la Justicia como es el TC *. ¡Como si la construcción jurídico-institucional de este Estado de poderes inseparados no presionara per se a una Justicia tan intensa e íntimamente intervenida por el poder político! Los abogados disidentes más que nadie tienen la obligación como juristas de saber que la labor del TC es servir de coartada jurídica última vistiendo de legalidad decisiones políticas como filtro de última instancia. El TC tan sólo adapta sus decisiones a lo que resulte oportuno conforme a una composición viciada de origen por la elección de sus miembros por la clase política. Sólo evitaría la triste situación frente a la que noblemente se alzan el cuestionamiento radical de lo que llaman “nuestro sistema institucional” diseñando ex novo una auténtica Justicia separada en origen funcional, orgánica y presupuestariamente. La vergonzosa pendencia a día de hoy en el TC del estatuto se debe no a una discusión jurídica, sino simplemente a la matemática de los votos de magistrados según el origen de su elección fruto de un consenso político.   Ese mismo origen inseparado de la Justicia convierte en realidad y no mera posibilidad las presiones que temen que se ejerzan en un futuro frente al Tribunal Supremo y otras instancias judiciales, no siendo hipótesis sino histórica y contrastada verdad, como fue su vergonzosa actuación en el caso GAL, so capa de estigmatización de los dirigentes políticos.

Democracia vs soberanía popular

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Ignacio Sánchez Cuenca ("¿Por qué les dejamos decidir por mayoría simple?", EL PAIS, 10 de diciembre) encuentra la piedra de toque de la legitimidad del Tribunal Constitucional para suspender la aplicación de un Estatuto de Autonomía en el mayor o menor acuerdo alcanzado por los magistrados en sus deliberaciones; la mayoría simple, al parecer, restaría legitimidad a su decisión, máxime considerando que "la composición del TC resulta arbitraria", "depende de factores completamente accidentales" y sus miembros "no son elegidos por la ciudadanía". Por lo pronto, conviene subrayar que la legitimidad del control judicial de las actuaciones del poder político no es cuestión que pueda hacerse objeto de ponderaciones estimativas o de lo abultado del resultado de una votación entre magistrados: existe o no existe, porque es de naturaleza cualitativa, no cuantitativa. Por lo demás, el mito de la "soberanía popular", tan del gusto de los autotitulados demócratas, encuentra fiel reflejo en el artículo aludido, y con él su congénita falsedad: una "soberanía popular" carente de frenos judiciales es la tumba de la democracia.   Si Ignacio Sánchez-Cuenca reparara en las consecuencias de su tesis, inmediatamente tendría que sancionar la inexistencia de democracia en los Estados Unidos de América donde, como es bien sabido, un juez ordinario está facultado para inaplicar la ley o las partes de una ley que a su juicio vulneren la Constitución; en la cúspide del Poder Judicial, el Tribunal Supremo tendrá la última palabra. Por eso en 1937 el Tribunal Supremo pudo declarar inconstitucionales algunas de las medidas de gobierno del presidente Roosevelt, sin dejarse intimidar por el fantasma de la “soberanía popular”: instancia inoperante frente al carácter sagrado de la protección de los derechos individuales y del control de constitucionalidad de las leyes propia de la democracia moderna. Democracia que Ignacio Sánchez-Cuenca y otros articulistas confunden con la soberanía del parlamento o con la soberanía popular.   La democracia no hace residir la soberanía en el pueblo, el pueblo no ha sido soberano jamás, ni puede serlo. Solamente en ámbitos reducidos como una comunidad de vecinos cabe hablar con propiedad de “soberanía” de sus miembros, por supuesto dentro del ámbito reducido de las competencias que la ley asigna a tales organizaciones. En un estado de 40 millones de habitantes la “soberanía popular” es una fantasía de inequívocas tendencias totalitarias. La democracia separa los poderes Ejecutivo y Legislativo y hace depender ambos de la misma fuente de legitimación, es decir, el voto de los ciudadanos. Los ciudadanos legitiman el ejercicio del poder, pero no son los titulares del mismo.   Tal   precisión  conceptual  no  es  un insustancial juego de palabras. Porque la separación de poderes es la garantía de que el voto de los ciudadanos no pueda legitimar un golpe de estado o la persecución de la disidencia. No resulta hiperbólico afirmar, por ello, que la democracia debe ser protegida de los accesos golpìstas de una soberanía popular carente de frenos judiciales. Y para ello es imprescindible la existencia de un Poder Judicial independiente, lo que jamás será alcanzado mientras los jueces ordinarios no dispongan de la facultad de erigirse en intérpretes de la llamada “ley de leyes”. Lo contrario hace residir el control de constitucionalidad de las leyes emanadas de un parlamento en un Tribunal especial designado por los propios partidos, que inevitablemente será objeto de todo tipo de presiones por parte del poder político. El poder no es controlado más que por otro poder ajeno a él.   "Factores completamente accidentales" son los que explican también la conformación de las listas electorales en un régimen como el español, en el cual los diputados se limitan a ser delegados de sus jefes a sueldo del Estado. El Poder Ejecutivo, al igual que el TC, no es elegido directamente por la ciudadanía, sino únicamente por mediación del Poder Legislativo, lo cual conduce a la inseparación de poderes propia del parlamentarismo, que hace que toda noción de contrapesos, o en jerga anglosajona, "checks and balances", sea un embeleco ideológico: ningún parlamento conformado por un sistema electoral de listas ha servido jamás para controlar a gobierno alguno; el procedimiento para la constitución de gobiernos en un régimen parlamentario vulnera el principio democrático. Y, por último, contrariamente a lo sostenido por Ignacio Sánchez-Cuenca, precisamente en el hecho de que los magistrados no basen sus decisiones en la "voluntad popular" sino exclusivamente en criterios jurídicos, está lo que posibilitaría la protección del ciudadano frente a las agresiones de un poder político legitimado en la "soberanía popular". Soberanía que, desprovista de limitaciones jurídicas, no es menos monstruosa que la tiranía de un autócrata. La experiencia del nazismo en Alemania y la inoperancia de la República de Weimar para evitar el desastre han de servir para algo más que para lamentarse de la triste historia institucional de la Europa Continental.

El manantial

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Hot spring, Yellowstone (foto: Kris Taeleman) El manantial El manantial brota en un garito del Japón. En este país, en esta ciudad y en este sucio antro, los bebedores no se contemplan; la costumbre manda mirar hacia la barra y el narrador, que llevaba ya unos buenos veinte minutos bebiendo, respeta las costumbres que no conoce. En esa posición se encontraba, solo, cuando entró un segundo cliente que tomó asiento junto a él y, nervioso, pidió sake con atajo al olvido. Le fue servido de inmediato. Poco después llegó un caballero que, dejando el sombrero sobre un taburete, se situó a la vera del agitado parroquiano.   El vaporcillo tibio estaba ya en la frente de los tres bebedores cuando el segundo cliente, ahora ya con apariencia angustiada, rompió a llorar. Sólo había un cacillo vacío entre los dedos de aquel hombre, así que las lágrimas no eran de alcohol. Pasó un tiempo corto, pero muy largo en incomodidad, hasta que el tipo distinguido preguntó al llorón qué le ocurría y este, cuando pudo enjugar los sollozos, respondió que había perdido la juventud. Transcurrió otro instante muy lento.   De pronto, saliendo del sake, la voz del señor que había preguntado, se escuchó muy cerca de cualquiera: “eres tonto, la juventud no está en el tiempo, ni en la carne de los seres vivos; la juventud es el rostro de la libertad”. El otro cesó de gimotear al instante y quedó pensativo. En un respingo que disipó la compostura ambiental se dirigió al caballero y agarrándolo por la manga imploró que le dijera cómo podía encontrar esa juventud, cómo podría reconocerla si la veía. Entonces, el sabio apuró la tacilla mientras se levantaba y se puso el sombrero: “Siempre serás viejo, como siempre lo has sido. Me pides que describa los efectos de lo que no deseas, quieres disfrutar del regalo de la libertad siendo esclavo”. Después cogió una servilleta, sacó un bolígrafo del bolsillo interior, escribió algo en ella, la depositó frente al hombre que buscaba la juventud y se marchó lentamente. El angustiado buscador quedó ahora en silencio, impasible, mirando al frente pero viendo sólo sus pensamientos. Sin tan siquiera reparar en el pedazo de papel que había ante él, salió por la puerta en estado de trance triste. Cuando la camarera distrajo la atención, el narrador alcanzó sigilosamente la nota y leyó: “Nunca miente. Susurra lo propio, grita lo de todos”.

Voluntarismo jurídico

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Cuando no existe separación de poderes, las decisiones judiciales no se ajustan a razones de legalidad, sino al voluntarismo político de quien controla la economía y la elección de los cuadros de mando de la Administración de Justicia. Se redacta primero el fallo judicial para construir después los fundamentos de derecho fijando por último los antecedentes fácticos acreditados según sea conveniente, y en la excusa de la plena potestad valorativa del juzgador dependiente. Así la sentencia alcanza su utilidad práctica. La razón de estado suplanta a la lógica jurídica. Es el triunfo del Estado de Derecho y la condena al ostracismo de la República de Leyes.   La portavoz del CGPJ, doña Gabriela Bravo, aseveró sin rubor el pasado 9 de diciembre, en comparecencia ante los medios de comunicación, que está “segura de que según como se vayan desarrollando los acontecimientos se adoptará la decisión judicial más adecuada” en el caso de la activista saharaui Aminatu Haidar, en huelga de hambre desde hace más de veinte días a la fecha de tales declaraciones. Así lo ha indicado la representante del órgano de gobierno de los jueces al ser preguntada sobre si un Juez podría acordar que Haidar sea alimentada de manera forzosa tras la reunión de la Comisión de Coordinación entre el CGPJ y las comunidades autónomas.   Bravo lamentó que se haya llegado a esta situación añadiendo que se trata de un asunto “muy delicado” porque “está viéndose afectada la salud de una persona en aras a sus principios y a una serie de convicciones”, ofreciendo a la par una solución jurídica que se amolde a las determinaciones políticas de Marruecos y España al referir que “al Consejo no le corresponde adelantar decisiones judiciales y según como se vayan desarrollando los acontecimientos estoy segura de que se adoptará la decisión judicial más adecuada”. Afirmación que no puede atribuirse a lapsus de ningún tipo, ya que seguidamente reiteró como a su juicio, al CGPJ no le corresponde hacer valoraciones sobre el fondo del asunto “sino esperar a que las resoluciones judiciales en base al desarrollo de las circunstancias se vayan produciendo. Nos encantaría desde el Consejo que esto tuviera una solución lo más pronto posible”.   La idea que de la Justicia como método objetivo de solución pacífica de conflictos sometido al esencial principio de seguridad jurídica tienen los delegados políticos de su Administración en esta monarquía de poderes inseparados es elocuente de su servil finalidad última. Nada mejor para el triunfo de la causa de la libertad política que transcribir literalmente sus declaraciones, que los definen nítidamente.

Hombres de paja

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La indecencia de la partidocracia llega a cotas insoportables. Volvemos al Centro de Investigaciones Príncipe Felipe que se ha convertido en paradigma de la inmoralidad pública de la monarquía juancarlista.   En plena crisis económica provocada por la especulación urbanística salvaje de la clase política instalada en las Cajas de Ahorros y Ayuntamientos, la dirección de este centro de investigación biomédica ha decidido suprimir el contrato de tres Ramones y Cajales que habían pasado con éxito la enésima evaluación. Al mismo tiempo, la dirección del centro, formada por Rubén Moreno miembro del PP imputado en el caso Fabra y la comisión de compras formada por mediocridades abismales de partido, han adjudicado 41.000 euros para 32 móviles de directivos, siendo el importe destinado para las 352 líneas de científicos (diez veces más) de tan sólo 25.000 euros. Pero no queda ahí la cosa, el centro obliga a vestir bata a sus empleados, y no crean que es por una pura cuestión de seguridad laboral, ya que el presupuesto anual destinado a la compra de unas simples batas blancas de laboratorio asciende a un total de 30.000 Euros, esto es, casi cien Euros por bata anualmente. Ni Yves Saint Laurent hubiera imaginado tal beneficio.   Sigue la infamia con la adjudicación de 180.000 Euros a una agencia de viajes cuando los científicos pagan sus desplazamientos con el dinero del proyecto científico y por si esto les parece poco, el presupuesto de seguridad asciende a 350.000 Euros anuales para un centro que desde su apertura hace cinco años ha desmantelado 13 de los 25 laboratorios con los que contaba. Pero esto sólo es el chocolate del loro si lo comparamos con el presupuesto destinado a unos quirófanos de alta seguridad de los que carecemos de datos concretos y que este diario está investigando.   El centro depende de un patronato que cuenta como presidente de honor con Don Francisco Camps, presidente de la Generalidad y con Don José Luis Olivas ex secretario general de PP en Valencia y presidente de Bancaja, Banco de Valencia y consejero de Iberdrola; como presidente del patronato a Don Manuel Cervera Taulet, consejero de Sanidad valenciano.   Francisco Camps (foto: ppvalencia) Esta es la partidocracia, muerte al mérito y la excelencia, apoteosis de los hombres de paja y saqueo al contribuyente que cree vivir en democracia.

Fiel a su amo

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(Foto: Partido socialista) Fiel a su amo Los sindicatos UGT y CCOO han convocado una manifestación en Madrid para el día doce de diciembre. Aunque en principio la cita era abiertamente hostil a los empresarios, un día después de anunciada los convocantes aclaran que “no va contra nadie” y “matizan” que el 12D no es contra la CEOE.   La compañía pública RENFE ha puesto treinta y dos trenes (TALGO-AVE) a disposición de los sindicatos verticales del Estado. Un total de más de 12.000 plazas de alto nivel. CCOO por medio de un comunicado interno ofrece una “pequeña dieta” para los manifestantes. Resumiendo: un día laborable no trabajado que no se descontará de los salarios, un cómodo viaje a la capital, comida incluida, y un paseo por el Madrid monumental. Por supuesto los delegados sindicales serán los primeros en llegar en los trenes. Estas son las manifestaciones que en estos tiempos, después de treinta y cuatro años de monarquía partitocrática, acontecen en nuestra maltrecha nación. Atrás quedaron ya aquellas otras movilizaciones en las que los trabajadores acudían a manifestarse en masa, sin permisos oficiales y siendo conscientes de que más de uno podía llevarse una paliza. Normalmente dichas manifestaciones iban acompañadas de una “huelga salvaje” que seguía a un proceso asambleario de los asalariados.   La manifestación del 12D será otro plato a servir a la oligarquía financiera Mundial. El Presidente del Gobierno podrá mostrar el grado de manipulación y sumisión que ha conseguido en la sociedad civil española para hacerle creer a ella misma que aún hay lucha de clases e ideologías y que él es tan “demócrata” que las manifestaciones corren por cuenta del contribuyente. Cuando la realidad es que el pobre manifestante, ignorante de que su única esperanza de salvación está en la conquista de la libertad política, acude con su dinero a un acto que va en contra de sus propios intereses como trabajador -o parado- y como ser humano.

Abierta islamofobia

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Si las instituciones se derivan de una entidad situada fuera y por encima de la sociedad, ésta queda reducida a la heteronomía y envuelta en un proceso de clausura frente al cambio y el cuestionamiento. ¿Quiénes osarán desafiar las leyes cuando es Dios el que las ha impuesto? ¿Cómo se puede concebir que sean injustas cuando la justicia no es más que otra de las caras de la divinidad? Ante esta fuente primaria del poder instituyente, la población queda relegada a un papel secundario y subordinado.   Pero de la bendita separación de Iglesia y Estado -y por tanto, de la desaparición de las sanciones religiosas de la política que todavía imperan en la mayoría de los países musulmanes- no se deduce que la religión haya de tener exclusivamente un carácter privado. Las iglesias, mezquitas y sinagogas son espacios donde los creyentes se reúnen. Sólo los regímenes tiránicos prohibirían el funcionamiento público de la esfera religiosa. Por eso, más que el resultado del referéndum acerca de la construcción de alminares, conturba el hecho de que en Suiza se haya planteado tal cosa. Sorprende menos que el tosco demagogo que preside Francia, haya dicho que los minaretes son ostentosos en una “tierra de libertad” donde los musulmanes han de evitar las provocaciones y practicar su culto discretamente. Con un chauvinismo que lo acerca a Maurras y Le Pen, Sarkozy justifica la reacción helvética apelando al profundo sufrimiento de la pérdida de identidad nacional que supondría un número excesivo de almuédanos convocando a los fieles en las horas de oración. Si por un lado tenemos a los beatos del multiculturalismo y a los promotores de disparatadas alianzas de civilizaciones, por el otro, abundan los que se empeñan, con renovado espíritu de cruzada, en atizar el fuego de la guerra santa, como si fuese inevitable el choque con un Islam que estaría condenado a no evolucionar jamás, y cuya cruda opresión de las mujeres y odio por los cristianos y judíos (ahora, el imperialismo y el sionismo) resultarían imperecederos. Pero esta visión esencialista de una realidad heterogénea y compleja, que niega a los árabes, (presentados como irredentos fanáticos o tipos ideales de estatismo, es decir, sin potencialidad alguna) la posibilidad del cambio histórico, no es más que ese orientalismo o sistema de ficciones ideológicas, con un mal disimulado racismo, que Edward W. Said puso de relieve.   No se vuelve uno hacia Dios sino para obtener lo imposible, utilizando esa clase de lenguaje universal que es la religión. Para lo posible, los hombres han de bastarse a sí mismos, organizando la acción de la libertad colectiva y la superación de los abusos del poder. El islamismo no es incompatible con la democracia, ni tampoco lo es el catolicismo, aunque se pueda pensar lo contrario atendiendo a la historia de España.

Teatro de dependencia

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El Presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lo es también del Tribunal Supremo (TS), D. Carlos Dívar, comparecerá el próximo 14 de Diciembre en el Congreso de los Diputados para informar de la Memoria sobre el estado y funcionamiento tanto del órgano de gobierno de los jueces como de los juzgados y tribunales durante el año 2.008. Tan alta personalidad del Estado, se muestra complaciente con tal excepcional acto de sumisión, gustoso de dar explicación al poder político del destino de los dineros recibidos y del funcionamiento del mal llamado Poder Judicial, muy principalmente sobre la sofocada rebelión de los jueces huelguistas, todo ello so capa de transparencia en la actuación de la Justicia.   Esta nueva comparecencia de Dívar ante la Comisión de Justicia del Congreso por requerimiento de ésta será la segunda desde que ocupa el cargo. La primera vez que el más Alto Magistrado se sometió a la misma Comisión fue el pasado 16 de Marzo, y lo hizo con gran polémica y ruido de fondo, tras la primera huelga de jueces y la multa al juez Rafael Tirado por no ejecutar una sentencia que condenó al presunto autor de la muerte de la niña María Luz Cortés. Si en aquella ocasión la rendición de cuentas traía causa en un clamor popular de incomprensión ante una insignificante reprensión corporativa por la conducta negligente de un juez penal, y el hartazgo judicial traducido en acciones reivindicativas, el trasfondo de esta nueva escenificación de pleitesía tiene como escenario la insoportable pendencia judicial de la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el nuevo Estatuto de Cataluña, y el tímido rebrote del conflicto profesional de los jueces, tras la segunda huelga del pasado 8 de Octubre.   En el Estado de poderes inseparados, el lavado de cara de la Justicia ante la incomprensión ciudadana de su actuar o no actuar, pasa por la escenificación de su control por el poder jurídico como tutor de su actuación. Huérfana de la dignidad y conciencia de Poder del Estado, la apariencia de tranquilidad sólo se puede transmitir dando una sensación de firme tutela desde arriba, que no es sino toque de atención a través de su representante máximo a los delegados de los partidos en sus órganos, ya sean vocales del CGPJ, Jueces del Tribunal TC o representantes del Ministerio Público. La ausencia de dignidad en origen del cargo, impide todo ejercicio de la personal, que si existiera exigiría que Dívar, en lugar de mendigar en su comparecencia más medios materiales para su negociado y escurrir sus lamentos ante sus jefes, levantara la voz para reclamar la independencia de actuación, presupuesto y organización de lo que dice representar.

Unanimidad y contagio

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Yes we can (be a comunist nation) (foto: Mad Mike 3000) Unanimidad y contagio * “Todo el mundo dice…”, “Es lo que piensa todo el mundo…”. ¿Cuántas veces habremos oído estas expresiones o algunas similares para justificar un pensamiento, una idea, una conducta? El individuo rara vez llevará la contraria a la opinión de los grupos sociales a los que pertenece. Es más, incluso le es posible sostener opiniones opuestas según el grupo social en el que se mueva en cada momento (en este país, casi todos son demócratas, aunque apoyen un sistema de poderes inseparados). El individuo se conforma con la corriente general que se sustenta en el grupo social y no se plantea siquiera su veracidad. Mal de muchos, consuelo de tontos: tanta gente no puede estar equivocada (pobre Galileo, cuán ardua fue su tarea). Y es que disentir es doloroso, ya que predispone al individuo en contra de la sociedad a la que pertenece y que necesita. De este modo, gran parte de la opinión “pública” no es otra cosa que un cúmulo de conformismos. Los individuos creen que su opinión es compartida por aquellos que lo rodean, que “la mayoría” piensa como él y, siguiendo un razonamiento falaz, por tanto, no puede estar errado.   La regla de la unanimidad y del contagio aprovecha esta debilidad del individuo: la propaganda trata de potenciar ese conformismo de los grupos de individuos, esa unanimidad en la forma de pensar y, si es necesario, crearla de forma artificial. Existen todo un cúmulo de ideas e ideales que son recurrentemente empleados por la propaganda para crear esa ilusión de unanimidad: la amistad, la salud, la alegría, la felicidad… Un chiste sobre el adversario puede unir a los espectadores en la complicidad de la carcajada. También las personalidades públicas, que son admiradas por poseer algún talento ajeno a la política, sirven de “gancho” para la propaganda de los partidos: escritores, artistas, deportistas… Del mismo modo que un actor puede vender una marca de colonia, también puede hacerlo con una ideología política. Por desgracia, un buen músico o cantante no es necesariamente el mejor analista político. El propio Nerón tenía grupos de especialistas entre las muchedumbres encargados de provocar los aplausos (los “animadores” del público de los programas televisivos no son un invento nuevo), lo cual acentúa el sentimiento de uniformidad y acuerdo entre la multitud.   Cada vez tengo más presente la afirmación de Cioran: “No se puede ser normal y vivo a la vez”.

Aminetu Haidar, sola

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A pesar del apoyo mayoritario en la sociedad civil española que desde el real proceso de descolonización del Sahara Occidental presenta la opción por un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui basado en el censo español de 1974, la política exterior del gobierno de España no ha cambiado un ápice en su apoyo a la monarquía feudal alauita a la que, entre otras cosas, vende armas y ante la cual mira hacia otro lado cuando se dispara el número de torturas y detenciones ilegales cometidas contra los saharauis (y que han sido denunciadas por Amnistía Internacional). La impotencia del movimiento civil español pro-saharaui es un reflejo de la falta de democracia formal que el sistema proporcional de listas de partido trae a la política de Estado. Muchos no se dan cuenta de que un sistema electoral mayoritario uninominal en mónadas republicanas permitiría escoger a aquellos representantes fieles a la causa saharaui. Si éstos fueran sobornados por el poder podrían ser depuestos ipso facto por la mónada.   Las muestras de apoyo a pie de aeropuerto recibidas por Aminetu Haidar en su huelga de hambre provocada por un Estado español que ni siquiera es de derecho cuando de la monarquía marroquí se trata, no son más que una franca pero impúdica manifestación de simpatía cuando una persona ha emprendido el poderoso camino de la desobediencia civil pacífica. Para hablar de solidaridad propiamente dicha, la única acción solidaria con Haidar es la unión en la huelga de hambre hasta la muerte si llegara el caso.   Los métodos de desobediencia civil son los más poderosos contra los Estados. Pero son también los más exigentes para el manifestante, quien ofrece su sacrificio en distintos grados como respuesta a la violencia institucional para que ésta se haga visiblemente intolerable. Aminetu Haidar ha emprendido el sacrificio máximo por la libertad política de los saharauis que viven sometidos en los territorios ocupados por Marruecos tras la marcha verde de noviembre de 1975, mientras que en España, a día de hoy, la misma aquiescencia a la táctica de hechos consumados de la monarquía alauita continúa siendo la norma que rige la política exterior. Sin libertad política en España, la esperanza de libertad política en el Magreb es todavía, si cabe, menor.     "A pure theory of democracy"     Publicada la traducción inglesa de "Frente a la gran mentira"

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Si consideras que hemos cometido una infracción de la legislación en materia de protección de datos respecto al tratamiento de tus datos personales, consideras que el tratamiento no ha sido adecuado a la normativa o no has visto satisfecho el ejercicio de tus derechos, podrás presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial que proceda en su caso.

¿Están seguros tus datos?

La protección de tu privacidad es muy importante para nosotros. Por ello, para garantizarte la seguridad de tu información, hacemos nuestros mejores esfuerzos para impedir que se utilice de forma inadecuada, prevenir accesos no autorizados y/o la revelación no autorizada de datos personales. Asimismo, nos comprometemos a cumplir con el deber de secreto y confidencialidad respecto de los datos personales de acuerdo con la legislación aplicable, así como a conferirles un tratamiento seguro en las cesiones y transferencias internacionales de datos que, en su caso, puedan producirse.

¿Cómo actualizamos nuestra Política de Privacidad?

La Política de Privacidad vigente es la que aparece en el Diario en el momento en que accedas al mismo. Nos reservamos el derecho a revisarla en el momento que consideremos oportuno. No obstante, si hacemos cambios, estos serán identificables de forma clara y específica, conforme se permite en la relación que hemos establecido contigo (por ejemplo: te podemos comunicar los cambios por email).

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