(Foto: World Bank) Elasticidad política El Reino Unido se vincula en el primer diecinueve, y en términos de contexto, tanto a la Revolución Industrial como a aquella Europa entre la Revolución y la Restauración. En lo intelectual, se da entonces en aquellas tierras una encrucijada que iba a marcar la evolución de la Historia Intelectual Contemporánea. Una de las obras sobre las que pivotará este fecundo debate decimonónico será “The Resources of the British Empire”; publicación desde la que se pueden leer no pocas reacciones y posicionamientos epocales.   El Imperio de Su Majestad, se propone alcanzar la supremacía mundial escuchando diferentes posiciones, y desde el conocimiento estricto de las posibilidades reales del Estado. En cualquier caso, se parte también de una forma de pragmatismo romántico que se puede seguir en no pocas publicaciones y autores de hace no más de doscientos años. Aquellos apuntes y miradas hacia soluciones pragmáticas, son hoy reconocidas -aún en autoras como Shelley-, en obras de indudable actualidad, como “The truth about Romanticism”. La cuestión de la prosperidad y la racionalización de los recursos esta en el centro de la discusión y desde ahí, David Ricardo, Malthus, Robert Owen, y otros que nos son menos conocidos, es que comienzan a discutir posturas entre lo político, lo económico y lo religioso.   Singularmente pragmática es – así mismo y en algún sentido-; la postura del Profesor Herbert H. Werlin en “The Evolution of Political Power in Political Development”, trabajo en el que se plantea la posibilidad de trazar una perspectiva de análisis del poder y su evolución en términos comparados; siendo este un enfoque académico común en el Derecho o la Filología. Es central en Werlin garantizar el crecimiento y la prosperidad en primer término – los recursos -; separando este asunto del tipo de régimen o particularismo político cuyo estudio eventualmente nos ocupe.   Consecuentemente, el profesor de Maryland y consultor del Banco Mundial, nos hace ver que en cualquiera de los sistemas ensayados y dando como central el asunto de la población y los recursos, es entonces necesario acercarse a formas elásticas de organización desde las que vencer términos tradicionalmente irreconciliables en el ámbito de la Teoría Política. Desde el punto de vista de nuestro autor, la elasticidad es clave para entender la pervivencia y el éxito de los sistemas, permitiéndonos este concepto, superar dicotomías vinculadas a la literatura política tales como conflicto / armonía, centralización / descentralización o elitismo / pluralismo.   En “The Evolution of Political Power in Political Development”, encontramos reflexiones en relación con regimenes autoritarios, corrupción y desarrollo, o democracia, corrupción y desarrollo. Desde el punto de vista del provocativo Werlin, la Teoría de la Elasticidad Política tendría sentido en el marco de estos estudios comparados. Estudios macro y comparados, en los que vemos con el profesor de Maryland como de modo efectivo y en ocasiones, un proyecto autoritario puede dar en ser económicamente más exitoso que otros más democráticos. Si sabe re-inventarse. Vietnam, India, Bangladesh o China, como otros estados del área del Caribe son casos que resultan ilustrativos a este nivel.   El Profesor Herbert H. Werlin concluye entonces  que   el  poder  ha   de   tener   -bajo continúa …

La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) ha solicitado nuevamente el archivo de la causa abierta contra el Juez Garzón por su investigación de las desapariciones durante el franquismo con el argumento de que las acusaciones populares “carecen de legitimación procesal” para sentarle en el banquillo. La consecuencia inmediata de que todas las acusaciones populares, formadas por un partido fascista y dos colectivos próximos a la ultraderecha, quedaran fuera del proceso como ya ha pasado con aquél por motivos formales, sería su inevitable finalización al quedar el posicionamiento absolutorio del Fiscal en solitario.   A razones de fondo, el Ministerio Público añade la imposibilidad de mantenerse en el proceso a las acusaciones por no ser perjudicadas por el delito, para quedar así en posición de monopolio procesal sobre la potestad acusatoria y decidir el sino de la continuación del enjuiciamiento. Tal postura contradice el actual ordenamiento jurídico. Los artículos 101 y 270 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal establecen el derecho de todos los españoles a ejercitar la acusación en cualquier proceso penal, lo que el último de los preceptos citados subraya con la expresión “hayan sido o no ofendidos por el delito”.   El alcance de dichos preceptos ha sido tamizado por la jurisprudencia constitucional por razones de oportunidad política a la luz del artículo 125 de la propia constitución, que recoge expresamente el derecho a la acción popular, invocando para ello la figura del fraude de ley, que parece ser el sustento último de la petición del Ministerio Público en evitación de “querellas de ideología”. Sin embargo, si la intencionalidad ideológica de los querellantes es clara, el Ministerio Fiscal tampoco puede tirar la primera piedra, dado el nombramiento de la cúpula jerárquica del mismo (Fiscal General del Estado) directamente por el ejecutivo, lo que condiciona también su postura procesal en sentido contrario.   La limitación de la acción popular sólo sería coherente con la existencia de un Ministerio Fiscal independiente integrado en un poder judicial separado en origen, ya que lo contrario significa dejar en manos de decisiones políticas la prosecución de la acción penal e inerme a la sociedad civil frente a ilícitos tipificados para la protección de bienes jurídicos colectivos no particularizables como por ejemplo la prevaricación, el cohecho, o el tráfico de influencias, únicos delitos en los que además, precisamente por la naturaleza difusa del daño, quedaría justificada en nuestro derecho codificado la figura del jurado.

(Foto: jef safi) Psicoanálisis y creación Cornelius Castoriadis considera que la alienación o la heteronomía, lejos de ser inherentes a la condición humana, son productos históricos, y por tanto, susceptibles de ser superados mediante una relación lúcida del sujeto con sus deseos inconscientes. El imperio de la ley y el peso de lo simbólico (lo imaginario predeterminado) difuminan la sociedad instituyente (la imaginación indeterminable) y reducen la sociedad instituida a una colección de reglas muertas a las cuales el individuo debe rendirse, hundiéndose en la pasividad. La definición de la psique como fuente de creación y transformación, y no sólo de repetición identitaria, se fundamenta en el análisis como autoalteración o actividad práctico-poiética. Y es que reflexionar sobre la creación es pensar acerca de la poesía-poiesis.   El arte, la poesía o la creación literaria, muestran de un modo más claro ciertos procesos psíquicos que son universales, pero que no se advierten normalmente, ni tampoco durante la neurosis. En las obras de Shakespeare y Dostoievski descubrimos sustratos de la personalidad, que por ser inconscientes o disimulados por la represión, la sublimación o la transferencia, resultan irreconocibles para la mayoría de los seres humanos. Además, el análisis cuenta con la palabra como único instrumento terapéutico; y tal como lo han sido para la poesía, los juegos de palabras (siempre en juego, que eso quiere decir ilusión: jugar, jugárnosla), la transmisión oral  de  los  sueños,  la  asociación libre,  etc., son el material específico del que se sirve el psicoanálisis. Ocupándose del simbolismo, Freud hablaba del “desplazamiento y la condensación” mientras Lacan prefería hacerlo en términos poéticos: metáfora y metonimia.   Es curioso cómo mientras los protagonistas de La noche o La aventura escogían el silencio como expresión de su malestar emocional, los de otras películas de Antonioni prefieren hablar mucho sin decir nada, como signo de los tiempos actuales. Aunque ya Ionesco afirmaba que su obra “La cantante calva” trataba del hablar sin decir nada, en razón de la ausencia de toda vida interior. Por otro lado, la memoria nos hace repetir las situaciones ya vividas, pero recomponiéndolas porque queremos verlas como no ocurrieron realmente, es decir, alterarlas, poblándolas de sensaciones deseadas pero no satisfechas. El recuerdo se convierte así en el reverso del olvido: falsear la memoria para vivir de cierta manera, o simplemente seguir viviendo, es una práctica acostumbrada. Memoria histórica es un oxímoron.   Simone Weil decía que la conciencia del yo no es otra cosa que la gravedad que agobia al espíritu, y que su superación nos conduce a la “gracia” o iluminación espiritual. Y para el poeta irlandés W. B. Yeats, el artista no se expresa a sí mismo sino a su “anti-yo”, cosa que Unamuno consideraba natural puesto que cada uno busca su complemento.

Un fotograma del ataque al palacio de invierno extraído de Octubre -la célebre película de Eisenstein- y no del verdadero asalto, ha ilustrado portadas de diferentes libros como si se tratase de una imagen verídica de aquel acontecimiento. En el archivo de la Historia menudean las tergiversaciones y las mitificaciones, la introducción de leyendas y la inoculación de recuerdos sentimentales.   El muerto al hoyo del Valle de los Caídos y los vivos (el sucesor de Franco, y los Fraga, los Cebrián, los Martín Villa y un largo etcétera) al bollo de la partidocracia. En una situación así, que Dios les conserve la vista histórica a quienes vean grandeza épica en las trapisondas de Garzón. Pero la megalomanía, la arbitrariedad y la incompetencia de este juez no hubieran podido desenvolverse en un sistema judicial que tuviera garantizada su dignidad, es decir, su independencia.   El obsceno comportamiento de los jefes de los partidos estatales y los jefecillos de los nacionalismos periféricos respecto a la renovación del Tribunal Constitucional (al que se refieren como tratantes de ganado judicial) está en consonancia con el origen de este órgano “ad hoc” y su específica función conservadora de reconstituir lo ya constituido. Sin fuerza constituyente para atajar las fuentes de abuso del poder, nuestra jurisprudencia constitucional no tiene la facultad de “ajustar” un inexistente equilibrio de poderes ni de preservar la autonomía de la sociedad civil (en lugar de dar curso a las ambiciones autonomistas).   La idea de un Tribunal especial para controlar el poder (una cuestión eminentemente política) sólo podía germinar en el momento termidoriano (erupción de la corrupción y de la conchabanza político-financiera) que configuró el moderno Estado europeo –contra la separación de poderes de Montesquieu que inspiró a la Constitución norteamericana-. Y sólo en una mente fascinada por el poder y la geometría de su organización podía nacer la ilusa creencia de que una función, y no otro poder, podría controlar a un único poder que separa sus funciones. Esta época y esta mente (el abate Sieyès, que ofreció su invento a Bonaparte) se cruzaron en Francia y engendraron el “Jurado constitucionario” para la Constitución del Directorio (1795), y el “Colegio de Conservadores” para la Constitución del Consulado (1799).

Muñecos 3d protestando con carteles explicativos Constituciones, ¿para qué? El líder de CiU acaba de proponer una reforma legal para impedir que "el Tribunal Constitucional pueda invalidar estatutos de autonomía refrendados por el pueblo". La propuesta es interesante por lo que tiene de brutal, confusa y oportunista a partes iguales. Brutal porque en ella se contiene el germen mismo de la tiranía, solo que amparada en la soberanía popular. Confusa porque Artur Mas demuestra ignorar lo que es una Constitución. Oportunista porque no viene dictada por reflexión teórica previa sino exclusivamente por intereses pragmáticos inmediatos.   ¿Es el Estatuto de Autonomía una ley que, en virtud de no se sabe que excepcionalidad, se sustrae al control de constitucionalidad que sí rige para las demás leyes? ¿O es el refrendo popular el que dota al Estatuto de Autonomía de esa excepcionalidad? ¿Tiene por lo tanto el refrendo popular la capacidad de ir incorporando de forma sobrevenida, sin mediación de instancia jurídica alguna ni procedimiento especial, modificaciones en una Constitución? ¿Qué pueblo es el sujeto de tal soberanía? ¿El español en su conjunto, el catalán solamente? Pero, llegados a este punto, ¿acaso tiene sentido la existencia de una Constitución?   Sabemos desde Carl Schmitt que una Constitución que acepta la división del poder constituyente se destruye a si misma. Artur Mas no aceptaría que el “pueblo catalán” se fragmentara en los cientos de barrios y ayuntamientos que pueblan Cataluña. Un “proyecto sugestivo de vida en común” pensado por y para los catalanes no puede aceptar que las gran heterogeneidad de personas que lo conforman puedan, a su vez, agruparse    libremente    en    unidades    más pequeñas para blandir otros pequeños “proyectos sugestivos de vida en común”. El derecho de autodeterminación es un engaño de la clase política que responde sólo a ambiciones oligárquicas que justifican la fragmentación de la soberanía, pero que no aceptarían nunca que de la nueva soberanía nacieran nuevos fragmentos autónomos. Supone Artur Mas, si es coherente, que un pueblo soberano, que delega en la Asamblea Legislativa sus facultades, no precisa de ninguna "ley de leyes" que esté por encima de las demás leyes, no precisa de ninguna Constitución. Lo que en la doctrina de los padres de la patria americanos hizo necesaria una Constitución, es decir, la necesidad de defender un conjunto de derechos inalienables frente a los posibles asaltos de una soberanía popular carente de frenos, o, dicho en otros términos, la defensa de uno frente a todos los demás, -porque la regla de la mayoría, es decir, la defensa de todos frente a uno ya habría de regir en la conformación de gobiernos y parlamentos- es lo que aquí Artur Mas, irresponsablemente, rechaza, por la pura motivación pragmática de remover obstáculos institucionales para la aprobación de una ley.   Probablemente Artur Mas ha aprendido bien la funesta lección que dejó la Revolución Francesa a las generaciones siguientes: el control del poder, cuando el titular del mismo es el pueblo, es superfluo. La ley, y la propia soberanía popular, adquieren así un carácter divino: Dios no puede ser injusto. No es extraño que, con estos mimbres, de la consigna "Libertad, Igualdad, Fraternidad" a la coronación de Napoleón como emperador pasaran solo quince años. Gracias al mito del absolutismo de la soberanía popular, la soberanía  abandonó al rey y  terminó  ciñendo continúa …

"Siempre hay que dictar justicia antes de ejercer la realidad", decía Malebranche. Es cierto; la mente no encuentra la coherencia sin principios-prejuicios y sin fines-ideales. Unos y otros crean una suerte de linealidad que constituye tanto el tiempo racional como el asiento moral de los individuos. Pero cuando el ser humano ha sido desposeído de su voluntad política, la coherencia mental deja de ser un requisito natural de la acción libre y deviene un fin en sí misma. Por eso, en la política, la mentira es tan funcional como la verdad, a condición de que la propia política se convierta en ganadería.   Mientras que la mente libre, creadora, encuentra la fuerza para actuar en cualquier ocasión de la naturaleza -para utilizar el simpático lenguaje malebranchiano-, el rebaño de mentes oprimidas (y todas lo están si no pueden publicarse, es decir, participar en lo común) necesita de un fastuoso escenario para la inacción. No pasa de amarillismo decir que Garzón es sinónimo de prepotencia o valentía idealista para quienes no lo tratan y de ambición y exhibicionismo para quienes lo conocen. No pasa de conjetura envidiosa la sospecha de que la figura jurídica de don Baltasar es tan grotescamente enana como agigantada ha sido su condición de estrella. Poco importaría que Garzón, conscientemente, hubiera construido su gloria sobre causas ideológicas ajenas no sólo al Derecho, sino a la Justicia. Y no va más allá de la discusión técnica el cómo y el cuándo se investigan las cosas del franquismo, mientras que el porqué pertenece al terreno moral. Pero resulta que la fama real del juez es rosa si este adjetivo denota tanta impotencia societaria como servilismo ante los intereses estatales que tejen la comedia nacional y enfrentado a los cuales, supercheramente, se presenta. Más allá de las razones jurídicas y más acá de los ideales morales, interesa el hecho de que el juez Garzón se ha convertido en un mito político.   Cuando los mitos no corresponden a idealizaciones paradigmáticas de la realidad sino a sucedáneos de un idealismo frustrado, necesitan, como en el terreno ideológico le ocurre al nacionalismo, de una vis internacional. Digamos que el mito veraz es sencillamente primitivo y provinciano mientras que el mito falaz es sofisticadamente imperial. Garzón, imbuido de las propiedades de los mitos que sirven a intereses distintos a aquello que pretenden simbolizar, siente la necesidad de internacionalizar las causas o, mejor dicho, su propia causa; porque llegados a este punto la causa es él, la propia supervivencia del mito. Y la izquierda mundial, ahogada en la frustración inherente a la fe en las utopías y hastiada de la corrupción de las personas, necesita ser actualizada por el héroe. No cabe extrañarse, pues aunque este afán de supervivencia -la del mito y la de la izquierda- puede parecer más propio de lo más espurio de la naturaleza animal o de lo más codicioso del vil mercado, no es un fenómeno tan extraño en estancias pretendidamente más elevadas de la vida humana. A la vanidad intelectual y a la filosofía alejada del compromiso les ocurre exactamente lo mismo: tienden a confundir la coherencia de sus propios aparatos con la del mundo, si es que este la posee en absoluto.   La coherencia del escenario actual se sustenta en la ilusión de libertad que produce el enfrentamiento. Garzón sí, Garzón no. Guerra civil, desaparecidos de las dictaduras militares, Pinocho detenido en el Reino Unido, la droga, el aborto, el tráfico de influencias, el maltrato a la mujer, los toros, el circo y Garzón sí, Garzón no. A lo largo de los franquismos, suarismos, felipismos, aznarismos y zapaterismos la realidad ha sido idéntica: ausencia de libertad política. Y cuando no se es libre, se es historia. Esos ismos encarnan la necesidad de sublimar históricamente la opresión de la sociedad. El escenario mediático de la transición ha consistido en la escritura de la historia de los españoles antes de que estos decidieran hacerlo por sí mismos. La historia ha sustituido así a la acción que debería ser su precedente, la acción humana se ha reducido a hermenéutica de la historia oficial. En el teatro nacional la coherencia del debate histórico en tiempo real y, por tanto, políticamente ciego, sustituye a la lucha por la libertad y en esta adulteración de la Política, en la gigantesca tramoya, el garzonismo ocupa su lugar para encarnar la aceptación de la sumisión que la sociedad civil muestra ante la clase política. Según este mito, la dignidad puede refugiarse en lo personal y desaparecer de lo social. El grito de justicia universal que representa Garzón para tantos y tantos, oculta la vivencia de la no política nacional dándole la apariencia amable del debate.   Al final de estas líneas Garzón corrige a Malebranche: "Siempre hay que dictar autos antes de ejercer la irrealidad".

La captura de Barbanegra, de Jean Leon Gerome Ferris (foto: Wikimedia Commons) De repúblicas y piratas Cuando hablamos de piratas, a la mayoría de nosotros se nos viene a la memoria la imagen romántica que nos han creado las películas de Hollywood, como el Temible Burlón, el Capitán Blood, o más recientemente, Jack Sparrow de Piratas del Caribe. Antes del cine, influyeron en gran medida en esa imagen novelas como La Isla del Tesoro de Stevenson, o las sagas de Sandokán y el Corsario Negro de Salgari.   Sin embargo, la existencia de estos hombres distaba en gran medida de ser como se describe en tales historias. Aunque sí existe una pincelada de verdad en todo ese transfondo: el espíritu de rebeldía que guiaba sus acciones y que los había conducido en muchos casos a ese tipo de vida. La mayoría de ellos no eligió ser pirata por amor a la aventura y al riesgo (salvo excepciones como la de Stede Bonnet), sino porque las circunstancias del momento no les dejaron otra salida.   La verdadera edad de oro de la piratería se sitúa entre 1715 y 1725, localizada en la zona del Caribe (aunque no se restringió sólo a esos mares)1. Las colonias allí establecidas habían sufrido mucho a causa de la guerras precedentes, y los países del Viejo Mundo de los que dependían a menudo se olvidaban de ellas, salvo para recoger impuestos. No es de extrañar, por tanto, que fuera un caldo de cultivo ideal para la proliferación de los piratas, que llegaron a tener el control total de algunas de ellas como Nassau, donde contaban con el apoyo popular.   No hay que confundir aquí a los piratas con los corsarios: estos últimos estaban a sueldo de sus gobiernos y se les permitía desvalijar las naves de otros países por medio de la Patente de Corso. Los piratas se podrían considerar como ciudadanos libres e independientes, que se oponían a sus propios gobiernos, mientras que los corsarios medraban  a  costa  del  poder  establecido  en dichos gobiernos.   Pero quizá el legado más importante que nos han dejado es la forma de gobierno que se dieron a sí mismos. Una parte importante de estos piratas provenían de los barcos de la armada inglesa, donde el trato que recibían los marineros era cruento e inhumano. Y no estaban dispuestos a recrear ese sistema en sus embarcaciones. Así, pues, capitanes como Samuel “Black Sam” Bellamy, Edward “Barbanegra” Thatch o Benjamin Hornigold, tenían autoridad absoluta (otorgada por los demás piratas del barco) mientras estuvieran en combate. Pero el resto de decisiones se tomaban en un consejo general de la tripulación donde cada hombre tenía derecho a voz y voto, incluyendo qué barcos atacar, qué hacer con los prisioneros y cómo castigar las transgresiones. Los capitanes comían lo mismo que sus hombres y compartían sus cabinas. Además, la tripulación elegía también al segundo de a bordo, para mantener el control sobre el reparto equitativo de botines y comida. Si estaban satisfechos con su capitán, lo seguían al fin del mundo. Si no, lo deponían en un abrir y cerrar de ojos.   Del mismo modo, una gran cantidad de esclavos negros liberados en las incursiones de estos piratas se unieron libremente a las tripulaciones, donde eran tratados como iguales, sin importar el color de la piel. Al igual que tampoco importaba la nacionalidad o el sexo, como demuestra la presencia de piratas franceses como Olivier La Buse o mujeres como Anne Bonny.   Y todo esto más de 50 años antes de la Guerra de Independencia de las Trece Colonias. Por ello, tampoco deja de sorprenderme, aunque se trate de una mera coincidencia, que existiera también un pirata llamado Thomas Paine. ¿Quizá un antiguo antepasado del conocido intelectual y revolucionario?

Defender el ejercicio imaginativo del Derecho garzonita para hacer memoria olvidando la trayectoria personal y profesional inmediata del personaje, supone una paradoja hipócrita tan sólo comparable con la ausencia de enjuiciamiento por el Magistrado estrella de los protagonistas de la transición como cooperadores necesarios en la causa contra el franquismo que abrió en su Juzgado.   Todo se habla como si fuera nuevo. Parece que los males de Garzón y su acumulación de procesamientos fueran consecuencia de una valiente actitud contra las injusticias de un pasado cuyas cuentas pretende saldar, víctima así de la confabulación del fascio redivivo. Como si el retrato de Garzón como el anti-juez se forjara sólo tras incoar el sumario que acarrea la primera de sus tres imputaciones.   Incomprensiblemente nadie recuerda que antes de la actualidad procesal de Garzón como imputado, hace ya muchos años, D. Baltasar fue un Juez que se hizo político, y que tras negársele el Ministerio de Justicia que reclamaba para controlarla, volvió al Juzgado para ejecutar su venganza usando datos que previamente le constaban que incriminaban en gravísimos delitos a la cúpula del partido en el cuya lista se integró, y que guardó deliberadamente en el cajón de su negociado a expensas del resultado de satisfacción de sus ambiciones personales.   Por aquellos años, D. Baltasar fue coartada e instrumento en el Tribunal Supremo del empresario más poderoso de España para acusar al abogado D. Antonio García-Trevijano, a los fiscales D. Ignacio Gordillo y Dña. María Dolores Márquez de Prado, y a sus compañeros de estrado y puñetas D. Joaquín Navarro y D. Javier Gómez de Liaño de conspirar para meter a Polanco en la cárcel. La broma le costó a éste último la expulsión de la carrera judicial por el mismo delito que ahora triplemente se imputa a Garzón, sin que nadie moviera una ceja. De nada le sirvió a D. Javier que en el año 2.008 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconociera la parcialidad de su enjuiciamiento y la injusticia de su condena.   El pollo ha engordado tanto que la rama que le aguantaba se ha roto. Una arrogancia judicial sin límite que jugó con el fuego de la política creando corrientes de interés en las que nadó según la coyuntura, pero que también sembró rencores imborrables con muy buena “memoria histórica”, aún reciente.