Cuentos de Tokio   Contemplación cinematográfica   Sin disponer de ese sentido del espectáculo que atesoraba Kurosawa, y que hacía que sus películas atrajeran a todo tipo de público en cualquier lugar del mundo, el cine intimista de Yasujiro Ozu tardó en ser descubierto y valorado por las miradas occidentales. “Contemplativo”, “trascendental”: así denominaron su estilo. Lo cierto es que su pureza y sencillez narrativas alcanza a presentarnos de una manera asombrosamente natural la humanidad de sus personajes.   Sin artificios ni encuadres rebuscados, con una cámara casi siempre estática (sólo unos pocos y suavizados travellings) y a una altura de 90 centímetros, que es el punto de vista de una persona sobre un tatami, Ozu recogió los diálogos, captó los gestos y desnudó los sentimientos de unos seres humanos cuyo principal interés radica en su existencia como tales, más allá de la trama en que están entretejidas sus acciones.   Ozu enfocó a lo largo de su obra las intrincadas relaciones familiares, el conflicto entre individuo y sociedad, y las dificultades para conciliar la tradición con las nuevas costumbres que la “occidentalización” traía consigo. En Japón, también lo monstruoso (monstruo proviene de “mostrum”, mostrar) fue un catalizador, algo que hizo aflorar el universo del átomo dividido: Godzilla fue una metáfora de la devastación nuclear, una forma de  acercarse  al  paisaje  apocalíptico  de  las ciudades en ruinas. Aquel gigantesco saurio representaba la bomba misma; recreaba el horror vivido y permitía revisitar la pesadilla de una realidad que, de otra manera, difícilmente hubiera podido afrontarse.   Cuentos de Tokio lleva a buen término cinematográfico una sombría reflexión acerca de las crueldades y falsedades que subyacen a las apariencias sobre las que suelen sustentarse las relaciones familiares. Si el hábito constituye la “gran guía de la naturaleza humana”, lo cierto es que esa fuerza basada en creencias derivadas de pautas de conducta habitual revela su debilidad cuando Ozu deja la cámara fija sobre unos personajes que viven engañados por sus afectos y costumbres, mientras se aproximan a la muerte, con ese extraño encanto de los derrotados, que normalmente sólo se da en personas muy ancianas o en enfermos desahuciados.   Respecto a la vejez o a “hacerse mayores” Oscar Wilde decía que la experiencia es el nombre con que las personas llaman a sus errores. El hecho es que el hombre, en el sentido espiritual, no llega sin más y con los años, a ninguna cosa; al revés, lo que con los años suele suceder es que siempre se va perdiendo algo: quizá lo poco de pasión e imaginación que se tenía, y también la poca interioridad de que uno era dueño, para caer sin más en una comprensión completamente trivial de la vida. En fin, si quieren saborear el sake, vean el cine de Yasujiro Ozu.

Movilización (foto: UGT-Madrid) Asalariados Unir dos o tres palabras puede tener un efecto más luminoso que el de muchas obras completas. Cuando Descartes alude en su “Discurso del Método” a una moral provisional (“morale par provisión”) está creando un concepto inédito de moral, sustituyendo los mandamientos divinos, sociales y tradicionales por reglas o valores que una persona es capaz de elegir y seguir. Se abría paso una religión de corte racionalista que empezaba por imponer la explotación de la naturaleza para acabar en la del hombre a través de la producción organizada como fin en sí mismo.   Este credo, que no exige la obediencia a ningún dogma ni doctrina férrea, sí somete cotidianamente al individuo mediante un nuevo pecado original: el trabajo. Un principio racional como la organización de los medios de producción se asienta en el trono de la divinidad. Al trabajar, cruzamos el umbral de los nuevos templos, sin espadañas ni reclinatorios, pero con chimeneas y mesas de oficina. No es de extrañar pues, que el antiburgués, el bohemio, el que no quiere trabajar, adore a Satanás.   En Inglaterra, las huelgas dieron lugar a la invención y aplicación de nuevas máquinas, que eran las armas que empleaban los capitalistas para doblegar a los trabajadores reivindicativos. Pero estos tiempos en los que la lucha de clases ha desaparecido, santificándose la paz social, se requiere, superando los hábitos salariales existentes y el actual modo de vida de los asalariados, la creación    de    algo   nuevo,    de una   cultura asalariada donde no sea el poder político quien defienda a la parte capitalista en el contrato de trabajo, sino la ciencia económica, la cultura salarial, que los eruditos pueden entender como restauración de la antigua costumbre de pagar la soldada (sueldo) con dinero para comprar sal (salario).   El Gobierno cumple su deber progresista al promover los valores culturales: entre ellos el de rebajar el salario real. Por su parte, los sindicatos deben sacrificar el egoísmo de los trabajadores en el altar de la cultura, para aplacar la voracidad de la inflación (que significa “acción y efecto de soplar dentro de algo” o “hinchazón”: los ingleses aplicaron el término al campo económico) sobre los lucros empresariales, o bien para mejorar la competitividad en ciclos “deshinchados”.   La causa de las huelgas ha de buscarse en la falta de cultura salarial, de la misma manera que las denuncias de corrupción en la prensa se explican por su carencia de cultura política: ¿acaso no es inherente la corrupción a un régimen sin separación de poderes? Esta situación tiene visos de arreglarse por completo con la invitación general, cursada por el poder, a los intelectuales, periodistas y sindicalistas, de convertirse en mercancía disponible a cambio de retribución (mercedis), a que se pongan a merced del Gobierno de turno, a que se hagan mercedarios. Sólo una cultura mercenaria (salarial), empapando de subvenciones el campo sindical y mediático, hará comprender a los sindicatos y a la prensa la inutilidad y anacronismo de sus funciones, en interés de la cultura posmoderna de la partidocracia.

Los empleos vitalicios y estables van camino de convertirse en bellos recuerdos, en viejas estampas, y los que, por algún milagro, queden o surjan, serán objeto de enconadas luchas y de enormes sacrificios. En la mayoría de los casos, aparte del marchamo de su provisionalidad, los trabajos disponibles estarán peor retribuidos que antes. Es decir, asistimos a una progresiva brutalización de la vida laboral.   Flexibilidad, competitividad, igualdad de oportunidades, libre iniciativa, movilidad, son los eufemismos que enmascaran el fomento de la amañada lucha por la existencia, la cruda aplicación de la ley de la fuerza y la creciente institucionalización del abuso. Un mundo implacable lleno de náufragos abandonados a su suerte y pugnando desesperadamente por mantenerse a flote.   Paradójicamente, el mesianismo científico de Marx tiene un origen burgués. El progreso, el porvenir de la ciencia, el culto de la técnica, la idolatría de la producción, son mitos burgueses que se constituyeron en dogma durante el siglo XX. Esa gran esperanza despertada por el desarrollo de la industria y los avances de la civilización es la de la propia sociedad burguesa, beneficiaria, en última instancia, del progreso técnico, pero ¿de qué nos sirve éste, si al final conduce a la deshumanización de nuestras relaciones y al endurecimiento de las condiciones de vida, con la creciente escasez de puestos de trabajo y las trágicas consecuencias materiales y morales que este fenómeno acarrea: marginación, desamparo, angustia?   La indiferencia por la injusticia, el desprecio por la libertad, son los modos de conducta imperantes en las instituciones, corporaciones y aparatos que dirigen y regulan (o desregulan) la vida colectiva. Ellos no confesarán nunca su estrepitoso fracaso ni se retirarán de la vida pública donde medran y disfrutan de su privilegiada estabilidad, pero cada vez estamos más hartos de sus mentiras y de su cinismo prepotente. Y esto incluye a todas las criaturas del Régimen: partidos y sindicatos estatales, medios de propaganda, y a la impune depredación financiera. Lo deseable sería que todos se pusieran en huelga general indefinida, pero su “inactividad” tendrá que ser inducida por un movimiento de ciudadanos.

Antiglobalización (foto: cole123) Futuro de la izquierda   Desde la caída de la Unión Soviética, y aún antes, cuando algunos intelectuales europeos desfilaron hacia Moscú para contemplar por sí mismos las maravillas del comunismo estatal y volvieron trayendo noticias de tremenda decepción, la izquierda ha sufrido una grave mutación que altera tanto los objetivos perseguidos como sus idearios. La naturaleza de tal mutación ha dado la impresión a muchos –tanto desencantados como liberales o de derechas– de que la izquierda está muerta, mientras que los que todavía se llaman a sí mismos ‘de izquierdas’ se agarran sin saberlo a formas de socialismo pre-marxista (utópicas), o simplemente se han enganchado al advenedizo vagón del Estado de Partidos.   En cierto sentido, la situación de la izquierda, una vez agotada la vía de la utopía y del totalitarismo estatal, no podría parecer peor. Pero no hay que dejarse engañar por las apariencias, puesto que no existen razones de peso para concluir que la lucha de clases y de intereses ha finalizado con una especie de armonía orquestada por la mano invisible, la cual al fin y al cabo trae lo mejor posible para todos. Las coordenadas cambian, y la historia enseña lecciones acerca de lo que es posible conseguir, incluso allí donde sus actores no son del todo conscientes de ello. Sin duda, las reglas del juego democrático pasarán a un primer plano, y ello por necesidades históricas que escapan a los distintos programas ideológicos  que   se   han  sucedido  desde  la Revolución Francesa hasta nuestros días. En este sentido, cabe recordar que históricamente la izquierda ha estado caracterizada por saltarse las reglas del juego para poder imponer sus programas unilateralmente, desde Lenin hasta Largo Caballero, y sigue siendo su mayor debilidad. La traición a la causa obrera de los partidos de izquierda y sindicatos en el Estado de Partidos es otra instancia al menos tan ilustrativa. No obstante, no tendría por qué ser así en el futuro, y pensar que la izquierda está por ello terminada puede resultar algo miope.   Efectivamente, algo se está cociendo. No ya sólo en tanto que incluso en la izquierda se percibe la necesidad de respetar las reglas del juego como un fundamento moral esencial sin el cual hay vida política en común, o ni siquiera por motivos permanentes de lucha de clases, sino en tanto que miramos a las formas en que la juventud se rebela intuitivamente contra formas establecidas de convivencia, poder, o flagrante desigualdad económica. Este último es un campo minado de ilusiones, prejuicios e ignorancias, pero también de fermentación de novedades en la rebelión. Sin ellas, los que tienen las riendas del poder en la mano gozarían de mayor impunidad. La construcción de derechos, dignidades y sus consecuentes responsabilidades supone una lucha constante, y ahora más en un mundo donde se ven amenazados muchos que ni siquiera pueden hablar (animales, plantas y minerales).

El proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) sigue su trámite de elaboración por el Gobierno con paso decidido. Hace ya tiempo que en este misma columna se advirtió de la vuelta de tuerca al sometimiento absoluto de la Justicia que supone entregar la instrucción penal a los fiscales (“Boutade Fiscal” 08/12/09, “Caamaño I El Bruto 30/11/09”). Ahora el primer partido de la oposición y el mismísimo Consejo General del Poder Judicial se caen del guindo y se sorprenden de que tal reforma legal permitirá al Ejecutivo “decidir qué causas penales se instruyen y cuáles no”, en palabras del diputado del Partido Popular D. Ignacio Gil Lázaro dirigidas al Ministro de Justicia en la última sesión de control al Ejecutivo en el Congreso.   Claro que al partido de la oposición le preocupa la cuestión sólo en tanto y en la medida que siga siendo tal, por lo que su postura a la contra se prevé transitoria de salir adelante la ley en la presente legislatura y ganar las próximas elecciones. Veremos entonces, cuando sea el ejecutivo del partido conservador el que designe al Fiscal General del Estado, si mantiene esa oposición o se trata sin embargo de reticencias pasajeras debidas a la actual coyuntura del juego de poderes. La historia reciente apunta indefectiblemente a esto último dada su volubilidad en casos similares de otros cambios legislativos hacia la concentración del poder (reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, política en medios de comunicación, administrativización de la Justicia, control político de la cátedra y reformas educativas…)   Apertura del curso judicial Más que lamentable, lastimosa es la posición de D. Carlos Dívar, presunto patrono de los jueces y Presidente del Tribunal Supremo (TS), quien, con voz de hilo y de pasada, no fuera a molestar a alguno de sus jefes, pidió en la apertura del curso judicial “suma prudencia” a la hora de abordar esta importante reforma procesal. Posturas tibias que contrastan con la energía de Caamaño, que ha negado que el nuevo modelo reduzca las garantías judiciales o de independencia, indicando, muy al contrario, que las amplía “porque los jueces tendrán el control de la investigación y la garantía de los derechos”. Vaya, ¿pero esto no era así desde el año 78? ¿Para qué entonces el cambio y la entrega de la posibilidad de incoar causas y acordar diligencias     de     investigación      al      fiscal quitándoselas al Juez?   Lo cierto es que la nueva LECRIM dejará la facultad de iniciar y archivar procedimientos, admitir querellas y denuncias, acordar diligencias de investigación de todo tipo como la intervención de las comunicaciones, ordenar pruebas de ADN, ruedas de reconocimiento, careos, la entrada en domicilios y aun la privación preventiva de libertad, a un órgano administrativo regido por el principio de jerarquía en cuya cúspide se sitúa un máximo responsable designado a dedo por el Presidente del Gobierno. Eso sí, con el control ex post de un Juez. “Ustedes desconfiaban y siguen desconfiando de la profesionalidad de los fiscales de nuestro país, nosotros no dudábamos de ella, ni de las capacidades de estas cámaras para debatir y aprobar una nueva ley de enjuiciamiento criminal a la altura de los tiempos y más acorde a la constitución”, Caamaño dixit. Pues eso es lo que precisamente da más miedo.

Rubalcaba pasando revista   El bosque y los árboles   Nuevo escándalo rubalcábico. Rechinar de dientes y pataleta en el partido conservador por el descubrimiento de la creación por Interior de un cuerpo policial especializado para el seguimiento e investigación de las posibles actividades delictivas de personajes de “especial relevancia pública”. Antes de la herida la venda previendo una cacería de piezas mayores en el coto de su facción. Hablando de cacería, el Rasputín de Solares ha puesto a la cabeza del nuevo cuerpo de élite y para élites al Comisario General de la Policía Judicial D. Juan Antonio González García, quien participó en la famosa jornada cinegética de Jaén junto con Bermejo y Garzón.   Como no existe independencia judicial y la norma es la deriva a la vía jurisdiccional de problemas esencialmente de orden político, es decir la judicialización de la política, los motivos de enojo del partido turnante ahora en la oposición se ponen en solfa como espurios y únicamente autoprotectores. Sin denuncia de la ausencia de separación de poderes y de una autentica policía judicial sólo dependiente de jueces y magistrados, cabe interpretar estas quejas tan solo como la denuncia de la ruptura del consenso sobre el “noli me tangere” entre los partidos dominantes.   De la misma forma que denunciar la sustracción de la instrucción penal a los jueces que proyecta Caamaño para entregarla a una fiscalía de directa elección por el ejecutivo sin diagnosticar el hecho como un simple síntoma de agravamiento de la enfermedad terminal de dependencia de la Justicia, en este caso, las vestiduras rasgadas de la prensa afín al Partido Popular sólo pueden calificarse como hipócritas o cuanto menos, cortas de miras.   La mera existencia de un Ministerio de Justica y de una Fiscalía General del Estado situada fuera del Poder Judicial, dependiendo del ejecutivo en su cúpula, son equiparables cualitativamente en cuanto a la intensidad de control de la vida judicial a la inexistencia de una policía judicial auténtica independiente del Ministerio de Interior y a disposición tan solo de un Consejo de Justicia separado en origen de los restantes poderes clásicos del Estado. El que no acepte esta realidad, que no se queje de que le levanten luego las faldas.

Cuando comience el minué del 29 de septiembre –portando los danzantes estatales sus respectivas rosas rojas, la del PSOE ya un tanto marchita-, las dificultades para ir al trabajo y desempeñarlo, y el tira y afloja con los servicios mínimos (a pesar de la voluntad de pactarlos acreditada por los sindicatos y el Gobierno, con el fin de minimizar los daños mutuos y volver a la mesa de negociaciones “desde el diálogo”) los guardianes del orden volverán a poner en circulación la reclamación de una ley que ponga límites a la excepcionalidad de una huelga general. En la fuerza de la ley encontramos el fundamento místico de la autoridad.   Este sintagma, “fuerza de ley”, proviene de una tradición que se remonta al derecho romano y medieval, en la que significaba de manera general “eficacia, capacidad de obligar”. Sin embargo, en la época moderna, cuyo punto de inflexión hallamos en la revolución francesa, dicha expresión empezó a designar y reverenciar el valor supremo de las resoluciones adoptadas por la asamblea representativa del pueblo. La doctrina de la soberanía popular apela a un pueblo entero, pero, ¿cómo representar al pueblo en su totalidad?   Las aporías y falacias sobre las que descansa la vigente teoría de la representación son señaladas en este Diario de manera ejemplar, pero lo que nos interesa recalcar ahora es que desde el punto de vista técnico el significado de “fuerza de ley” no se refiere a la propia ley sino a los decretos que tienen, como dice precisamente la expresión, fuerza de ley, es decir, esos decretos que el poder ejecutivo (donde en realidad se halla la inmaculada concepción de la soberanía) está autorizado a promulgar en determinados casos, y en particular, en el estado de excepción.   El concepto “fuerza de ley”, como término técnico del derecho, define la separación entre la eficacia de la ley y su esencia formal. De esta manera, los decretos y medidas que no son formalmente ley adquieren, no obstante, la fuerza que a ésta le corresponde. Y en un régimen donde no hay separación de poderes ni representación política, es decir, en un estado de normalidad antidemocrática (que eso es el Estado de Partidos), la palabra directriz del jefe del ejecutivo, si dispone de mayoría absoluta en el parlamento, o las palabras consensuadas de los oligarcas, si hay necesidad de pacto, tienen fuerza de ley, como decía Eichmann acerca de las de Hitler: “las palabras del Führer tienen fuerza de ley”.

Un mapa en la arena (foto: Frederic Remington) Destino Manifiesto En el siglo XVIII muchos norteamericanos veían reflejada en el indio la resplandeciente imagen del hombre salvaje que había creado Rousseau. El mito del buen salvaje: aquel puro de espíritu que “no conoce ni siquiera el nombre de los vicios que a nosotros nos cuesta reprimir” vivía en armonía con la naturaleza y se dedicaba a idílicas tareas agrícolas y cazadoras. En 1826 James Fenimore Cooper nos entregó (la adaptación cinematográfica de Michael Mann es muy estimable) una visión épica y trágica del “homme sauvage”. Diez años después de la publicación de “El último mohicano”, el nativo adquiere las rasgos de un ser perverso, que con su crueldad prolongaba la naturaleza salvaje y hostil que rodeaba a los colonos.   Un juez de Tennessee, despiadado e implacable con los delincuentes, accedió a la séptima presidencia con el nombre de Andrew Jackson (1829-1837). En 1814, sin autorización de su Gobierno, Jackson se había apoderado de la ciudad española de Pensacola para capturar a los ingleses allí refugiados; y en 1818, sin respetar tratados ni fronteras, había perseguido y exterminado a los indios semínolas en el territorio español de Florida. Durante su mandato presidencial dirigió un violento ultimátum a Francia y provocó el desastre financiero de la “guerra contra el Banco”, que terminó con la retirada de los fondos públicos del banco oficial. Jackson concibió el Destino Manifiesto para liberar a Norteamérica de los “íncubos españoles” que violaban el descanso sabático. Además, para los políticos de Washington, los indios eran un obstáculo para el desarrollo económico de la nación. El general William T. Sherman, un héroe de la guerra de secesión que llevó a cabo la llamada “guerra total” (destrucción de Atlanta el 15 de noviembre de 1864) y que invirtió grandes sumas de dinero en la expansión del ferrocarril, proclamó que no permitirían que “unos indios andrajosos frenaran el progreso”, concluyendo que “el único indio bueno es el indio muerto”.   La “misión trascendente” fue ensanchando su espacio vital. Theodore Roosevelt, ganador (como el siniestro Kissinger) del Premio Nobel de la Paz pese a su belicismo, dictaminó la intervención de los EEUU en cualquier nación latinoamericana que “fuera culpable de actuar incorrectamente en su política interior y exterior”. Distintos presidentes han recurrido al Destino Manifiesto para justificar sus devastadoras represalias, constituyéndose en el terror de los malhechores internacionales, aunque para perseguir a sus presas hayan tenido que destruir las madrigueras populares donde obtuvieran cobijo. Esa extraña mezcla de fanatismo religioso y nacionalista hace temblar a países enteros, para hacer caer, junto con las víctimas colaterales, a los demonios nativos, latinos o árabes que “amenazan su seguridad” o que comercian con lo ilícito y se apoderan del petróleo, en perjuicio de los designios providenciales de Estados Unidos.