Como si no hubiese llovido nada desde hace treinta años, Suso de Toro nos anuncia la “España que viene” (EL PAIS, 3 de abril), en la que “se necesita reconstruir un consenso sobre lo que es ser ciudadano español, y desde luego el consenso no es posible sobre el integrismo ideológico de esta derecha, aunque la derecha debiera ser partícipe de ese consenso. Y tampoco valdrá si no están en él los nacionalistas catalanes, vascos y gallegos, que son los que objetan al nacionalismo español.”. Nos equivocamos, por tanto, si queremos buscar causas institucionales a problemas evidentes: nuestro problema es de índole subjetiva, psicológica; no hemos querido comprendernos unos a otros, somos como un matrimonio mal avenido, no nos hemos puesto de acuerdo. Por eso nuestra solución no pasa por diseños jurídico-políticos de ningún tipo: eso ni tocarlo; nuestro Estado de las Autonomías es tan ejemplar y envidiable que, según Suso de Toro, hasta los franceses quieren copiarlo Nuestro problema es otro: todo se resolvería en las manos de un buen psicoanalista que atendiese a esta derecha enferma de “integrismo”. Como un perfecto desconocedor de la esencia misma de las identidades nacionales, Suso de Toro pretende que unas convivan con otras sin enfrentamientos de ningún tipo. Pero no seamos injustos, él no es el inventor de este tópico: esto es la eterna repetición de una misma cantinela falazmente propagandística que los consensos de la Transición siguen expandiendo. Tal pretensión de convivencia es una pura ilusión mientras se confíe a la exclusiva buena voluntad de una clase política tan amante del consenso como dada a atizar la más vacua y falaz retórica, explotadora de identidades siempre en pugna, inductora de conflictos que no pueden encontrar solución en su primer causante. “En ese consenso sobre la España real debieran caber los ciudadanos que estamos realmente dentro”, dice Suso de Toro. Fraudulenta logomaquia que no merece la pena siquiera intentar comprender. En suma, esta España que viene es la España que vuelve una y otra vez. Que treinta años después se siga aludiendo al “consenso” como panacea para la solución de los problemas de integración de las “identidades nacionales”, demuestra, en efecto, que el consenso pretérito no ha podido resolver aquello que ahora con más consenso quiere remediarse. El consenso, con consenso se paga. Congreso de los diputados (foto: jmlage)
Minorías
Los diputados que no pertenecen a los dos grandes partidos estatales forman las llamadas minorías. Pero “minorías” es una de las palabras que más confusión política ha provocado en Europa tras la segunda guerra mundial ( y desde 1977 en España) cuando la potencia vencedora impuso la forma política del Estado de partidos. Es comprensible que los políticos españoles, y más aún los que conforman el segmento de las minorías (nacionalistas catalanes, vascos, gallegos y canarios, Llamazares y Rosa Diez), no se hagan una idea “política” de lo que realmente es el “respeto a las minorías” en un sistema democrático. James Madison. Para entender el verdadero significado del concepto y su función en una verdadera democracia hay que remontarse al constitucionalismo norteamericano. En una democracia, el gobernante elegido por la mayoría ejerce el poder ejecutivo; en el Congreso los ciudadanos están representados, formándose en el mismo mayorías políticas que, dan lugar a una plasmación legislativa de los intereses mayoritarios de la sociedad civil. Esto no solamente no es injusto, sino que es la esencia de la democracia. El jurista James Madison (1751-1856) comprendió, sin embargo, que podría producirse, entonces, una “tiranía” de la mayoría (J.S.Mill). Había que hacer frente a esa posible tiranía política. Pero ¿cómo hacerlo? El cuarto presidente de los EEUU consideraba que se podía luchar con las armas ante invasiones extranjeras, y así lo hizo en la guerra contra los ingleses de 1812-1815. Mas para evitar la tiranía interior de la mayoría y garantizar la libertad política había que apoderar a las minorías para que pudieran hacer frente a los posibles abusos de la mayoría. Cuando acuden al Parlamento a través de las circunscripciones uninominales los diputados tienen la fuerza representativa que les ha concedido su distrito electoral, no dependen de los aparatos partidistas, y pueden unirse a la mayoría de la cámara legislativa o permanecer en la minoría, conforme a la exigencias de sus representados, pero con la seguridad institucional de no estar incapacitados para ejercer el control del Gobierno que la mayoría ha elegido. Minorías de todos los países ¡uníos!
La hinchazón
El anterior presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Alan Greenspan considera que la burbuja inmobiliaria se debe a un “error de cálculo” del sector financiero, y vincula la crisis de las hipotecas de alto riesgo (“subprime”) a una “ilusión” de grandes oportunidades de negocio, sin tener en cuenta la escasa fiabilidad de estos productos. A pesar de que el Fondo Monetario Internacional defiende una intervención gubernamental global para encarar la crisis crediticia, Alan Greenspan sostiene que el libre mercado “no tiene rival” en la organización de una economía. El citado economista advierte sobre la vulnerabilidad de la economía española, ya que aquí la “burbuja” ha sido más grande que en EEUU y el resto de Europa. Según el Instituto de Estudios Fiscales, el 44% de las inversiones municipales se financia con la venta de suelo público y la firma de convenios urbanísticos. Ahora, la capacidad de endeudamiento de los ayuntamientos está agotada, y toca a su fin la forma de afrontar el gasto social, que gracias al sector de la construcción, no implicaba una subida apreciable de los impuestos y tasas municipales. Aparte de la fabulosa acumulación de capital que el boom inmobiliario ha representado para las grandes empresas constructoras, también ha generado una fuente de enriquecimiento ilícito en unos ayuntamientos que se han visto salpicados por numerosos casos de corrupción urbanística. El Fondo Monetario Internacional augura que los precios de la vivienda descenderán hasta un 20%, lo que significará que la mayoría de los que tienen su casa hipotecada estarán pagando un crédito mucho más caro que el valor real de los inmuebles. Ante esta depreciación, la ley hipotecaria permite a los bancos exigir que se hipotequen otros bienes como garantía añadida. Merced a unos tipos de interés bajos y a una ilimitada confianza en la subida de los precios de las viviendas, muchos ciudadanos se han visto condenados a pagar mucho más de lo debido. Debido a la falta de control político y la “fiebre del ladrillo”, se ha permitido un lucro incesante a los negociantes del poder, que no están obligados a devolver sus ganancias. hechos significativos No está funcionando ninguna de las dos docenas de plantas desaladoras repartidas por el arco mediterráneo, que el Gobierno se comprometió a poner en marcha en 2008 para acabar con el problema del agua, sin necesidad de trasvases. Condenan a 16 años de cárcel al patrón de una patera que ordenó desembarcar a unos 50 metros de la orilla a unos pasajeros que no sabían nadar. Diez de ellos murieron. Dimite el responsable federal de Justicia de UGT, Joaquín Vela, tras la desconvocatoria de la huelga.
El mito del hombre libre
Bonanza (Cádiz) (foto: Óscar) El mito del hombre libre A don Dalmacio Negro, con admiración. La ciudadanía en el mundo antiguo significó la superación del agrupamiento humano entorno a un vínculo sanguíneo constatable (Nación Natural) y, en este sentido, el reconocimiento psicológico de un cierto grado de civilización. Pero la palabra “ciudadano” tomó su acepción moderna cuando la caída del Antiguo Régimen despersonificó el Estado y dio paso a la idea-fuerza de trasladar a cada anónimo individuo hasta él, tarea imposible. Para hacer de un individuo todos, tuvo que imponerse el principio de igualdad sobre el de libertad; aparecieron así la demagogia y la corrupción del pensamiento (Nación Política). Si la Nación Política no se identifica con la Sociedad Civil a través de la Sociedad Política, aquella primera es fascismo: un proyecto de poder arraigado en pretendidos axiomas naturales o culturales, que será inexorablemente destinado a hacer universales los intereses particulares y mantenido vivo por los propios interesados. El ciudadano no es el monómero de la Nación Política, como se deduce de la lectura de El mito del ciudadano, sino el de la Sociedad Civil. En su dimensión horizontal, como ser vivo comunitario, la expresión hombre libre incorpora el sugerente sesgo físico que otorga la capacidad de actuar, de crear. Pero es, además, la inclusión fantástica en el yo -en la conciencia individual- de aquello que sólo puede ser colectivo, la libertad, para mantener viva la perdida totipotencia del Uno. El hombre es político, pero el hombre libre deja de serlo para convertirse en una versión pre-moral del buen salvaje. Votar fútilmente acalla la hiperestésica conciencia de ese hombre libre, frustrando el ser ciudadano. Cuando el hombre deja de ser una evolución constante, cuando genera estructuras de organización vertical, el ciudadano se convierte en un nicho intelectual y sociopolítico –en el sentido en que los biólogos emplean “nicho”-. Un ciudadano no actúa por sí mismo; se comunica con el Estado, como ya anticipó Aristóteles, institucionalmente. La libertad individual, así vista, constituye una aporía política, un oxímoron y el mito romántico de don Federico Nietzsche: “Alemanes, en vano esperáis ser nación, formaos para ser, en cambio, hombres libres”.
Sindicalismo oficial
Los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y STAJ promovieron la huelga de los funcionarios de Justicia y, durante dos meses, intentaron llegar a un acuerdo con el Ministerio sobre las condiciones para su terminación. El daño económico y moral causado a los propios huelguistas y a los usuarios de la Administración de Justicia, en las Autonomías afectadas, ha sido enorme y de difícil reparación. El único responsable es un Ministerio de Justicia, que empezó negando lo que después ha terminado por admitir: la legitimidad del conflicto y la pertinencia de su jurisdicción para resolverlo. La exasperación de los huelguistas ha sido provocada por la negativa del Gobierno a reconocer su condición de parte patronal, pretextando que el agravio comparativo era cuestión concerniente a las Autonomías. Pero lo más ilustrativo no ha sido el caprichoso motivo para prolongar la huelga, sino el modo autoritario de terminarla. El Ministro ordenó a los sindicatos que sustituyeran a los delegados negociadores por sus jefes, para pactar directamente con ellos. La obediente UGT desconvocó la huelga antes de la reunión. Y CCOO prefirió desconvocarla después de que el Sr. Segarra (responsable de servicios públicos) tuviera el placer de sentarse con el Ministro, para traicionar al portavoz de los trabajadores, su subordinado Javier Hernández, que salió llorando de la ridícula representación. Se escenificó la comedia: un órgano del Estado, el Ministro de Justicia, ordena a otros inferiores órganos estatales, UGT y CCOO, que cambien de interlocutores para que no haya vencedores ni vencidos. La huelga era absurda entre compañeros. Un simple malentendido. Los sindicatos subvencionados por el Estado carecen de autonomía. Como el sindicato único de la dictadura, las actuales organizaciones sindicales representan y cumplen las funciones del sindicalismo oficial en el Estado de Partidos. No son ni pueden ser lo que aparentan ser: organizaciones autónomas de trabajadores Su problema de autenticidad existencial es el mismo que el de los partidos estatales. La oposición al oficialismo de CCOO, manifestada hoy mismo por los honestos y tenaces Agustín Moreno y Salce Elvira en “El Mundo”, no comprende todavía que su reivindicación de “autonomía ante cualquier gobierno y partido político”, peor que una nueva utopía inalcanzable, es pura contradicción en un sindicato estatal. florilegio "El drama del sindicalismo revolucionario era que la huelga terminaba con la aceptación de su enemigo de clase. Lo cómico del sindicalismo estatal está en que, no pudiendo ser reivindicativo frente a su patrón, lo representa."
CONVOCATORIA REPUBLICANA
Los resultados en las últimas elecciones pseudopresidenciales, con un bajo porcentaje de abstención, han destruido la confianza depositada por IU y los partidos nacionalistas en el sistema proporcional corregido por la regla D’Hont. Sin percibir la causa profunda de sus fracasos electorales, ninguno de ellos pretende reemplazarlo por el único método representativo de los electores: el sistema mayoritario de candidaturas uninominales, vigente en los países anglosajones y Francia. Para aumentar sus cuotas de poder en el Estado, ponen sus esperanzas en la proporcionalidad pura o en el cambio de esta Monarquía partitocrática por una Republica partitocrática.
La reacción contra la Monarquía de Partidos se ha manifestado ya en el grupo disidente de IU. Ante la crisis bipartidista de la Transición, contraria al pluralismo del reparto fundacional del Estado de partidos, Julio Anguita, Miguel Jordá y Ramón Serrano, han convocado la iniciación de un proceso constituyente de la III República que culmine en un Estado Federal.
Mi antigua y mantenida amistad con excelentes personas, como Anguita y Jordá, mi respeto hacia ellas y mi responsabilidad política como portavoz del MCRC me obligan a definir las fronteras del campo de acción donde los modernos repúblicos podemos coincidir con las convocatorias de los republicanos desengañados de su participación en la Monarquía franquista.
La contribución del Partido Comunista a la instauración y duración de la Monarquía de Juan Carlos fue determinante. Se comprende, por ello, que los arrepentidos de ese error histórico consideren Ejes de su convocatoria el agotamiento de la Transición y la regeneración del País. Para el MCRC, la Transición está agotando su caudal político al servicio de la oligarquía económica y mediática que instrumentalizó a los partidos clandestinos, a la muerte de Franco, dándoles cuotas de poder estatal en la Monarquía. Lo agotado es el servicio del PC o IU a esa oligarquía que ya no los necesita. Y si la ausencia de libertad política colectiva y democracia formal ha sido lo característico de España en toda su historia, carece de sentido hablar de regeneración cuando no hay generación precedente a la que referirse.
La III República solo será la culminación institucional de un proceso constituyente, como también propone el MCRC, si, y solo si, los gobernados pueden elegir con libertad, en referéndum no ratificador ni plebiscitario, la forma concreta de Estado y de Gobierno, entre uno de los tres modelos posibles: República de Partidos, República Federal y Republica Constitucional.
Entre los 7 Ejes centrales de la República Federal que proponen los disidentes de IU, nuestro MCRC acepta sin reservas el primero (derechos humanos), el quinto (austeridad) y el séptimo (Europa Federal). Pero no entiende lo que significa el segundo (democracia radical), pues si la raíz es la democracia directa de los atenienses, ésta no es viable en los sociedades modernas, que la han sustituido por la democracia representativa (Suiza, EEUU). Ni sabe lo que quiere decir el tercero, pues la paz o la guerra no son cuestiones de Estado, sino de Gobierno. Acepta con reservas el cuarto, pues la laicidad, limitada a la esfera del Estado, no justifica ni legitima la acción laicizadora de los gobiernos sobre la sociedad civil. Y rechaza de plano el Estado Federal, pues España no es una conjunción de naciones preestatales -que puedan separarse para después federarse-, sino una sola Nación Estatal.
Hechas estas precisiones, que evitan cualquier clase de confusión política de nuestro MCRC con el proyecto republicano de un Estado federal, saludamos y celebramos la iniciativa de los disidentes de IU por tres motivos: porque destruye el apoyo ideológico del comunismo a la Monarquía de Juan Carlos; porque desenmascara el falso republicanismo de los partidos que se llaman republicanos viviendo en y del Estado de la Monarquía; y, sobre todo, porque defiende la apertura de un periodo constituyente de la libertad política, donde no puede ser excluida por definición ninguna de las ideas constitucionales del Estado.
Del mismo modo que el MCRC respeta y defiende que el proyecto de Estado Federal tenga su oportunidad de poder ser elegido en el Referéndum de la libertad política, también esperamos de sus promotores que respeten y defiendan el derecho de la idea constitucional de la República, o sea, el presidencialismo y la democracia representativa (solo posible con el sistema electoral mayoritario), a ser una de las tres opciones elegibles en ese decisivo y decisorio Referéndum.
Traducido en términos de acción política, lo anterior quiere decir que el MCRC, que acoge en su seno a todas las ideologías no estatales, apoyará y participará en todo tipo de acciones, no violentas, que tiendan a la destrucción de las bases ideológicas de la Monarquía y de la partidocracia, sin tener en cuenta el interés, aunque sea divergente a largo plazo, de quienes coincidan en considerar necesaria la previa conquista, en la sociedad civil, de la libertad política colectiva que haga posible la celebración del Referéndum sobre la forma de Estado y de Gobierno.
Convocatoria republicana
Los resultados en las últimas elecciones pseudopresidenciales, con un bajo porcentaje de abstención, han destruido la confianza depositada por IU y los partidos nacionalistas en el sistema proporcional corregido por la regla D’Hont. Sin percibir la causa profunda de sus fracasos electorales, ninguno de ellos pretende reemplazarlo por el único método representativo de los electores: el sistema mayoritario de candidaturas uninominales, vigente en los países anglosajones y Francia. Para aumentar sus cuotas de poder en el Estado, ponen sus esperanzas en la proporcionalidad pura o en el cambio de esta Monarquía partitocrática por una Republica partitocrática. La reacción contra la Monarquía de Partidos se ha manifestado ya en el grupo disidente de IU. Ante la crisis bipartidista de la Transición, contraria al pluralismo del reparto fundacional del Estado de partidos, Julio Anguita, Miguel Jordá y Ramón Serrano, han convocado la iniciación de un proceso constituyente de la III República que culmine en un Estado Federal. Mi antigua y mantenida amistad con excelentes personas, como Anguita y Jordá, mi respeto hacia ellas y mi responsabilidad política como portavoz del MCRC me obligan a definir las fronteras del campo de acción donde los modernos repúblicos podemos coincidir con las convocatorias de los republicanos desengañados de su participación en la Monarquía franquista. La contribución del Partido Comunista a la instauración y duración de la Monarquía de Juan Carlos fue determinante. Se comprende, por ello, que los arrepentidos de ese error histórico consideren Ejes de su convocatoria el agotamiento de la Transición y la regeneración del País. Para el MCRC, la Transición está agotando su caudal político al servicio de la oligarquía económica y mediática que instrumentalizó a los partidos clandestinos, a la muerte de Franco, dándoles cuotas de poder estatal en la Monarquía. Lo agotado es el servicio del PC o IU a esa oligarquía que ya no los necesita. Y si la ausencia de libertad política colectiva y democracia formal ha sido lo característico de España en toda su historia, carece de sentido hablar de regeneración cuando no hay generación precedente a la que referirse. La III República solo será la culminación institucional de un proceso constituyente, como también propone el MCRC, si, y solo si, los gobernados pueden elegir con libertad, en referéndum no ratificador ni plebiscitario, la forma concreta de Estado y de Gobierno, entre uno de los tres modelos posibles: República de Partidos, República Federal y Republica Constitucional. Entre los 7 Ejes centrales de la República Federal que proponen los disidentes de IU, nuestro MCRC acepta sin reservas el primero (derechos humanos), el quinto (austeridad) y el séptimo (Europa Federal). Pero no entiende lo que significa el segundo (democracia radical), pues si la raíz es la democracia directa de los atenienses, ésta no es viable en los sociedades modernas, que la han sustituido por la democracia representativa (Suiza, EEUU). Ni sabe lo que quiere decir el tercero, pues la paz o la guerra no son cuestiones de Estado, sino de Gobierno. Acepta con reservas el cuarto, pues la laicidad, limitada a la esfera del Estado, no justifica ni legitima la acción laicizadora de los gobiernos sobre la sociedad civil. Y rechaza de plano el Estado Federal, pues España no es una conjunción de naciones preestatales -que puedan separarse para después federarse-, sino una sola Nación Estatal. Hechas estas precisiones, que evitan cualquier clase de confusión política de nuestro MCRC con el proyecto republicano de un Estado federal, saludamos y celebramos la iniciativa de los disidentes de IU por tres motivos: porque destruye el apoyo ideológico del comunismo a la Monarquía de Juan Carlos; porque desenmascara el falso republicanismo de los partidos que se llaman republicanos viviendo en y del Estado de la Monarquía; y, sobre todo, porque defiende la apertura de un periodo constituyente de la libertad política, donde no puede ser excluida por definición ninguna de las ideas constitucionales del Estado. Del mismo modo que el MCRC respeta y defiende que el proyecto de Estado Federal tenga su oportunidad de poder ser elegido en el Referéndum de la libertad política, también esperamos de sus promotores que respeten y defiendan el derecho de la idea constitucional de la República, o sea, el presidencialismo y la democracia representativa (solo posible con el sistema electoral mayoritario), a ser una de las tres opciones elegibles en ese decisivo y decisorio Referéndum. Traducido en términos de acción política, lo anterior quiere decir que el MCRC, que acoge en su seno a todas las ideologías no estatales, apoyará y participará en todo tipo de acciones, no violentas, que tiendan a la destrucción de las bases ideológicas de la Monarquía y de la partidocracia, sin tener en cuenta el interés, aunque sea divergente a largo plazo, de quienes coincidan en considerar necesaria la previa conquista, en la sociedad civil, de la libertad política colectiva que haga posible la celebración del Referéndum sobre la forma de Estado y de Gobierno.
Desmemoria histórica
“El Guernica” de Picasso (foto: hdelmolino) El pasado legitima. La pugna partidista por el poder no se detiene ante la verdad. Aun más, provoca el reflejo del combate ideológico en la parte visible de la opinión pública, donde aquella es la primera víctima. Y utiliza el presente para “retroalimentarse”. Tal cosa sucede en España, al coexistir dos versiones opuestas y simultáneas de los mismos sucesos históricos. Curiosamente, la ardiente discrepancia se circunscribe, de forma exclusiva, al periodo que va desde la II República, pasando por la Guerra Civil y el Franquismo, hasta el comienzo de la llamada Transición; coincidiendo, ambas escuelas, en señalar las elecciones del 15 de julio de 1977 como “democráticas”. Resulta imposible conciliar las tesis fundamentales de las citadas corrientes historiográficas con la conducta de los actores de la ceremonia fundacional del actual Régimen. Por ejemplo, si el golpe de estado del 36 fue una reacción a la situación prerrevolucionaria forzada desde “las izquierdas”, y la Dictadura una solución “autoritaria” como “respuesta excepcional” a la crisis, ¿cómo encajar que los rescoldos del Franquismo admitieran pactar, tal cual y con las mismas siglas, con los partidos de izquierda y nacionalistas —PNV, la Esquerra, PCE y, sobre todo, el PSOE— que habían causado la ruina de la República y la Guerra Civil, introduciéndoles además en el Estado? Cuesta creer que todos los trabajos individuales carezcan de la más mínima aspiración de verdad y acoplamiento a los hechos. Otra cosa es que la subordinación de la sociedad civil al totalitario Estado autonómico de varios partidos termine por condicionar la supervivencia pública o académica a la adhesión a una facción. Esta polémica histórica no es más que una monumental maniobra de distracción para enterrar el horrible crimen moral y la felonía política compartida de la “Transición”, en la que se demostró que la pasión partidista por el poder lo supera todo, incluso las razones históricas y éticas de la existencia propia. Con respecto a los demás, en épocas de incertidumbre, según De la Rochefoucauld, “más traiciones se cometen por debilidad que por propósito firme”. Cuando los partidos políticos del exilio y la clandestinidad se convierten en organizaciones subvencionadas por el Estado posfranquista, se inicia el “consenso historiográfico”.
La proporcionalidad
De un artículo de Jorge Urdánoz Ganuza (“Bipartidismo y mecánica perversa”), publicado en EL PAIS el 1 de abril de 2008, entresaco los pasajes siguientes, que por ser tan explícitos pueden ser descontextualizados sin temor a distorsiones: “El ideal de la representación proporcional (…) garantizaría la justicia en la representación(…) .”, y “Lo inaudito aquí y ahora es que [los valores de la proporcionalidad] se vean todavía en el trance de ser defendidos, porque ni su fundamento ni su idoneidad deberían encontrarse sometidos a discusión ni lesionados en la práctica. No son opciones, son derechos.”.Un juicio tan contundente dejaría a las democracias anglosajonas y al sistema electoral de la V República francesa hundidos ipso facto en el descrédito: pero, con todo, no es este argumento de “autoridad” lo importante. Porque lo primero que debe subrayarse es que los párrafos mencionados no entran en lo que es previo a cualquier posibilidad de entendimiento, es decir, desentrañar el significado de palabras que, como “representación”, distan de ser, por decirlo en términos jurídicos, una “cuestión pacífica”: no cabe representación cuando los electores se han visto reducidos a un papel puramente especular, refrendario de listas previamente elaboradas sin garantías democráticas de ningún tipo y con criterios que solo competen a unas organizaciones que, como los partidos de masas, son fatalmente oligárquicas y no pueden ser democráticas: Robert Michels no habló en vano, nunca un autor ha sido tan gratuitamente alabado mientras su lección estaba siendo tan lastimosamente desaprovechada.Un tal "derecho a la proporcionalidad" no correspondería, como el artículo pretende, a los electores, sino a quienes, de forma fraudulenta, son considerados sus “representantes”: derecho a un reparto proporcional de las cuotas de poder en función de los votos recibidos del electorado, lo cual es estrictamente ajeno al control del poder, no solo de los elegidos por parte de los electores, sino también a la necesaria tarea de fiscalización del Legislativo sobre el Ejecutivo, cuya ausencia invalida toda posibilidad de democracia. Esta fraudulenta identificación entre proporcionalidad y democracia es otro más de los automatismos que, como un resorte invariable, se han incorporado al acervo de la propaganda periodística oficial. Por encima del sistema de asignación de escaños, la presencia del Jefe del Ejecutivo en el banco azul del Legislativo y la férrea y tan encarecida "disciplina de voto" de sus señorías (el mandato imperativo de facto, prohibido de iure en la Constitución) son las que ponen seriamente en entredicho la posibilidad de que el poder sea controlado: y allí donde el poder no está sometido a control, la democracia es imposible. Aunque el sistema electoral alcance la perfecta proporcionalidad.
Transición bufonesca
Pedro Almodóvar (foto: Kandinski) España dio los primeros pasos de su infancia política, también llamada transición, asida de la mano de un monarca, de cuya contagiosa frivolidad se desprendió una forma de concebir el mundo que rápidamente impregnó las pautas de vida colectiva. Lo que aquí se llamó cultura y no llega a cateto folcrore, encontró en la frívola irresponsabilidad de la transición una veta de aparente modernidad. Del Rey abajo, todo estaba permitido porque nadie tenía que responder de nada. Vivir como si se fuese a morir hoy mismo. Suicidio de la moral pública, del buen gusto y de la excelencia. Dos generaciones culturales viviendo el mismo embuste, dos generaciones perdidas; porque ha perdido el tiempo y el sentido de su vida aquella generación que no ha sabido aprovechar los pocos resquicios que la Historia deja para que entre la luz de la libertad política. Y así ha vivido España, en la más absoluta oscuridad cultural: un buen ejemplo de ello fue la tenebrosa “movida madrileña ”. Los que han sobrevivido al naufragio de la misma, aparecerán como invitados de honor en el tradicional Baile de la Rosa de la corte monegasca. Los componentes de la chabacana movida son los representantes culturales de la frivolidad instaurada en España por un primo de los monegascos, cuyos bailes cortesanos no serían tan amenos si no contasen siempre con bufones. La frivolidad de los iconos de la “modernidad” española trae su causa de la licencia que han aprendido del patrón de la transición, que ha cobijado bajo su manto de armiño la degradación cultural. La moda, como decía Tarde, es fenómeno de imitación, y la moda de lo frívolo ha desactivado buena parte de los resortes morales que cualquier sociedad sana tiene para defenderse. No hay peor síntoma de desfallecimiento civil que la asunción del propio suicidio moral. Un ciudadano apático, resignado, cautivo de sus tiranos, es un mero consumidor de vulgares mercaderías culturales y políticas. Resultado final de esta ópera bufa de la transición, donde el actor principal enseñó, sobre una tabla rasa, a los actores secundarios de la movida, que se han dedicado, desde entonces, exultantes de complicidad, a ir de gira por toda España y parte del extranjero, bailando al son de la Monarquía de partidos y actuando “ad maiorem gloriam” de la misma.
