De un artículo de Jorge Urdánoz Ganuza (“Bipartidismo y mecánica perversa”), publicado en EL PAIS el 1 de abril de 2008, entresaco los pasajes siguientes, que por ser tan explícitos pueden ser descontextualizados sin temor a distorsiones: “El ideal de la representación proporcional (…) garantizaría la justicia en la representación(…) .”, y “Lo inaudito aquí y ahora es que [los valores de la proporcionalidad] se vean todavía en el trance de ser defendidos, porque ni su fundamento ni su idoneidad deberían encontrarse sometidos a discusión ni lesionados en la práctica. No son opciones, son derechos.”.Un juicio tan contundente dejaría a las democracias anglosajonas y al sistema electoral de la V República francesa hundidos ipso facto en el descrédito: pero, con todo, no es este argumento de “autoridad” lo importante. Porque lo primero que debe subrayarse es que los párrafos mencionados no entran en lo que es previo a cualquier posibilidad de entendimiento, es decir, desentrañar el significado de palabras que, como “representación”, distan de ser, por decirlo en términos jurídicos, una “cuestión pacífica”: no cabe representación cuando los electores se han visto reducidos a un papel puramente especular, refrendario de listas previamente elaboradas sin garantías democráticas de ningún tipo y con criterios que solo competen a unas organizaciones que, como los partidos de masas, son fatalmente oligárquicas y no pueden ser democráticas: Robert Michels no habló en vano, nunca un autor ha sido tan gratuitamente alabado mientras su lección estaba siendo tan lastimosamente desaprovechada.Un tal "derecho a la proporcionalidad" no correspondería, como el artículo pretende, a los electores, sino a quienes, de forma fraudulenta, son considerados sus “representantes”: derecho a un reparto proporcional de las cuotas de poder en función de los votos recibidos del electorado, lo cual es estrictamente ajeno al control del poder, no solo de los elegidos por parte de los electores, sino también a la necesaria tarea de fiscalización del Legislativo sobre el Ejecutivo, cuya ausencia invalida toda posibilidad de democracia. Esta fraudulenta identificación entre proporcionalidad y democracia es otro más de los automatismos que, como un resorte invariable, se han incorporado al acervo de la propaganda periodística oficial. Por encima del sistema de asignación de escaños, la presencia del Jefe del Ejecutivo en el banco azul del Legislativo y la férrea y tan encarecida "disciplina de voto" de sus señorías (el mandato imperativo de facto, prohibido de iure en la Constitución) son las que ponen seriamente en entredicho la posibilidad de que el poder sea controlado: y allí donde el poder no está sometido a control, la democracia es imposible. Aunque el sistema electoral alcance la perfecta proporcionalidad.