If the bank crisis past is (foto: f650biker) Crisis institucionalizada La memoria colectiva es flaca. Más si no se cultiva. O no puede hacerse sin comprometer el señuelo del pluralismo de partidos estatal diseñado por el posfranquismo. Desde entonces, toda retentiva pública es tan oficial como falaz. Por ello, no conviene recordar que el Régimen actual nació en un mundo ya acabado, concebido por y para la crisis. Una, la por todos conocida “del petróleo”. Otra, generalmente obviada: la de las divisas.   Desde 1971, tras la inconvertibilidad del dólar y su primera devaluación, las monedas entraron en flotación. Los países de la CEE trataron de limitar el daño interno acordando mantener una leve banda de fluctuación entre sus divisas, y de todas respecto al dólar, en las llamadas “serpientes monetarias europeas”. La única moneda que resistió fue el marco alemán. El panorama no se aclararía hasta 1979, con la creación del Sistema Monetario Europeo.   La inestabilidad de las divisas resultaba peligrosísima para España, pues el desarrollo industrial dependía de la importación de patentes y bienes de equipo. Así que para poder comprar sin demasiados riesgos era necesario mantener también elevadas las exportaciones cruzadas, cosa que se logró con el soporte de la política fiscal y arancelaria. El mayor volumen de intercambio recíproco era con la CEE, sobre todo tras el Acuerdo Comercial Preferencial (ACP) de 1970, ello a pesar de que la Política Agraria Común cerraba prácticamente las puertas a nuestro sector primario, el más competitivo. Desatada la crisis, a nuestros “amigos” europeos les empezaron a parecer mal los términos del ACP.   La banca privada se hallaba atrapada por las restricciones que la Dictadura imponía al sistema financiero, que obligaba a mantener los niveles de inversión. La crisis lo golpearía. En 1974, se acabó con la separación entre bancos         privados         “comerciales”      e “industriales”. El pacto entre los altos funcionarios del franquismo y la oposición, auspiciado por el juancarlismo para repartirse el Estado, necesitaba del poder financiero que habría de liberar, pues el camino del monetarismo europeo contemplaba tan férreo control de la inflación que no era posible acudir a la emisión de dinero público por el Banco Central, aun a costa del endeudamiento con entidades privadas. Recién inaugurado el Estado de partidos, el Banco de España creó el Fondo de Garantía de Depósitos, y permitió a las entidades bancarias, entre otras medidas propicias, aumentar a su favor el margen entre los tipos de interés debidos por depósito y cobrados por préstamo. Entre 1975 y 1986, el porcentaje de valores industriales en la cartera de los bancos españoles descendió del 33 al 12,8 por 100, aumentando su participación en títulos públicos. El desmantelamiento industrial de España que acarreó el ingreso en el Mercado Común no pareció pillarles por sorpresa.   Por si a alguien le cupiera la más mínima duda al respecto, en la crisis actual, la Monarquía de partidos vuelve a calcar sustancialmente las actuaciones pasadas: inyecciones a los bancos, subida de impuestos y cotizaciones, y reforma laboral. Esta es la realpolitik del binomio partidos estatales-poder financiero. Ya en 1977, los Pactos de la Moncloa supusieron la imposición estatal de la reducción de los costes laborales en favor de las empresas y la subida de la presión fiscal. A los sindicatos de entonces se les exigió la necesaria adhesión a la unanimidad. Ahora, era obligado hacer una huelga general para continuar con la mascarada. Pero es absolutamente imposible que los intereses de los trabajadores asalariados sean siquiera tenidos en cuenta con un sistema político que se blinda en su irrepresentación. Y contra esto jamás se manifestarán unos sindicatos que son el engranaje “social” de la institucionalización de la crisis.