PEDRO M. GONZÁLEZ.
Que un miembro del ejecutivo justifique en la Ley su prerrogativa de violar las decisiones de la jurisdicción sin que se mueva una hoja es síntoma de que corren malos tiempos para la idea de la Democracia. Cuando Gallardón se pavonea de que el indulto a los cuatro Mossos torturadores es resultado lógico de esa prerrogativa gubernamental, justifica el derecho de pernada del Ministerio de Gracia con la Justicia. Pero para tener una perspectiva clara de esta atrocidad conviene hacer historia y retrato de los implicados y los hechos.
A finales del 2.008 el Departamento de Interior de la Generalidad catalana renovaba el apoyo jurídico a los cinco mossos d´esquadra que fueron condenados por malos tratos a un detenido para que recurrieran la sentencia que les condenaba. El muy progresista Joan Saura (Iniciativa per Catalunya,-Les Verds), indicó que la consellería que dirige mantendría el asesoramiento jurídico y pagaría la defensa de los mossos condenados, cuyas penas en algunos casos alcanzaban los seis años de prisión por su brutal actuación. Tras el agotamiento de los recursos, las condenas alcanzaron firmeza en distinto grado de culpabilidad respecto de cuatro de los agentes. Si resulta sarcástico que Josu Ternera presidiera la Mesa de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, no lo es menos que el Sr. Saura diera público conocimiento de la decisión del departamento que encabezara tras su intervención en la inauguración de los jornadas policiales sobre el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, celebrada en Barcelona.
Con anterioridad a la sentencia de condena a los agentes autonómicos, dos de los reos por tortura habían aprobado sendas oposiciones que les permitieron ascender de categoría y ser destinados a la Comisaría de Les Corts donde, según la resolución condenatoria, torturaron y maltrataron a un ciudadano rumano al que detuvieron por error en el año 2.006, y a quien llegaron a introducir una pistola en la boca para hacerle confesar. Ajeno a la realidad, y ante un auditorio compuesto básicamente por mossos y policías locales bajo su Mando Único, por aquel entonces Saura hizo una defensa de la institución policial, como la que “más puede hacer por respetar y proteger los derechos humanos”.
Los caminos del consenso hacen extraños compañeros de cama, y ahora Gallardón da el espaldarazo a la iniquidad con el indulto a los condenados. Fin de la historia, y cierre del círculo de la iniquidad. Sin la existencia de una auténtica Policía Judicial garante del Derecho Público, el Estado de Poderes Inseparados se convierte de nuevo en sindicato de la brutalidad cuando no directamente en garantía de impunidad de los poderosos e instrumento de eficaz represión. Cuando los poderes del estado no están separados no puede existir independencia, y la creación de nuevos cuerpos policiales no será sino simple especialización en la forma represiva ya que la efectiva separación de poderes exige la dependencia exclusiva y directa de cada cuerpo policial de aquel poder del estado, también separado, del que depende.
