Los medios de comunicación de EE.UU. y de toda Europa fabrican candidatos al poder de tal manera que es imposible saber las medidas que tomarán cuando lo alcancen. Obama no es una excepción. No hay información clara para el votante norteamericano sobre si la política exterior dejará de ser agresiva o si se socializarán beneficios, en el interior, para atender a los más necesitados o, en cambio, seguirá cumpliendo con el principio realista, y nada ético, del capitalismo financiero: dinero de los pobres y clase media para los multimillonarios y grandes bancos. Pero la crisis financiera está permitiendo que las encuestas de los últimos días den como ganador al candidato demócrata. Sorpresa que pondrá en marcha el tradicional aparato de difamación del partido de los Bush. Las características propagandistas de las elecciones en los EE.UU. obligan a vaciar de contenido la futura acción de gobierno del candidato más racional (Obama) y, a la misma vez y como su natural consecuencia, le dejan totalmente indefenso ante la previsible campaña contra su persona de la maquinaria electoral del partido rival. Ésta aprovechará, obviamente, el racismo latente o explícito de la “América profunda”. Sería, sin duda, una revolución cultural considerable en USA el que pueda ser Presidente una persona negra. John McCain y Barak Obama (foto: American Pundit Fighting) No son especulaciones sin fundamento. En las pasadas elecciones el candidato demócrata perdió por una eficiente campaña similar. John Kerry fue soldado en Vietnam en una de las zonas más peligrosas y sangrientas. Realmente es un héroe desde el punto de vista republicano, sin embargo Bush usó sus conexiones para librarse del servicio militar. En cambio, los medios de desinformación consiguieron que el elector medio creyera que Kerry era un traidor y ¡que Bush era más patriota! Conclusión y sorpresa: ganó Bush.

La apertura del Año Judicial ha servido de excusa para que la Unión Progresista de Fiscales (UPF) emita un comunicado por el que significa su esperanza en que los nuevos vocales del recién renovado Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no reproduzcan la “perversa” (sic.) situación creada por sus predecesores. Esa esperanza, según la UPF, se basa en la confianza en que los nuevos miembros del Consejo “se guíen en el ejercicio de sus funciones por un alto sentido de la responsabilidad institucional”, y que no se conviertan en “mera expresión de prejuicios ideológicos”. El infantilismo de tales declaraciones sólo se explica comprendiendo el desprecio conceptual de lo que significa Separación de Poderes, o la más descarada toma de posiciones ante la reforma prometida por los dos partidos mayoritarios sobre la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que ambos coinciden en entregar la instrucción de las causas penales al Fiscal, arrebatándosela al Juez de Instrucción.Y es que esta última estocada a cualquier atisbo de siquiera división orgánica entre el poder político y el ejercicio jurisdiccional, supone entregar al Ministerio Público, de estructura jerárquica, en cuya cúspide se encuentra un Fiscal General del Estado elegido directamente por el ejecutivo, la facultad de incoar, archivar y seguir causas criminales, lo que encuentra naturalmente expresa mención en el referido comunicado, pronunciándose, como no podía ser de otra forma, de forma favorable. Para ello, el comunicado nos muestra el único camino posible a seguir, aconsejando a los nuevos vocales que desarrollen sus funciones con “voluntad de consenso desde el debate técnico y el pluralismo político” (sic.). Decir que se debe consensuar lo justo, transar sobre la esencia misma de la razón de la Justicia conforme a criterios ideológicos, bastaría para que los propios fiscales que redactan este comunicado se autoinculparan por delito de prevaricación. El consenso es enemigo irreconciliable del concepto absoluto de “lo Justo”. La transacción es un modo legítimo de solución de conflictos al que las partes litigantes pueden acudir voluntariamente para resolver sus conflictos dentro del ámbito del derecho privado, renunciando al absoluto de sus pretensiones. Por eso, transponer criterios transaccionales de conveniencia política a la formación de la voluntad de los órganos Judiciales es renunciar a la aplicación del derecho sobre bases objetivas de Justicia. Cándido Conde-Pumpido, Fiscal General del Estado

Doña Bibiana Aído, Ministra de Igualdad (foto: bibianaaido) La relación social antecede a homo sapiens. En un primer momento, los grupos humanos hubieron de estar marcados por las condiciones materiales que aseguraban la supervivencia tribal. El trasvase cultural a lejanas generaciones de las primitivas instituciones que lo lograron terminó revistiéndose del equipaje mitológico que asegurara su continuidad y deriva. El sistema resultaba estrictamente conservador, pues no sólo interiorizaba los modos de subsistencia, sino que incluía recetas sociales para adecuar el tamaño de la población a los heredados modos tradicionales de vida. Como la capacidad reproductiva de un grupo depende del número de mujeres, toda vez de los requerimientos económicos de la fuerza física y de la incertidumbre vital respecto a los bebés; es fácil inferir que hasta allí hundan sus raíces la cuasi-universal preferencia sociocultural por los varones y el recurso al infanticidio como formas de control demográfico. Las técnicas quirúrgicas o químicas para eliminar el feto pueden parecer algo más civilizado, e incluso disminuir el sentimiento de culpa de la mujer y de sus asistentes; pero, sea como fuere, no hacen sino sustituir al infanticidio. Con los actuales métodos anticonceptivos y obviando situaciones extremas (amenaza de la vida de la madre, violación, malformación grave del feto), que acarrean terribles dilemas morales, equiparar aborto y progreso demuestra por sí mismo la catadura de nuestros gobernantes. Ocurre, además, que lo que antaño tenía el atenuante de la presión social en situaciones extremas de miseria, ahora se nos presenta como la decisión individual de la madre conforme a sus derechos. No puede ser que el hecho de la propia maternidad sea perjudicial a la mujer. Existe una tensión entre los recursos y la población, lo que ocurre es que, con un sistema económico basado en la precariedad laboral y el consumo, ésta se proyecta a las familias más desfavorecidas respecto al número de hijos. El progresismo consiste hoy en dejar en manos de las mujeres, dentro de la sanidad pública, la herramienta definitiva que impida que su biología ponga en peligro su carrera o haga empeorar su estatus socioeconómico y el de sus familias, en vez de tratar de evitar que esto último ocurra, para poder ocultar así el verdadero trasfondo del asunto: no poner en crisis el orden institucional que provoca una desmesurada desigualdad en el reparto de la riqueza; y cuya oportuna legitimación mitológica está incluida en el bagaje de esta Monarquía de Partidos.

La crisis financiera que ha tumbado a los bancos de inversión americanos, ha obligado a las personas que manejaron los hilos financieros a la sombra de la mano invisible del mercado a dar explicaciones de lo sucedido. Son las mismas personas que permitieron que ese mercado fuera regulado por la ambición genética del depredador, la suya, impidiendo a la vez cualquier regulación que evitara la corrupción y el juego, para favorecer el bien común. De todas las imposturas financieras, la repetida frase: "Se ha demostrado que el sistema regulatorio estaba obsoleto, lo que ha hecho posible estas irregularidades", es la mayor de las imposturas de los creadores de un sistema sin responsabilidades basado en la privatización de los lucros y la socialización de los riesgos y las pérdidas. Esta frase define al monstruo, perpetúa su engaño y asegura su íncuba reproducción. En un artículo publicado en este diario hace unos meses (Estados financieros), ya analicé como estos desreguladores habían acabado con una de las medidas, devenida de la experiencia del crash del 29, que habría evitado que el monstruo creciera con cuatro cabezas: Banco de inversión, banco comercial, compañía de seguros y broker bursátil y se desarrollara nutrido por el calor del dinero de los contribuyentes. Pero ha habido otras medidas más recientes que han encontrado el desprecio de quien debería haberlas implementado, la Reserva Federal. Para ilustrar este punto, desarrollo uno de los ejemplos citados en el magnifico artículo de Robert Kuttner publicado en The American Prospect titulado "Seven deadly sins of deregulation". En 1994 el congreso de los USA intentó regular los estándares de las empresas de préstamos hipotecarios que habían crecido como setas sobre la pila de billetes baratos que unos tipos de interés irrisorios ponían a disposición de cualquiera. Estas empresas se dedicaron a realizar préstamos hipotecarios sin cobertura de capital y con un riesgo alto de impago. El negocio consistía en convertir dichas hipotecas basura en bonos vendidos en Wall Street. Junto con la comprada aquiescencia de las empresas de rating, estos bonos basura eran clasificados con la máxima puntuación, lo que posibilitaba su compra-venta por los bancos de inversión que ahora han quebrado. La ley que deberia controlar esta actividad vino a llamarse HOEPA y nunca llegó a desarrollarse totalmente debido a que la Reserva Federal considero en el año 2000 que "los perjuicios obtenidos por conocer las actividades de estas empresas sobrepasaban los beneficios" (ver JSER 29, N4, 2007). Alan Greenspan (foto: Trackrecord)

En una reunión convocada por Sarkozy para dar una respuesta europea a la crisis financiera mundial, los gobernantes de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia han coincidido en apoyar a las entidades bancarias. De esta manera, Merkel trabaja en “una solución institucional específica” para salvar al Hypo Real Estate, segundo banco hipotecario del país, que vuelve a encontrarse en peligro de bancarrota tras retirarse el grupo de bancos privados de la operación de rescate acordada con el Gobierno alemán. No obstante, según un informe del Deutsche Bank, las necesidades del HRE para sobrevivir, son mucho mayores que las cubiertas en el paquete de salvamento. Los jefes de Gobierno y Estado citados, se han comprometido a sancionar a los directivos de los bancos en quiebra, siendo sus accionistas los que soportarían el peso de la intervención pública. Berlusconi proclama que el BCE y las instituciones competentes diseñarán unas reglas que aseguren “la transparencia y el control”, para sentar las bases -añade Sarkozy- de “un capitalismo empresarial y no especulador”. La Comisión Europea, a la que se pide “flexibilidad” respecto a las ayudas estatales, aboga por duplicar el umbral mínimo de garantías de los depósitos bancarios. Por otro lado, José Blanco afirma que ”la política neoconservadora de Bush tiene el 90 por ciento de culpa de lo que pasa”, y que “todo el mundo está diciendo que nuestro sistema financiero es de los más solventes”. A pesar de lo cual, Zapatero, según “Público”, pretende alentar a los bancos para que atenúen las restricciones crediticias que imponen a empresas y particulares. El ministro de Economía califica de “espectacular” el crecimiento de la morosidad, y si “en este momento” no ve ninguna entidad en peligro o como dijo recientemente, podemos estar muy tranquilos respecto a nuestros ahorros, sacar la conclusión de que estamos protegidos frente a todo “sería excesivamente osado”. Solbes sostiene el impacto positivo de los planes de rescate bancario porque ningún país puede permitir que el sistema financiero se colapse, pero rechaza ayudar a los ciudadanos a pagar sus hipotecas para que no se registren impagos, ya que “es muy difícil pensar que otros te compensen por una decisión tuya, cuando podrías haber elegido un tipo fijo y cubrirte”. hechos significativos Palin acusa a Obama de “hacerse amigo de terroristas dispuestos a atacar EEUU”. Llamazares abandonará la coordinación general de IU, pero seguirá como diputado.

Jacques Derrida (foto: erasmus) El nihilismo europeo Sonará acaso algo agorero, pero yo diría que lo que Nietzsche entendió como nihilismo europeo está tocando a su fin. Abunda aún la incomprensión de esta idea brillante, cuyo dominio no es el político, aunque lo toque, sino el psicológico. Nietzsche se limitó a constatar un hecho que otros antes habían percibido, y que tan sólo década y media tras su muerte comenzó a desplegarse en todo su potencial, hasta los acontecimientos paradigmáticos, marcados ya por siempre en la faz de la Tierra, de Hiroshima/Nagasaki, Auschwitz y el Gulag. El nihilismo europeo ha seguido calando hondo, aún después de tocar los epicentros de los huracanes colectivos susodichos, en la cultura y filosofía de las cinco últimas décadas denominada postmoderna. Pero como moda que es, a pesar de sus atractivos iniciales, pasará pronto a la historia de las reacciones, no del todo injustificadas en cuanto que todo tiene su razón de ser. La expresión más notable de este último nihilismo, la obra superinfluyente del autor argelino-francés Jacques Derrida, no es en sus rasgos esenciales, desconocida de la filosofía clásica. Ésta está acostumbrada, aunque se nos olvide con facilidad precisamente por la lógica deglución histórica de estos movimientos apopléjicos del pensamiento, a lidiar con propuestas que niegan casi por sistema todo lo que firma su oponente, y que para defenderse de la contracrítica afirman no poseer ellos presuposición o prejuicio ninguno. Así, sin nada que defender, pero siendo todo ataque de través, nunca de frente, la postmodernidad se ha agotado a sí misma. Una crítica a la realidad que, de referirse a ella sin oblicuidades y sin absurdas pretensiones de originalidad, puede todavía ser sumamente valiosa. Algunos hemos crecido en esta atmósfera de continua sospecha sobre todo lo derecho, que gusta de cuestionar, como en un juego de chiquillos, lo fundamental, desbaratándolo… aunque nunca a sí misma. Sus pestíferos vapores no se esfumarán hasta pasado un tiempo prudencial de intencionada renovación de la salud. Pero nosotros dejamos que los muertos entierren a sus muertos. Y, entretanto, vamos atando fuerte cielo y tierra con lo inmejorable como horizonte último, inalcanzable quizá, pero qué importa.

El Ministro de Economía y Hacienda presentó el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2009 (PGE-09) que se debatirá (¿?) en el Congreso de los Diputados. Al elaborarlo, el Gobierno tiene en cuenta el entorno económico nacional e internacional para dibujar un “escenario macroeconómico” (evolución del Producto Interior Bruto (PIB) y del consumo, nivel de precios, tasa de paro, tipos de interés, precio del barril de petróleo, saldo de la balanza de pagos, necesidad de financiación exterior, etc.) en el que actuarán los agentes públicos estatales. Pero, a pesar de estos estudios, la incertidumbre nos acompaña, pues… ¿Quién garantiza que el discurrir cotidiano en 2009 se moverá dentro de este escenario, a la vista de lo ocurrido con las previsiones para 2008? ¿Habrá recursos tributarios suficientes para llevar a cabo las actuaciones proyectadas, de acuerdo con la evolución económica del país y la visión que tienen de nosotros muchos analistas e instituciones (UE, FMI, OCDE)? Dado el endeudamiento previsto, ¿la apelación a los mercados internacionales será atendida en condiciones normales, o tendrá algún sobrecoste? Nuestro Estado hoy no tiene el mismo poder de influencia en la sociedad y en la economía que hace unos cuantos años, ya que por arriba ha cedido competencias muy importantes a la Unión Europea y por abajo ha ido transfiriendo año tras año competencias a las Comunidades Autónomas. En este último caso, España es vista como si fuera un Estado Federal, incluso Confederal (la bilateralidad definida en el Estatuto de Cataluña, la forma de acordar la financiación por las Comunidades Autónomas o los privilegios incluidos en el concierto económico vasco y en el convenio económico navarro). ¿Cómo disciplinará el Gobierno a estas comunidades y parará la locura descentralizadora, que además se olvida de las instituciones que mejor encarnan el poder de la sociedad civil, municipios, provincias e islas, augurándoles recortes en su participación de los tributos del Estado? En el Congreso de los Diputados (en realidad mucho antes), el grupo del Gobierno, al no poseer la mayoría absoluta, se verá obligado a pactar con otros grupos. Y éstos aprovecharán esta situación de debilidad para sacar tajada de los presupuestos a cambio de su apoyo, buscando más recursos para los sátrapas de su región o intentando que el Estado encaje el círculo de la recesión con el cuadrado de las infraestructuras que beneficien a su región. Pedro Solbes presenta los PGE a la ejecutiva del PSOE (foto: Partido Socialista)

En España, el buen o mal funcionamiento de la economía se achaca públicamente al Gobierno de turno. Nada hay de extraño en ello, pues la Monarquía Juancarlista proviene directamente del Franquismo. De éste heredó una actividad planificada en la que las grandes empresas eran estatales, y en la que los negocios privados medraban regados por el nepotismo y el amiguismo de la discrecional autoridad de la que dependían. No cediendo a la trampa dialéctica de la Partitocracia y sus sostenedores, que presentan el gobierno como la acción particular de algún partido para redimir siempre a otro como alternativa para perpetuar el Régimen, en vez de mostrar lo que en realidad es el resultado de un descontrolado reparto del poder; puede observarse cómo el Posfranquismo ha perfilado el modelo económico actual. Frente a la globalización, los Estados providencia han de esforzarse por mantener un sistema nacional del que nutrir su hacienda. Toda actividad empresarial necesita inversión, lo cual supone un riesgo. Sin embargo, hay sectores que resultan críticos para la economía y que, en beneficio de la mayoría, deben ser protegidos. En España, se han sacrificado en aras de la CEE los sectores productivos, poco rentables, convirtiéndonos en un país de turismo y servicios. El negocio inmobiliario, ligado a la catalogación del suelo y sus corruptelas, ha venido a suplantarlos hasta el agotamiento del mercado interno. Si a esto unimos más “desgracias”, empezando por la entrega de la política monetaria con la entrada en el euro (atrayendo financiación externa a cambio de disparar la inflación, ni reconocida ni compensada en los salarios, que propició el empobrecimiento y endeudamiento de las familias y que duplicó convenientemente el precio de la vivienda); continuando por la incorregida dependencia energética; por el despilfarro del dinero público, y las subvenciones a todos los partidos, sindicatos y demás; y terminando por la bajísima calidad de la educación, torpedeada por la obligatoriedad de las lenguas autonómicas, sin hablar de la investigación; nos encontramos con el desolador panorama que explica la intensidad de la crisis actual. No se trata de ningún despropósito, es la concienzuda labor de la clase política heredada para no contrariar los intereses de la oligarquía financiero-multinacional que en verdad representan. Empero, nada temen, tan distinguidos caballeros, que la quiebra económica haga descubrir el funesto orden institucional que propicia su dominio sobre la mayoría añadiendo una crisis política. Se saben dueños del discurso público. Y su estatus asegurado en los desmanes compartidos con los prohombres del Régimen. Por si fuera extrema la situación, ya se alzan voces para unos nuevos Pactos de la Moncloa que escenifiquen la catarsis en esta misma Monarquía.