Página digital del Plan E Muchos ciudadanos, fascinados con la publicidad y la propaganda oficial, piensan que las medidas de política económica del Gobierno, explicadas por el mismo Presidente en el Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo, Plan E, harán que la sociedad, paralizada por la crisis, vuelva a caminar con alegría.   Este documento digital, lanzado desde La Moncloa, es una colección de instrumentos presupuestarios, tributarios y financieros (esos envoltorios publicitarios que hoy denominan pomposamente “políticas públicas”) que han sido, y están siendo, puestos en práctica. Los dirigentes políticos nacionales piensan que con ellos serán capaces de reconducir a la sociedad por el sendero del desarrollo.   Sin embargo, a estas alturas ya sabemos que muchas de las medidas tomadas, como las encaminadas a bombear liquidez monetaria, no han llegado a tener el impacto deseado, pues una buena parte de aquélla se ha quedado embalsada en los propios canales financieros para ser utilizada en reparar sus propios desperfectos y en apuntalar las estructuras dañadas para que no se resquebraje su solvencia.   El escaso flujo monetario que ha quedado ha ido a parar al ahorro privado, como forma preventiva de afrontar problemas futuros o se ha dedicado a amortizar el endeudamiento contraído en épocas expansivas, aparcando el consumo para mejor ocasión. Así que la mayor parte de esos productos gubernamentales tienen fecha de caducidad o se pudren en las sacas estampadas.   Ante esta situación de atonía ¿Qué nuevas medidas se tomarán? ¿Esperar a que los administradores de los canales financieros terminen de repararlos o utilizar emisiones de bonos o pagarés opacos, como en tiempos de Felipe González, para que la economía sumergida financie parte de esa escasez?   Los asesores financieros del Gobierno conocen perfectamente que no pueden esperar milagros de los ingresos impositivos, cada vez más bajos, ni de las grandes afluencias de capital extranjero, sobre todo ante la imagen financiera que tiene España.

Las ideas generales que los gobernantes acuñan y lanzan en el torrente de la circulación mediática no son más que la cáscara de la podredumbre del régimen, que sólo unos pocos se atreven a romper y desechar. En esta situación, los pueblos se conforman con ciertos convencionalismos irracionales como si fuesen principios políticos, bastándoles con exigir de sus gobiernos, alguna que otra concesión de forma y de lenguaje. Las ofrendas que los oligarcas dejan al pie de los toscos ídolos de la ignorancia pública son bagatelas: hacen lo que quieren, llenándose la boca de filfa democrática, promulgan leyes en nombre del pueblo y, consumados demagogos, no paran de invocar la igualdad.   Kant decía que los preceptos aprendidos de sacerdotes o filósofos nunca son tan eficaces como un ejemplo de virtud. En el paisaje de fealdad moral que nos circunda, en medio del agobio que el deshonor produce, y frente a las ventajas materiales con que la maldad impide la digna alegría, el movimiento instintivo de la propia estimación que una indebida e inesperada dimisión supone, es una formidable sacudida de la conciencia colectiva, una forma de promover la ética social desde la estética personal.   “Cuando alguien dimite es un cobarde o tiene algo que ocultar”, decía el ex presidente del Real Madrid desconociendo, tal como la inefable Magdalena Álvarez o Mariano Rajoy (que se niega a irse de la jefatura del PP aunque éste pierda las próximas elecciones europeas), la sublime función de una dimisión sin el más leve asomo de culpa.   Ese elegante y espontáneo desprendimiento que una dimisión por dignidad constituye resulta inconcebible en la sórdida existencia estatal de los cargos públicos españoles. Ninguna renuncia de éstos ha purificado el ambiente, ningún dimisionario, con la ejemplar belleza de un acto moral, ha provocado una verdadera catarsis. Hechas a destiempo, debidas a una culpa inocultable, o para evitar una destitución vergonzante después de un largo intento de permanecer en el cargo; “chivos” que se sacrifican por sus compañeros de fechorías, retiradas donde se calculan las conveniencias de poder personal, o aquella huida de Suárez para apartarse de la senda de los elefantes blancos: todas estas dimisiones han seguido promoviendo la degeneración de las costumbres políticas.   Mariano Rajoy (foto: Contando Estrelas)

Tropas y vehículos blindados israelíes están adentrándose en los barrios periféricos de la ciudad de Gaza provocando la huida, por las calles, de miles de palestinos que abandonan sus hogares y buscan refugio. Prosiguen los bombardeos de la aviación israelí, alcanzando un edificio que albergaba las oficinas de varios medios de comunicación internacionales, y la sede de la ONU para los refugiados, UNRWA, en la que se almacenaban alimentos y depósitos de combustibles reservados para el traslado de la ayuda humanitaria. Aparte de éstos, “la comida que ha entrado en Gaza en los últimos días ha ardido”, explica un portavoz de esta agencia. El ministro de Defensa y el primer ministro israelíes han pedido disculpas al secretario general de la ONU, a pesar de que “sus soldados fueron atacados desde ese lugar”, por “las tristes consecuencias de ese gran error”.   Sí ha sido deliberada, en cambio, la eliminación de Said Siam, ministro del Interior, fundador de la policía de Hamás, y coordinador de unos 13.000 milicianos, el cual, desde que estos islamistas se hicieron cargo de la Franja de Gaza en 2007, había llevado a cabo una brutal represión contra los miembros de Al Fatah, según el líder de este movimiento y presidente de la Autoridad Palestina, Abu Mazen, cuyo ministro de Exteriores, Riad El Malki, en una entrevista a La Vanguardia, dice que a Hamás “no le importa el número de muertos” si al final consigue controlar la frontera con Egipto (el paso de Rafah) y tener reconocimiento internacional “sellando pasaportes con su firma”.   Por su parte, el Gobierno israelí informa de que ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos para crear un mecanismo que permita acabar con el contrabando que se da a través de la frontera de Egipto con Gaza, que abastece de armamento a Hamás, y que luego ésta utiliza, lanzando proyectiles contra las poblaciones del sur de Israel. Esto podría conllevar la aceptación israelí del plan de Egipto para lograr un alto el fuego en Gaza. Dicho plan sería aceptable para Hamás con las siguientes condiciones: la retirada israelí en 48 horas, un periodo de calma que facilitaría una tregua de un año, y la reapertura de los pasos fronterizos de Gaza.   hechos significativos   Los inversores internacionales dudan de la solvencia española: el Tesoro tiene que pagar un 15% más de intereses que hace un mes para colocar deuda a 30 años.   “Cuido tanto el hablar que hablo peor”, dice Magdalena Álvarez.   Julio Anguita asegura que los sindicatos “son un apéndice del Estado” que no cumplen con su deber.

Túneles de Rafah (foto: Zoriah) El túnel de las almas perdidas Estamos mirando a Gaza. The Geek, anuncia el letrero sobre el carromato. El monstruo nos atrae con una fuerza irresistible, su salvaje comportamiento, la sangre pegada a los actos, lo que hará durante la noche, la suciedad de la piel, el pelo cortado de forma extraña, su manera de soportar el castigo y los gritos, los terribles gritos que dicen Alá. Pero sobre todo nos atrapa como un vértigo la posibilidad de llegar a ese extremo de barbarie, de degeneración.   La guerra existe porque no existe un Estado planetario. Hobbes, el grande, lo dijo. Pero Gaza existiría a pesar de ello porque tenemos que seguir temiéndonos en los días de guardar. En los cafés y las tertulias, en las páginas de los periódicos. Gaza, Gaza. Con esa misma culpable involuntariedad con la que es destrozada, concentra sobre sí nuestra sádica visión analítica del dolor, la hipocresía de las causas distantes y la cobardía cotidiana, la frialdad de la degeneración crónica admitida por inercia del poder, del dinero, de la seguridad, del deber. Gaza nos abre la puerta al lado oscuro de la historia, a la humanidad caída pues, sin darnos cuenta, también nuestra tierra sería Gaza, si fuera Gaza. Pero no, tenemos proyectos, una civilización, recursos para evitarlo… Y sin embargo no nos es posible dejar de contemplarla, ¿por qué?   Tyrone Power dirá a la mujer que le ofrece un camino para colmar su codicia, y a quien ha convertido en amante de conveniencia, que no comprende cómo nunca ha podido pensar en nada que no fuera él mismo. Ahora responde con presteza a la llamada del grosero director de la feria; quiere encargarle alguna faena. Pero él, el joven ambicioso, no puede apartar la vista del hombre-monstruo -the geek- que exhibe la barraca situada enfrente y, sin poder evitarlo, interrumpe al patrón: Esa criatura me fascina. Algún inspirado traductor inventó el título perfecto para este asombroso filme del señor Goulding: “El callejón de las almas perdidas”.

El manifiesto fundacional de la organización “Innovación democrática”, presidida por don José María Montoto, ofrece un ejemplo insuperable de cómo la clarividencia en el diagnóstico de un problema no necesariamente entraña el conocimiento de los remedios adecuados, en el supuesto de que éstos existan. Y, más aun, es también un ejemplo de cómo la "naiveté", la creencia de que los problemas son solventables con dosis de buena voluntad o, en el mejor de los casos, con reformas institucionales que no atacan la raíz del problema –como si el cambio de vestidos supusiera un cambio de señores- amenaza con distraer la atención del público hacia aspectos que en modo alguno ponen en peligro el señorío que se pretende cuestionar.   Logotipo del Partido Innovación Democrática El primer error del manifiesto consiste en exponer, cual producto de un desarrollo contingente, que bien podría haber tenido otro desenlace, el hecho de que “en el tiempo que lleva funcionando en España la democracia, los partidos políticos han ido secuestrando poco a poco la soberanía al ciudadano mediante un sistema excesivamente rígido de representación, de disciplina de voto, de incomunicación entre elector y elegido, de listas cerradas y bloqueadas y, sobre todo, de funcionamiento interno nada democrático, confundiendo la forma con el fondo y los medios con los fines”. Frente a esta confusión entre causa y consecuencia, no menor que la confusión entre forma, fondo, medios y fines, a la que se alude en el manifiesto, es imprescindible señalar que no son los partidos los que han perpetrado ese secuestro por propia y soberana decisión, en el marco de un sistema en el que las cosas podrían haber transcurrido de otra manera. El secuestro al que el manifiesto alude no es un golpe de Estado sobrevenido sino el producto necesario e inevitable de un sistema de listas con representación proporcional, que sujeta al diputado a su jefe de filas mucho antes que a un elector al que no representa. Una vez adoptado este proceder, nada cambia el hecho de que el funcionamiento interno de los partidos no sea democrático. En los Estados de masas, con el derecho de sufragio universalizado, los partidos han devenido en maquinarias jerarquizadas con la disciplina como fundamento constitutivo: lo exige el hecho insoslayable de tener como destinatario de sus mensajes a la entera comunidad nacional. No pueden funcionar democráticamente. Por utilizar una expresión de la moderna jerga publicitaria, “la integridad del mensaje” impele, de manera irremisible, a adoptar modos de actuación que acercan a los partidos políticos o los asimilan a un ejército o a una iglesia. CB. Macpherson y, antes, Robert Michels, no hablaron en vano. Jamás una sabia lección ha sido tan lastimosamente desoída al tiempo que sus maestros eran tan vanamente alabados.

Tal como se anuncia, la huelga judicial no es más que un enfrentamiento entre poderes. Esto revela su falsedad como afirma Antonio García-Trevijano. No se reclama lo que es previo: la independencia judicial. Al gobierno le resultará fácil poner en su contra a la opinión pública, harta por otra parte del gravísimo deterioro de la justicia que se añade a la inseguridad jurídica que produce de suyo la ingente, detallista, antijurídica -en muchos casos ya persecutoria- y contradictoria legislación.   Desde que la instaurada Monarquía organizó la peculiarísima transición, nunca ha logrado llegar a ser una régimen (=orden) político, limitándose a ser una situación política, una especie de situación excepcional permanente, y el poder judicial ha sido menospreciado y maltratado por los políticos, igual que otras instituciones básicas de la Nación, el ejército por ejemplo. Los pretextos han sido siempre la “democratización” y la “modernización”. En lo que concierne a la justicia, desde la revolución francesa el positivismo jurídico ha sustituido paulatinamente al Derecho según su concepto por una de sus formas, la ley (la Legislación); la transición se ha dedicado a destruir también la ley y su concepto: la ley no es más que una orden del poder político –de la oligarquía- arreglada por las irrepresentativas Cortes. Además, para garantizar la pseudolegitimidad de la voluntad del poder se instituyó el Tribunal Constitucional. En cuanto al poder judicial, al llegar, ¡por fin!, al poder el partido socialista sin el que la Monarquía no se sentía a gusto, se cambió y falsificó definitivamente el Consejo del Poder Judicial, se facilitó la entrada de jueces con exámenes ad hoc y se inventó como una especie de quinta columna el “cuarto turno”. A todo esto hay que añadir la multiplicación de normas legales detallistas que apuntan a que el juez sea un mero ejecutor de las órdenes del poder, la introducción de figuras jurídicas innecesarias o superfluas, las legislaciones de los estadículos autonómicos, etc. Esto hace inevitable también la multiplicación como sea de los jueces y se acude al nombramiento de jueces interinos, como si la interpretación judicial de las leyes no necesitase unos específicos conocimientos; y la multiplicación de los medios necesarios. Desde un punto de vista puramente mecánico, es inevitable la degradación interna del poder judicial.   Con todo, lo más grave es que el llamado poder judicial, se ha convertido efectivamente, tanto cuantitativa y cualitativamente en un poder. Como si la función judicial fuese una rama más del gobierno. El juez no tiene en principio ninguna potestas. Esto es cosa de políticos y funcionarios. Lo propio del juez es la auctoritas: el juez es autoridad, y como tal autoridad se contrapone al poder. La auctoritas del juez es el reconocimiento social de que sabe el Derecho y que el Derecho está por encima del poder. Sin esto, la “división de poderes” se queda en nada y la huelga se reduce a una lucha entre poderes del Estado para mejorar sus posiciones en el mismo. Los jueces se habrán integrado en el poder político, que es siempre oligárquico.

El deficiente funcionamiento de la Administración de Justicia y la trascendencia mediática de casos concretos en que éste se ha traducido en trágicas consecuencias ha llevado a que el portavoz del Justicia del PNV en el Congreso D. Emilio Olabarría considere no sólo “urgente” sino “imprescindible” la comparecencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), D. Carlos Dívar, para rendir cuentas al parlamento sobre el estado de la Justicia y dar explicaciones sobre los motivos de la levedad de la sanción impuesta al Juez Tirado. Tal iniciativa se ha visto respaldada por el Gobierno en pleno ya que en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros del año, el propio Presidente Rodríguez Zapatero hizo suya la propuesta, que asumió como propia el mismo día el Grupo Parlamentario Socialista en la correspondiente sesión matinal.   Emilio Olabarría (foto: jkarteaga) Si Dívar siguiese el ejemplo de su antecesor, D. Francisco José Hernando, que al final de su mandato se negó a comparecer en el Congreso alegando que el Poder Legislativo no puede controlar al Judicial, Olabarría cree que “quedaría más descarnadamente acreditado el carácter endogámico de la Administración de Justicia, que la hace menos creíble ante los ciudadanos”, para añadir que “no acudir al Congreso sería una incongruencia con su discurso de toma de posesión que pondría aún más en evidencia la endogamia del Poder Judicial y dejaría frustradas las esperanzas de que el nuevo Consejo corrigiese las malas prácticas del anterior”. La postura de Hernando no era tanto fruto de la dignidad en arrebato de independencia, sino del simple conocimiento del fin de su periodo como Presidente del CGPJ. Por el contrario, la posición el Sr. Dívar es mucho más complicada dado lo reciente de su reciente elección y el largo mandato que aún tiene por delante, lo que hace previsible que la escenificación de la pleitesía institucional del llamado Poder Judicial finalmente se consume.   Que el Poder Judicial en su máxima representación acuda a dar explicaciones de su actuación al parlamento es tan escandaloso como la residencia parlamentaria del poder ejecutivo en el “banco azul” del gobierno en el Congreso de los Diputados. La subordinación al poder político de la Justicia cobra así dimensión pública de notoriedad ya que de producirse finalmente la funesta comparecencia nadie con el mínimo sentido común podrá creer en la función fiscalizadora de la Justicia sobre las actuaciones del poder político. Sin separación de poderes la Justicia no es contrapeso, sino peso muerto al servicio de la Razón de Estado que sólo los partidos administrativos del poder único se encargan de interpretar.

Pérez Hernández, Secretario de Justicia A pesar de la cínica sorpresa generada en los actores políticos por la huelga con la que amenazan las asociaciones de jueces, y de que el Ministerio de Justicia encabezado por el señor Fernández Bermejo y el Presidente del Gobierno, Don José Luis Rodríguez Zapatero (le ha tocado a él dicho privilegio), vean la medida como “injustificable e intolerable” al ser uno de los “tres poderes del Estado” el convocante, cualquier ciudadano con un mínimo de criterio puede dilucidar lo legítimo de dicha decisión.   Ciertamente, el poder Judicial de cualquier Estado no puede, por propia definición de su ser, ponerse en huelga. No sería legítimo e incluso podrían considerarse su dejación de funciones como una traición al propio Estado, del mismo modo que si la llevasen a cabo el Presidente del Ejecutivo o los representantes del Legislativo. La Democracia quedaría coja.   El problema y la justificación de dicha huelga la encontramos en la propia realidad de nuestro Estado. Por mucho que los partidos políticos insistan hasta el hartazgo en la denominación de nuestro país como democracia, la verdad es que vivimos en una mera partitocracia sin la mínima separación de poderes.   En esta situación, los jueces pasan de ser integrantes de uno de los poderes del Estado a ser simplemente los instrumentos a través de los cuales el Poder Ejecutivo impone la justicia que él mismo articula en el Parlamento. Es decir, son simples funcionarios y, como tales trabajadores, pueden convocar las huelgas que crean necesarias.   No hace falta demasiada literatura para confirmar este hecho. La propia convocatoria de huelga, independientemente de los motivos esgrimidos estos días en la prensa para justificarla, revela que los jueces han asumido su rol dentro del Estado de Partidos sin ningún tipo de complejos.   Lo verdaderamente indignante es que, como buenos miembros de esta sociedad aparente, estén más preocupados por el desprestigio de su profesión que por el hecho de ser simples marionetas en manos de políticos, de ser los cadáveres de una Democracia nonata.