En la praxis de la medicina preventiva, es común inocular a la población de riesgo un virus debilitado o principio orgánico convenientemente preparado para preservar a estas personas de una enfermedad determinada. Siguiendo este camino, el periodismo orgánico, con su cohorte de comunicadores, tertulianos y especialistas ad hoc, se dedica a inundar las imprentas y a saturar las ondas de selectos mensajes que eximan al diseño institucional del juancarlismo de sus abyectas consecuencias, evitando que los españoles se contagien de la verdad-libertad que pondría en crisis el Régimen del 78, y preparándoles para digerir la próxima desfachatez del así inexorable interés ajeno que les gobierna.   Vacunación (foto: SomosMedicina) La última dosis hace referencia a las pensiones, señalando el peligro en el que se encuentra el sistema público si el número de cotizantes a la seguridad social continuara disminuyendo según las peores previsiones de desempleo. Se comete la premeditada falacia de hacer pasar el asunto por un compartimento estanco de las cuentas públicas, como si el despilfarro sin control de las administraciones y la financiación estatal de las organizaciones políticas y los sindicatos, esto es el Estado Autonómico de Partidos sin división del poder, fuera algo ajeno, pretendiendo conciliar el eventual derrumbe de lo primero con la subsistencia del resto.   Es indicativo, a pesar de la difícil situación económica, que continúen los excesos impunes de dirigentes políticos con cargo al Presupuesto que, cuando se denuncian públicamente, se enajenan como particulares abusos de partido, desterrando por principio el análisis de la causa formal del poder, porque la política española hubo de edificarse y funcionar sobre este engaño colectivo. Sabido es que no puede haber mayores consecuencias políticas que las autoadmitidas por las jefaturas de los partidos según la aritmética parlamentaria. Es más, la irresponsabilidad compartida convierte en comunes los citados episodios, con lo que se termina en un cruce de acusaciones desde las trincheras mediáticas de cada bando: un “y tú más” que al final sólo sirve para reforzar a los acólitos en la convicción de que el contrario es peor, amojonando como única salida popular la de votar, si no al propio, a otro partido menos a aquel para castigar tan lamentables actitudes; y confiando todos en el absurdo sistema proporcional, que al impedir la selección personal y evitar el juicio previo del votante por no poder elegir entre resultados finales, es contrario a cualquier tipo de decisión racional.

California, el “Golden State” de los EE.UU., con un PIB similar al de Francia, está “default”, al borde de la suspensión de pagos, porque su Congreso (la Asamblea Estatal y el Senado, ambas con mayoría demócrata) no aprueba el Presupuesto para el ejercicio fiscal 2009-2010 y el Gobernador (Arnold Schwarzenegger, republicano) no puede llevar a cabo sus medidas de gobierno. Según el Instituto de Políticas Públicas de California (PPIC) dicho Estado tenía en el año 2008 una deuda pública de 106.200 M€ (136.000 M$) además de los 32.800 M€ (42.000 M$) necesarios para equilibrar ese presupuesto y era el Estado más endeudado de USA. Ante esta situación los congresistas californianos acordaron realizar recortes drásticos en el presupuesto estatal, ya que solo esperan reducirlo en 8.500 M€ (unos 11.000 M$) que posiblemente les asigne el nuevo plan del Gobierno Federal de Washington. Entre esos recortes destacan las vacaciones no retribuidas a sus funcionarios, las becas, las ayudas sociales y la devolución de impuestos. Para hacer frente a este desfase de tesorería van a emitir pagarés susceptibles de descontar o endosar (“bonos basura” semejantes a los “patacones” que emitió la provincia de Buenos Aires en el período de 2001 y ss.).   En nuestro país no existe esa sensibilidad democrática. Aquí, si el Estado, una Comunidad Autónoma o un Municipio no aprueban su presupuesto, prorrogan el del año anterior de forma automática. Posteriormente el poder ejecutivo (grupo dirigente que domina todos los poderes), mediante una ingente batería de modificaciones presupuestarias, acomoda los gastos y su financiación al nivel que hubieran tenido de haberse logrado su aprobación. En honor a la verdad, ocurre exactamente igual cuando se aprueban con todos los parabienes y apoyos imaginables. Aquí se aprueba un presupuesto con 62.768 M€ de déficit y no pasa nada. La deuda pública llega hasta límites insospechados (50% o más del PIB) y no pasa nada. ¿Para qué necesitan los requisitos de aprobación como garantía legal de la autorización de los gastos o del consentimiento ciudadano en la implantación de los impuestos?   Arnold Schwarzenegger (foto: Thomas Hawk) En California, la sociedad civil, a través de representantes políticos con competencias claras y delimitadas, considera un desastre social que su deuda pública se acerque al 10% de su PIB y amenazan a los administradores con cerrar las oficinas públicas hasta que las cámaras aprueben los presupuestos. Aquí la oligarquía gobernante emula dicha separación de poderes con asignación variada de funciones, susceptibles de ser revocadas por cualquier órgano administrativo y encima es considerada como un grupo gestor eficiente.

Al Capone La definición de la mafia como una industria de la protección procede de Diego Gambetta, uno de los mayores investigadores de ese fenómeno. Los mafiosos ofrecen a sus clientes, amigos y cómplices, la entrada en ámbitos de impunidad, desigualdad y privilegio. Los medios y procedimientos que sirven para “amparar” pueden utilizarse igualmente para explotar a los protegidos, del mismo modo que esas Fuerzas Armadas que sojuzgan a sus compatriotas en lugar de defenderlos de los enemigos exteriores.   Este modelo criminal puede servir para entender mejor las peculiaridades de ciertos regímenes políticos. Un historiador describe así las primeras semanas del Tercer Reich: “las circunstancias normales vueltas del revés: ladrones y asesinos actuando como fuerza de policía, disfrutando de toda la panoplia del poder del Estado, sus víctimas tratadas como criminales, y proscritas”. Hitler, Stalin y Mao urdieron gigantescas campañas de terror para exterminar de manera preventiva, entre millones de víctimas, a enemigos y competidores internos.   Entre 1943 y 1945 Perón crea una poderosa clientela, al reforzar enormemente la posición política y económica de los sindicatos, concediéndoles un papel fundamental en las negociaciones colectivas. A partir de 1947, el movimiento “justicialista” procede a “peronizar” la Administración del Estado, las universidades, los medios de comunicación y el Tribunal Supremo. Después, las victorias electorales de 1948 y 1951 permiten a Perón aniquilar al opositor Partido Radical y encarcelar a su máximo dirigente, Ricardo Balbín.   El Estado de Partidos, basado en el reforzamiento de su propia capacidad de dominación y la maximización de los beneficios que produce la corrupción, proporciona a sus clientes y vasallos servicios de protección que van desde la restricción de la competencia a la creación de espacios de impunidad: constructores que pagan comisiones para recibir adjudicaciones de obras, comisarios políticos y sindicales que sólo permiten la contratación de sus afiliados, magistrados que cumplen designios extrajudiciales, periódicos o cadenas de televisión que censuran o deforman noticias sobre empresas y autoridades a las que desean favorecer a cambio de compensaciones económicas o administrativas.

Los presidentes del BBVA, del Gobierno y del Banco de Santander (foto: Efe)   Efectos de la crisis económica   Antonio García-Trevijano     En el artículo publicado en este Diario, bajo el titulo “Causa de la crisis financiera”, en la sección de noticias excepcionales*, dije que “todo remedio que se aplique será vano, incluso a corto plazo, si no se ataca de raíz la causa pasada de la crisis actual”. Esto es lo que ha sucedido hasta ahora.   Creyendo erróneamente que la causa de la crisis era una repentina desconfianza universal en el sistema financiero, confundido el efecto social con la causa económica que lo producía, se inyectaron de golpe ingentes masas de dinero público en el sistema bancario, sin condicionar su modo de recibirlas, en lotes parciales que darían derecho a encajar los siguientes si, y solo si, se destinaban a mantener el flujo crediticio a las empresas y a las personas particulares. Esta torpeza de los gobiernos, aliada en la Monarquía de los Partidos con la listeza de los bancos y la ignorancia de los economistas sobre las causas de los nuevos fenómenos económicos, en lugar de haber resuelto la falta de liquidez del sistema ha puesto de manifiesto que estaba unida a la falta de solvencia y de capitalización de las entidades crediticias.   El dinero público recibido ha sido destinado a la amortización de los vencimientos de la deuda pública de dichas entidades, a incrementar las provisiones para morosidad, a recolocarlo en el BCE, a comprar otros bancos o adquirir deuda pública con interés inferior al de los fondos del Estado. Los bancos y cajas de ahorro obtienen el beneficio del diferencial en la cuota de interés. Por eso ni pueden ni quieren seguir financiando el capital circulante de las empresas solventes a las que antes atendían, como tampoco los créditos a compradores de automóviles.   La velocidad de circulación monetaria no aumenta con el aumento de la masa de dinero emitido o garantizado por el Estado. El peligro no es, por eso, la inflación de precios, sino su deflación. Se contrae la demanda porque se contrae el dinero y el crédito para la inversión y el consumo. Se paraliza o se encarece el crédito interbancario, porque cada banco con activos dañados y crecimiento de la morosidad cree o sospecha que su colega está en igual o en peor situación.   Antes de pasar al análisis de los efectos económicos, sociales y políticos que ya está causando la crisis de la economía, conviene recordar que tan real es la economía financiera como la productiva, y que el carácter universal de la dimensión de la crisis no dispensa de analizar la diferencia española respeto de los países europeos de su entorno. No es cierto que en España la crisis inmobiliaria ha causado la financiera, como afirma Miguel Martín, Presidente de la Asociación bancaria, pues fueron los Bancos y las Cajas de ahorro las que impulsaron a promotores y compradores de viviendas, oficinas y locales de negocio, a hipotecarlos con una deuda superior al precio real de los inmuebles hipotecados, creyendo que la subida de sus precios no tendría fin. Y fue la banca española la que importó de EEUU la burbuja financiera creada con la titulación de créditos y operaciones bursátiles de alto riesgo, sin desembolso de capital propio.   Las crisis económicas se originan por un exceso o un defecto en alguno o en varios de los factores que determinan el equilibrio, en la relación oferta-demanda, del sistema económico nacional o internacional. Y esa causa económica, que califica la naturaleza de cada crisis, no puede confundirse con los efectos, también económicos, que produce.   El crecimiento del paro, como la elevación de los precios, no son causas, sino consecuencias de cada tipo de crisis. Pero sucede que esas consecuencias, al influir unas sobre otras, alimentándose recíprocamente, producen a su vez efectos nuevos en espiral que se unen a los efectos circulares de la causa original. Como en los fenómenos naturales, los efectos económicos de la perturbación inicial crean otros efectos expansivos de la crisis, que no siendo constitutivos de la misma, aumentan progresivamente el movimiento destructivo.   La no distinción entre estos dos tipos de efectos origina, en los gobiernos y economistas del sistema, la fácil y falsa identificación de la causa de la crisis con los efectos expansivos, y no con los iniciales que tienen carácter constitutivo del fenómeno crítico. La crisis actual se distingue de todas las anteriores no tanto por la magnitud e intensidad de sus efectos constitutivos, como por la velocidad de transmisión universal de sus efectos expansivos, en un mundo de comunicación tecnológica y de información instantánea.   Por muchos recursos dinerarios que pongan los gobiernos en el mercado para frenar o invertir la tendencia de los efectos expansivos de la crisis, ésta se alargará en el tiempo, de modo más tolerable para los sectores sociales dominantes del capital, pero no se atajará hasta que se resuelvan de raíz las causas productoras de sus efectos constitutivos. Las tres causas que han causado la crisis actual, la inmobiliaria, la financiera y la bursátil, tienen de común su carácter especulativo y mutuamente atractivo. Las entidades financieras han promovido la especulación inmobiliaria, para crear la inflación de las cédulas hipotecarias. Esta nueva riqueza fiduciaria les proporcionó la liquidez crediticia necesaria para mantener el ritmo creciente de compraventas de inmuebles con hipoteca, bajo el supuesto de que el precio del suelo nunca dejaría de aumentar. Y la tradicional especulación en el mercado de futuros, que siempre había permanecido controlada por la necesidad de liquidar periódicamente las operaciones especulativas, con arreglo al valor real de la producción definitiva en el mercado de presentes, ha resultado diabólicamente fraudulenta al ser aplicada a un mercado bursátil de títulos-valores que ninguna realidad física podía limitar ni controlar periódicamente. Estas tres causas han creado los efectos constitutivos de la crisis actual.   No tiene nada de extraño que, dada la común naturaleza fiduciaria de estas tres causas, un premio Nobel de economía haya declarado en Davos que nadie conoce el modo de combatir esta crisis, ni predecir el tiempo de su duración. Mi propósito intelectual no pretende, de momento, responder a esos dos interrogantes, para poder concentrarse en el análisis de los efectos expansivos de la crisis económica en el terreno institucional de lo social y lo político –sindicatos, partidos y gobierno- , que es donde se manifestarán con mayor virulencia, por la reacción de los particulares sectores afectados por la crisis y de la sociedad civil en general.   ¿Podrán esos efectos expansivos crear las condiciones objetivas para que la crisis económica llegue a provocar la crisis del Estado de Partidos? ¿Llegarán a comprender las categorías sociales más sufrientes y mejor ilustradas que, sin Libertad política colectiva y sin democracia formal, será imposible resolver una crisis económica causada por la fusión de intereses de la oligarquía financiera y la oligarquía de partidos y sindicatos estatales? ¿Entenderán los medios de comunicación que su crisis particular se resolvería con la transformación inteligente del actual Régimen de poder en verdadero sistema político?   En sucesivos análisis, trataré de responder a estas preguntas, no con meras opiniones subjetivas, sino con criterios derivados del conocimiento de la historia de los cambios institucionales, y de la propia experiencia del fracaso de la libertad política en España para instituir el equilibrio de poderes en el Estado, y la escala de jerarquía de los valores morales, cívicos y culturales en una sociedad de ciudadanos.

Sobre el Derecho de Autodeterminación     Juan Sánchez Torrón   El primer análisis que procede hacer sobre el concepto de “autogobierno”, si es que se pretende abordar la cuestión en la multiplicidad de sus posibles implicaciones, viene dado por el ingenuo procedimiento exigido por la más cabal voluntad de entendimiento. La gramática y la semántica son las primeras armas con las que deben acometerse la descomposición y el análisis de un concepto tan manido, tan zarandeado, apenas conocido por su significado pero sí por la gran variedad de servicios que presta. Y dado que la cotidianeidad tiende a confundir la comprensión del significado de una palabra con algo mucho más primario y elemental, es decir, el saber a qué atenerse ante ella, una investigación exigente sobre los conceptos políticos puede y debe empezar por tratar de profundizar en la pura determinación semántica de los mismos. Autogobierno no puede más que significar “gobierno de Uno Mismo”.   La naturaleza caótica de este problema viene ya esbozada por la indisimulada perplejidad ante el indeterminado conjunto de sujetos titulares de la facultad o el derecho de autogobernarse que siente el Sócrates que Jorge Santayana retrata en sus “Diálogos en el limbo”, en su conversación con el Extranjero que viene a visitarlo. He aquí el pasaje que conviene a lo que se pretende abordar:   EL EXTRANJERO: Nuestra tragedia es muy antigua, y tú extrajiste su moral hace mucho tiempo; es la tragedia de aquellos que hacen lo que quieren, pero no obtienen lo que desean. Es la tragedia del autogobierno.   SÓCRATES: Sería, sin duda, una tragedia horrible que acabara tan mal algo tan excelente como el autogobierno. Pero no puedo dar crédito a tu información, porque un pueblo que ha aprendido a autogobernarse sería una raza de filósofos, que cada uno se gobierna a sí y sólo a sí mismo, y está internamente a salvo de cualquier real infortunio. Me alegra que, contrariamente a las expectativas, la república de los vivos haya logrado en mi ausencia hacerse tan similar a esa feliz comunidad de inmortales, donde ningún espíritu molesta a otro ni necesita del apoyo de otro.   EL EXTRANJERO: La ironía, Sócrates, no puede avergonzar a los hechos, que tienen de suyo su propia ironía. Por autogobierno no queremos decir, por supuesto, el gobierno del yo. Queremos decir que el pueblo, colectivamente, promulga las órdenes que deben ser obedecidas individualmente.   SÓCRATES:        ¡Qué      cosa     más   sorprendente! ¿Debo entender que bajo el autogobierno, tal como vosotros lo practicáis, ningún hombre se gobierna a si mismo en nada, sino que cada uno es gobernado en cualquier momento por todos los demás?   EL EXTRANJERO: A eso llegaríamos, si nuestro sistema fuera perfecto.   SÓCRATES: ¿Acaso vuestra democracia, que supongo pretende expresar la autonomía del individuo, suprime en efecto y por completo esa autonomía?   La lucidez del Sócrates de Santayana apunta a la evidencia de que el salto desde una titularidad individual del derecho de autogobernarse, en suma, la cuestión de la identidad de ese Uno Mismo a una titularidad colectiva, como es el “pueblo” no es sólo una alteración cuantitativa sino cualitativa del significado y las consecuencias de tal derecho: es la diferencia que media entre el Derecho Privado y el Derecho Público.   Santayana y Marx Pero antes de adentrarse en la cuestión jurídica que atañe a nuestro asunto, no es ocioso subrayar que sólo el más miope nominalismo puede haber considerado que los pueblos o las patrias son sólo una suma asociativa de unidades más pequeñas, a las que engloban y en los cuales éstas, se subsumen. Por el contrario, en la irresistible propensión de pueblos y patrias a erigirse en abstracciones –y para ser más exactos, en abstracciones reales, que diría Karl Marx- por encima y a pesar de los individuos que en ellas se desarrollan, se encierra todo el potencial pernicioso y aterrador del patriotismo, siempre abocado a manifestarse como pura soberbia de la fuerza.   Que la patria está lejos de ser un proyecto sugestivo de vida en común, según el sentimental aserto de José Ortega y Gasset, deudor de la concepción de Renan de la nación como “plebiscito diario”, sólo puede ser negado por quien se obstine en no querer ver el formidable poder de persuasión de símbolos, himnos y banderas que los pueblos han inventado y que frecuentemente se han enajenado  y  sobrepuesto  a  ellos  como  sus   Ortega, Renan y Jovine (arriba) Ferlosio y Krauthammer (abajo) verdaderos dueños y señores. Bien lo sabía la campesina italiana que advertía a su hijo “Scappa, che arriva la patria”, según cita del escritor italiano F. Jovine. Un proyecto demasiado poco sugestivo para quien habría de dejarse la vida en su nombre en el campo de batalla. Bien lo sabe Rafael Sánchez Ferlosio cuando, en uno de sus pecios más lúcidos, nos recuerda: “La verdad de la patria la dicen los himnos: todos son canciones de guerra”, o en su obra de reciente aparición “Apuntes de polemología”, donde señala: “La patria es hija de la guerra; crece con ella, desmedra con la paz”. Bien lo sabía Charles Krauthammer, cuando advertía que “Las naciones necesitan enemigos”.   Pero, por encima de tales consideraciones, el diálogo de Santayana ilustra bien la problemática jurídica que entraña este derecho, hermano gemelo del tan encarecido autogobierno, o en la moderna jerga de la clase política y de los medios de comunicación, el derecho de pueblos y patrias a decidir. El derecho de autodeterminación, que el movimiento nacionalista enarbola como un dogma tan incuestionable como la facultad del individuo de disponer de su vida en ejercicio de su irrenunciable libertad personal, allana toda diferencia entre el Derecho Público y el Privado y convierte a los pueblos en entes titulares de derechos subjetivos como puedan serlo las partes contratantes en el Derecho Mercantil. Entre sostener la conveniencia de una secesión ante una situación concreta y reconocer el derecho universal de los pueblos a autodeterminarse media la confusión provocada por la extensión de un supuesto fáctico particular a una fórmula jurídica general. Este salto conceptual no es en modo alguno inocente, y genera un problema político más complicado que el propio conflicto que, supuestamente, pretende resolver: el grado de libertad que puede alcanzarse en las relaciones contractuales o de amistad bilaterales, donde, teóricamente, la situación permanece bajo el control de los sujetos protagonistas, -sin excluir que ello sea, en ocasiones, una pura ficción que los propios sujetos necesitan para creerse libres- no es ni remotamente posible allí donde una de las partes es el poder político y la otra una comunidad pretendidamente soberana: esta diferencia sustancial desplaza el ámbito del problema del Derecho Civil al Derecho Constitucional; las controversias, en uno y otro campo, son de naturaleza radicalmente diferente.   El Estado no es una asociación voluntaria de poder mudable con arreglo a  las apetencias  y página siguiente

designios de súbditos y poderosos, no es un proyecto: tal concepción subjetivista es un dislate que han terminado por asumir nacionalistas y supuestos antinacionalistas que rechazan el nacionalismo ajeno desde la base del nacionalismo propio. Oponer a un proyecto sugestivo de vida en común, por ejemplo Euskal Herria, otro proyecto que se pretende más sugestivo aún, por ejemplo España, es una estupidez similar a la de pretender de un enamorado que cambie sin más de amada. La patria no es un proyecto sino el suelo donde se nace y el presupuesto de toda acción política. La autodeterminación, es decir la secesión (pues una autodeterminación que no contemple en su horizonte como permanente posibilidad la secesión, no es más que vacua retórica) se ejerce de hecho y hasta puede negociarse con la potencia considerada ocupante; lo que es jurídicamente insostenible es exigir un previo reconocimiento de la secesión como un derecho unilateral cuyo ejercicio solo compete al titular del mismo. La autodeterminación carece de toda realidad jurídica y sólo puede ejercerse de hecho; y se ha ejercido, conviene subrayarlo, no como derecho sino como hecho, sólo cuando la ocupación se ha vuelto militar o económicamente insostenible, o bien como resultado de una guerra de secesión.   La segunda contradicción en la que incurren los defensores del derecho de autodeterminación tiene lugar cuando se legitima tal pretensión en un Derecho Natural, previo por tanto al Derecho Positivo, para a continuación fundamentar tal pretensión en una legitimación histórica y fáctica que justificaría por qué razón unas entidades tienen ese derecho y otras no: situada la cuestión en esos términos, la autodeterminación deja ya de ser un derecho universal o una facultad que sólo la tiranía puede negar, como sostienen fraudulentamente sus defensores. Si tal legitimación de carácter puramente positivo se da por válida, sobra toda alusión a un derecho natural de pueblos y naciones a autodeterminarse: no hay tal derecho natural allí donde sus defensores creen necesario esgrimir credenciales históricas que lo justifiquen, pues todo derecho natural es de esencia ahistórica; más aun, la legitimación histórica no hace más que ir en detrimento de su carácter de derecho natural. El derecho natural en modo alguno necesita apelar a una historia que lo legitime, le basta con la apelación a la razón, la historia le resulta por completo extraña. Los motivos, confesados o no, están en otro sitio. A pesar de ello, la justificación teórica del derecho de autodeterminación considera a las naciones como titulares de derechos, como lo son los individuos para el liberalismo clásico.   El punto de vista del liberalismo, a este respecto, introduce al menos la novedad de tomar conciencia del problema que tal derecho representa para una estructura de poder como el Estado, que reclama para si el monopolio de la violencia legítima en los territorios objeto de su jurisdicción, según el celebrado aserto de Max Weber. Un Estado, por mínimo que sea, según los parámetros ideológicos del liberalismo, no deja sin embargo de responder al axioma definitorio de Max Weber. Pero tal toma de conciencia por parte de los ideólogos del liberalismo no significa, ni mucho menos, que hayan conseguido dar una solución satisfactoria al problema: saben demasiado bien que un reconocimiento jurídico del derecho    de    autodeterminación    entra    en contradicción insuperable con la naturaleza de una organización que reclama para si el monopolio de la violencia legítima: ¿dónde está tal monopolio si la propia organización reconoce a quienes le están sujetos el derecho de sustraerse a su jurisdicción?   Weber y Schmitt Por lo demás, no hay Constitución con aspiraciones de supervivencia que pueda reconocer, dentro de unos mismos lindes territoriales, la existencia de una pluralidad de sujetos dotados de poder constituyente, que no otra cosa significa el derecho en cuestión. Carl Schmitt señaló que tal situación “anularía la unidad política, y colocaría al Estado en una situación por completo anómala. Todas las construcciones jurídicas derivadas de esta situación son inservibles”. Si el poder constituyente reside en la federación, no cabe otorgar ese mismo poder constituyente a los entes federados; inversamente, si los entes federados son titulares de un poder constituyente, la federación deja de existir. Y no introduce diferencia alguna el hecho de que en lugar de una federación nos remitamos a un estado centralista o autonómico. Tal conclusión vale tanto para las naciones ya constituidas como para aquellas que, autodeterminándose en un futuro, estén por constituirse: una supuesta República Independiente de Galicia no reconocería el derecho de autodeterminación del Municipio de A Coruña. Pero la axiomática defensa del Individuo frente al Estado por parte del liberalismo, lleva a algunos téoricos a enmarañarse, con respecto al derecho de autodeterminación, en un laberinto carente de salida. De lo cual es testimonio insuperable el intento de Ludwig von Mises en su obra “Liberalismo”, en la que podemos leer:   El derecho de autodeterminación respecto a la cuestión de la pertenencia a un Estado, significa, pues, esto: que si los habitantes de un territorio –ya se trate de una única aldea, de una región o de una serie de regiones contínuas- han expresado claramente a través de votaciones libres su voluntad de no seguir en la formación estatal a la que actualmente pertenecen y de constituir un nuevo estado autónomo, o la aspiración a pertenecer a otro estado, hay que tener en cuenta este deseo. Sólo esta solución puede evitar guerras civiles, revoluciones y guerras internacionales (…) Si de algún modo fuera posible conceder a cada individuo este derecho de autodeterminación, habría que hacerlo. Sólo porque prácticamente no se puede hacer por insuperables razones técnico-administrativas, que exigen que la administración estatal de un territorio tenga un ordenamiento unitario, sólo por esto, es necesario limitar el derecho de autodeterminación a la voluntad mayoritaria de los habitantes y de territorios bastante grandes  para  poder presentarse como unidades geográficas en un ámbito político-administrativo nacional. La insuficiencia teórica de esta defensa de Von Mises viene dada por el carácter inevitablemente arbitrario de la concesión de tal derecho. Un planteamiento jurídicamente exigente no puede conformarse con expresiones tan indeterminadas como territorios bastante grandes: la deficiencia formal del aserto es incompatible con la idea misma de Derecho, y nos sirve además de pista para saber a que podía referirse el jurista alemán Carl Schmitt cuando sostenía que “no existe una teoría positiva del Estado por parte del liberalismo; a lo sumo una crítica liberal del poder político”. Por el contrario, el discípulo de Von Mises y de Murray N. Rothbard, Hans Hermann Hoppe, en su obra “Monarquía, Democracia y Orden Natural” da un paso infinitamente más consistente, al propugnar abiertamente la abolición del Derecho Público, la supresión del Estado en tanto que ente monopolizador de la violencia legítima, y su sustitución por asociaciones voluntarias de individuos en las que incluso la garantía de la seguridad física de sus miembros estaría completamente privatizada. A este contexto es al que termina por remitirnos toda defensa del derecho de autodeterminación intelectualmente exigente: no es posible sostener que una comunidad política que se pretende soberana reclame para si un derecho que a su vez se le niegue a una comunidad de vecinos que se pretenda titular de un poder constituyente.   Mises, Rothbard y Hoppe Hoppe, uno de los más destacados contribuyentes a la teoría del “anarcocapitalismo”, sostiene la vital importancia de reconocer el movimiento secesionista, pues sabe que ello es un primer paso fundamental para la disolución de los estados nacionales en “unidades territoriales más pequeñas”, donde “será más probable que individuos económicamente independientes (…) sean reconocidos como la élite natural que legitima la idea de un orden natural de pacificadores y jueces no competitivos y financiados libremente, y una serie de jurisdicciones concurrentes como las que hoy existen en el comercio y en los viajes internacionales”. Hans Hermann Hoppe sabe que para ello es necesario, previamente, abolir el Estado, en la misma medida en que la derogación del Derecho Público, paso inevitable del reconocimiento jurídico de naciones, pueblos, comunidades de vecinos e individuos de la facultad de autodeterminarse, hace imposible la noción misma de Constitución, que remite necesariamente a la institucionalización de un poder político que Hoppe, como anarquista, desea ver abolido. La consistencia intelectual de Hoppe es la que no tiene una clase política defensora de un derecho bajo el que malamente se ocultan ambiciones oligárquicas de poder que el Estado de las Autonomías no ha hecho más que exacerbar. página anterior {!jomcomment}

Rodríguez Zapatero ha declarado a un medio de comunicación argentino que el derrumbe de la construcción es el factor fundamental en la crisis económica de España, ocasionando un brutal impacto en el empleo; y se ha vanagloriado de la solidez del sistema financiero español: “no ha quebrado ningún banco, ni grande, ni mediano, ni pequeño”. Esto no ha impedido -ha confirmado el presidente- que “el crédito haya dejado prácticamente de funcionar”; ante lo cual, el Gobierno ha respaldado a las entidades financieras para que vuelva a fluir la liquidez.   Sin embargo, el ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro afirma que el sistema bancario español estuvo al borde del colapso hace unos meses y que por eso su partido, el PP, apoyó el plan de compra de activos puesto en marcha por el Gobierno porque, con la excusa (para no alarmar a la población) de facilitar el crédito, “había que ayudar a los bancos”. El señor Montoro, por tanto, sabía que el plan Solbes era “una mentira”.   Emilio Botín confirma que a los banqueros les “interesa muchísimo prestar dinero; es nuestro oficio” y asegura que en el Santander tienen “el grifo abierto”; la menor concesión de créditos debe achacarse, entonces, a la caída de la demanda y a una actitud responsable: no dar préstamos a quien no puede pagarlos. Botín reconoce que las restricciones crediticias generan “crispación social”. Los expertos indican que la clave está en la expresión “demanda solvente”: antes toda lo era, y ahora casi ninguna lo es a juicio de los bancos, cuyos departamentos de riesgos han vuelto a funcionar después de estar diez años inactivos.   José Blanco anuncia que el PSOE tendrá “paciencia ilimitada” con los bancos, ya que es necesario “el trabajo colectivo para que todo el mundo reme en la misma dirección”, el ministro de Economía también está dispuesto a dar margen a la Banca para conceder créditos: “Yo no pierdo la paciencia prácticamente nunca”. Incluso se ha retractado el miembro del gobierno que hizo el papel de “policía malo”, Miguel Sebastián, el cual ha terminado por decir que no va a “enseñar a los panaderos a hacer pan a estas alturas”, añadiendo que “la Banca sabe cómo hacer crédito y dinero”.   hechos significativos   Según los datos del INE, en diciembre la producción industrial cayó un 19´6 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior.   Esperanza Aguirre recuerda "la larga historia de espionaje político del Rey para abajo" que puede acreditar el PSOE.

Miedo a la oscuridad (foto: stuant63) Miedo y … ¡acción! Alertas amarillas, naranjas, rojas. Una burbuja que se hincha, la mayor nevada del milenio, niños asesinados por el dios del viento, el terrorismo, la crisis, los repúblicos, los banqueros, los exmaestros, los del PP, los del PSOE, ola de frío, ola de calor, la secta, el ideal propio, la razón ajena, el lobo feroz y el lobby judío… qué miedo.   Pero no, algunos no lo sienten en su alma. Es cierto que la ausencia de miedo ayuda más a observar que a pensar profundamente. Por eso es difícil contener la risa mientras se ve despreciar la emoción de las metáforas a los bravos guerreros que marchan una y otra vez a batallas imaginarias. No tener miedo es un problema en la sociedad adicta al miedo fantasioso. Miedo a la propia vida y al propio nombre. Miedo a la posición, miedo al momento, al abandono, a las consecuencias, al fracaso y a la crítica. Miedo al vacío. El miedo encuentra más enemigos que prójimos, siempre es combativo y se rodea de excusas humanas para mantener abierta la vía de escape. El miedo es anónimo, zafio y mentiroso. El miedo es tan insultante como contradictorio e inofensivo. Burke es pertinente ante el miedo, como lo fue ante el fascismo: la pujanza inquieta de la cobardía se ve alimentada si la valiente tranquilidad nunca hace nada para ponerle freno.   Un millón de años de tecnología, para terminar teniendo miedo a las arboladas marítimas, los hielos antárticos y las manos negras que pueblan el televisor. El miedo facticio es un síntoma de lo lejos que ha quedado el sentido de la realidad de los súbditos. Tener miedo es preciso, vivir no lo es. Tener miedo como los animales; miedo de viejo, de racista o de esclavo liberado a la fuerza. Miedo de traidor. Volvamos a pensar en sociedades que alojadas en cómodos chalés, temen los efectos de los incendios y la crecida de las aguas. Veamos a los ciudadanos deseando que gobiernen las mismas personas o grupos que los hastiaron a fuerza de abusos. Sintamos la debilidad de quienes pronostican a voz en grito, como quien ora por lo bajinis, las calamidades que darán la razón a sus arengas de emperador doméstico. Jubilados de lo social, encontrad algún enemigo al que herir y temblad, temblad, malditos.