González y Rubalcaba (foto: petezin)   Cuántas páginas del inmediato pasado franquista se emborronaron para hacer las nuevas cuentas de la Monarquía de los partidos. No teníamos que reconciliarnos con la realidad asumiendo la historia reciente, sino dar paso a la reconciliación general de los españoles -aunque fuese la de opresores y oprimidos, víctimas y verdugos- mirando a otro lado o hacia delante, cuando viésemos al ex jefe del Movimiento Nacional, al ex ministro de Franco o al que éste designó sucesor, jactándose de las libertades que nos habían otorgado.   En su novela “Koba el temible”, Martin Amis señala que después de toda la copiosa información que obra en nuestro poder, las simpatías por el totalitarismo soviético o por las atrocidades de Mao no son inmediatamente vilipendiadas, tal como se hace con las de los neonazis o neofascistas. Y cómo es posible que la infame ideología racista que se desprende de los escritos de Sabino Arana sea considerada una digna herencia cultural del nacionalismo o etnicismo vascos.   Aparte de la moral acomodaticia que impera en las sociedades con tanto bienestar que se olvidan de reclamar su libertad, predomina en ellas la irresponsabilidad intelectual. En lugar de levantar una sólida argumentación contra el derecho de autodeterminación que anima al terrorismo, ese presunto derecho recibe un delicado tratamiento por parte de una izquierda que presume de avanzada, y que en este caso, está muy retrasada.   La tortura representa el más bajo escalón de la depravación humana y zoológica (el hombre no comparte este rasgo con ningún otro animal, por fiero que sea). Pues bien, la ignominia del “caso Lasa y Zabala” tendría que haber deshonrado públicamente al gobernante que justificó desde las alcantarillas la razón de Estado. Y, sin embargo, este sujeto se vanagloria de una sórdida sapiencia política.   ¿Acaso se permitiría en un país con un sistema político civilizado la permanencia en el cargo de una inepta tan insuperable como Magdalena Álvarez, después de sucesivos derrumbes, atascos y colapsos e ingentes pérdidas de fondos públicos? Zapatero, el augur de la crisis, ni sabe ni responde.

Manifestación estudiantil (foto: Alberto Rey) Las recientes manifestaciones estudiantiles contra el Plan Bolonia nos traen, a los que vamos teniendo unos años, recuerdos de otras épocas algo más conflictivas. En los más duros y reivindicativos años 80 los estudiantes se ponían en huelga debido a las reformas educativas que el ministro Maravall impulsaba. Era la época del Cojo Manteca et al. Analizando ahora, con la ventaja de los años pasados, lo que las reformas iban a traer a la educación media y superior de España (informes PISA, universidades mediocres, masificación estudiantil, formación profesional infrautilizada, y un largo etcétera…), quizás nos tendríamos que haber opuesto con más fuerza.   Las manifestaciones de hoy en día son, afortunadamente, más pacíficas pero los que las habitan parecen los mismos de siempre: las mismas banderas estrelladas, las bufandas palestinas, las camisetas del Ché… los nuevos revolucionarios de Zara y rebeldes de playstation dan la misma impresión que hace veinte años: juventud manipulada por unos pocos que gustan de hacer ruido. Algunos de aquellos jóvenes líderes estudiantiles acabaron siendo con el tiempo altos cargos socialistas, con su coche oficial y su tarjeta de crédito a cargo del ministerio. Veremos donde acaban los de ahora.   La reforma Bolonia puede no ser perfecta, pero es una modernización muy necesaria de la Universidad, especialmente necesaria en España, en donde la institución mantiene prácticas que recuerdan al medievo, donde el "derecho de pernada" académica, la endogamia flagrante e incluso el nepotismo son prácticas que de tan habituales se aceptan como normales. En España sobran universidades, y posiblemente universitarios, una hipoteca que hay que atribuir a las caciquiles parcelas de poder que las comunidades autónomas han fomentado. Debemos ser de los pocos países del mundo que permitimos que un estudiante se pase 10 o más años utilizando fondos públicos para su supuesta formación. Todo el mundo ha de tener derecho a recibir una educación superior, pero eso no significa que todo el mundo deba tenerla. Es necesaria una mayor exigencia, y la introducción de la competitividad en la Universidad española. Lo contrario es seguir dejando las cosas como están, es decir, mal.

Lo peor de la ignorancia es que, a medida que se prolonga, va adquiriendo confianza. En España, lleva ya más de treinta años campando a sus anchas después de empezar sus correrías a lomos de la mentira pública y, todavía hoy, la grosera parafernalia del representado como ritual medular del poder agrede hasta la náusea el más liviano soplo de inteligencia. Según el diccionario de la RAE, “elección” es acción y efecto de “elegir”; y éste, el verbo transitivo que significa escoger, preferir a alguien o algo para un fin, o bien, nombrar por elección para un cargo o dignidad. Hay que descartar ésta última acepción —aparte de ser recurrente al propio término cuya semántica tratamos de dilucidar— porque se refiere a nombrar a alguien, ya que las palabras “cargo” y “dignidad” tienen un marcado sentido personal; cosa fuera de lugar en el sistema electoral español, pues quiénes van a ser los diputados es algo ya decidido por el aparato de los partidos políticos al incluirles, con nombres y apellidos, por orden preferencial en sus listas (además del caso esencial del parlamento nacional, lo mismo sucede para uno autonómico o para el europeo).   Un votante puede escoger o preferir la lista de un partido a la de otro u otros, siempre entre las presentadas por aquellas organizaciones para la propia circunscripción provincial. Y ciertamente así sucede, sólo que estas acciones individuales son despojadas de cualquier trascendencia colectiva, despreciando la elección personal de cada ciudadano al apartarla de lo que realmente es para instrumentalizarla como mero refrendo a un partido, asignándose entonces los escaños en proporción a un apoyo fraudulentamente obtenido.   En España, las llamadas “elecciones” son la acción pero nunca el efecto del “elegir” de los votantes. Todo el proceso es una colosal mentira. Las listas de partido ni siquiera se presentan a una selección. Se trata de la coartada que concertaron los partidos políticos para disimular su somero monopolio en el reparto de un poder indiviso, implicando a los españoles en una inconsciente elaboración —contraria a cualquier principio de decisión racional— de la lista definitiva para su circunscripción. De esta guisa se consiguen resultados finales que, de tener que haberse presentado a una verdadera elección, jamás hubieran sido apoyados. ¿O acaso hay quién en su sano juicio pueda pensar que una “candidatura” que incluyera juntitos, entre otros, a Zapatero, Rajoy, Díez y Llamazares —última que, si nos creemos el timo al pie de la letra, fue la “elegida” por Madrid el pasado 9M— hubiera sido votada por alguien? Descender hasta cotas inconcebibles de idiotez y cretinismo intelectual con tal de confundir al personal, única manera de convertir en cabal semejante desatino, no supone obstáculo alguno para los comentaristas, tertulianos y opinadores de la así oficialmente “La Democracia”, sino, muy al contrario, es motivo de promoción.

Los autónomos y las pequeñas y medianas empresas están entre la espada y la pared. La morosidad de las Administraciones Públicas españolas -tardan más de 145 días en saldar sus deudas frente a los 65 de media en Europa- está ocasionando graves problemas a unas empresas que siguen padeciendo la aguda restricción del crédito. Según una encuesta de las Cámaras de Comercio, ocho de cada diez pymes tienen serias dificultades para acceder a una financiación, cuyos costes, además, han aumentado: no sólo respecto a los tipos de interés, sino también con los gastos de tramitación y las comisiones bancarias.   El estallido de la burbuja inmobiliaria y la consiguiente merma de ingresos de los ayuntamientos ha provocado que transcurran hasta siete u ocho meses antes de que estas corporaciones paguen a las empresas que suministran, por ejemplo, material hospitalario, o prestan distintos servicios urbanos. &nbsp Aparte de esta crítica situación (en la que las Administraciones Públicas adeudan más de 12.300 millones de euros), se exige a estas empresas, bajo amenaza de embargo, que ingresen en las arcas públicas más de 5600 millones por las facturas de unos servicios que aún no han cobrado.   Ante esta deuda pública, los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) proponen que se compense a las empresas perjudicadas, eximiéndolas del pago del IVA y del Impuesto de Sociedades, o bien, que lo que se les debe sea considerado “aval suficiente” para aplazar sus obligaciones fiscales sin tener que abonar intereses de demora. Lo cual, según Gestha, supondría una inyección de liquidez para muchas empresas que, siendo hasta ahora solventes, se ven obligadas a echar el cierre por la falta de capital circulante con el que pagar a sus empleados.   El plazo de pago de 30 días que establece la ley es pura filfa, al igual que la aplicación de las sanciones -como la indemnización por costes de cobro- que mitiguen los perjuicios que causan los retrasos. Sin embargo, difícilmente se atreverá un empresario a reclamar sus derechos ante un juzgado por temor a las represalias o a verse relegado en su trato con el Estado.   hechos significativos Esperanza Aguirre, dejando a un lado la condición estatal de los partidos, dice que “si hiciéramos a todos funcionarios, habría pobreza, hambre y corrupción”.   El ICO achaca el fracaso de su línea de créditos a la virulenta mutación de la crisis.

Asturias repoblada de extraños (foto: Alice Swanson) Esperpento endogámico La Universidad española es un esperpento. Y al frente de esta procesión grotesca de la estética, la ética, el mérito y la verdad sistemáticamente deformadas, se sitúan la Universidad de Oviedo y su rector Vicente Gotor. La Plataforma contra la corrupción en la Universidad ha elaborado un jugoso dossier (*) que horripilaría a cualquier universitario europeo.   Don Vicente Gotor ha declarado que la Universidad de Oviedo va a seguir manteniendo los niveles de endogamia que ha presentado durante los últimos tiempos, y no porque se sienta orgulloso de que su Universidad sea un centro de referencia mundial donde, como en el origen medieval de estas instituciones, se dieran cita los sabios venidos de Oriente y Occidente, sino porque es la Universidad que mayor endogamia presenta en toda España, al menos de forma documentada, ya que en el año 2002 de 407 plazas convocadas sólo se adjudicaron 14 a personas no pertenecientes a la Universidad o quedaron desiertas, es decir un 96.5% de plazas se cubrieron por gente de la casa. Veremos que esto no es una casualidad.   Para mantener este récord del catetismo, el rector ha comentado los puntos fuertes de la nueva normativa de la Universidad. En primer lugar, en el caso de profesores contratados que pasan a titulares, el docente debe decidir si sale a concurso o no su plaza. O sea, que si un profesor contratado no pega ni un palo al agua, a la Universidad le da lo mismo, ya que es el vago de turno el que decide o no el destino de SU plaza. En segundo lugar, y agárrense que vienen curvas de vértigo, si a un departamento se presenta un premio Nobel y la comisión tiene la honradez de dar la plaza a éste y no al candidato de la casa, entonces se penalizará al área sin convocar más vacantes en cuatro años. Esta es la punta del Iceberg de un régimen clientelista y fallido, en el que la exhortación del poder a sus súbditos es, como en el Píramo y Tisbe de Marirreguera, “¿quién no desea la sosegada vida de l'aldea?”.

El presidente del PNV, Íñigo Urkullu, ante la posibilidad de llegar a un pacto para la consecución del Gobierno regional del País Vasco, ha lanzado insultos y amenazas a los que osen realizarlo a espaldas del PNV, como partido más votado, calificando ese acto de “golpe institucional” a la sociedad vasca. El señor Urkullu de olvida de los pactos que su partido hizo en la Diputación Foral de Guipúzcoa para conseguir su Gobierno y desplazar al PSOE o el pacto que hizo con el PSOE en la Diputación Foral de Álava para conseguir su Gobierno y quitárselo al PP (éste fue el partido más votado, el PNV fue el tercero). De esta forma añadía esos territorios al poder que ya disfrutaban en la Diputación Foral de Vizcaya.   Estos cabreos de tinte totalitario son consecuencia de los cerca de treinta años en el poder regional del País Vasco en los que el PNV ha tejido una tupida red de intereses que atrapa a una gran parte de sus habitantes.   Esta red está encabezada por la Comunidad Autónoma que, a pesar de no tener poder tributario y recibir su financiación de las Diputaciones Forales que son las gestoras de los tributos del Estado según las normas del Concierto Económico, es una auténtica máquina de gastar a través de los múltiples órganos y entes creados y de mantener la clientela con subvenciones a las actividades más insólitas que se les puedan ocurrir a sus ciudadanos. Por su parte, las tres Diputaciones Forales reparten este botín entre la Comunidad Autónoma, los Municipios (junto con los de Navarra, son los mejor financiados de toda España) y el Estado (el famoso “cupo”, compensación al coste de las competencias no asumidas por la Comunidad Autónoma, en realidad unas migajas después de los ajustes financieros).   Por si acaso esta vasta red no llegaba a todos los rincones del pequeño territorio de 2.157.112 habitantes, ampliaron su influencia en la sociedad civil a través de sociedades anónimas con capital total o mayoritario del Gobierno autonómico (61), de las tres Diputaciones Forales (29), de los 251 Municipios (137), de todas ellas (41 sociedades cuyos únicos accionistas son estas Administraciones, como Kursal, Bilbao Ria 2000 o Festival de Cine de San Sebastian); a través de Fundaciones públicas (27), Consorcios (32, como Transportes de Bilbao o Abastecimiento de agua al área metropolitana de Bilbao) o tomando participaciones en sociedades privadas que fomentasen o gestionasen actividades pretendidamente civiles y mercantiles.   Así que solamente con imaginar que el PNV no va a estar presente en una parte de este gran entramado ha irritado enormemente al señor Urkullu que no para de recordar a sus huestes la llegada de los jinetes del Apocalipsis y el viejo dicho “nosotros o el caos”.

El carácter redundante y recursivo de la razón de Estado significa que ésta no necesita ser racionalmente justificada sino tan solo invocada. Un concepto vacío, preparado para ser llenado con aquello que, en el momento mismo de la invocación, pasa a ser ocultado. Mejor que nadie supo expresarlo el jurista italiano Pietro Andrea Canonhiero en su tratado Dell’introduzione alla politica, alla ragion di stato: “Son acciones amparadas en la razón de Estado aquellas para cuya justificación no cabe apelar más que a la propia razón de Estado”. La imagen de una serpiente que se muerde la cola hasta la mutua anulación de lo comiente y lo comido no puede encontrar mejor reflejo; esta caracterización de Canonhiero puede parecer una siniestra burla, pero el propio concepto de razón de Estado es ya de por si una burla a la razón. Ningún jurista ha sido capaz de deslindarla de acciones que repugnan a la moral común y general; pero el Estado cuenta con su propia deontología, es decir, su propia moral particular. De lo contrario, el propio concepto de razón de Estado sería completamente innecesario. Así supo verlo Carl Schmitt cuando, en su ensayo “La Dictadura”, sitúa la razón de Estado como inequívoco factor constituyente del Estado Moderno, con palabras que, por sí solas, constituyen un antídoto más que suficiente contra la retórica secular de tantos criminales encaramados al poder: “El Estado Moderno ha nacido como resultado de una técnica política. Con él comienza, como un reflejo teorético suyo, la teoría de la ‘razón de Estado’, una máxima que se levanta por encima de la oposición de derecho y agravio y se deriva tan sólo de las necesidades de afirmación y ampliación del poder político”.   En un paralelo conceptual bastante más estrecho de cuanto a primera vista pueda parecer, se encuentran esta idea y la noción de “consenso”. Cuando una idea es repetida hasta la saciedad por la clase política y los medios de comunicación, lo más prudente es desconfiar y proceder a su disección conceptual.   El director de EL MUNDO, Pedro J. Ramírez, acaba de subrayar la “necesidad aritmética y ética” de un pacto entre el presidente del gobierno y el jefe de la oposición. “Zapatero no tiene otro camino que entenderse con el PP si quiere seguir viviendo en la Moncloa”. Involuntariamente nos descubre así el verdadero fundamento del consenso, coincidente con aquello que Carl Schmitt atribuye a la razón de Estado, es decir, la conservación del poder. Pero reclamar un consenso sobre un cajón de sastre de “cuestiones básicas” que, además, tienden a hacerse cada vez más numerosas, sólo puede ser un primer paso hacia el totalitarismo. Y, además, un “carísimo negocio de irresponsabilidad compartida”, como no sin acierto ha sido caracterizado por el periodista de Der Spiegel, Thomas Darnstädt. La irresponsabilidad común a Ejecutivo y Legislativo cuando el segundo renuncia a controlar al primero.

Tribunal Constitucional El Tribunal Constitucional ha avalado en Sentencia que las amenazas leves a mujeres por parte de sus parejas o exparejas sean constitutivas de delito, mientras que si es el varón el sujeto pasivo de tal conducta, quede reducido a simple falta. La diferencia punitiva estriba en que sólo el varón podrá ser condenado con penas privativas de libertad por la comisión de estos actos. De esta forma, el TC rechaza la cuestión de inconstitucionalidad elevada por la titular del Juzgado de lo Penal nº 4 de Murcia en relación con el Artículo 171.4 del Código Penal, modificado por la Ley Integral contra la Violencia de Género. Dicho precepto en su nueva redacción impone penas de prisión de seis meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días a quien de modo leve amenace a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aún sin convivencia. La Magistrado murciana cuestionó la posible discriminación de la norma al sancionar de forma distinta un mismo ilícito dependiendo del sexo de su autor, quedando fuera del delito las amenazas de la mujer al hombre, que quedarían penadas con una ínfima sanción económica propia de su calificación como falta, o aún las proferidas en el seno tanto de matrimonios como de parejas homosexuales.   Como tribunal político que es, el Constitucional llega a tan imposible conclusión aplicando criterios de política legislativa ajenos a la esencial objetividad y lógica jurídica. En este sentido justifica la legalidad de la norma señalando que con ese doble rasero, la Ley pretende prevenir las agresiones que en el ámbito de la pareja se producen como “manifestación del dominio del hombre sobre la mujer en tal contexto y proteger a la mujer en un ámbito en el que el legislador aprecia que sus bienes básicos (vida, integridad física y salud) y su libertad y dignidad mismas están insuficientemente protegidos”. Los fundamentos de derecho de la Sentencia abundan en justificar esa mayor punición en el carácter preventivo de la sanción evitando ulteriores actos de violencia más allá de la meramente verbal. Si la guerra preventiva ha sido criticada por el Derecho Internacional Público, no menor reproche puede causar la justificación punitiva diferenciada por razón de sexo de conductas penales basándose en criterios futuribles o culturales. Uno de los Magistrados, Excmo. Sr. Rodríguez-Zapata, formulando el único Voto Particular, expresó su temor de que este fallo marque el inicio de dos derechos penales, uno para la generalidad y otro para grupos especiales de personas. Llega tarde, el Tribunal en el que se integra sirve precisamente para justificar judicialmente el predominio de la política sobre el Derecho como acredita con copiosos precedentes.