Mostrando su desprecio a las víctimas del atentado del 11-M, que eran recordadas en un acto institucional, el PSOE ha sido coherente. Coherente con su autorrepresentación, con la absoluta falta de representación de la sociedad civil que encarnan los partidos. Ninguna persona que acepte que el Gobierno, el Parlamento, la televisión y el reparto de cargos en la Administración pertenezcan a los partidos puede indignarse porque estos contemplen las instituciones no como estructuras de servicio, sino como el atrezzo de su hogar político. Pueden hacer uso de él como les plazca, para bien y para mal. Ninguna entidad política respetará a una ciudadanía cuya confianza no necesita.   La única institución que los oligarcas deben observar a toda costa es la Corona, con la salvedad de los nacionalistas que pretenden, hipócritamente, no hacerlo. La Monarquía es la institución que enmarca el consenso extra-político. Es el orden dado a los españoles. Y ningún “orden dado” puede ser legitimo por aceptación, pues no hay legitimación a posteriori, sino justificación. Si algún tipo de asentimiento hay en la legitimación, se halla en el reconocimiento de la pertinencia de fundar la institución legitimada. La legitimación se refiere al origen, y convierte en individualmente tolerables la violencia y la centralización administración administrativa al ser aplicadas en nombre de todos. La legitimación de un régimen o un sistema estará en la fuerza, en la libertad política, o en la gracia de Dios, pero no en haber sido aceptado. Eso pertenece al prejuicio de que lo político es contractual; pero la legitimidad se acata o combate. Las estructuras administrativas legítimas son susceptibles de crítica técnica, pero en ningún caso, boicoteables.   Incluso para quienes negamos la legitimidad democrática y la dignidad de todo el entramado político-administrativo del régimen español, sería impensable despreciar una institución excusando malas relaciones con el gobierno de turno. Sin embargo, el PSOE hace bien en expresarlo de la forma más brutal pues, como dice Juan Sánchez, los partidos se presentan como medios siendo en realidad fines. Y un fin político que no participa del poder, caso de los soistas en la Comunidad de Madrid, pierde su razón de ser y debe recordar a su socio principal en el Estado, el PP, que sin alternancia no hay legitimidad renovada, es decir, no hay consenso.   Y lo único que PP y PSOE conocen como alternativa al consenso es la barbarie, de forma que amagan al rival ensañándose con las víctimas del atentado.   La alternativa al consenso es la Política, y sea cual sea su resultado, siempre será menos dañino para la sociedad civil que la cruel partidocracia.

Portada de “Jara y Sedal” Escandalizarse de los efectos lógicos de la inseparación de poderes o es directamente síntoma de imbecilidad, o en el peor de los casos, de hipocresía. Nadie que sepa reconocer la ausencia de separación de poderes que caracteriza esta oligarquía partitocrática puede llevarse las manos a la cabeza porque D. Mariano Fernández Bermejo, que hace tan sólo diez días dimitió como Ministro de Justicia por haber participado sin licencia en una cacería en la que también estaba el Juez Baltasar Garzón y el jefe de la Policía Judicial, se vislumbre ahora como futuro Presidente de la Comisión Parlamentaria de Administraciones Públicas.   El que fuera rector de los destinos de la Justicia patria, estuvo el pasado cinco de Marzo en el Congreso tomando posesión de su despacho de Diputado en la tercera planta bis del edificio de ampliación de la cámara baja. Según informaron a Europa Press fuentes del PSOE, el ex ministro ya se había acercado una semana antes por la Carrera de San Jerónimo para que se le indicara el despacho que habría de ocupar, ahora que había cesado en sus funciones ministeriales. El Diputado por Murcia (¿?) Fernández Bermejo estuvo hablando con otros parlamentarios socialistas para ponerse al día de sus nuevos cometidos. Entre sus “cicerones” estuvo su compañera de candidatura Sara García Ruiz. Esta semana, en la primera sesión plenaria de Marzo, Bermejo “estrenará” también su nuevo escaño en el hemiciclo, ya lejos del banco azul del Gobierno que venía ocupando hasta ahora. El portavoz socialista José Antonio Alonso (Juez en excedencia), ya le indicó hace días que el grupo parlamentario le buscaría un nuevo cometido concreto.   Lo habitual es que se reserven las Presidencias de Comisión para los ex ministros, y dentro de unos meses quedará vacante la de Administraciones Públicas ya que su actual titular, Juan Fernando López Aguilar, abandonará con toda seguridad el Congreso para ocupar escaño en el Parlamento Europeo. Fernández Bermejo asumirá esa tarea después del verano, relevando así por segunda vez a López Aguilar a quien ya sustituyó en su día como Ministro de Justicia. No obstante, si el ex ministro encuentra insuficientemente reconocida su valía en el nuevo cargo, siempre podrá volver a su puesto de Fiscal donde le espera su puesto excedente para reincorporarse con preferencia, y ejercer desde allí sus mejores oficios al servicio del partido. Totum revolutum.

Monedas de Oro, Museo Arq. Nápoles (foto: pacov) En la década de 1990 John Exter (fundador del Banco Central de Sri Lanka) mostró de forma empírica la lucha por lograr la liquidez financiera a través de una cadena temporal de inversiones (“pirámide invertida de Exter”), que reflejaba, peldaño a peldaño, el intento desesperado por mantener el valor de los activos: bienes raíces (pisos, fincas), materias primas (petróleo, café, trigo, arroz), valores cotizados en las Bolsas (acciones, obligaciones y bonos), bonos del Estado, dinero y oro.   A lo largo de la crisis financiera se ha observado el discurrir de este fenómeno. A finales de 2008 hubo una fiebre por invertir en bonos federales de Estados Unidos, incluso pagando comisiones por poseerlos.   Posteriormente, ante la ingente oferta de deuda pública lanzada por la mayoría de los Estados, las personas ya no se fían de los “papelitos” cada vez peor calificados y con primas de seguros de amortización muy altas, ni de las divisas (euros, dólares o yenes, penúltimo escalón de la pirámide) que como pasivo de los balances de sus Bancos Centrales les acompañan. Justamente pierden la fe en ese dinero fiduciario, respaldado por la creencia de que el Estado o una Unión Monetaria lo garantizan, porque en definitiva piensan que “el papel moneda tiende a regresar a su valor: cero” (Voltaire).   En esta época de incertidumbre, agravada por la incipiente deflación, la cotización del oro ha pasado de 400 a cerca de 1000 dólares la onza, y no precisamente porque se haya disparado la demanda de este metal para usos industriales.   En Estados Unidos se organizan “fiestas del oro” (Golden Parties) en casas particulares en las que se compran y venden anillos, pulseras, relojes y otros objetos de oro con la finalidad de conseguir dinero para hacer frente al pago de la hipoteca o de alguna letra (diario “Libertad Digital”). España no escapa a esta fiebre ya que la demanda del metal precioso se ha multiplicado por diez en el último año, como valor refugio ante el miedo de una quiebra bancaria o la suspensión de pagos de alguna institución pública.

Ius ad bellum, ius in bello Los antiguos tratadistas cristianos de la ‘guerra justa’ distinguían dos momentos procesales en el desarrollo de la batalla: el ius ad bellum, es decir, el código por el cual las razones de la parte demandante para marchar en armas sobre el enemigo podían sancionarse como justas y el ius in bello, es decir, el conjunto de normas que regulaban el comportamiento de las huestes en el campo de batalla, estableciendo normas y límites que la lucha armada no podía vulnerar. En tiempos en los que la república romana no había alcanzado ni de lejos la expansión que siglos más tarde la convirtieron en imperio, pudo fructificar y subsistir una concepción jurídico-religiosa para la cual la vulneración del ius in bello hacía la guerra irremisiblemente injusta, independientemente de los motivos que hubiesen llevado a los contendientes al campo de batalla. Huelga decir que esta aproximación de la lucha bélica a las normas que rigen la lucha deportiva no podía más que ser deplorada siglos más tarde, cuando la justicia o injusticia de la guerra se hace ya depender de la justicia o injusticia de la cosa reclamada, en suma, de la propia causa: nótese la imposibilidad, en esta coyuntura, de establecer un criterio que pueda ser compartido por ambas partes en liza, pues ninguna puede por menos de sentir que su lucha está justificada; luego la guerra, bajo tal prisma, siempre es justa.   Max Weber no dejó de subrayar lo contradictorio de la moderna concepción de la guerra justa, en líneas que no dejan lugar a dudas: <<En última instancia, el éxito de la violencia depende naturalmente de las relaciones de poder y no de un “Derecho” ético, aunque parezca que es posible encontrar criterios objetivos para él. En todo caso, a cualquier racionalización religiosa doctrinalmente consecuente debe de parecerle un mero remedo de la ética el fenómeno, típico precisamente del Estado racional, que consiste –frente al ingenuo heroísmo primitivo- en que cada uno de los individuos o grupos detentadores del poder participen en la lucha violenta sinceramente convencidos de “tener razón”>>. Hoy, con la catastrófica experiencia de la Segunda Guerra Mundial a cuestas, y la faz de Mal Absoluto con la que se nos presenta el nazismo, es iluso pretender retomar, para las relaciones internacionales, esa “antigua y auténtica” ética elogiada por Weber; tan difícil como lograr que el Estado de Partidos, con la vulneración de toda noción de representatividad de los electores y la conculcación flagrante de la separación entre Ejecutivo y Legislativo que le es consustancial, aparezca ante la ciudadanía como la más brutal vulneración del ius in bello que, en un sistema democrático, presidiría la lucha política e ideológica.     J.M. Aznar (foto: Pontificia Universidad Católica de Chile)

AIG, que opera en más de 140 países, tiene aseguradas titulaciones bancarias por un valor astronómico; es decir, garantiza la emisión de deuda bancaria y pública para cubrir a los inversores en el caso de quiebra o suspensión de pagos de empresas privadas, entidades financieras y Estados.   Pues bien, esta gigantesca aseguradora norteamericana, pese a las ingentes sumas de dinero público que se le han inyectado, no deja de reclamar ayuda inmediata a la Reserva Federal y al Gobierno de EE.UU. para evitar la catástrofe financiera que supondría una bancarrota en cascada.   En un informe interno de AIG que ha dejado de ser confidencial, se indica con trazos apocalípticos, que si esta aseguradora cae, el principio de protección contra los impagos se desmoronaría y “los fundamentos del capitalismo quedarían socavados”, extendiéndose por todo el planeta una devastadora tormenta financiera. Sin embargo, algunos economistas quitan dramatismo a estas advertencias, que no serían más que un medio de presionar a las autoridades para conseguir un nuevo rescate público.   Y en España, el presidente de la patronal bancaria (AEB), Miguel Martín, ha comparecido en la Comisión de Economía del Congreso para dar explicaciones a sus señorías sobre la restricción crediticia que padecemos. Don Miguel ha señalado que, al ser el nuestro uno de los países más endeudados del mundo (el riesgo de que la deuda soberana de España no se pague ha crecido casi un 700% en un año), los efectos de la crisis internacional nos afectan más que a nadie.   El presidente de la AEB ha querido disuadir a los representantes de los partidos estatales de acudir en ayuda de “entidades inviables” ya que esto “lastra y debilita al conjunto del sistema”. No obstante, el Gobierno se propone reflotar la Caja de Castilla-La Mancha (CCM) a través del Banco de España, con el Fondo de Garantía de Depósitos, para fusionarla con la andaluza Unicaja. CCM tiene un agujero patrimonial de 3000 millones de euros a causa de la falta de criterios de mercado en la concesión de créditos que conlleva la discrecionalidad política en la gestión del negocio. Miguel Martín asegura que la Banca “arrimará el hombro”.   hechos significativos El cardenal Cañizares se muestra alarmado ante la posibilidad de una "reconquista islámica" de España.   Francisco Camps trata de despejar las dudas sobre los trajes que se pone: "claro que me los pago yo".

El pensador (foto: Graf+iti) Rodin en Madrid Las obras de arte son las únicas cosas sin una “función” en el proceso vital de la sociedad: no se hacen para los hombres de hoy en día sino para un mundo destinado a subsistir más allá del curso de una vida normal, más allá del ir y venir de un par de generaciones. Los viandantes, en Madrid, pueden apreciar y sentir en las esculturas de Rodin esa belleza que permanece a través de los siglos, como la de las catedrales.   Del boceto de un proyecto gigantesco que no pudo llevar a cabo –el de la Puerta del infierno- proceden El pensador y otras tantas piezas. El diseño de las puertas y el asunto que se trata en ellas (una secuencia de condenados cayendo o ascendiendo) incitan a pensar en el Juicio final de Miguel Ángel. La magistral tridimensionalidad de la escultura de Rodin, unida a la intensidad emocional que la masa desprende, como si recibiera vida del interior y la irradiase, nos obliga, presos de la fascinación, a dar vueltas alrededor de sus obras, algo que en el caso de El beso, resulta embriagador. La genialidad de Rodin para plasmar el cuerpo humano convierte a este artista en uno de sus mejores observadores y uno de sus más eficaces exploradores. Bebe de la mejor tradición, la renacentista de su admirado Miguel Ángel, y de la griega, recogiendo sus valores esenciales (volumen, ritmo…), para crear una escultura moderna que expresa profundos sentimientos.   Al contemplar en Madrid El pensador (la réplica más antigua) y las seis piezas que componen “Los burgueses de Calais” podemos confirmar aquella idea de que la belleza es la manifestación misma de la indestructibilidad, de la inmortalidad de los mortales. Sin ella, sin esa radiante gloria, la vida humana sería fútil y la grandeza no podría perdurar.

Después de comprobar que la erosión de los balances de los bancos ha sido la causa principal de la crisis de liquidez financiera actual por haber concedido préstamos hipotecarios en cantidades superiores a los niveles elementales de riesgo; y que financiaban aquellos no solo con los depósitos recibidos a largo plazo sino con los recursos pedidos a otros bancos y que, una vez agotados esos medios, empaquetaban aquéllos en títulos (MBS: Mortgage-Backed Securities) para ponerlos a la venta o entregar a un intermediario y así limpiar sus balances, conseguir dinero fresco y continuar concediendo nuevas hipotecas, incrementando la bola de nieve.   Después de comprobar el inmenso tinglado montado por esos intermediarios (mercado secundario) para estructurar esos títulos en tramos de solvencia (CDO: Collateralized Debt Obligations) y asegurar su amortización (CDS: Credit Default Swaps); que al menor soplo de viento de crisis caían como un castillo de naipes y a reglón seguido los Estados, movidos por el pánico, inyectaban ingentes cantidades de dinero de todas las formas posibles, utilizadas para hacer frente a los vencimientos de aquella montaña de derivados, es decir, para tapar sus propios agujeros…   He visto que la crisis financiera continúa y que por mucha liquidez que se inyecte en el sistema, el crédito no fluirá hasta que se restaure en primer lugar la solvencia de los bancos y en segundo lugar la solvencia de las empresas, situación en la que los clientes que compran sus productos pagan sus deudas, y la de las personas, situación que se goza con un trabajo solvente y una economía doméstica solvente.   Pero si los Estados captan los ahorros de los ciudadanos para rescatar a los bancos mal gestionados, las hipotecas impagadas o a las malas empresas y no lo emplean en fomentar las inversiones que benefician a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos, verdaderos semilleros de empleo, además de distorsionar la asignación racional de los recursos detraídos a los ciudadanos, puede suceder que el propio Estado quiebre. Desgraciadamente esta afirmación no es ningún delirio catastrofista, es la constatación de lo sucedido en Islandia, lo que está a punto de suceder en Ucrania, los malos augurios de Irlanda y Letonia y lo que puede suceder en varios países del Este europeo. No en vano algunos dirigentes de la Comisión Europea ya asumen que habrá que liquidar bancos para que el resto no se hunda y el mismo comisario de Asuntos Monetarios de la UE, Joaquín Almunia, ha advertido que Irlanda, Grecia, España, Francia y Malta, de la zona euro, más Letonia tienen déficit excesivos. Y los ciudadanos españoles sin enterarnos porque nuestro Gobierno, que está dando dinero a espuertas a esos gestores, cuida de nosotros para que no suframos cuando…. veamos el precipicio.