Hace siglo y medio, escribió Arthur Schopenhauer en su Parerga y Paralipomena:   Un ejemplo muy significativo de deformación mítica de la Historia con fines patrióticos nos lo ofrece el mundialmente famoso Cid, el español, glorificado por la tradición oral y las crónicas. […] Sin embargo, los escasos datos históricos sobre su figura nos lo presentan ciertamente como un caballero valiente y como un notable caudillo, pero también como un hombre muy cruel, desleal y fácilmente sobornable, sirviendo tan pronto a una parte, tan pronto a la otra, y más a menudo a los sarracenos que a los cristianos; como un mercenario, en definitiva.1   Como en el caso del Cid Campeador, el uso de los escasos documentos existentes sobre la figura del famoso conspirador Lope de Aguirre ha obedecido a fines políticos, toda vez que el célebre rebelde guipuzcoano, que llegó a reivindicar su alzamiento contra la Corona en una lúcida, irónica y furibunda carta dirigida al tiránico Felipe II (auténtico y pionero manifiesto de la futura independencia americana, tanto que algo más de doscientos años después el propio Simón Bolívar llegaría a recomendar su publicación en prensa como arenga revolucionaria), fue primero satanizado por los papagayos del imperio (especialmente por los clérigos, recelosos de las denuncias vertidas contra ellos en el mencionado escrito) y, más tarde, tanto por los monárquicos a ultranza (caso paradigmático el del historiador Emiliano Jos) como por los voceros del franquismo.   ¿Por qué esto último, sin duda decisivo a ojos del español contemporáneo? Porque, mediante la satanización del caído, buscó asociarse en el imaginario colectivo la frustrada rebelión de los marañones (así se conoce a los hombres que junto a Lope de Aguirre le declararon la guerra "a sangre y fuego" al emperador y a sus vasallos) con la recientemente fracasada república, al tiempo que a la aurora fascista de Franco con la sombra absolutista de Felipe II. Es decir, que la memoria de Lope de Aguirre fue sacrificada, por imperativo de Estado, en el altar del totalitarismo.               Lope de Aguirre,   antihéroe español     Carlos García Queimadelos         Pero ha de saber además el amable lector que, contrariamente a la creencia generalizada, o mejor dicho, ¡impuesta desde los poderes públicos!, el imperio español basó su desarrollo y consecuente prosperidad en la trata negrera. España importó, de hecho, el quíntuplo de esclavos (2.500.000) que los estadounidenses y aun tanto como la suma total que se deriva del número de africanos importados por los norteamericanos (500.000) y los ingleses (2.000.000) juntos. Y si estas cifras se sacan aquí a colación ello no se debe sino a que, más que su odio manifiesto a la Corona (por orgullo, Lope de Aguirre había sufrido presidio y destierro, siendo ya antes uno más de entre aquellos 6.500 vagabundos que se contabilizan sobre el total de 8.000 españoles que había en el Perú hacia 1560)2 fue el proyecto abolicionista de los marañones (pregonada empresa que puso en jaque los pilares del imperio) la razón que determinó el maltrato historiográfico de la memoria del guipuzcoano. Leemos en las crónicas sobra la jornada de El Dorado (ha de saber también el paciente lector que jamás persiguió Lope de Aguirre aquella quimera, sino que la rebelión que lideró en el seno de la célebre expedición fue consecuencia de un plan político largamente gestado, y no de un improvisado afán de pillaje):   Habian [los rebeldes] de pasar a Panamá sin ser sentidos. […] Allí decian que se les habian de juntar otros mil é más negros, á quien ellos habian de dar pasaje, armas y libertad.3   Y aunque Aguirre, que "traia en su campo quince ó veinte dellos [negros] con su Capitan General, á los cuales decia que eran libres, y que á todos los que se le juntasen habia de dar libertad; y hacíales tan buen tratamiento, y áun mejor, que á los españoles" 4, mordería el polvo sin ver cristalizado su sueño, es, a nuestros ojos repúblicos, libres de prejuicios, precisamente la enorme y constatada repercusión de su ejemplo (su nombre corrió como un reguero  de pólvora entre  la población     negra de Jamaica, Cuba y La Española: "Fue ésta rebelion de tanto sonido y estruendo en toda Tierra Firme y ducado de Veragua, con las islas de Santo Domingo y Cuba y Jamaica […] que todo lo puso en gran turbación y alboroto este tan atrevido y desatinado tirano"5), la causa más evidente de la inmediata (y finalmente prolongada en el tiempo) necesidad de enfangar su memoria, así como de tergiversar, en nombre del imperio, del rey, de la monarquía…, de la España racista, totalitaria y servil, en suma, los fines de su admirable y desgraciadamente desconocida acción política.         NOTAS   (1) Arthur Schopenhauer: El arte de insultar, 2ª ed., Madrid, Biblioteca Edaf, 2002, pág. 69.   (2) De sobra es sabido que la Corona, anticipando una característica costumbre nacional, nombraba a dedo a los cargos públicos que habrían de gestionar las colonias. Esto suponía que la mayor parte de los soldados partícipes en las campañas de conquista o poblamiento quedaban después abandonados a su suerte. Baste, para hacerse una idea, recordar que todavía en 1561 (año en que las autoridades imperiales sofocaron la rebelión marañona) los 396.866 indios tributarios de los 477 repartimientos que se contabilizaban entre el Virreinato del Perú y la Audiencia de Quito (Ecuador) estaban repartidos entre apenas 427 vecinos. Ver T. Hampe: Relación de los encomenderos y repartimientos del Perú en 1561, en Historia y Cultura, XII, 1979, págs. 75-81.   (3) Elena Mampel González y Neus Escandell Tur, editoras: Lope de Aguirre: Crónicas (1559-1561), relación de Toribio de Ortigueira, Barcelona, Editorial 7 ½, 1981, pág. 91.   (4) Ibid., relación de Francisco Vázquez y Pedro Arias de Almesto, pág. 260.   (5) Ibid., relación de Toribio de Ortigueira, pág. 152.   Ilustración: Felipe II, esculpido por Jacques Jonghelinck.

Mientras los inspectores del Banco de España cifraban los créditos de dudoso cobro que había concedido Caja Castilla-La Mancha y que podían acabar siendo fallidos, en 1300 millones de euros, los directivos de Unicaja estimaban que la dimensión del agujero negro de morosidad al que tenía que hacer frente la caja de ahorros manchega rondaba los 3000 millones. Esta disparidad de valoraciones y el ambicioso propósito de Manuel Chaves de formar una gran entidad en la comunidad andaluza que esa otra operación hubiera obstaculizado, han dado al traste con la prevista operación de fusión salvadora.   El ministro de Economía atribuye los problemas de la Caja intervenida, a una “gestión inadecuada” con respecto a la falta de cautela inversora en el sector de la construcción, mientras su jefe le da una “importancia relativa” a este asunto, que no representa ni el uno por ciento de la actividad financiera, y porque además, dice Zapatero, no se trataba de un problema de solvencia sino del riesgo de tenerlo en un plazo determinado.   El jefe del Ejecutivo está mucho más concentrado en un orden internacional que instaure “un sistema financiero más transparente, seguro, eficaz y fiable”; por eso, espera que en la próxima cumbre del G-20, en Londres, se tomen medidas que acaben con “los incentivos que han provocado los abusos y la codicia”, y con los paraísos fiscales, con el fin de garantizar un nuevo, limpio e ininterrumpido flujo de financiación global.   Pero, siguiendo con España, Emilio Ontiveros, presidente de “Analistas financieros internacionales”, considera que si la recesión dura otro año más, decenas de entidades financieras acumularán pérdidas y no podrán cubrir con sus recursos propios el incremento de la morosidad: así que tendrán que desaparecer o ser recapitalizadas.   El gobernador del Banco de España ha solicitado a los políticos que actúen con cierta “contención” en el seno de las cajas de ahorro, ya que las disputas que se han generado por el control de esas entidades, como por ejemplo en Caja Madrid, pueden costar mucho dinero a los contribuyentes y dificultan la búsqueda de una salida al túnel financiero.   hechos significativos Garzón reanuda su actividad judicial con el celo acostumbrado: acusa al tesorero del PP y a uno de sus eurodiputados del cobro de sobornos millonarios.   Los bancos se muestran generosos con PRISA aplazando un año la devolución de su deuda.

Aurora boreal Entre supersticiones Las corrientes surrealistas de las vanguardias del siglo pasado, la irracionalidad nacionalista, el imperio mediático de la mentira que el doctor Goebbels anunció como nuevo signo de los tiempos, y la cruda pedagogía del totalitarismo, han desembocado en un mundo de colores propagandísticos y de formas desvirtuadas en el que se acostumbra a tomar la noche por el día, el servilismo por la libertad, el estudio por el juego, y las chafarrinadas pictóricas por las más altas creaciones humanas.   En el campo artístico, la necesidad de belleza se abrirá paso entre tanto desconcierto contemporáneo, al subsistir en nuestra constitución cerebral una tendencia a la armonía que ha quedado probada en ciertos experimentos con homínidos, en los que éstos, absortos ante una escultura antigua, hacen, sin embargo, grandes aspavientos y gestos de rechazo cuando se les muestra un amasijo de hierro extraído de alguna plaza municipal.   El recrudecimiento de la superstición es un hecho en estos tiempos de secularización. La astrología, cuyas ilusiones y mendacidad cayeron al primer contacto con la ciencia astronómica, resurge de sus cenizas, para difundirse a través de las ondas. Y del mismo modo que, con arreglo al designio de las estrellas, se puede juzgar cuáles son las tinieblas menos densas y qué abismos menos profundos, podemos inferir, conforme a la alquimia política, qué partido estatal contribuirá en mayor medida a la felicidad de los votantes en esta vida.   La masa servil cree lo que dicen sus gobernantes sin atender a lo que hacen: lo que era democracia orgánica durante la dictadura franquista se ha trasmutado en democracia representativa en esta dictadura plural. Zapatero proclama que la crisis ha sido generada por “los abusos” del sistema financiero: en cuanto a los del régimen político, prefiere dejar intacta su posibilidad, porque siempre es más fácil dejarse llevar por la propia fuerza, que contenerla a través de la separación de poderes.

Aunque es cierto que la expresión representación política es inquietante pues choca contra la intuición -casi el instinto- de que la voluntad de hacer es intransferible, cometen un error los santones anarquistoides cuando desprecian el concepto que encierra. Tal desprecio tiene mucho que ver con el prejuicio de que el Estado es una invención impuesta por del poder tradicional o fáctico y con la ilusión de que tanto el propio Estado como la Sociedad Civil son realidades independientes y enfrentadas. Esta visión dualista originó la tradición contractual que pretende ser capaz de poner ambas instancias de acuerdo. Pero la Sociedad Civil y el Estado sólo son entidades distintas a efectos teóricos. El Estado, en último término, es una emergencia societaria profundamente imbricada en su progenitora. La acción de poder, la acción política, nace en la Sociedad Civil y se organiza por imperativo sentimental y mediante técnicas racional-tradicionales en el Estado que después devuelve la energía inicial de regreso a la sociedad en forma de Administración única.   La Política es la mediadora cultural entre la Sociedad Civil y el Estado. Pero así entendida -como disciplina- la Política no es más que un compendio de saberes y trucos, de manera que sólo quienes se dedican a su estudio, discusión y aplicación conforman la verdadera mediación entre la Sociedad Civil y el Estado. Este grupo especializado es la Sociedad Política. Siempre que, espontáneamente, no toda la población dedique sus desvelos a la Política, existirá Sociedad Política y la representación será imprescindible. Ello no quiere decir que la Sociedad Política represente la Sociedad Civil, pues aquella sólo se guía y distingue en nombre de sus propias ambiciones. Pero sin duda es en su seno donde se tejen todas las directrices de participación universal en la vida pública y donde se forjan los gobernantes y legisladores. Pues bien, cuando esta Sociedad Política no existe, es débil o se ha constituido en casta, la función mediadora que debería ejercer, es sustituida por un aparato mediatizador alimentado para conservar las estructuras que permiten a los poderos perpetuar su estatuto.   El Estado es mediador, la administración estructural que lo devuelve a la sociedad es inexorablemente mediatizadora. El personaje político o partido societario es mediador en el equilibrio de poder; el político o partido estatal es mediatizador del poder, lo administra para mantener las cosas como están. El impulso mediador crea, el mediatizador, conserva. Los medios de comunicación ajenos al partidismo, podrían acoger cierto debate social; los medios orgánicos de la partidocracia, mediatizan el pensamiento. En el juancarlismo no hay gremio mediático, sino lobby mediatizador. Las preguntas que los ciudadanos vomitan en programas estrella de la televisión no son mediadoras entre lo que preocupa a las masas y la responsabilidad de la clase política; son mediatizadoras (mediáticas) de lo que se debe preguntar y de aquello que los políticos impunemente quieren responder.

El fundamento de la responsabilidad política en una partidocracia parlamentaria es mucho menos exigente que la responsabilidad civil por daños a terceros. Esta última obliga a resarcir los daños inferidos, aunque el mal perpetrado no haya contado con la cooperación o complicidad del imputado; en el caso de la responsabilidad política, los gobiernos pueden escudarse en la impunidad que otorga la mayoría parlamentaria que los sostiene. Donde no hay mayoría absoluta, el eventual peligro que ello puede entrañar para la estabilidad del gobierno se ve subsanado por el equilibrio de las oscuras transacciones del consenso que mantienen a las facciones parlamentarias unidas en el usufructo y explotación de sus parcelas respectivas en el Poder Ejecutivo. El ciego determinismo de un sistema que convierte a los diputados en instrumentos sometidos a los designios de la jefatura del grupo hace el resto.   Mariano Rajoy (foto: dalequetepego).jpg Interrogado en el programa “Tengo una pregunta para usted” por las acciones que, como jefe de filas, está dispuesto a emprender para exigir responsabilidades políticas entre los suyos, ante sucesos como el accidente del helicóptero Yak-42 en Turquía o el caso de los espías en la Asamblea de Madrid, Mariano Rajoy ha demostrado haber aprendido bien la lección de un sistema institucional que ha vuelto inviable la exigencia de tales responsabilidades. Responde el líder del primer partido de la oposición que no es bueno inculpar sin pruebas, desconociendo así la diferencia sustancial entre el procedimiento penal y el procedimiento político: si en aquel el principio rector es el “in dubio pro reo”, que no otra cosa es la presunción de inocencia, en éste prima, en cambio, la presunción de culpabilidad. De otra forma, el propio concepto de responsabilidad política sería un invento perfectamente inútil. Sostener que las urnas son el único tribunal ante el que tal responsabilidad se sustancia es una confusión sólo explicable por la incapacidad de distinguir entre los tres principios constitutivos de la democracia constitucional: el principio electivo en la jefatura del gobierno, el principio representativo en la cámara legislativa y la separación entre ambos poderes que hace posible el control mutuo, en virtud del cual la exigencia de responsabilidad política es posible precisamente durante el desempeño del cargo. Remitir la responsabilidad política a las urnas, es una brutalidad tan grande como prescindir del tercero de los elementos constitutivos aludidos; llegados a ese punto, la democracia puede asimilarse a la aclamación plebiscitaria de un caudillo. Entonces, en defecto del control institucional del poder, prevalece únicamente la exigencia moral de respeto a una ética pública sistemáticamente burlada. Exigencia que es involuntaria confesión de impotencia.

Jueces y fiscales de distintos países europeos pertenecientes a la asociación internacional MEDEL (Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades), en colaboración con Jueces por la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, se reúnen en Madrid para debatir en el estrambótico encuentro titulado “¿Se puede juzgar la Historia?”. Los asistentes reflexionarán sobre el papel de la Justicia a la hora de afrontar hechos históricos como los crímenes del franquismo y las matanzas de las guerras coloniales de los países europeos. El caso Pinochet será igualmente objeto de análisis por uno de sus protagonistas, el abogado Joan Garcés.   El sesgo ideológico de las organizaciones integrantes de la asociación convocante y el contenido de los asuntos a tratar se dirige con evidente intencionalidad a sostener jurídicamente la extensión jurisdiccional universal de los tribunales nacionales en materia de Derechos Humanos así como, muy directamente, a justificar la causa general contra el franquismo abierta por el Juez Garzón en la Audiencia Nacional. Desde que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 solicitó del Registro Civil de Madrid el certificado de defunción del dictador Franco para acreditar la extinción de su responsabilidad penal sin imputar ni a los herederos del franquismo aún hoy en el poder, ni a sus colaboradores necesarios entonces en la oposición, el cinismo y el esperpento han precedido a la actuación judicial en esta materia. El preguntarse si los hechos históricos son objeto de proceso judicial cuando no se cuestiona el papel de sus actores, cómplices y cooperadores equivale a cuestionarse el sexo de los ángeles.   Esa actitud olvidadiza y benevolente con quienes desde un lado y otro sacrificaron la libertad política de todo un país bien para salvaguarda propia, bien aceptando gustosos la invitación a los salones del poder consumando la traición a las expectativas de libertad de todo un pueblo, también tiene expresa justificación en el encuentro referido. Los asistentes tendrán oportunidad de dedicar una sesión sobre el papel protagonista de la Justicia en las distintas “experiencias de transición a la democracia” tratando tanto los procesos políticos de las agonizantes dictaduras europeas de los años setenta (España, Portugal y Grecia) como de los noventa (Rumanía).   Odiar el delito y compadecer al delincuente no significa justificar su actuación criminal. La aplicación objetiva del Derecho conlleva necesariamente conducir la instrucción hasta sus últimas consecuencias una vez iniciada, caiga quien caiga. Una actividad sumarial destinada únicamente a juzgar si existió hecho criminal sin particularizar las responsabilidades y conductas de todos, absolutamente todos, sus intervinientes no sirve para nada más que para acreditar la hipocresía de la injusticia y la impotencia de su actuación si sigue sometida a un poder único adaptándose sin dignidad al nuevo statu quo con una apariencia de objetividad imposible.

Don Silvio abandona el lema futbolístico con el que bautizó a su partido: “Forza Italia”. Éste y la formación que trae su causa del fascismo, “Alianza Nacional”, se han fundido en el nuevo “Pueblo de la Libertad” cuyo propósito radica, según el líder supremo, en llevar a cabo “la revolución liberal que sirva para anteponer la persona al Estado”. Berlusconi se muestra orgulloso de haber introducido en la política italiana la verdadera moralidad, que no es otra que la del “hacer” (el qué, no lo especifica).   A “esos que denigran el berlusconismo” les ha presentado los valores de su candidatura, “detrás de cuya bandera”, en palabras del propio don Silvio, “un verdadero líder convoca a su pueblo”: “Libertad, igualdad, democracia, carácter sagrado de la vida y defensa de la familia natural”. Antonio di Pietro, ex juez de “Mani pulite” y ahora jefe del partido “Italia de los valores”, considera que Berlusconi trata de convertirse en un “duccetto” (un pequeño Mussolini).   Ante la prensa extranjera, el primer ministro italiano se ha lamentado de no poseer el poder que ostentan los presidentes de las grandes democracias. Como el Gobierno no puede intervenir con prontitud Berlusconi estima necesario un “nuevo equilibrio de la separación de poderes” con el fin de modernizar la arquitectura institucional y hacer más rápidas y eficaces las funciones del Parlamento y del Gobierno.   El conductor del “Pueblo de la Libertad” indica que el país precisa “gobernabilidad” en un momento en el que la crisis se ha difundido en el mundo por obra de un “virus llegado de EE.UU., que ha infectado el cuerpo sano de Italia”. Por eso, se queja de que, ahora, cuando todos han de acometer la tercera reconstrucción italiana, la izquierda, más que al Gobierno, está oponiéndose al país.   No obstante, en sus propias filas, Gianfranco Fini ha reclamado una reforma electoral y se ha atrevido a criticar la ley sobre la eutanasia, propia de un Estado eclesiástico antes que de una democracia laica. Berlusconi concluye así: “El Gobierno ha de gobernar y el Congreso legislar y controlar” (pero no dice cómo ni a quién).   hechos significativos   Tras la intervención de la Caja de Castilla-La Mancha y la aprobación de un aval de 9000 millones de euros, Solbes declara que “no hay ninguna otra entidad” en peligro.   Decenas de miles de personas se manifiestan en contra de la reforma de la ley del Aborto.

(Foto: dev null) El espejo de Kafka Desde una Praga sometida a los dictados burocráticos que emanaban del centro del imperio austrohúngaro, Franz Kafka iba plasmando en sus obras la insignificancia del hombre moderno frente a unas oscuras fuerzas que condicionan su vida y a las que no puede controlar. Las obras de este escritor visionario están surcadas por la trágica indefensión en la que nos sume un ominoso poder. Los universos concentracionarios del nacionalsocialismo y el comunismo soviético confirmaron los peores augurios de Kafka: la metamorfosis de millones de seres humanos en bichos inmundos cuyo destino no podía ser otro que la exterminación.   Pero ahora tras salir de esas pesadillas reales, el pesimismo kafkiano no parece tener cabida en nuestras sociedades de masas, donde los consumidores, deseando ardientemente la felicidad, están dispuestos a dejarse mecer por las más bellas mentiras de una publicidad rebosante de optimismo. Además, gozamos de tranquilizadores Estados de derecho (pero, ¿acaso los hay de otra clase?); y tanto gobernantes como banqueros y poderosos hombres de negocios, lejos de estar encastillados o de guarecerse en las sombras de un anonimato amenazador, copan con sus rostros sonrientes y sus mensajes de ánimo, pantallas, ondas y primeras páginas de los medios de comunicación. Ya no sentimos que, de antemano, nos consideran culpables y que, por tanto, existen tribunales cuya función consiste en arrestar a inocentes. El régimen oligocrático no es tan burdo como para declarar que determinados miembros de la sociedad no son sujetos de derechos; lo que hace es, por un lado -ya que no todos pueden gozar de la inviolabilidad del jefe de Estado-, suspender la aplicación del derecho para no estigmatizar al carismático jefe de un partido estatal o preservar la impunidad del banquero más influyente con una doctrina ad hoc; y por otro, poner en marcha procesos excepcionales para someter a la más férrea injusticia a la víctima propiciatoria (Ruiz Mateos) y castigar al disidente o al que tenga el atrevimiento de ser honrado (Gómez de Liaño). Con su incontrolable poder, Zapatero se puede permitir ser todo lo optimista que quiera, pero a los gobernados, como dice uno de los personajes de Kafka, “sólo su estupidez les permite estar seguros”.