Ni los titulares del poder ni sus actuaciones pueden estar exentos de control, ya que si esto ocurriese nos precipitaríamos hacia el totalitarismo. Aunque el Derecho ponga límites al poder, los gobiernos, cualquiera que sea su ideología, tienden a removerlos. Partiendo de esta tendencia natural, la separación de poderes es elemento esencial de la Democracia y la independencia judicial su garantía y piedra de toque al articularse el Poder Judicial como árbitro de las conductas sociales y políticas. La auctoritas declarativa del Derecho que pertenece al Estado tiene su correlato en la potestas judicial del ejercicio exclusivo de la función jurisdiccional, juzgando y haciendo cumplir lo juzgado, lo que configura al Judicial como verdadero Poder del Estado. Ese carácter arbitral de conductas sociales y políticas lo define como un poder estatal neutro, pero poder estatal al fin y a la postre como titular monopolístico de la capacidad de dar y privar derechos genéricamente reconocidos. Esa neutralidad del Poder Judicial exige que para su misión de concreción y privación de derechos, el Juez, en el ejercicio de sus funciones, esté libre de influencias o intervenciones extrañas que provengan no sólo del Gobierno o del Parlamento, sino también del electorado o cualquier otro grupo de presión.   La independencia judicial no se podrá alcanzar nunca si el Poder Judicial depende del poder político en la elección de sus órganos de gobierno. Esa independencia funcional queda vacía de contenido si no existe una correlativa independencia económica garantizada por vía constitucional con una atribución presupuestaria indiferente al decurso político, ni si la investigación penal se otorga a la policía administrativa dirigida por los titulares gubernamentales encargados de la represión delictual y seguridad interior, lo que de facto supondría auspiciar la absoluta impunidad de la corrupción política.   La limitación de ese poder estatal en manos del Judicial queda garantizado por la identificación de la Sociedad Civil tanto con la lege data como con la lege ferenda gracias a los mecanismos verdaderamente representativos de la República Constitucional para la producción normativa, sustituyendo al arbitrario y desfasado concepto de orden público aún presente en el vigente ordenamiento jurídico. Así la Ley, por fin manifestación de la voluntad ciudadana, junto con la elección democrática del órgano de Gobierno de los Jueces de forma mayoritaria por el amplio cuerpo electoral técnico de todos los operadores jurídicos, no sólo jueces, canaliza los intereses contrapuestos intrínsecos al ejercicio del poder estatal y ordena su vida diaria, que queda higiénicamente delimitada por el ámbito de actuación que le es propio y ningún otro más, evitando a la vez tanto las perniciosas injerencias políticas como el juicio social paralelo y preconcebido por muy repugnante que sea el ilícito juzgado.

A pesar de lo que pueda parecer, convertirse en un híbrido entre el homo sacer (Agamben), el hombre que arrojado a la vida biológica es obligado a renunciar a la política, y el homo faber, el hombre que hace cosas sin parar, representa un problema menor: lo consiguen a diario y sin el menor esfuerzo la inmensa mayoría de los ciudadanos del mundo. La otra cara de la servidumbre, la política espectáculo, es encarnada por los voceros de la demagogia.   La Moral nace de la frustración que la vida en común exige del egoísmo natural del individuo y nos enfrenta constantemente a una imagen idealizada de perfección personal cuya distancia con respecto al yo real se acrecienta en las sociedades libres y liberales. Sí, el totalitarismo es más apacible psicológicamente que la libertad política pues integra en una sola entidad, simbolizada en la figura del dictador, el yo ideal (Freud) y el material. El dictador es una figura psicopómpica, como el Caronte de los griegos; traslada al individuo desde la dialéctica moral, fuente constante de inquietud, a la identidad amoral, paraíso del sosiego. Y lo hace con honestidad. La dictadura exige públicamente a sus súbditos renunciar a la inteligencia política, a la crítica, bajo pena de muerte.   El demagogo también dirige la transición entre la vida (libertad) y la muerte (servidumbre), pero lo hace hiperestesiando la capacidad crítica del populacho para que la identificación se produzca no con la persona, que aparenta mantenerse noblemente ligada al pueblo, sino con la opinión pública revelada. Insultos, paranoia, profecías, catastrofismo, e invención de categorías fantasma (antiglobalización, neoliberalismo, “clases medias”, constitucionalismo, centrismo, nacionalismo…) destinadas a aglutinar rápida y artificialmente a la mayor cantidad posible de población, sirven de herramientas al oportunismo –eufemísticamente bautizado como “pragmatismo político”- sustitutivo de la moral. Destino: el éxito. El dictador media por la fuerza entre la sociedad y el orden, el demagogo mediatiza el descontento para medrar políticamente.   Cuando el ideal moral y la acción política son armónicos, no puede haber frustración, sea cual sea el resultado de la lucha. Pero el demagogo cree que la frustración se origina en la incapacidad de movilizar a las masas, en el fracaso en la consecución de objetivos concretos o en la derrota definitiva. Por eso termina rendido a conceptos que justifican su necesidad de triunfo o reconocimiento social (pueblo, opinión, estadísticas) a pesar de que sean contradictorios con sus ideales; entonces la frustración sí es inevitable. El demagogo es un frustrado político en términos y consecuentemente, un desleal anunciado. Sabe que la demagogia siempre conduce al Poder por la puerta de atrás de la Sociedad Civil.  

En los dos primeros meses de este año los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo se han multiplicado por quince con respecto a 2008 y en un semestre se ha esfumado cerca de un millón de puestos de trabajo, de los que 700.000 están relacionados con la construcción. No obstante, Celestino Corbacho tiene “casi la certeza” de un inmediato ajuste en ese sector gracias al Fondo Estatal de Inversión Local que ha puesto en marcha un Gobierno que intentará “frenar el huracán del paro” pero al que le será imposible crear empleo en lo que queda de 2009, confiesa el ministro del ramo.   Aunque siguiera aumentando la cifra del paro, el señor Corbacho está en disposición de asegurar que el Gobierno asumirá siempre el pago de las prestaciones por desempleo ya que nunca le dirán a un parado que “no va a cobrar su subsidio porque se ha agotado el presupuesto”. En este asunto, don Celestino declara ser todo “un revolucionario”, que no admitirá las doctrinas -“ni la del déficit, ni mucho menos, la de bajar los impuestos”- que impulsen a dejar “en la frontera de la exclusión social” a los que han sufrido la pérdida de su trabajo.   “The Economist” señala que el paro en España podría llegar al 20% en 2010, y a propósito de la intervención de Caja Castilla-La Mancha, considera inevitable un gran rescate de unas entidades politizadas en las que se concentra gran parte de la toxicidad crediticia (cerca de la mitad de los 318.000 millones de euros prestados a promotores inmobiliarios proceden de tales instituciones). Esta publicación recuerda que cuando los dos grandes bancos españoles pisaron el freno del crédito, las Cajas -que no han dejado de captar clientes “ignorados” por aquéllos- continuaron prestando; y para ello, se financiaron recurriendo al mercado mayorista de deuda.   Dicho “problema”, concluye el semanario británico, acabará golpeando por entero al sistema financiero español, tan alabado por Zapatero. Resulta significativo que los depósitos de las cajas de ahorro hayan disminuido, el pasado febrero, un 22’5%. Sin embargo, Pedro Solbes cree que podemos consolarnos si nos comparamos con los demás países comunitarios: “no estamos en la peor situación”.   hechos significativos Berlusconi no quiere que los medios italianos sigan mostrando cómo hace el ridículo en el extranjero y amenaza con emprender “acciones duras”. La COPE prescinde de los servicios del popular locutor Jiménez Losantos, quien atribuye su defenestración a la crisis, a un sector de la Iglesia y a otro del PP.

Pedro Pablo Pasolini (foto: hidden side) Un contestatario Audaz escritor e inquietante cineasta, el singular Pier Paolo Pasolini no era un “intelectual orgánico” que contribuyera a la hegemonía cultural del “bloque histórico” que aspiraba al poder; tampoco estaba comprometido con las exigencias de un combate colectivo al que subordinar sus formas de expresión; y ni mucho menos pacía en los grandes pesebres de las oligarquías mediáticas y económicas ni se arrimaba al calor de establo de algún partito del corrupto régimen italiano. Marxista heterodoxo, abominaba del “conformismo de los progresistas”, siendo tachado de retrógrado por sostener posturas contrarias a lo que ya entonces se presentaba por los biempensantes intelectuales de izquierda como avanzado: por ejemplo, el aborto. Pasolini siente la necesidad de subvertir las concepciones del mundo dominantes, incluidas las de su propio ámbito, y de rechazar las complicidades culturales (disfrazadas de rebeliones) con el orden establecido.   En su obra cinematográfica resucita los mitos de una Grecia llena de fiereza (Edipo, Medea); devuelve al cristianismo su alcance revolucionario (El Evangelio según San Mateo); hace que el Marqués de Sade campe por sus respetos en un agonizante fascismo (Saló o los 120 días de Sodoma); transforma la nostalgia del mundo rural, de los barrios pobres, o de otra cultura, en una fuerza crítica del presente (lo contrario de esa nostalgia reaccionaria que embadurna el cine de José Luis Garci). En fin, planos de una perturbadora y enigmática belleza.   En la “Trilogía de la vida” (Decamerón, Los cuentos de Canterbury y Las mil y una noches) se celebra y se goza sin la menor culpa la libertad sexual en un mundo que todavía no está sometido al puritanismo burgués. Pero Pasolini observa, en los años setenta, cómo se acepta la “liberación sexual” y se promociona la permisividad, descubriendo que el sexo, con el que ya no se escandaliza a nadie, se convierte en una mercancía más. El nuevo conformismo del consumo, con la televisión como principal instrumento de uniformización, impone “el orden degradante de la horda” y la “brutal nivelación del mundo”.

En el cadáver de la Caja de Castilla la Mancha se pueden ver todos y cada uno de los motivos que están causando la debacle de muchas Cajas de Ahorro (composición de los órganos de gestión, financiación de proyectos megalómanos, etc.). Esta institución proviene de la fusión de varias Cajas de Ahorro manchegas (Cajas Provinciales de Albacete, de Cuenca y Ciudad Real y de Toledo). A dicho proyecto no se adhirió la Caja de Guadalajara, que se ha salvado (de momento) de la quema. Su Asamblea General está compuesta por 150 miembros: 33 de los Ayuntamientos, 12 de las Diputaciones Provinciales, 29 de las Cortes de Castilla la Mancha, 13 de los empleados, 45 de los impositores y 18 de instituciones no públicas.   Como se puede observar la mitad son “comisarios políticos” de instituciones publicas que en su origen son elegidas por Listas de partido; los que proceden del personal se eligen a través de Listas cerradas y se asignan proporcionalmente. Aquellos que provienen de los impositores son asignados por provincias y para su elección atraviesan un filtro de azar: se escoge por sorteo a diez compromisarios por cada puesto a cubrir y para su elección se utilizan las Listas cerradas. Y los representantes de instituciones no públicas pasan por el filtro del Consejo Económico y Social de Castilla la Mancha (10) o por el de las Cortes de Castilla la Mancha (8). Es decir, la proporcionalidad llevada al paroxismo bajo los moldes de la partitocracia y de la cooptación. El Consejo de Administración es fiel reflejo de este panorama: de los 15 miembros que lo integran, 12 tienen vínculos directos con los partidos políticos. Hasta “The Economist” se hace eco de la “politizada estructura de gobierno” de estas instituciones financieras españolas. Y así se puede continuar hasta 45 Cajas.   La poca luz que va entrando en CCM nos está mostrando la megalomanía de la cohorte de directivos que embarcaron a esta institución en proyectos sacados de películas de ciencia ficción, como han sido “Don Quijote Airport” y la urbanización de lujo “El Reino de Don Quijote” situada en sus cercanías, que seis años después se han convertido en aeródromo de escasa relevancia y en secarral. No se quedaron cortos en la elaboración de nueve megaproyectos urbanísticos, imitando al ”Pocero de Seseña”, en Puertollano, Illescas y varios lugares fuera de la región (Antequera, Sanlucar de Barrameda….). Esta Caja figura en último lugar del ranking de solvencia (relación entre el patrimonio neto y los activos) con un ratio de 3,27, es decir su patrimonio neto solo cubre el 3,27% de sus activos. Estas decisiones las vamos a pagar todos los contribuyentes. El panorama es desolador: Cajasur (3,98), Caja de Segovia (4,15), Caja de Cataluña (4,34), Caja de Madrid (5,54), etc. Como dice el semanario británico mencionado los tóxicos en España están fuera de los bancos cotizados y no se basan en productos financieros esotéricos sino en productos financieros tradicionales.

Asociada, por tanto*, la idea de “representación voluntaria”, por oposición a “representación legal”, en el Derecho Privado, al concepto de “comisión” en el Derecho Público, importado de Bodin por Schmitt para la descripción de la “dictadura comisarial”, el aspecto fundamental que comparten ambos conceptos radica en la responsabilidad del comisario ante el comitente y del representante ante el representado; responsabilidad que no puede más que significar, en última instancia, facultad de revocación. Carl Schmitt caracteriza la magistratura de la dictadura en la República Romana como “dictadura comisarial”, por oposición a la “dictadura soberana” propia del Estado Moderno. La “dictadura comisarial” tiene todos los rasgos de ejecución de una misión: el dictador es tal en virtud de su facultad para vulnerar derechos de terceros, por un tiempo limitado, previamente establecido en la comisión, y los medios a su alcance se mueven dentro de unos márgenes móviles, con arreglo a la situación de las cosas, pero no con arreglo a normas previamente establecidas. El comitente, a su vez, se reserva el derecho de relevar al comisario, y éste se haya obligado a responder ante aquel. Este actuar con arreglo a la situación de las cosas, es decir, sólo atendiendo a limitaciones fácticas pero sin ataduras jurídicas, aísla para Schmitt en toda su pureza la noción de dictadura. Pero la dictadura comisarial no es soberana porque soberano es, en todo caso, el comitente ante el cual el comisario responde; la moderna dictadura soberana del Estado Moderno pasa, precisamente, por la concentración de poderes en el dictador, que en virtud de su poder incontrolado ya no responde ante ninguna instancia superior dentro del ámbito territorial de su dominación.   El comisario no es independiente de su comitente, como no lo es el representante ante su representado, en la institución de la “representación voluntaria” propia del Derecho Privado. Por oposición al comisario, el funcionario carece de “misión” y desempeña una “función”: en virtud de ello, puede levantar su independencia frente a su superior jerárquico, que no está facultado para modificar arbitrariamente unas funciones tasadas y cerradas, sino a lo sumo señalar objetivos para los que la “función” es una constante que define los límites que los medios puestos en juego no podrán sobrepasar. En virtud de la dependencia de la ley y de la sujeción a unas atribuciones prefijadas, el funcionario puede hacer valer su independencia frente a su superior; en virtud de su emancipación de limitaciones legales en la ejecución de la misión, y de su exclusiva dependencia de la “situación de las cosas” para el logro de la misma, el dictador comisario, por contrapartida, se debe a su comitente y no puede afirmar su independencia frente a él.

No suelen importar tanto los hechos del pasado como el recuerdo, auténtico o no, que se conserve sobre ese pasado. A medida que nos remontamos atrás en el tiempo, al haberse extinguido la memoria directa, resulta más factible manipular la reconstrucción de lo acontecido para dar lugar a la receta de consumo adecuada al presente. Pero esta es una labor sólo admisible para los iniciados-autorizados al respecto. La enérgica tendencia señalada tendría un efecto devastador, respecto a las sucesivas memorias, en un colectivo cuyas interacciones sociales quedaran exclusivamente subordinadas a la relación de poder. Esto es que, en todo momento de su historia, no solamente hayan carecido de un entramado institucional racionalizado para alcanzar unos determinados fines más allá de la voluntad de los potentados, sino que jamás hayan coincidido la oportunidad y la contundente percepción de un interés colectivo al respecto para hacerlo. Justamente el caso de España.   Es arriesgado precisar un porqué más allá de la sinergia de varios factores. Que si un escaso poblamiento o presión demográfica; que si unas formas de vida agrícolas y ganaderas marcadamente tradicionales, siempre arraigadas a la tierra y apenas abiertas a innovaciones rentables que estimularan los ingenios; que si la rígida conciencia católica; que si una sociedad excesivamente dependiente de un clientelismo aristocrático, donde se anteponía un mal entendido sentido del honor particular al bien común. El caso es que la promoción, ya sea para alcanzar una posición dirigente o para ser consagrado como vida ejemplar, no solía ir asociada a la valía personal medida según un criterio objetivo compartido, sino que quedaba a expensas del linaje, la herencia o el favor de los poderosos. La persistente continuidad histórica de un tipo de sociedad así ha provocado que los españoles nos miremos con envidia, atribuyendo el éxito del vecino no a sus propios méritos, sino a alguna clase de suerte cuando no al enchufe o apadrinamiento. Cualquier empresa común, más allá de la red clientelar a la que se aspire a pertenecer, se convierte entonces en cosa imposible.   Antes de la política, es necesaria una auténtica ruptura civil. Solamente cuando los españoles nos liberemos de los lastres de nuestro pasado y de la disconformidad con nosotros mismos como pueblo, asumiremos la necesidad de regular nuestras inevitables relaciones mediante unas instituciones racionalmente diseñadas, conforme a un ideal universal de justicia. Seríamos la primera nación europea en hacerlo y un ejemplo para el mundo. Y la República Constitucional es la receta para conseguirlo. En nada necesita amoldar la historia, pues es inédita, sencillamente se basa en el conocimiento del porqué de los hechos y su previsión. No miréis el pelo de quien lo diseñó o de quienes ya la apoyamos. Sencillamente, contemplad en qué no podría desearse la libertad política y quiénes habrían de temer por la separación del poder.

G-20 A Zapatero debe de haberle desconcertado que, sin necesidad de sus buenos oficios, los gobernantes más poderosos del mundo se hayan reunido en Londres alardeando de pertenecer a la misma civilización y de tener un interés similar en sostenerla ante el embate de la crisis que la mano invisible de las finanzas globales ha provocado. En las primeras décadas del siglo XX distintos pensadores alemanes diagnosticaron el agudo retroceso de la cultura que el desarrollo de la civilización supondría. Ahora no sólo estamos metidos en un verdadero marasmo cultural sino que, además, están tambaleándose las estructuras productivas y económicas.   Ni el fascismo, como en la época de entreguerras, ni el comunismo, como en la guerra fría, pueden servir de amenaza exterior para justificar la inestabilidad interior; lo del terrorismo, aunque se cuente una y mil noches, no tiene entidad suficiente para convertirse en el medio con el que la Heteronomía mantenga cohesionada la sociedad, cimentando sus instituciones y legitimando las leyes establecidas contra cualquier posible contestación que pueda hacer aparecer el Abismo en la superficie.   La amenaza se ha incubado en el seno de la civilización actual como si ésta fuera la única enemiga de sí misma. La gran estafa financiera puede destapar una caja de Pandora que ya estaba entreabierta: un alto coeficiente de paro (que en España está empezando a adquirir tintes trágicos), el descenso general del nivel de vida, la creciente “reproletarización” de una sociedad en la que se había generalizado una middle class como masa indiferenciada de consumidores, el abismo cada vez más profundo entre ricos y pobres.   De todas formas, este panorama está dominado por la visión de unos “mass media” que, sumidos en la autodegradación, no son más que correas de trasmisión del poder dominante. Por eso, desde las tribunas mediáticas con mayor audiencia los apologetas de las oligarquías seguirán afirmando que, a pesar de los pesares, vivimos en el mejor de los mundos posibles. No se puede hablar de una nueva traición de los intelectuales, porque su naturaleza es, desde hace demasiado tiempo, de un constante oportunismo; “servir al poder y no a la verdad” es su lema.