Al igual que hace poco advertíamos sobre las dimensiones del fraude fiscal y la bajada de recaudación de los principales tributos del Estado, hoy hacemos lo mismo sobre otro efecto de la crisis: el aumento de la morosidad fiscal, es decir, los derechos pendientes de cobro de la Hacienda Pública Estatal (20% en los impuestos directos y 41% en los indirectos) en los cuatro primeros meses de 2009.   Ante esta situación el Gobierno, además de incrementar la Deuda Pública como método de financiar sus gastos y de paliar los efectos de la crisis económica y financiera que padecemos, está haciendo pruebas con la aceptación social de la subida de impuestos, ya que se está dando cuenta (¿…?) de que no se puede seguir por el camino del endeudamiento. Para ello ha comenzado con un pequeño cambio en algunos impuestos especiales (tabaco y carburantes), cuyas subidas son mera calderilla al lado de lo que se necesita, y está anunciando una actualización general en el proyecto de presupuestos para 2010 que presentará en septiembre.   Están lanzando mensajes sobre la bondad de ese incremento de los impuestos con pseudo-razonamientos sobre la baja presión fiscal, la injusta distribución tributaria o la escasa progresividad impositiva. A su lado pululan adivinos que intentan alegrar a los ciudadanos con sus predicciones positivas con símbolos deducidos de gráficos sobre el comportamiento económico a lo largo de un periodo. Unos, cegados por el voluntarismo, ven nuestra trayectoria económica como una V (brusco descenso y rápido ascenso); otros, vestidos de realismo mágico, ilustran la situación como una U (igual que el anterior pero con un leve tiempo en el fondo); en ambos casos los ciudadanos aceptarían la carga como mansos corderos.   Pero hay agoreros que nos perciben tocando fondo durante un largo tiempo, como una larga L. Nos dicen que es muy fácil destruir empleo pero no lo es tanto volverlo a crear con las cualidades que algunos dirigentes imaginan. Nos advierten de los nubarrones que se ciernen sobre las formas de financiación de nuestra economía nacional (excesiva dependencia del ahorro exterior: en 2007 la deuda externa de España era de 1.561.412 millones €, un año después es de 1.662.438 millones €) y de nuestras Administraciones públicas (fuerte incremento de la deuda pública en circulación: hemos pasado de 375.739 millones € en el primer trimestre de 2008 a 465.456 millones € en igual periodo de 2009).   En todo este proceso los ciudadanos, salvo algunos pocos, carecen de información suficiente de la situación por la que atraviesa nuestro país al no tener representantes políticos que trasladen a su distrito lo que está sucediendo. Nos tratan como a menores de edad, con un paternalismo sospechoso, para no “molestarnos innecesariamente”. Estamos más enterados de la marcha de la sociedad de EE.UU. y de las soluciones que adopta su Gobierno que de lo que pasa al lado de nuestra casa.

Parlamento irlandés La UE carece de dirigentes políticos sagaces y de abogados conocedores de la hermenéutica de las leyes. Tampoco ha sido muy avispado el gobierno de Irlanda, pero al menos ha sabido aprovechar el aguijón de sabiduría del NO refrendado en votación popular, para conseguir lo que ningún pueblo europeo ha obtenido, cuando todos lo habrían deseado. La extraordinaria excepción irlandesa, legalizada en protocolo unido al Tratado de Lisboa, con el mismo valor vinculante, no proviene de una prodigiosa estrategia céltica, ni de una previsión de los jefes de sus partidos parlamentarios, sino de una estrepitosa carencia de ideas jurídicas y de inteligencia política en el Consejo de Europa.   El hecho obvio es que Irlanda tendrá las ventajas económicas de estar en la UE, sin lastre ni merma de sus competencias nacionales en materia política, militar y fiscal. El artífice de este lance perdedor, en el largo juego de engaños, ha sido el “jurisconsulto” francés Jean Claude Piris, cuya impericia en materia de interpretación auténtica de las leyes, logró persuadir a la UE de que se puede formalizar la excepción en un Protocolo, si en él se declara que “es completamente compatible con el Tratado de Lisboa; que no necesita ser ratificado; que no altera en modo alguno las relaciones entre la UE y los Estados miembros; que aclara, pero no modifica, el contenido o la aplicación del Tratado de Lisboa”. Indocta doctrina jurídica que ya ha sido objeto de las burlas del actual Presidente de la UE, el checo Václav Klaus, quien encuentra tan “divertido como indigno decir la estupidez de que las concesiones a Dublín no cambian el Tratado, la cuadratura del círculo”.   Bastaría leer un solo libro, la “Interpretación de las leyes” de Emilio Betti, para saber el alcance nulo de la interpretación auténtica de una ley por otra del mismo legislador, si esta última, solo pretende aclarar el sentido de la primera, pero la modifica. El jurista sabe que no es la mente subjetiva del legislador, sino la mente objetiva de la ley, la que debe ser interpretada. Y si la intención subjetiva del Protocolo dice ser la de aclarar sin modificar, lo que prevalece es la expresada voluntad objetiva de modificar. La caja de Pandora está abierta.

El imprescindible trasiego ideológico, que continuamente ha de realimentar el Estado Autonómico de Partidos en España, multiplica las oportunidades para un aparatoso número de medios de comunicación, que siempre pueden encontrar un hueco en el pluralismo de la mendacidad pública. Es absurdo pretender lo certero en el análisis, o la inteligencia en la crítica, cuando está vedado erigir criterio alguno de verdad más allá de una chabacana justificación de la caprichosa voluntad de las jefaturas de los partidos estatales, una vez que ya han conseguido el mayoritario apoyo plebiscitario a sus listas. A cambio de acceder al arcano de los poderosos, que es aquí lo decisivo, resulta poco menesteroso ocultar, hurtándoselo a la etiología de lo cotidiano, que el Régimen del posfranquismo impide la elección democrática personal, la representación política de la sociedad civil y la división del poder en origen; careciendo, en suma, de constitución alguna. Es por ello por lo que evocan periódicamente un “espíritu” del que se saben chamanes. Pero en este caso son ellos los que han de administrar el alucinógeno a las masas para que no puedan contemplar la podredumbre de un poder sin regla.   En la litúrgica disputa por lo insustancial, se ha descubierto la opinión pública, piedra filosofal que sirve lo mismo para un roto que para un descosido. Igual es tribunal que reo, juez que parte. Periodistas y opinadores la conjuran, pues solamente ellos la miden, la pulsan y la manejan. Ellos son su único médium; y, gracias a ella, parte sustancial de este Régimen, “La Democracia”, bajo cuyo yugo protector pudieron medrar.   Sin pudor lo proclaman. Respecto a cualquier asunto, “se discute en el Parlamento, el otro partido ofrece sus argumentos, y a ver quién gana ante la opinión pública”. Tan banal y tan sencillo. Pero, ¿es verdaderamente la referida opinión pública lo que pone coto al poder, o es éste lo que encierra a aquella? Para responder a esta pregunta hay que comprobar si sus límites pueden llegar a coincidir con la verdad. Y, en España, el periodismo participa en la dialéctica del poder precisamente porque ha renunciado a desvelar su verdadera naturaleza.     (Fuente: Leria Nope)

El presidente estadounidense ha presentado un plan para reformar el sistema financiero, cuya “cascada de errores” nos habría precipitado en la recesión. En su empeño por cortar de raíz la “cultura de la irresponsabilidad”, de la que ha manado tanto dinero fácil, Obama pretende crear un marco favorable al libre y justo funcionamiento de los mercados, con un sistema eficaz, puesto al servicio del negocio y el consumidor.   Aunque se declara un “firme creyente” en su poder como motor de la prosperidad, el libre mercado no puede convertirse en una licencia para ignorar las consecuencias de nuestras acciones, concluye Obama; Éste quiere poner bajo el control de la Reserva Federal a todas las entidades financieras que debido a su gran tamaño o elevado endeudamiento pudieran poner en peligro al conjunto del sector. Además, se constituirían un Consejo de reguladores a cargo del Tesoro, cuya función será analizar e informar a la Fed de los riesgos del sistema, y una agencia de protección del consumidor, en relación a productos como las hipotecas o las tarjetas de crédito.   Esta propuesta ha sido explicada y defendida por el secretario del Tesoro, en el Congreso, donde debe ser aprobada. Ante las acusaciones de intervencionismo, aquél ha objetado que la tendencia general en todo el mundo es dar a los bancos centrales más poder y no menos. No obstante, voces como la del senador republicano Richard Shelby protestan ante el aumento de las atribuciones de una Fed, que ya se encarga de la política monetaria, de las operaciones de la banca a nivel internacional, de la protección de los consumidores, y que además es el prestamista al que se recurre en último lugar.   El presidente del Comité Bancario del Senado, el demócrata Geithmer, ha expresado su preocupación por el papel de “superpolicía” que se le quiere asignar a la Fed. Y el senador demócrata por Nueva York argumenta que “muchos reguladores tienden a producir menos vigilancia sobre el conjunto”. El Congreso revisa periódicamente las actividades de una Reserva Federal que es independiente del Gobierno. A pesar de ello, se denuncia insistentemente el secretismo y la discrecionalidad con la que toma sus decisiones.   hechos significativos   El Nobel Krugman recomendó al presidente de la Fed crear una burbuja inmobiliaria que sustituyera a la del Nasdaq.   Chaves defiende el derecho de su hija a trabajar en Andalucía.

Henri Rousseau Ingenuidad Cualidad preciosa en las relaciones sentimentales, si no es solo candorosa expresa la autenticidad de lo genuino. La inteligencia crítica la mata y los sentimientos cordiales no nacen sin ella. Los niños no son ingenuos porque carezcan de malicia o de frustraciones, en eso más bien nos darían lecciones, sino porque en toda cosa y situación ven universos de novedades sin historia ni causas. El mundo exterior les presenta una realidad sin antecedentes ni motivaciones, y su mundo interior les brinda una vida cargada de ensoñaciones, sin los límites que la realidad pone a las fantasías. Sin intuición de los sentimientos sociales, la ingenuidad toma por novedades valiosas las mayores nimiedades. Pero si la corrupción y el escepticismo eliminan la ingenuidad, la convivencia se torna estéril para la vida del espíritu y la política deviene cementerio de esperanzas. Los creadores tienen ingenuidad de niños que han madurado la fantasía en imaginación mediante dos habilidades. La de romper el juguete de la realidad sin destruir sus materiales, y la de recomponerlo de modo más grato con la destreza de los oficios de la razón para seleccionar palabras, sonidos o imágenes. El talento está en la selección de esos materiales que el análisis de lo experimentado separa por intuición, y en la originalidad de la síntesis que el propósito intelectual une por experimentación. Si la creación no viene de la ingenuidad de lo genuino, rompe sin componer, o compone sin romper, trozos del mundo. Pero si llega a ser genial, expresa un universo de ideas o sentimientos con las migajas de la realidad que ha deshecho, a fin de recomponerla en una síntesis más coherente y armoniosa. Sin crítica destructiva de lo convencional y sin propuesta constructiva de lo original, el mundo se llena con la falsedad y fealdad de las descomposiciones o con lo simulado y bonito de las recomposiciones. Bergson identificó la inteligencia con la “potencia indefinida de descomponer según no importa qué ley, y de recomponer en no importa qué sistema”. Las obras geniales nos inquietan a la vez que nos extasian. En un solo movimiento expresan dos procesos, descompositivo y compositivo, distintos y convergentes, permaneciendo el residuo de aquél en la creación original de éste. La inquietud proviene del residuo, el éxtasis, de lo nuevo.

México, hoy día, en la antesala de las próximas elecciones el 5 de julio, en las que se elegirán quinientos diputados federales, ayuntamientos, gobernadores de 7 estados, congresos locales y presidencias municipales, se halla inundada, no sólo en sus principales avenidas, también en los poblados más alejados que presentan falta de servicios, de publicidad electoral. Toda suerte de pancartas, pósters, folletos, anuncios espectaculares, videos en el transporte colectivo. Donde la imagen sonriente del candidato, avala los estratosféricos salarios de la prole política, y en muchos casos representan mayor erogación al erario público que en Estados Unidos.   A la par los 60 millones de pobres, casi la mitad de la población, ha obtenido en los últimos escoldos de esta caótica pseudo democracia el incremento al salario mínimo de un peso mexicano En contraste los partidos, no han escatimado en el uso marketinero, pernicioso y cínico de sus partidas económicas, en aras de agilizar el retroceso republicano. Más allá de la inopia política, la desvergüenza se deja ver en los slogans, que pretenden minimizar la condición crítica de la población ante la pérdida del poder adquisitivo, incremento sin ningún control de la llamada canasta básica y la falta de empleos.   Frases impresas a diferentes escalas ejemplifican la barbarie intelectual: “Por ley hay que alimentar a los más pobres” “Las mujeres deben ser respetadas “ o “Por ley todos deben tener Internet” es el artilugio con el que hemos llegado al límite del descaro. Por supuesto rostros conocidos, caras que de una elección a otra simplemente modifican su ascensión a otro puesto o su color (tricolor priista, blanquiazul panista, verde ecologista, etc) y nos dejan ver como se mueve la oligarquía partidista en este país, que no reviste por desgracia una memoria moral colectiva, si una histórica.   Los contendientes, tratan de entregar el mejor lado a la muchedumbre, acostumbrada al marasmo y la oferta de un intercambio comercial-político. El voto por una despensa, una pensión durante un año o asistencia gratuita en el parto, festivales masivos, acarreamiento de mercenarios del voto, amas de casa telenoveleras dispuestas a entregar su voto al candidato guapo. Siempre y cuando todo converja en un periodo electoral.   Si gastamos la palabra folclore, enfatizamos la precariedad del pueblo y la trasladamos al bote de basura; podríamos reescribir un Popol Vuh o un Chilam Balam donde la magia de nuestro folclore ancestral desnude la avaricia política, la ineptitud de estos o la eficacia de mentir a la ciudadanía. Esto es lo que en definitiva representan las campañas electorales en Mèxico, un folclorismo politiquero para obtener escaños, en los que paulatinamente los electores se darán cuenta que el candidato trampea y prostituye el emblemático concepto de la democracia para hacerlo participe de un utilitarismo exclusivamente personal y partidista.

Vocales territoriales para Andalucía del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abogaron recientemente ante los medios por la necesidad de “repensar en su integridad el sistema judicial español”. La primera reacción de sorpresa ante tan revolucionaria aspiración, se transmuta rápidamente en decepción al escuchar el contenido completo de unas declaraciones destinadas únicamente a ganarse el favor de la clase judicial y abortar la huelga convocada para el próximo día 26 de Junio.   Para estos transgresores vocales del CGPJ, ese repensar el sistema se concreta en “modernizar la justicia y dirigirla hacia procesos digitales o la telemática” de tal manera que se reduzca la necesidad de crear nuevos órganos judiciales y mejorar de paso las condiciones de trabajo de los ya existentes. Es la revolución del confort, la revuelta de la eficacia y la fiesta de disfraces de la dignidad de la judicatura. Si esa dignidad judicial existiera, la “solución Caamaño”, que ofrece pacificar el conflicto judicial con meras ofertas de carácter retributivo y vacacional, se tomarían como lo que son, simple coima que debiera enojar y radicalizar la postura de los jueces al tomarles a todos por unos prevaricadores que ponen precio a su respetabilidad.   Repensar el sistema comienza con que los vocales del CGPJ que tal empresa se proponen dimitan ipso facto e interesen la disolución del órgano que los ha nombrado. Repensar el sistema es acabar con la designación política del órgano de gobierno de los jueces para ser elegido por todos los operadores jurídicos. Repensar el sistema es suprimir el cargo de Fiscal General del Estado, de elección directa por el Presidente del Gobierno. Repensar el sistema es crear un auténtico Poder Judicial separado de los restantes en origen y con una verdadera Policía Judicial sólo dependiente de Jueces y Magistrados.   No es repensar el sistema diseñar un CGPJ que busque un “espíritu de consenso y diálogo” entre el poder político y la Justicia, como en palabras textuales de estos mismos vocales se ha propuesto. No es repensar la Justicia, sino acabar con ella, llevar el consenso a la resolución de la materia pública judicial, levantando la venda de sus ojos al albur de la coyuntura política. No es repensar el sistema fomentar la dependencia económica de la Justicia del poder político configurándolo como simple servicio público necesitado de mayor inversión y modernización material. Este CGPJ no pude repensar nada, porque no puede ni siquiera pensar por su cuenta sino según las instrucciones de quien ha elegido a sus vocales de la misma forma que ha hecho con su Presidente, al que se corona en la cúspide del Tribunal Supremo. Tampoco nada pueden pensar por si mismos los miembros del Tribunal Político Especial, el llamado Constitucional, inventado por los partidos para ser el último filtro de control de la legalidad que les ampara. Pierda toda esperanza quien espere que repiensen, piensen o amparen.

Dublin El gobierno irlandés dice NO a la chapuza jurídica que le propone la UE para convocar otro referéndum que apruebe el Tratado de Lisboa. El primer ministro, Brian Cowen, rechazó por insuficiente la garantía ofrecida sobre la irreversibilidad del privilegio concedido a Irlanda de no estar obligada por la legislación o las directivas europeas que contradigan o alteren las normas irlandesas en materia de derecho de familia, aborto, derecho social, neutralidad militar y autonomía fiscal.   Dublín exige que esa garantía esté formalizada en un protocolo con el mismo valor vinculante que el Tratado, y no en mero anexo que solo tiene valor político, como pretende el Consejo europeo por temor a que la necesidad de ratificar el protocolo por todos los miembros de la UE abra en ellos la vía del NO que tan rentable a sido para Irlanda. Dicho sea de paso, ¿qué idea de unidad europea tienen quienes dan a Irlanda el privilegio de no regirse por la legislación común, a cambio de que apruebe en referéndum lo que ya no le concierne en temas esenciales?   Hace un año que su fructífero NO tiene paralizadas todas las innovaciones institucionales del Tratado de Lisboa. Este nuevo No a la convocatoria de otro referéndum, sin tener previamente garantizada la firmeza jurídica de las salvedades de la norma irlandesa en esas materias, puede ser la puntilla de muerte de ese Tratado tecnoburocrático que los ciudadanos europeos no comprenden.   De momento, Reino Unido, Polonia, Holanda y Eslovenia ya se han opuesto a la pretensión protocolaria irlandesa, por creer que, si los Parlamentos de los 26 han de ratificar el Protocolo de Irlanda, se abrirá la caja de Pandora expandiendo por toda Europa sus aires reivindicativos de las mismas concesiones. Situación que se agravará en los Estados que aun no han firmado la ratificación, como la Republica Checa, o está pendiente de resolución del Tribunal Constitucional, como Alemania.   Es posible que, ante esa eventualidad, solo el Gobierno español ratificaría con entusiasmo la maravillosa excepción irlandesa.