Nube de palabras de la Ley de rescate Bush (Ricardo Carreon) Utopía y realidad La idea de un contrato social, originado voluntariamente por sujetos autónomos (que, en consecuencia, son capaces de “darse a sí mismos” las leyes) y –otros han añadido, perspicaces– además plebiscitado a diario, es no sólo el pilar fundamental del pensamiento de la izquierda que Gustavo Bueno llama «indefinida», sino también, y lo que es más importante, constituye una de las más perfectas legitimaciones para la impostura de llamar a la actual monarquía partidocrática una democracia.   Es de la mayor relevancia desenmascarar la mentira que en la práctica supone traspasar una intuición subjetiva, proveniente de una perspectiva que en último término se remite a la visión simbólica del Paraíso en la Tierra, a un universo del discurso natural y racional en el que históricamente los seres humanos han sido vapuleados por condiciones adversas desde el principio. Las leyes surgieron no por un acuerdo voluntario, sino como resultado inevitable de una tensión entre distintas fuerzas, de modo tal que pudiésemos protegernos tanto del azar como de poderes arbitrarios. En otras palabras, las leyes son instancias generadas intersubjetivamente, cuyo origen no se halla ni en la visión subjetiva ni en un acuerdo colectivo consciente y “libre”. Por ello, la expresión “darnos leyes a nosotros mismos” no deja de ser puramente metafórica.   Una democracia no puede basarse en el sueño autológico de quien prescinde de los hechos más simples de la experiencia, sino que ha de tomar la irracionalidad y la pasión por el poder precisamente como los vehículos que hacen posible un sistema político garantizador de la libertad. Se trata de una prodigiosa hazaña conquistada mediante lo que García-Trevijano ha denominado, siguiendo la expresión de Hegel, la «astucia de la razón» democrática. Mientras tanto, el discurso político dominante pretende darnos gato por liebre, aludiendo a vaguedades extraordinarias tales como “paz global”, “solidaridad entre todos” o “alianza de las civilizaciones”, sin más distinciones. Aunque estos corderitos destilan sin duda las mejores intenciones, bajo su piel se esconde el mismo lobo de siempre, que no quiere dejarse dominar, y que lo devora todo a su paso mientras te acusa a ti de ser insolidario, malvado, malpensado.

Hasta ahora la llamada Transición Española había sido presentada por sus apologetas como el proceso ejemplar de paso de una dictadura a una democracia gracias a la milagrosa conjunción de una voluntad suicida de los prohombres del franquismo, un ejercicio de “realismo” por parte de los líderes de la oposición y una conducta intachable del pueblo español, que supo enterrar viejas rencillas y odios seculares en un esfuerzo colectivo por hacer de España un “proyecto sugestivo de vida en común”, como diría Ortega y Gasset. Un oído malicioso podría atribuir, en este contexto, a la palabra “realismo”, un significado político de defensa de la monarquía, y aunque no se desviase un milímetro de lo entonces acontecido, indudablemente con “realismo” se pretende decir otra cosa, mucho más confusa y de significado equívoco: una hábil mezcla de posibilismo y oportunismo. Posibilismo entendido como la tendencia a aprovechar lo existente para ponerlo al servicio de los fines propios, renunciando a optar por medios que, por impotencia propia o por impedimentos ajenos, resultan inviables. Tal posibilismo es primo hermano del oportunismo, entendido éste como predisposición favorable al aparcamiento de principios fundamentales para el logro de otros fines de pretendido orden superior. El oportunismo desmiente, por tanto, el carácter fundamental de los principios postergados. El “realismo” aquí aludido convierte en realidad objetiva, del todo ajena a la influencia de los agentes implicados, relaciones de poder que no se cuestionan en aras del oportunismo.   Tal chapuza conceptual, como toda propaganda, es de fundamentación inevitablemente torpe. Pero Gregorio Peces-Barba ha tenido a bien completarla con un nuevo elemento que faltaba en el cuadro armónico de aquellos acontecimientos: la Transición, dice en EL PAÍS el 12 de noviembre, hizo que la política en España recuperase una impronta mucho más “racional y razonable” después del “impresentable irracionalismo político del franquismo”. Si entendemos “racional” en el sentido weberiano del término, es decir, aquella cualidad por la que se produce una adecuada relación entre los medios practicados y los fines perseguidos, la dictadura de Franco puede sin duda presumir de tal característica. Pero, en lo que respecta a la Transición Española, el problema necesita de una previa delimitación conceptual en la cual la propaganda no puede detenerse, so pena de desmontar todo el armazón que la sustenta: se trata de definir, si es posible, los fines perseguidos por quienes tomaron parte en aquel proceso, y, más aun, explicar lo que, en términos comprensibles, no puede ser explicado: cómo pudo producirse la comunión de fines entre quienes, hasta hace bien poco, eran enemigos políticos. Si el fin perseguido coincide con lo finalmente logrado, la Transición ha sido un éxito rotundo. Si lo sucedido se aparta de lo pretendido, la Transición ha sido un fracaso.   Lo pretendido está tan necesitado de explicación que cualquier relato de los hechos que no se detenga en ello es inconsistente. Y es difícil saber la pluralidad de pretensiones que pudieron animar a quienes tomaron parte en el proceso, por lo que tampoco es posible hablar unívocamente de éxito o fracaso; estos dependen, a su vez, del sistema de valores en el cual cobran sentido. En cualquier caso, sobra la impresentable moralina sentimental que deposita en las buenas intenciones de los agentes los fundamentos para la absolución histórica de aquel proceso. Las intenciones propias entran, en imprevisible combinación, con las intenciones ajenas, y arrojan un resultado que no siempre es controlable o previsible para los implicados. Si Peces-Barba tuviera la elegancia de prescindir de los nombres propios y describir los hechos crudos y desnudos a la luz de las consecuencias que él mismo no se recata en enumerar, sería factible, al menos, un entendimiento con quien, como él, tuvo participación en aquellos hechos, como miembro de la clase política. Pero no puede hacerlo porque, precisamente, su condición de sujeto implicado lo incapacita para ello. No puede dejar de ver en el cuestionamiento de la Transición una afrenta personal por parte de quienes no están dispuestos a entender aquel magno esfuerzo de los padres de la patria a los cuales ahora tendríamos que estar agradecidos. La mera descripción de las instituciones que “nos hemos dado”, como reza la consabida propaganda, al correr el riesgo de dejar en evidencia las graves carencias de este sistema presuntamente democrático, es ya de por si un insulto para los encargados de conducir aquel cambio. El “realismo”, entendido como descripción fiel de la realidad, sucumbe al sentimentalismo, en el cual las intenciones ocupan fraudulentamente el lugar de los hechos.

Pirate day (foto: deadheaduk) Estado de piratas La última tierra sin Estado no es tierra, es océano. Cuando una tierra queda sin jerarquía, sin Estado, se hace líquida y cualquiera puede poseerla de un solo sorbo. Los imperios lo hacen como leones: devorando y ocupando el vacío de poder; las naciones desimperiadas lo hacen como chacales, rapiñando para volver después a la seguridad del hogar. La mar se traga la Historia. El mar es la cloaca de los Estados y quien trabaja sin Estado en la cloaca del fin de la civilización es una rata marina, es un pirata somalí. Ellos, los piratas sin Estado, son menos que el delincuente común y menos que el prisionero de guerra, menos que un condenado a muerte, menos que el excomulgado, infinitamente menos que los desterrados. Un pirata negro sin patente de corso es menos que nada, es un niño con genitales de hombre en tierra extraña… pero, al menos, al pirata sin Estado le queda la gloria de morir por su macarrónico señor, por el clan, morir grotescamente microfascista y enganchado a la cocaína y la GameBoy. Morir sin darse cuenta a manos de cualquier tropa otanesca y hacerlo retrasado histórico, pero actor avanzado; amputado de la sociedad, de la civilización, pero dueño de su animalidad y de su propio nombre.   Nosotros, piratas de Estado, como lo es cualquier ser humano enrolado en una sociedad no tribal dirigida por personas e instituciones sin control, sólo podemos anhelar íntimamente que, por pura casualidad o por providencial compasión -también de Estado-, el Gobierno actúe como nosotros mismos lo haríamos. Nuestros objetivos cambian conforme las modas van sustituyendo unos espantajos televisivos por otros. Es tiempo de odiar a los piratas y los tertulianos-periodistas-filósofos, incluidos aquellos que fueron azote del felipismo, afirman que los fondos reservados deberían “utilizarse bien por una vez”. Quieren que el engaño de Estado, la tecnología militar y la furia de Occidente caigan sobre los piratas sin tierra. Dicen que debemos anhelar un final más que feliz, eficaz. Un final sin cuestionamientos ahora y con preguntas hipócritas después; dicen que nuestros nombres se encuentran identificados con la muerte de delincuentes comunes convertidos en archienemigos de España por orden de los morbogénicos editores de opinión. Así que gritemos, ¡gritad, canalla!: ¡guerra a los piratas!, ¡justicia allá, allá, donde no hay Estado, sino mar!

Jean-Jacques Rousseau (foto: litmuse) Fundamento fantástico Aparte del desgobierno correspondiente a la oscilación pseudo-electiva de los partidos en cualquier nivel del Estado, que debemos atribuir a un sistema electoral ruinoso así como a la falta de una separación de poderes en origen, y aparte de la sistemática aniquilación de cualquier movimiento de la sociedad civil que pueda remotamente encaminarse hacia la construcción de una sociedad política, la partidocracia ha logrado la proeza de fundamentarse en algo tan vacuo y mediocre como el consenso.   Puede que me equivoque, pero tengo la impresión de que el consenso al que se alude constantemente, aunque haga referencia a acuerdos secretos entre partidos, en teoría diversos, que aniquilan lo propiamente político, conformando así una única ideología, parte más originalmente de una idea voluntariosa del Estado à la Rousseau, aunque sea más antigua que éste. Hume ya criticaba en sus célebres Ensayos («Sobre el contrato original») la idea de que el gobierno provenga de un contrato o un acuerdo explícito entre sujetos, y ello mediante la simple observación histórica de la guerra, la conquista y la violencia. “Como resulta evidente, no se formó ningún acuerdo para la general sumisión de los muchos al jefe; (…) cada esfuerzo de autoridad por parte del jefe debió ser particular y devenido de las exigencias presentes del cada caso. Su frecuencia produjo gradualmente una aquiescencia habitual, y por tanto precaria, en el pueblo”.   La idea de un contrato entre sujetos para la formación del Estado es, pues, utópica, y no tiene el más mínimo fundamento en la realidad histórica. No obstante, da la impresión a menudo de que el discurso partidocrático toma esta idea como base cuando también fuera de las elecciones predica “la libertad de los ciudadanos para decidir” en su régimen, amparándose en una falaz participación, que los propios partidos serían expertos en mediatizar. Antes de Maquiavelo, semejante pensamiento utópico quedaba justificado mediante piruetas metafísicas sin más ánimo que el de unir el monarca a Dios. Pero la salida de la infancia política que cualquier sociedad que se precie de ser “desarrollada” debería haber acometido no puede permitirse más estos vuelos. Como señala Hume en este pasaje, ni el contrato más fantástico explica nuestra generalizada servidumbre voluntaria.