La prueba más concluyente del carácter filofranquista y antidemocrático del régimen vigente la constituye la conminación, por parte del Ejecutivo, a un "gran pacto" para poner remedio a la crisis, y, en justa correspondencia que redunda en un único y mismo error, la respuesta de la oposición que, lejos de cuestionarse el pacto en si, apela a la inviabilidad o imposibilidad del mismo por necesitar condiciones que el Ejecutivo se niega a cumplir. El presupuesto jurídico de un régimen democrático establece que el Ejecutivo gobierna bajo el control del Legislativo. La concepción que subyace en el "gran pacto" que ahora monopoliza el debate político supone que el Legislativo renuncia a controlar al Ejecutivo para sumarse, como si de un gobierno de concentración nacional se tratase, a la magna tarea de levantar el país. Solamente la ambición de un poder descontrolado puede exigir tal clase de acuerdos. El consenso, lejos de ser el fundamento de la democracia, es la virtud de las oligarquías y la negación de la política: si el sistema democrático funciona, existen cauces institucionales para el ejercicio del disenso, y por lo tanto, del control del poder, sin menoscabo alguno para la supervivencia del Estado. El "gran pacto" defendido por el Ejecutivo y, muy a su pesar, no secundado por el Partido Popular, es una brutalidad que invita a repartir el poder entre facciones que renuncian a controlarse entre sí y que hacen imposible todo control externo sobre sus actuaciones. Pero es también un síntoma infalible que define el régimen vigente por encima de toda propaganda. Francisco Franco no se equivocó cuando creyó dejar todo "atado y bien atado". Hoy, la clase política española está demostrando haber aprendido a la perfección las enseñanzas del Caudillo: "Haga como yo, no se meta en política". Es decir, dejemos la política en manos de los políticos, ellos se bastan y se sobran para emprender las acciones que la grave situación demanda: la más perfecta y acabada definición de una oligarquía. Un atropello que sólo la ignorancia o la mala fe pueden pasar por alto. Un atropello que sólo un pueblo y unos medios de comunicación que han vivido en la cultura del "consenso", en la renuncia a la política, como buenos hijos de la dictadura, pueden pasar por alto. "A pure theory of democracy" Publicada la traducción inglesa de "Frente a la gran mentira"
Un expresidente liberal
Campaña publicitaria de Converse Un expresidente liberal El reportaje de EL PAÍS del 28 de febrero acerca del ex-presidente José María Aznar subraya las "líneas maestras" que definen su posicionamiento ideológico, y, a tenor de lo que el propio artículo indica, de una buena parte de la derecha española encarnada en el Partido Popular: "libertad de mercado, menor intervencionismo del Estado, desregularización, impuestos más bajos, inmigración regulada". La más recibida descripción jurídica de la naturaleza de la economía de libre mercado sostiene que ésta aparece con la apropiación, por parte del trabajador, de su propia fuerza de trabajo, y la conversión de ésta en una mercancía comprable, vendible o alquilable como cualquier otra. Independientemente de su carácter de ficción jurídica y, por tanto, de su más que dudosa concreción en los hechos, esa es la condición sine qua non para el paso del feudalismo al capitalismo. Un esclavo no es otra cosa que un trabajador desposeído de su fuerza de trabajo. Por eso, en rigor teórico, el esclavismo es radicalmente incompatible con el capitalismo. A su vez, la más exigente ortodoxia liberal sostiene que la interferencia de la autoridad estatal en el funcionamiento autónomo del libre mercado, y por lo tanto en la libre circulación de mercancías, acarrea, inevitablemente, a corto o largo plazo, una alteración del "equilibrio" del mismo y, en consecuencia, un perjuicio para todos los "agentes" económicos involucrados en el flujo de la renta. Por tanto, no hay solución teórica, dentro de los presupuestos que definen el liberalismo económico, que pueda conciliar la libre circulación de capitales con las restricciones a la libre circulación de la fuerza de trabajo, que, al igual que el propio capital, es una mercancía más. Propugnar la "libertad de mercado", "la desregulación" y "la inmigración regulada", es un expediente carente del mínimo rigor teórico exigido por los autoproclamados liberales, una amalgama que propugna el liberalismo para el capital y el nacionalismo para la fuerza de trabajo. El socialismo ha fracasado. El liberalismo no ha podido fracasar porque, a diferencia del socialismo, jamás ha sido puesto en práctica. Y nunca lo será. El primer muro de contención para ello lo forman no sólo los proverbiales enemigos izquierdistas de la "sociedad abierta", sino también liberales como José María Aznar. Pero, conviene subrayarlo, Aznar, además de liberal, es un patriota que vela por las esencias de la identidad nacional, es decir, un nacionalista. Es decir, un antiliberal. Un conservador, un derechista tan enemigo del liberalismo como el socialismo. Y como él, todos los que, dentro del Partido Popular, aceptan su magisterio. La tentación de confinar el análisis de la realidad o las soluciones que la infinita casuística demanda en el angosto camino definido por la ortodoxia ideológica se estrellará, siempre, en el fracaso. La experiencia histórica lo ha demostrado de forma traumática. Toda solución estrictamente ideológica es producto bien del oportunismo, bien de la propaganda, y siempre de la más radical inconsistencia intelectual. Sólo la fe religiosa propia de las ideologías laicas puede sostener tal armazón fraudulento.
La comisión “Zurbano”
En el bello Palacio de Zurbano de Madrid se ha reunido, presidida por un triunvirato ministerial, la comisión política que se encargará de sacar a España de la crisis, en torno a un índice de temas a tratar y un documento lleno de vaguedades (“Diálogo político para la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo”) entregado la tarde anterior a los asistentes. La reunión tiene la finalidad de tomar contacto (“tomar un café y pasar el rato” dijo un asistente) e ir abordando los temas que vayan proponiendo los invitados con la intención de recuperar el sendero del progreso y el empleo perdido. En dicha reunión no habrá líneas rojas en los temas a poner sobre la mesa, dice uno de los triunviros, pero de entrada, por orden del jefe, excluyen hablar de las pensiones, de la reforma laboral, de la subida del IVA y del plan de austeridad recientemente aprobado. Una bella instantánea de la flor y nata de la partitocracia española que busca desesperadamente el consenso, aparenta ante los ciudadanos que por fin se mueve para atajar todos los males económicos que padecemos y moldea una imagen que servirá de coartada perfecta al equipo gobernante para buscar cómplices en esta situación y así no cargar con todo el peso del fracaso. Entre las conclusiones de esta reunión se incluye el trazado de una hoja de ruta que lleve necesariamente a un acuerdo porque no imaginan otro escenario posible (dice otro triunviro). Para ello volverán a redactar el borrador y lo irán comentando con cada grupo de forma bilateral. Posteriormente se reunirán en pleno para consensuar un documento fruto de las reuniones bilaterales y lo llevarán al Congreso y allí se volverá a discutir. Todo esto nos recuerda la frase de Napoleón: “Si quieres que algo sea hecho, nombra un responsable. Si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión”. "A pure theory of democracy" Publicada la traducción inglesa de "Frente a la gran mentira"
Trilogía de una prevaricación
Finalmente el Tribunal Supremo admitió a trámite el pasado 25 de Febrero la tercera querella contra el Juez de la Audiencia Nacional D. Baltasar Garzón Real. Esta vez se trata de la interpuesta por el abogado de un imputado en el caso “Gürtel” acusando de prevaricación al Magistrado por ordenar la grabación de las comunicaciones en prisión de los cabecillas de la trama con sus letrados. Tras la oposición del Ministerio Fiscal (siempre más Ministerio que Fiscal) a la continuación de la causa, el Alto Tribunal concluye que las “hipótesis incriminatorias” planteadas por el querellante D. Ignacio González Peláez, “no parecen hasta tal punto absurdas y carentes de sentido que hayan de ser sin más desestimadas”. De esta manera se rechazan los argumentos de la Fiscalía que interesó el archivo de las diligencias al considerar que intervenir las conversaciones de un preso con su abogado, al menos en ese caso, no constituye ilícito, y que la querella tan sólo es, en palabras de su propio escrito interesando el sobreseimiento, “una maniobra procesalmente fraudulenta con la que se pretende hurtar a los Tribunales competentes la decisión sobre la licitud o no de esta prueba”. El Tribunal Supremo, si bien rechaza esta argumentación del Ministerio Público la califica no obstante de “nada desdeñable” pero insuficiente para evitar la investigación judicial de unos hechos tan flagrantes como son los descritos en la querella. A la inevitable lógica jurídica que destila el Auto de la Sala, habría que añadir un juicio de razón sobre los motivos que impulsan a la Fiscalía a interesar el carpetazo. Su estructura jerárquica de dependencia gubernamental fija inevitablemente su posicionamiento procesal. Y es que su preocupación no es tanto que se hurte la decisión sobre la ilicitud de la prueba a un Tribunal en otro proceso contra el Juez conocedor del asunto, sino que a consecuencia de una posible suspensión en sus funciones del juzgador encausado, lo que se hurte sea el conocimiento por ese mismo Juez de otras diligencias a su cargo en las que el gobierno se encuentra seriamente comprometido (léase caso “Faisán) y que hábilmente ha sabido contemporizar en su provecho ante la avalancha de querellas que sobre él penden. Quid pro quo. Se trata de la primera vez que un juez se enfrenta a tres querellas. En esta ocasión por la autorización de forma genérica e indiscriminada de la intervención de las comunicaciones entre letrado y cliente, siendo, en palabras del querellante “perfectamente conocedor de la ilicitud e ilegalidad que estaba cometiendo”. Quizás sea ésta la menos mediática de las cuestionadas actuaciones de Garzón, pero puede ser la de mayor calado sobre la lesión efectiva del derecho a la defensa.
Usuario español
Mujer en una cabina telefónica (foto: Mamzel D) Usuario español A veces no debería contestar encuestas telefónicas. El caso es que el otro día, por condescendencia, admití “unas cuantas preguntas sobre la situación actual española que no le llevará mucho tiempo”. La voz era la de una señorita muy simpática hispanoamericana. Todo se desarrollaba muy bien hasta que llegó la pregunta clave: ¿Se siente Usted ciudadano de la democracia española? –No, le tuve que contestar ante su asombro –ella que pensaba que no era una de las preguntas más significativas-, no, porque ser ciudadano es ser partícipe en el gobierno de tu país – le explicaba-, aquí en España, en cambio, los españoles nos sentimos más bien usuarios del Estado de partido español homologado, muy apresuradamente, a un Estado moderno europeo. Nos sentimos personas que hacen uso de ciertos servicios públicos de un Estado pero que no pueden ejercer realmente su derecho a la elección de representante político en una moderna democracia representativa, y con más de treinta años esperando que alguna ley orgánica o reforma constitucional haga el milagro, ya somos conscientes de que no hay reforma que valga para conseguir una separación efectiva de los poderes judicial, legislativo y ejecutivo con el actual régimen de bipartidismo. Usuario en tu propia patria. Es triste, pero así es. Los españoles nos sentimos como los turistas alemanes o ingleses en nuestras ciudades costeras: hacemos uso de los servicios estatales, autonómicos y municipales, pero sabemos que las decisiones del gobierno y del Estado, de la comunidad autónoma y el municipio están en mano de “extranjeros”. Es más señorita, cuando vamos de turistas a otros países nos sentimos más ciudadanos que en España.
La ética política: Munar
Los gobiernos de coalición o la necesidad de engrasar determinadas bisagras para acceder al Ejecutivo, expresan de modo inmediato la idea de reparto de beneficios y privilegios entre una clase política creada con el método totalitario del consenso. Sin cautelas ni garantías constitucionales contra las corruptelas políticas, el pacto entre socios de gobierno, sin control por parte de otro poder separado, conduce invariablemente a un reparto proporcional del pastel de la corrupción. La costumbre de las coaliciones, propia de los pueblos dominados por el espíritu de hermandades y padrinazgos, ordena y vigila la corrupción disponible, organizándola en un sindicato de profesionales del trapicheo público. De esta manera, en las Islas Baleares, doña María Antonia Munar ha acreditado una fabulosa capacidad de aprovisionamiento, para sí misma y para familiares y amigos integrados en la Unión Mallorquina, o en esa peculiar manera (“sa nostra”) de enriquecerse a través de la política local, con licencias, comisiones y prebendas varias. Tanto el PP, con Matas, como ahora el PSOE con Antich, han tenido que recurrir, a precio de oro, al servicio de apoyo gubernamental que siempre ha ofrecido la munificente Munar. Pero los días de pompa, lujo y esplendor urbanístico en la costa mallorquina tocan a su fin, con la delación efectuada por Miguel Nadal -ex lugarteniente de la influyente señora-, el cual no acababa de sentirse a gusto como cabeza de turco. Después de abandonar la presidencia del parlamento balear, la jefa de UM ha confesado actuar siempre de acuerdo con “la ética política” (del Régimen), es decir, con la acostumbrada inmoralidad de mentir sistemáticamente para desmentir la corrompida realidad oligárquica. La obligación de decir la verdad en el campo político no proviene de los principios de la sociedad política ni de los postulados de la legitimación electoral, sino de la necesidad de poner de acuerdo la práctica cotidiana del poder con los valores dominantes en la vida civil, de hacer, en suma, coincidir la cualidad de ciudadano-elector con la de persona. La moralidad entra en la política por la necesidad de coherencia de la razón de mandar con la razón de obedecer, en una sociedad libre de temor. Sin esta coherencia o hegemonía moral -que sólo está al alcance de la democracia-, la práctica política queda reducida a una mezcla de coacción institucional, inercia burocrática y fomento del temor al vacío. "A pure theory of democracy" Publicada la traducción inglesa de "Frente a la gran mentira"
Mangahumos
Desaparezco entre mi humo (foto: Hamed Masoumi) Mangahumos Consciente de que atravieso camino ya muchas veces hollado, me ha parecido que el famoso pasaje de La Ciencia Jovial de Nietzsche en que un loco grita que Dios ha muerto es todavía aplicable, aunque necesitado de actualización, a la situación española presente. Es llamativo que en tal pasaje lo novedoso no es la misma muerte de Dios, algo que los transeúntes hacia los que se dirige el loco dan por hecho, bromeando sobre ello como si fuese un suceso sin la menor importancia, sino la conciencia de que “hemos sido nosotros los que le hemos matado”. Sin necesidad de entrar en cábalas heideggerianas, lo que aquí se dibuja es el papel activo de tal muerte. No se trata de algo caído del cielo. España no se cae en pedazos por razones metafísicas del tipo que sea, sino porque carece de verdadera ciudadanía. Pero si España está muerta o moribunda –no ya en el sentido nostálgico, típico de la generación del noventa y ocho–, ¿habrá ganado, al fin y al cabo, alguien con ello? No desde luego la clase pudiente, que ve la situación con gran preocupación. Pero tampoco los menos o poco pudientes (como ha demostrado por ejemplo el extraordinario opúsculo de Sanchidrián Pequeño ensayo sobre el empobrecimiento de las clases asalariadas españolas bajo el posfranquismo juancarlista), cuyo nivel y calidad de vida ha disminuido drásticamente en aspectos esenciales. ¿Quién ha ganado, pues? Muy sencillo: los mangahumos, por utilizar la lúcida y exactísima expresión de un cabrero con quien conversaba ayer por la noche. La definición de “mangahumos” es casi tan buena como el propio término: «uno que no sirve ni pa’ estar escondío». O sea, los caraduras, los chorizos, los banqueros, los horteras, los trepas y los pelotas, la clase política de la partidocracia… y sobre todo los que callan o ignoran por interés. Esos son los que han matado –matan a diario– a España. Mangahumos, birladores de lo insustancial y por eso mismo, por el espacio que ocupan, viles desplazadores de lo que importa. No hace falta ser ningún lince ni tener conocimientos extraordinarios para acertar a verlo. Cualquiera con ojos lo sabe. “Nos han estafado”, decía el cabrero con retrospectiva. Y con toda razón, porque en España no han ganado más que los mangahumos. Una expresión que, por cierto, confluye sin querer con aquellos “hombres grises”, comerciantes de tiempo y usurpadores de vida, en el relato Momo.
Barbaridad sobre barbaridad
La guerra sucia por el control político de lo judicial desatada en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha provocado el nerviosismo de las asociaciones judiciales y sus padrinos en el Estado de poderes inseparados. Esta situación, fruto del bloqueo de la voluntad consensual, ha servido para que las asociaciones “profesionales” de jueces, siempre colaboradoras y hasta ahora silentes ante el pasteleo de vocalías y puestos de responsabilidad en la cúpula judicial, pongan sobre la mesa una situación de control político de la que nunca antes se habían quejado por encontrarse satisfechas con el reparto. Como la pareja que en su ruptura saca a la luz las miserias del contrario, los parasindicatos judiciales airean ahora sin rubor la perversión de un sistema en el que se sitúan como catalizadores de voluntades políticas y frente al que hasta ahora no habían dicho ni pío. Jueces por la Democracia (JpD) no vacila para defender la autonomía del CGPJ que debe asumirse sin escándalo que el llamado órgano de gobierno judicial se trate “sin duda de un órgano de naturaleza política”, poniendo además de manifiesto negro sobre blanco en su último comunicado, que “resulta dudoso que la judicatura esté necesariamente más legitimada que el Parlamento para dicha elección”. Tras esta afirmación, JpD ruega que tal reconocimiento no suponga desconfianza por la ciudadanía, entendiendo sin embargo que pueda crear cierta “confusión”. En la otra orilla, las asociaciones Francisco de Vitoria (FV) y Foro Judicial Independiente (FJI) han criticado en un comunicado conjunto el acuerdo rubricado entre el CGPJ y el Consejo General de la Abogacía (CGAE) en virtud del cual los letrados podrán intervenir en la designación de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales. En el comunicado expresan su más absoluta sorpresa y estupor ante la posibilidad abierta por dicho convenio de que los Colegios de Abogados puedan intervenir, si quiera aconsejando, en la designación de cargos judiciales, al tiempo que critican que se les dé igualdad de trato que a los propios jueces o las asociaciones que los representan. En tal desconcierto general ambas asociaciones muestran su desagrado y confusión subrayando la incoherencia de que tampoco se de igual trato a otros profesionales de Derecho como Procuradores, Abogados del Estado, o Graduados Sociales. Pero que nadie se ilusione, seguidamente los jueces firmantes, en defensa de su ranchito e ignorando la diferencia entre poder estatal y función jurisdiccional, censuran que otros operadores jurídicos que no sean ellos mismos participen en el gobierno de lo judicial arguyendo una simpleza como su neutralidad frente a quienes tienen encomendada la defensa legítima de intereses particulares.
De avatares
Cuando pretendemos referirnos a una cosa compleja, tenemos enormes dificultades para hacerlo de un modo simple y global. Preferimos desmontarla en partes más sencillas —ello habrá de obedecer a algún criterio, que sería deseable reseñar facilitando así la comprensión— para, entonces sí, poder hablar de este modo acerca de ella. Sin embargo, corremos el riesgo de volver a sintetizar el objeto conforme las partes que hemos obtenido —incluso dotando a las abstracciones de realidad material— haciéndolo de una forma aritmética, al dar por sentado que aquel será resultado de la mera adición de éstas. Pero no, no es así. En este tránsito se pierde o degrada algo. Hay situaciones que se prestan irremisiblemente a lo que acabo de relatar. Fundamentalmente porque el quehacer profesional se basa en un método seudoacadémico proclive a esta falacia. Y tal vez el más sonado sea la crítica cinematográfica. La película Avatar, récord absoluto de recaudación en España, ha sido, sin embargo, recibida por la crítica especializada de manera desigual. No se trata tanto de señalar la fractura, que en este caso se aprecia en toda su potencia, entre los enjuiciadores profesionales de la gran pantalla y el público; como de señalar que una parte de los primeros, a los que se han añadido algunos elementos del cine patrio, se han referido a la cinta de Cameron con un inusitado desdén, tildándola de “involución artística” —caso de Javier Ocaña en EL PAÍS— o proclamando que jamás irían a verla —“ni aunque me detenga la Guardia Civil”, como declaró el oscarizado Trueba, que por no ser menos que ZP con su famoso café, añadió ahorrarse “seis euros”—. El argumento general de sus detractores, o aquel que se señala para no dar una mayor puntuación al filme, consiste en fijarse aisladamente en la historia. Como ésta es simple, previsible y conocida, presentando reminiscencias temáticas muy manidas, de fácil encasillamiento, la conclusión parece evidente: la película es mala o un mero despilfarro técnico. El hecho de no poder disponer de los medios de la industria hollywoodiense debería ser un acicate para dedicarse a escribir guiones extraordinarios, o competir con otro tipo de cine, ciertamente algo más difícil de conseguir y en todo caso conciliar con el rendimiento comercial. Se adivinan los celos al despreciar lo contrario, esto es utilizar una trama tan sencilla para, añadiendo un mundo de ciencia ficción desarrollado con un novedoso apoyo tecnológico, crear un completo espectáculo audiovisual como Avatar, capaz de entretener, y hasta de fascinar, a millones de personas en todo el mundo.
Supramor
Antes de la salida de la luna (foto: Computer Science Geek) Supramor Mi huella se desintegra en las estrellas; es meteoro, arena de pez, golpe de flecha. Imagen dimensional en adicción a ancestrales formas, aire al recorrer árboles con smog y lagunas sin espíritu Pupila que abre el acero martillo al desentrañar la roca, rastrea el agua tranquila del onceavo universo paralelo. Un cuento infantil sonríe en el relato de la sombra, cuenta la farsa al quemarse el trigo y el niño duerme pensando que sueña. Busca en los prados verdes tu ondulante cartografía de nube, nuevo elemento rumbo a la fusión del guerrero. El planeta es antípoda al seducir el oído; arpegio en voz de río seco, hermosa juventud en longeva indiferencia y la carne no cesa de acumular cuentas sin brillo El ojo sabio está casi ciego cansado de entonar canto fraterno…… Invoca en la mirada del asfalto; luciérnaga en oscuridad acuosa enciende fogata con leña de paria y posee el papel de la madera. Se asoma época de renovación, pregunto, si habrá regreso, antes que la amapola transmute a espiral de lirio y apague el sol en desierto de auroras. La ventana a diario es más estrecha barrotes de enredadera y hierba crecen, en breve osamenta un filamento luminoso pelea en trinchera con la niebla. La añeja guarida es cuarzo visual y pulsar marítimo en ascética función de senderos al paraíso. Alojada al caracol, retengo la bitácora de cruces sin inhumar en Oaxaca, Chiapas acuña prisión, selva entre hermanos. El reloj marca horizonte en agonía que caza el tiempo humano y bajo el espejismo del big-bang el borde de tus dedos es el inicio. (Del poemario “A Bastas Estaciones” 2009)
