Ensayos   F. A. Hayek El modelo constitucional de F.A. Hayek   Miguel Rodríguez       A Pedro M.González   Porque tiene muchas semejanzas y porque es un claro precedente de las propuestas de Antonio García-Trevijano, vale la pena detenerse a examinar brevemente el modelo constitucional que propone F.A. Hayek en su obra culminante, Derecho, Legislación y Libertad (“Law, Legislation and Freedom: A new statement of the liberal principles of justice and political economy”, 1973-1979). Nos fijaremos especialmente en el capítulo decimoséptimo, perteneciente al volumen tercero de la obra, escrito varios años más tarde que los dos volúmenes anteriores, y publicado, según él, tan sólo porque temía que su avanzada edad no le permitiese realizar mejoras en el tratamiento del tema. Este dato es importante tenerlo en cuenta, pues resulta evidente que Hayek no estaba del todo satisfecho con algunos aspectos de su proposición, si bien revisarlos hubiese requerido empezar otra vez desde el principio. Aquí se demuestra, a mi modo de ver, que Hayek era lo suficientemente humilde para reconocer las deficiencias de su propuesta, si bien, como es lógico, aún no adivinaba del todo cuáles pudieran ser. Por otro lado, como veremos, ello no significa que Hayek no avanzase críticamente en la erradicación de ideas falsas acerca de la democracia y en lo que supone el verdadero funcionamiento de la misma.   Hayek indica en el prefacio al tercer volumen que las páginas que siguen forman un vínculo indisoluble con su otra obra principal, traducida al español como Los Fundamentos de la Libertad (“The Constitution of Liberty”, 1960), pero puede decirse que hay también, si no ya una ruptura, sí un cambio significativo de ángulo. En efecto, a pesar del subtítulo de DLL, que indicaría que la vía por la que se llega a una teoría democrática es en parte la economía (en el segundo volumen llamada catalexia), en esta obra se aborda la cuestión política desde una perspectiva eminentemente jurídica.   Así, el primer volumen constituye un notable esfuerzo por distinguir entre derecho propiamente dicho y legislación, lo cual le lleva a concluir, como ya había colegido su amigo Popper, que una sociedad verdaderamente libre debe de estar regida en última instancia por normas y no por hombres (entiéndase intereses concretos). De ahí la necesidad de abordar la cuestión de la norma suprema (la Constitución), cosa que hace en el tercer volumen, subtitulado “El Orden Político de un Pueblo Libre”.   El segundo volumen, por su parte, es una lúcida deconstrucción del concepto de “justicia social” como meta coherente, sin menoscabo de las buenas intenciones que guían a sus propugnadores. En realidad, se trata de una crítica fulminante a esa tendencia moderna a colocar el adjetivo “social” frente o tras conceptos o instituciones que ya sin él son suficientemente difíciles de describir y explicar, pero que con él quedan irremediablemente confundidos. Definir qué es “justicia social” resulta imposible a no ser que se tomen en consideración sólo algunos elementos de la situación (lo cual no sería precisamente “justo”), y destruye de paso buena parte de la jurisprudencia; la “democracia social”, por su parte, asesina a la democracia formal, como forma de gobierno, en aras de ciertos contenidos ideológicos (en gran medida indefinibles, o definibles sólo en la ocasión); la expresión “Estado social y de derecho”, que aparece en la Constitución española del 78, ensucia con su redundante retórica lo verdaderamente decisivo de una Constitución, que es la necesidad de controlar el poder, permitiendo así introducir toda una serie de aberraciones jurídicas. Et cetera.   Es de sumo interés comprobar que la distinción entre democracia formal y democracia social (o democracia como forma de gobierno y democracia como “experiencia colectiva”, o como un modo de organización de la sociedad) está nítidamente establecida por Hayek: “No debemos olvidar que la palabra [democracia] se refiere solamente a un método específico de gobierno.   Originalmente significó nada más que   un cierto procedimiento para llegar a decisiones políticas, y no dice nada acerca de cuáles deben ser las metas del gobierno” (III, 16). De hecho, Hayek propone (III,13) utilizar la voz demarquía (del mismo modo que se habla de monarquía u oligarquía) para designar a la democracia como forma de gobierno, y así no confundirla con medidas concretas llamadas –bien o mal– “democráticas”. Más tarde (en el prefacio al tercer volumen) cambió de idea al respecto, según explica para no distanciarse demasiado del uso común del término.   Pero la diferencia entre ambas realidades permanece, del mismo modo que persiste la distinción, más fundamental todavía, entre «la creación de reglas de conducta universalmente aplicables» (labor que habría que adscribir a la Asamblea legislativa) y «las tareas del gobierno propiamente dichas», que consisten en «actuar sobre materias concretas, en la asignación de medios específicos para propósitos concretos» (que habrá que atribuir al Poder ejecutivo). En cuanto al tercer poder, en el primer volumen Hayek ya había incidido con gran precisión y claridad sobre la naturaleza del poder judicial, así como sobre las características que debe poseer un juez, que tanto recuerda al tratamiento que ha dado García-Trevijano a este mismo asunto en algunas de sus obras (notablemente en la todavía inédita Teoría Pura de la República). En el tercer volumen, Hayek aún tendrá oportunidad de volver sobre el papel determinante que juega este poder, allí donde la normas establecidas por la Asamblea legislativa pueden estar violando lo esencial de la norma suprema.   La separación de poderes es, pues, un elemento central en la exposición de Hayek (aquí cabría interpolar la observación de que Hayek da por supuesta la representación uninominal), cuyo recorrido resulta provechoso rastrear para comprender de cuántos modos distintos pueden llegarse a conclusiones similares, si bien en el caso de Hayek no culminadas, o por lo menos no con el rigor y la exhaustividad de tratamiento que nos ha ofrecido Antonio García-Trevijano. Como veremos en seguida, a pesar del realismo del Hayek y su incuestionable amor por la libertad política, el tratamiento que ofrece es aún algo vago, o, por mejor decir, no ha alcanzado a descubrir mecanismos constitucionales específicos que puedan asegurar la libertad de un pueblo. Y éste es el paso clave que va de la intuición cierta a la ciencia en sentido estricto.   Para Hayek el problema radica en que la fusión de ambos poderes (ejecutivo y legislativo) «significó necesariamente el fin del principio de que el gobierno debe estar bajo la ley», puesto que, tras la fusión, es el gobierno el que crea la ley. Pero aún queda por decidir qué ley (o leyes) son aquéllas bajo las que debe regirse el Estado; qué mecanismos constitucionales permiten que el poder legislativo o el ejecutivo no imperen sobre el otro. En definitiva, apelar al “imperio de la ley” como motivo supremo no puede constituir más que el primer paso. Hayek demuestra que la adopción de esta perspectiva puede ayudar, y mucho, a la dilucidación del origen de los dos poderes principales. Pero aún restaría determinar cómo los dos poderes van a vigilarse mutuamente, además de tantos otros mecanismos de regulación del circuito político.   Hayek nos emplaza en el camino adecuado cuando nota que en cierto momento histórico «el poder de establecer leyes y el poder gubernamental de emitir direcciones se pusieron en las manos de la misma asamblea» (III,16). Se diría, pues, que se da un proceso progresivo de indistinción entre las funciones de la asamblea legislativa y del gobierno a medida que se pierde de vista el distinto fundamento o principio que los sostiene. El sistema político inglés, que es el que cita más a menudo y el que sin duda tiene más presente, retiene la indistinción del origen cuando elige su gobierno a partir de la cámara de   representantes.   Y,   al  inicio  del  capítulo   decimoséptimo, Hayek indica asimismo que también en EUA se concedió al poder legislativo «la facultad de dirigir el gobierno», entendido como «la tarea de dirigir tareas específicas de gobierno a fines específicos». Sea como fuere, Hayek ha vislumbrado el desastre que se sigue de la indistinción, y toda su energía e inteligencia está encaminada a deshacer este nudo.   En su indagación acerca del origen de esta fusión, Hayek encuentra que la división original entre la Casa de los Comunes y la Casa de los Lores en Inglaterra puede sugerir el inicio de una solución al problema. No en tanto, obviamente, que la Cámara Alta representaba tan sólo a la clase privilegiada, sino en tanto que, a partir del siglo XIV, el poder de recaudar impuestos fue transfiriéndose a la Cámara Baja, de tal modo que tanto la creación de leyes como la acción gubernamental de utilizar tales impuestos se fueron fundiendo en una sola Cámara. Así, pues, Hayek vislumbra que los poderes legislativo y ejecutivo han de volver a separarse para recuperar su verdadera esencia, y para así recuperar (si es que alguna vez la hubo) la libertad. Es más, cuando habla de que la Asamblea encargada de tomar decisiones (ejecutiva) podría con facilidad nombrar un comité para agilizar el proceso (el gobierno), parece insinuarse la idea de que uno y otro poder sean elegidos por el pueblo de forma independiente, pero la idea no se desarrolla con ningún pormenor.   Como mencioné más arriba, la diferencia entre intuición certera y conocimiento científicamente establecido radica en el grado de concreción y amplitud del descubrimiento. Por ello, los exactos mecanismos garantizadores de la libertad, amén de una necesaria incursión en la naturaleza de la libertad de acción colectiva –que en Hayek no aparece ni por asomo–, otorgan a las propuestas de Antonio García-Trevijano un paso transcendental en la Teoría de la Constitución. Entre los mecanismos mencionados figuraría principalmente la posibilidad de que un poder destituya al otro, con la condición de que aquél también se auto-disuelva, convocando de nuevo elecciones generales. Otros tan importantes y tan innovadores como éste se descubrirán en la Teoría Pura de la República, de próxima aparición. Aunque las soluciones institucionales concretas no sean el punto más fuerte de Hayek, algunas de sus propuestas no son en nada desestimables y encajan perfectamente con la teoría elaborada por García-Trevijano, tal como la necesidad de que el poder judicial maneje su propio presupuesto. Existen también algunas diferencias, seguramente más aparentes que reales, como la sugerencia de Hayek de que exista un Tribunal Constitucional separado. Pero a Hayek ni se le pasa por la cabeza otorgar la facultad de elegir tal Tribunal a los partidos o a alguno de los otros dos poderes, de modo que bien podría pensarse que su Tribunal Constitucional sería más bien una comisión especial bajo la autoridad de un Tribunal Supremo independiente del ejecutivo y del legislativo.   En todo caso, creo que es relevante notar lo mucho que existe en común entre ambas propuestas. Y si la advertencia de Hayek en torno “al valor de un modelo de una constitución ideal” (III, 17) resulta algo extraña cuando indica que «mi propósito al presentar tal esbozo no es proponer un esquema constitucional de aplicación inmediata», apostillando que «ciertamente no quiero sugerir que un país con una firme tradición constitucional reemplace su constitución por otra en las líneas que aquí sugiero», no debe leerse tanto pusilanimidad como ausencia de una reflexión acerca de la libertad de acción colectiva, así como de un movimiento ciudadano que la enarbole como su bandera para lograr abrir un proceso constituyente en el que la totalidad de los ciudadanos de un país tengan la oportunidad –que nunca existió en España– de decidir el tipo de Constitución que desean.

Esperant l'efecte papallona (foto: kodachrome65) De la necesidad totalitaria, virtud falsa Los políticos, intelectuales, y tertulianos de este Régimen, que ocupan la práctica totalidad de los periódicos, radios y televisiones de la libertad de expresión en el país, nos van a relatar con incontables erudiciones, los mil y un detalles del inevitable espectáculo de lucha por el encabezamiento de la lista de un partido político en la próxima campaña electoral. Los españoles de todo sentimiento asistiremos a esta lid, entre la Sra. Jiménez y el Sr. Gómez u otros, mediados por esa legión de intermediarios, que como locutores deportivos, azuzarán nuestras pasiones e inducirán nuestras preferencias por uno u otro. Tendremos papel único, de espectadores pasivos. Nos darán el gato de unas primarias de partido como si fuera la liebre de una democracia política, que no existe.   No confundiremos la debilidad relativa en que se encuentra el órgano directivo del PSOE, la necesidad de recurrir a unas primarias para elaborar su lista electoral en vez de hacerlo a dedo -procedimiento normal que en esta ocasión ha fallado- con la virtud de una política democrática.   Encabece uno u otro, no cambiará lo esencial. Lo que por nada del mundo dejará de hacer ningún partido político de esta partidocracia es aquello que imprime naturaleza totalitaria a la política de este régimen de la Transición, que muchos creen o hacen pasar como democrático: la elaboración de la lista electoral de la que salen juntos, en una única convocatoria, las personas que ocuparán los poderes ejecutivo y el legislativo, y nombrarán el   poder  judicial.   Estos   políticos   de   lista,   instalados en el Estado, venerarán, expresarán temor u obediencia a quien verdaderamente los ha elegido, al partido político, que no a los ciudadanos. El partido o partidos se hacen dueños de los poderes concentrados del Estado. Los partidos, y en ellos sus ejecutivas, son los verdaderos dioses de esta política, los que pueden hacer y deshacer.   Ni hay pueblo soberano, ni partido perfecto, ese que cada uno cree llevar en su fuero interno. Con estas reglas de juego, las derechas parecen izquierdas y las izquierdas derechas. Todas las ideologías están mediatizadas por igual en una misma política, no democrática, de gobierno del Estado. Con esta política se hace dejación de aquello que hubiera de formar parte de nuestro patrimonio humano colectivo fundamental, la libertad para separar los poderes del Estado y de elegir y revocar directamente a los representantes políticos. No hemos debido percibir la implicación que esto puede tener, si no ya para cambiar la naturaleza de la especie humana, sí para corregir mejor las condiciones en que sus individuos se desenvuelven: la ambición de poder, el oportunismo y la corrupción material y moral.   Pero como sucede en la evolución de muchos sistemas naturales, la modificación de las condiciones externas de su equilibrio actual, puede propiciar que pequeñas perturbaciones den lugar a la liberación de una energía potencial hasta entonces latente, que haga necesaria la búsqueda de un nuevo equilibrio en la relación de sus partes constituyentes.

Que unos cuantos concejales del Partido Popular apoyen en pueblos como Inca o Felanitx las consultas independentistas sobre “el derecho a decidir del pueblo de las Islas Baleares en colaboración con los territorios de los Países Catalanes” puede dejar a más de uno sumido en la perplejidad o en la sospecha de que el esperpento es nuestra seña de identidad por antonomasia. Sin embargo, no resulta incoherente que los herederos del nacionalismo español franquista adolezcan de los mismos delirios de grandeza autodeterminista que el resto de nacionalismos ibéricos. Aunque los españoles, remedando la arbitraria cursilería de un Carod-Rovira o un Laporta, expresaran su incomodidad de serlo, tampoco tendrían, en su conjunto, un derecho de autodeterminación, ya que tal cosa, fuera del ámbito teológico, es un contradiós jurídico e histórico. La determinación precede al derecho que la codifica, siendo éste el reconocimiento oficial de un hecho; y el derecho no es nada sin un aparato capaz de obligar a respetar las normas de aquél. Resulta, por tanto, absurdo abordar la autodeterminación como un acto de autosuficiencia que presupone una potencia que impone su fuerza determinativa a otra, y que en realidad no se tiene: la de constituirse en Estado nacional independiente.   Así pues, el derecho de autodeterminación es un oxímoron, salvo que se predique de la única entidad capaz de ser “causa sui”, causa de sí mismo: Dios. Por cierto, Sabino Arana, una vez recobrada la pureza original que estaba siendo mancillada por un pueblo inferior, vislumbraba un Estado vasco teocrático, donde la fe católica sería la ley fundamental (Dios y ley vieja): aquí no estamos hablando de la concepción del origen divino de la ley, sino de la del origen nacional de la ley divina. Como una sustancia infinita que se determina a sí misma la esencia de la idiosincrasia nacional sólo puede estar a salvo en el seno de la autonomía cultural, pero en estos tiempos de internacionalización tal encapsulamiento sería tan irrealizable como la autarquía en el plano económico. No se puede renunciar a las importaciones ni impedir la asimilación de la cultura universal.   Pero los mitos de salvación nacional y los ineluctables destinos fundados en comunidades de carácter o “ese conjunto de cualidades físicas y morales que distingue a una nación de otra” (Bauer) siguen embriagando a los que anhelan habitar los paraísos en la tierra donde se incuban los huevos de la serpiente. Si Marx veía en la religión un alma suplementaria para un mundo sin alma, en España el nacionalismo es el espiritualismo que se practica en un mundo político desalmado, es decir, sin verdadera democracia.

Quedan muy lejos aquellas prácticas del negocio bancario que respetaban el contrato de depósito de dinero fungible que exigía la custodia del 100% de la cantidad recibida. David Hume (1752) se había distinguido por defender el 100% de coeficiente de reserva. Lo mismo hizo Ludwig von Mises en 1912 y F. A. Hayek en 1937. Esta polémica no fue baladí porque a principios del siglo XX hubo condenas en Paris (1927) y en Barcelona (1934) a banqueros por delitos de apropiación indebida. A pesar de ello, a lo largo de la historia, los banqueros siempre estuvieron tentados de violar la mencionada norma tradicional de conducta, usando en su propio beneficio el dinero de los depositantes (Jesús Huerta de Soto).   Los contratos secretos proporcionaban un lucro hasta entonces impensable. Un claro ejemplo de este comportamiento hipócrita fue él del Banco de Ámsterdam que a los ojos de muchos (entre ellos Adam Smith en 1776) mantenía el 100% de los depósitos como coeficiente de reserva, pero en secreto, junto con otros muchos bancos, desarrollaba actividades inversoras altamente rentables. De una forma práctica, observando el comportamiento de sus clientes, calculaban el montante que deberían tener en caja (lo que posteriormente conoceríamos como reserva fraccionaria) para utilizar el resto de los depósitos de sus clientes en la financiación de Compañías Monopolísticas, comerciantes de éxito, Príncipes de diverso pelaje, aventuras bélicas e infraestructuras faraónicas. A sabiendas de lo que se jugaban, utilizaban su poder y su influencia (que era mucha) en desanimar a sus clientes a retirar sus depósitos.   Cuando obtienen el privilegio, de forma legal, para utilizar gran parte de esos depósitos, se inicia una relación de complicidad y una coalición de intereses entre gobernantes y banqueros perdurable hasta nuestros días y con límites inconfesables (secretos de Estado). En este sistema de reserva fraccionaria el Banco Central era una pieza clave para garantizar la estabilidad monetaria y la liquidez de esos bancos, emitiendo moneda y haciendo de prestamista de última instancia en momentos de apuro – esos baches de liquidez existentes entre las fechas de amortización parcial de préstamos concedidos a largo plazo y de retirada/constitución de depósitos a corto plazo -.   Hoy el Estado español y toda la cohorte de “haciendas subcentrales” (Comunidades Autónomas y Entidades Locales) necesitan a los bancos para financiar sus excesos y sus baches de tesorería, colocando parte de su deuda en ellos y solicitando multitud de sofisticados préstamos  (al 3, 4, 5% ó más).  Y los bancos, a su vez, necesitan esas emisiones y esos créditos, para rentabilizar sus depósitos y los préstamos obtenidos del Banco Central Europeo (BCE) (al 1%). De forma silenciosa estos dirigentes políticos, devenidos en “casta política”, transfieren recursos públicos (pago de los intereses de la deuda pública) desde los contribuyentes hacia los banqueros. Para que esta orgía monetaria se mantenga engrasada, el BCE solamente exige un 2% de coeficiente de caja en los depósitos a la vista y un 0% en los demás depósitos a plazo superior a 2 años. ¿Dónde están aquellas reflexiones del 100% de los clásicos? Aun así muchos “economistas financieros” (la voz de sus amos) se quejan de la cantidad de dinero que queda inmovilizado en los Bancos Centrales.   Las recientes pruebas de suficiencia financiera (stress test) realizadas a varios bancos europeos han sido consideradas por las autoridades públicas y por los medios de comunicación como la gran reválida que han superado: la relación existente entre los fondos propios y el total de activos de riesgo debe ser superior al 6%. Es decir con esos fondos propios se les permite invertir 16,66666…. veces sus recursos propios, con cargo a recursos ajenos (casi todos los depósitos y endeudamiento). Esta prueba tiene el mismo valor que detectar una gripe de verano causada por el aire acondicionado en un enfermo de leucemia. Esto es un contradiós y peor aún es el escenario ficticio de crecimiento económico que han fabricado y la forma de ponderación de cada grupo de elementos tenido en cuenta en aquella relación.   Sin ánimo de ser exhaustivo y a modo de ejemplo: imaginan una situación económica moderadamente deteriorada, olvidando posibles suspensiones de pagos de Estados miembros de la Unión Europea; valoran los activos y las garantías reales de los créditos a precios históricos sin tener en cuenta la gran depreciación actual; consideran que las deudas de los promotores inmobiliarios serán devueltas en su integridad, que la deuda soberana que piensan vender a corto plazo (trading book) sufrirá una pequeña depreciación y no aquélla que mantendrán en cartera hasta su amortización (banking book); computan las ayudas del Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) como fondos propios; etc. En esta farsa financiera casi todos han salido airosos y casi nadie necesitará “manguerazos” monetarios. Aun así, con ese nivel tan deplorable, algunas Cajas de Ahorro españolas ni siquiera han superado esos mínimos ridículos.   ¿Se imaginan por un instante si hubiesen aplicado los porcentajes de solvencia que se están barajando en los acuerdos Basilea III (8, 10 ó 12%) en balances actualizados? La mayoría de nuestras Cajas de Ahorro y muchos Bancos famosos serían insolventes. El engaño perpetrado por las Autoridades públicas con la inestimable ayuda de periódicos y telediarios ha sido bochornoso (Manuel Llamas).   De regreso a la realidad, vemos que varias entidades financieras (BBVA, la Caixa, Bancaja) necesitan dinero fresco y han vuelto al muelle para conseguir titulizaciones (crean derivados por valor de 9.000 millones de euros, al convertir préstamos y créditos de su balance en títulos negociables de Fondos de Activos Financieros “independientes” con gancho de rendimientos atractivos). Las aguas tranquilas de la charca nos descubren la trampa: quieren utilizarlos como garantía en las subastas periódicas del BCE.   También vemos que en dicho muelle se cotiza muy bien la “semiprivatización” de las Cajas de Ahorro. Una operación diseñada para aumentar los recursos propios y alejar el fantasma de la insolvencia, que esconde la nefasta gestión de los órganos oligocráticos que las dirigían (suculentas poltronas de la casta política territorial [autonómica y local], de la burocracia de unos cuantos sindicatos y de algunos prebostes locales). Muchas de ellas serán bancos en cuyo capital podrán participar inversores privados (un pastel que alcanzará los 100.000 millones de euros) junto con los patronos de unas Fundaciones (sucesoras de las Cajas) con fines sociales (¡qué sarcasmo social!). Esta oligarquía gobernante solamente ha analizado la reforma mirando su beneficio/perjuicio futuro, despreciando las opciones que multitud de analistas independientes han pregonado. De todas ellas destacamos dos: constituir un gran Banco estatal con los restos de este naufragio (J. F. Martín Seco) o convertirlas en bancos privados cuyos accionistas sean los impositores (Juan Ramón Rallo).   Sin duda, el dinero, el crédito y los mercados financieros son los desafíos más importantes a los que se enfrenta la economía política actual. El mercado monetario, en donde imperan por doquier la coacción sistemática, los errores metodológicos y los intereses de muchos grupos políticos y financieros (Jesús Huerta de Soto), está siendo la pieza más débil en las relaciones sociales que conlleva la acción humana. Los Gobiernos democráticos deben estimular las soluciones. Pero….. ¿Qué naciones actuales tienen Gobiernos democráticos?

ERC i Laporta homenatgen Lluís Companys VIII (foto: bernatff) Patriotas de política totalitaria Conocidos son los cuidados que todos los totalitarismos han puesto en mostrar la ternura, la humanidad, de sus grandes autócratas. Ahí están, por ejemplo, las imágenes de Hitler y Franco, con los frágiles niños y las florecitas. Los políticos de la partidocracia que nos gobierna también se imponen interpretaciones amables, contar chistes, bailar, y salir en concursos de televisión, aparecer en las procesiones… para parecer hijos del pueblo.   Pero no es con todo este tipo de ingenuidad publicitaria con lo que la política del Régimen de la Transición encubre su carácter totalitario. La sagacidad que se muestra en esta Nación de Naciones, según la denomina el Presidente del Gobierno, consiste en que lo totalitario en lo político se hace compatible con libertades en lo personal, pero con una condición: que no haya libertad política.   Las libertades personales que nos fueron otorgadas a los reprimidos españoles, tras la dictadura orgánica, han disimulado y hecho posible el mantenimiento de lo totalitario en las urnas de la Monarquía. Esta argucia política, útil para el poder dirigente, alimenta con eficacia la confusión de las gentes, ilustradas o no, que creen que como no hay totalitarismo, ya que hay libertades personales, lo que tenemos tiene que ser democracia. Las elecciones son totalitarias si de las urnas sólo puede salir una lista seleccionada por un partido estatal o una coalición de partidos estatales que detentará todos los poderes del Estado. Sin separación. Es lo que realmente sucede y en lo que ninguna élite política nos dejará pensar.   Que ni los más conspicuos combatientes de liberación nacional le hacen ascos a estas formas totalitarias encubiertas, se puede apreciar en el reciente manifiesto del hasta hace pocas fechas Presidente del Club de Futbol de Barcelona, el Barça. El Sr. Laporta, junto a otros correligionarios, hace una llamada a la solidaridad independentista, convocando a los partidos nacionalistas catalanes con un programa de dos puntos:   1) Componer una candidatura unitaria a las próximas elecciones al Parlament de Catalunya con el compromiso de proclamar la independencia y someterla a referéndum, en la próxima legislatura.   2) Constituir el Gobierno de Cataluña para organizar el proceso hacia la creación del Estado Catalán en el seno de la Unión Europea.   Lo primero, quintaesencia de consenso de jefes de partidos, a puerta cerrada, al margen de los propios catalanes, de arriba abajo. Lo segundo, quintaesencia de la concentración de poder. Parlamento, Gobierno, Independencia, Estado, todo saldrá de una lista cerrada de partidos financiados por el Estado español. Nos dirán cómo hay que ser catalán y… usted quedará para decir, amén.   Cuando la racionalidad del gobierno político que nos rige no nos sirve para alumbrar los conflictos en el mundo realmente vivido, cuando la clase política y los ciudadanos nos vemos como realidades cada vez más extrañas, se hace más necesaria la transición de una a otra política, al modo de una catástrofe en el sentido de la teoría de las catástrofes de René Thom, hacer consciente un Estado Inconsciente.

El visto bueno de la ONU materializado en el dictamen de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la declaración unilateral de Kosovo, ha sido tomado como auténtico clavo ardiendo donde agarrarse por los nacionalismos periféricos españoles. Sin embargo tal invocación carece del mínimo respaldo jurídico no sólo por la falta de analogía de los supuestos de hecho, sino por la forma en que se produce la decisión de la CIJ y el contenido material de la misma.   En primer lugar habría que dejar claro que el pronunciamiento del CIJ no es una sentencia, como se oye decir e incluso se lee en ocasiones en la prensa, sino que se trata de un dictamen, que por lo tanto no tiene valor vinculante ni jurisprudencial. En segundo término, también conviene referir que dicho dictamen no se manifiesta sobre un reconocimiento internacional de la existencia de Kosovo como Estado, sino tan sólo analiza si la declaración unilateral de su independencia violó o no el contenido de la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad que regula el régimen administrativo transitorio de la región tras la Guerra de los Balcanes, llegando a la conclusión de que tal declaración unilateral no contraviene dicha resolución ni el Derecho Internacional. Nada más ni nada menos. Por tanto no se juzga ni reconoce derecho a la secesión alguno ni ejercicio de un por otro lado imposible derecho de autodeterminación conforme a su configuración jurídica pacíficamente declarada por la misma Corte Internacional.   Así delimitada la cuestión la CIJ dictamina que la declaración unilateral de independencia kosovar no contraviene el derecho internacional en lo referido a la resolución 1244 analizando para ello la previa destrucción de facto del Estado yugoslavo y configurando a las partes en conflicto como entidades de derecho internacional herederas de la descomposición de aquel estado ya destruido, sólo unidas por un régimen transitorio expresamente determinado por la legislación internacional que no prohibía expresamente su finalización por la declaración de independencia de las partes.   El supuesto de hecho, lejos de servir al argumentario de los defensores del derecho de autodeterminación más allá del proceso descolonizador y de la denominada “secesión remediadora” ante el atropello de los derechos humanos individuales más elementales (tortura, privación del derecho a sufragio por pertenencia a una religión, etnia o comunidad determinada, encarcelamiento sin proceso judicial…), subraya la debilidad de sus postulados de orden jurídico. Efectivamente, la resolución de la CIJ viene a ratificar la unilateralidad      de       la      declaración      de independencia de Kosovo al margen del derecho de autodeterminación como lo que es, una actuación de hecho. A la par, parte de la base de la inexistencia de Yugoslavia en la época de “protectorado” ONU, tratándose de la finalización de un periodo transitorio sobre los restos de aquel Estado.   Ello demuestra como el rechazo de España a tal declaración unilateral se sustenta en realidad en la idiocia diplomática que manifiesta un desconocimiento palmario de los conceptos más básicos del Derecho Internacional precisos para desmontar racionalmente cualquier tipo analogía por otro lado imposible, unida a una razón de fondo de mucho más calado como es la deficiente solución constitucional puertas a dentro para resolver el problema territorial patrio con el nefasto Estado de las autonomías.

Hay quien baraja las palabras como lo hicieran con las cartas los tahúres del Misisipi. El movimiento rápido de los dedos produce un efecto hipnótico que condiciona y distorsiona la percepción del observador, con lo que la trampa, el fraude, la falsedad, se vuelven posibles. Engañar a la vista y, consecuentemente al intelecto, es también oficio de trileros. Y de cineastas, aprovechando que la velocidad de paso del celuloide confunde a la retina y transforma la foto fija en un continuum que el cerebro lee como una secuencia. Y de ahí la película. La oligarquía no es más que una mesa de póker envuelta en humo de puros de marca, tenebrismo y falacia. En esa mesa se barajan leyes y estrategias que pasan luego como verdades ante unos ciudadanos despistados como pulpos en un garaje – tomo de mi padre la frase, con permiso de ustedes – y desinformados a través de un complejo sistema esencialmente corrupto. Así llevamos desde la Transición que no fue el paso de una dictadura a una democracia sino de una dictadura a una oligocracia.   Hay palabras que, al tener tan denso contenido y una imagen pública grandilocuente, quedan en la práctica vacías de contenido. No significan nada y se convierten en meros comodines que van muy bien para el ejercicio de la demagogia. Esas palabras, además, tienen ya, a priori, sin análisis de ningún tipo, la aquiescencia de todos. Nadie diría que no es demócrata, ninguna persona negaría que es solidaria, nadie criticaría la Constitución, por ignorancia de su articulado y porque se considera tan incorrecto políticamente que llevaría a la calificación de 'fascista' al presunto rebelde. Y de la Carta Magna quiero hablar.   El amor, el respeto, el cariño son cosas que no pueden imponerse. Te los otorgan los demás. Así, la Constitución jamás debió ser una especie de interesado maná vertido sobre los ciudadanos. Son los pueblos los que, para asegurar una convivencia pacífica, enriquecedora y avanzar en el camino de la historia se dotan a sí mismos de un texto marco donde sembrar su vivir. No ocurrió así en España, donde siete personas, los llamados 'padres de la Constitución' para la foto, elaboraron un texto alumbrado por un pacto y reparto de partidos. Un escrito de arriba hacia abajo, ausente de la preceptiva creación de una Asamblea Constituyente, es decir, de la voluntad ciudadana. Cuando esto se afirma, las voces más simples suelen alegar que los españoles la aprobaron -no olvidemos que con una abstención del 33% y la ausencia del Partido Nacionalista Vasco- pero advirtamos que los españoles también votaron sí a los referéndum franquistas de 1947   (Un   Caudillo   vitalicio)    y    1966    (La Monarquía impuesta a dedo por un dictador).   Habría que escribir un ensayo de 500 páginas para analizar a fondo el texto constitucional, pero acudo a Molière para decirles lo que él decía: “El escritor puede equivocarse, pero jamás ser soporífero”. No lo seré.   De momento, vamos al Preámbulo de una norma que elaboraron: Miguel Herrero de Miñón, jurista de UCD. José Pedro Pérez-Llorca, alto funcionario de las Cortes, de UCD. Gabriel Cisneros, ex falangista reformista y finalmente de UCD. Jordi Solé Tura, representante del PCE, un intelectual que acabó en el PSOE. Gregorio Peces-Barba, encargado de Derecho Constitucional por el PSOE. Miquel Roca, catalanista de Pujol, y Manuel Fraga, uno de los hombres fuertes de Franco, en nombre de Alianza Popular.   Y dice el Preámbulo que la Constitución pretende:   — Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las Leyes conforme a un orden económico y social justo. No hay convivencia democrática puesto que en vez de democracia existe oligocracia. Por otro lado, esta última crisis está demostrando que de orden económico y social justo, nada de nada.   — Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la Ley como expresión de la voluntad popular. El imperio de la ley no es en absoluto expresión de la voluntad popular sino de la partitocracia. Con esa premisa, el Congreso es absolutamente prescindible y rotundamente falso que en la Cámara resida la soberanía popular.   — Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. El Estado de las Autonomías en la praxis ha generado una alarmante multiplicación de la burocracia y el despilfarro, el tráfico de influencias, el nepotismo y la corrupción. La intención era buena. El resultado, fatal. Todo Occidente piensa ahora que el Gobierno no controla España.   — Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. La Cultura no afecta al sistema ha sido decapitada y el camino hacia la calidad de vida, el Estado del Bienestar, atraviesa un momento tan crítico que ha desaparecido de lenguajes y discursos.   — Establecer una sociedad democrática avanzada. Es imposible caminar hacia una democracia avanzada si se comienza desde un sistema falseado. El sendero hacia una verdadera democracia pasa por el establecimiento de una República Constitucional donde los ciudadanos elijan de verdad a sus representantes y puedan exigirles la gestión decidida o cesarlos si no la cumplen.   — Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra. Loable propósito. Lamentablemente, la Política Exterior española cambia pendularmente cuando cambian los gobiernos.   No les canso. Sí les animo a la reflexión, a huir de los tópicos y lugares comunes, a ejercer el pensamiento, eliminar los miedos y sumarse al MCRC para acabar con esta farsa y conseguir pacíficamente lo que no nos quisieron dar alevosamente.

La Diada de Catalunya, Barcelona 1977 (foto: Xasus) La inmaculada voluntad de Cataluña   ¿Es el seny el espíritu del pueblo catalán?, ¿es lo único que une a todos los catalanes sin diferencia y sin impedimento posible, como dice el señor Montilla? ¿Se encarna el seny, además de en todo catalán bien nacido, en los partidos, el Estatuto y la Generalidad y, por tanto, esa identidad apolítica hace innecesaria la representación política en Cataluña? ¿La voluntad del pueblo catalán es el cuerpo inmaculado del que surge la salvación nacional y los verdaderos catalanes deberían ser innatamente conscientes de la forma y límites de su Estado soberano? Si fuera cierto que la nacionalidad es objeto de elección, ¿no sería de rigor contar primero con la capacidad de elegir y después con la posibilidad de elegir la nacionalidad? Sin embargo los nacionalistas ofrecen su libertad invertidamente, primero la del pueblo y después la de los individuos, cuando lo único que podría justificar remotamente un razonamiento así sería la ocupación militar del país por parte de un ejército extranjero… pero, entonces, ¿no se constituirian bien el terrorismo bien la desobediencia civil en las únicas opciones patrióticas?   La respuesta común a todas estas preguntas es que el nacionalismo es desecho político, una de las escorias que resultan de la cristalización milenaria de la servidumbre. La inteligencia provincianada, como la clasista, es incapaz de comprender hasta qué punto esta ideología hace el juego al Estado que pretende destruir, pues el empeño en la segregación horizontal dinamita la posibilidad de lucha vertical común; ni que cuando, en su caso, llegara la caída del Leviatán esta sería debida a que la sociedad que lo sustentaba, incluida la fracción separatista, habría dejado de tener aliento político. Jamás habrá nacionalismo en aquello que se construye y sabido es que la libertad siempre está en construcción.   El nacionalismo es fruto, como ya se ha escrito en estas páginas, de la desactivación política de la sociedad a través de la mentira. Los nacionalismos desarrollados entre los siglos  XIX   y   XX,   hijos   descarriados  de  la filosofía alemana de finales del XVIII y prestigiados por la burda comparación de su objetivo ideológico con la vicisitud real de las colonias contemporáneas en su lucha por la independencia, aparecieron en la escena histórica porque el parlamentarismo daba muestras de, frente al comunismo, ser incapaz de favorecer la sazón institucional de la libertad. A consecuencia de ello las masas creyeron encontrar su identidad política en el ímpetu telúrico que vislumbran tras el folclore, proyectado este hacia el destino espiritual de la raza-nación. La deconstrucción de la Política estaba de nuevo en marcha. El nazismo fue la culminación histórica del nacionalismo, por eso es desconcertante que hoy, en España, la izquierda haya accedido tan alegremente a tomar el relevo para portar esa bandera.   La causa nacional justifica con el mito de La Arcadia lo que el paradigma falsario presenta como dato histórico: la mentira. La mentira que, una vez asimilada por la mente, se cuela en todos los comportamientos. Por eso ellos pueden ser de izquierdas y nacionalistas, independentistas y miembros del Congreso de los Diputados, demócratas y representantes del Estado, o criticar el partidismo político presente en el Tribunal Constitucional ofreciendo como alternativa un tribunal partidocráticamente repartido, pero catalán. Y es que la mentira, la superstición y la ambición unidas generan aberraciones ejemplares. Es monstruoso que una persona inteligente y valiente se congratule de no querer -aunque se diga no poder- entenderse con otra del mismo ámbito cultural, sometida al mismo Estado y gobernada por la misma oligarquía. Pero así es; los nacionalistas sienten alivio en la confusión, pues sólo la confusión asemeja lo naturalmente desigual. Y, en política, desiguales son la causa de la libertad universal y la causa de la independencia particular. Los teólogos árabes igualaban la teología a la filosofía en virtud del concepto de “Verdad de doble nivel”: verdad de la fe y verdad de la razón. Hoy, la verdad de doble nivel ha sido transformada en los muy honorables “Opinión de doble nivel” y “Sentimiento de doble nivel”; opiniones y sentimientos de rango regional y de rango estatal, que los separatistas tanto precisan. Sería una verdadera contrariedad para un Robinsón Crusoe catalán y nacionalista que Viernes también lo fuera.   La mentira connatural a la ausencia de libertad, unida a la intuición de acierto y de éxito que proporciona el enardecimiento de las masas ha disparado la difusión de falsedades hasta hace muy poco tiempo imposibles de enunciar sin pudor. Es falso que Cataluña sea una nación oprimida por Castilla. El delirante razonamiento según el cual un madrileño o un extremeño no pueden negarse a ser españoles mientras que un donostiarra o un catalán sí, suele refugiarse en último término en la pretendida existencia de un devenir histórico o cultural incompleto de ciertas regiones. Pero si se apela consecuentemente a la realidad, esta es la que es y no la que gustaría, es decir, ni el País Vasco ni Cataluña han sido territorios en los que haya surgido un Estado propio. En lo que respecta a la tozuda Historia, poco importa si Castilla y Cataluña son naciones, si alguna vez lo fueron o si podrían serlo; lo cierto es que son parte integrante (cooperación histórica) de la nación que dio origen, soporta y se somete al Estado español. Es también falso que el nacionalismo sea independentista pues ninguno de los derechos que reclama para un territorio, pueblo o nación, sería tenido en cuenta en los subterritorios, subpoblaciones o subnaciones surgidos en su seno al calor de la lógica (sublógica) independentista. Y es, por último, falso, que el nacionalismo sea un comienzo de la libertad, pues este nunca puede asentarse en una exclusión; la exclusión de los iguales ante la opresión.   El nacionalista ibérico cree estar más cerca de su amo regional por razones históricas, geográficas y genéticas que, por razones políticas, del resto de ciudadanos del Estado al que pertenece a regañadientes. De manera que muy difícilmente será leal a la causa de la libertad; siempre se sentirá sucio colaborando con quienes no son catalanes si catalán, vascos si vasco, o vetustenses si Clarín. En el mejor de los casos colaborarán con quienes buscan la libertad hasta que se presente la oportunidad de pactar con cualesquier otros en nombre de la ventaja territorial, como hicieron en los setenta del siglo pasado. Hasta tal punto es así, que esta actitud oportunista se ha constituido en la idiosincrasia institucional de los partidos nacionalistas. Pero la consecuencia palpable de dar prioridad a la liberación de todo un pueblo sobre la liberación de cada uno de sus ciudadanos es la renuncia a traer la República y la democracia a Europa. Cuando se mantiene que una u otra región sería más fácilmente “democratizada” que todo el país sometido al Estado real, se está diciendo, además de que quien emite el mensaje y sus compadres son culturalmente más aptos para la libertad que el resto de los mortales, que se rechaza la revolución necesaria.   Lo social matiza lo común y lo nacional acota lo social. A su vez lo nacional se encuentra articulado en lo estatal y estetizado (convertido en valor) en lo patriótico. Pero ninguna patria sin libertad pasa de cárcel mental. Ni siquiera la literaria patria de las ideas. Nuestra, de quienes consideramos los hechos que no hemos elegido porque no se pueden elegir -como la nacionalidad- una circunstancia que hay que asumir a la hora de crear la parte de la vida en común sobre la que tenemos potestad, es la patria natural entendida como valor de la acción política real una vez aprehendidas en esta acción la libertad y la ausencia de destino. Suya, de quienes hacen de los hechos no dependientes de la voluntad materia del Derecho, es la patria ideológica -valor de la razón de Estado- surgida de una intuición de pureza que, a su vez, brota del sentimiento de asco-miedo, miedo a los otros, ya sean los españoles, los ricos o los judíos.   La interpretación que hacen los caudillos nacionalistas catalanes de la sentencia del Tribunal Constitucional expresa la necesidad que la oligocracia catalana tiene de un nuevo paradigma: el de que la Constitución impide el desarrollo político de Cataluña. No saben lo mucho que aciertan y lo poco capacitados que están, precisamente ellos, para resolver el problema.

Mientras la Justicia no pueda disponer de su propio presupuesto, el llamado tradicionalmente Poder Judicial será la mantenida de los otros dos poderes clásicos. Y sin independencia económica, tras cualquier pomposa declaración de su separación se esconderá una mera división funcional o departamental de un único ejercicio de la autoridad estatal. Si en cualquier régimen parlamentario esto es así por la mera dependencia de la elaboración presupuestaria por el ejecutivo y posterior aprobación por un legislativo que a su vez eligió a aquél, en España, el Estado de las autonomías multiplica esos lazos de subordinación económica.   Reunidos en Valencia los once Consejeros de Justicia de las comunidades con la competencia transferida, han llegado a un acuerdo sobre la postura común a mantener frente al Ministerio de Caamaño en el orden material del mantenimiento de tal atribución delegada. Las CCAA además de su tradicional reclamación de más medios materiales, interesan la creación de lo que denominan “juzgados de adscripción territorial”, auténticos órganos colegiados con competencia en una pluralidad de órdenes jurisdiccionales (penal, civil, social…) atribuida por razón de la ubicación de la litis, frente a la tradicional organización competencial objetiva por razón de la materia, excusando para ello la racionalidad económica del mantenimiento de la Oficina Judicial.   Ello supondría la atomización del principio de unidad jurisdiccional y comprometería el de igualdad ante la Ley, una vez más basándose en razones de orden económico. Otro ejemplo más de cómo la separación de la facultad judicial de las restantes, además del aseguramiento de instituciones que la garanticen funcional y organizativamente, que por supuesto, precisa también de medios económicos propios ajenos a decisiones políticas. Tal independencia económica, sólo se puede alcanzar si un Consejo de Justicia elegido por y entre todos los operadores jurídicos elabora su presupuesto, sometido tan sólo a aprobación ulterior de una comisión mixta de la Asamblea, nombrada por el Consejo de Legislación, y el Ejecutivo en equilibrio numérico de delegados, que de rechazarlo lo devolverían para su modificación y nueva presentación evitando así la preponderancia de un poder sobre los otros.