Caos en el cielo (foto: Draca)   El control se despliega   En la noche en que unos pocos conspiran y la mayoría duermen, los tentáculos del poder se extienden por doquier. No existe lugar que no intenten ocupar. No hay rincón que quieran dejar libre. No hay descanso para unas garras que sólo encuentran plenitud en la asfixia de toda presa posible. Orden, eso es todo lo que entiende el poder. ¿No es todo más fácil cuando reina el orden?   Pero un orden de libertad no puede entenderse sin el caos. Se trata de un orden, pues, que debe poder ser revocado por la misma libertad. Mas los tentáculos del poder no sólo se afirman en su posición hegemónica, sino que se alargan cada día, cada minuto, para dominar el poco movimiento que resta. Su ambición es, en último término, de imposible cumplimiento, porque antes incluso de la Tierra, de los Gigantes, de los Titanes, y por supuesto de los Dioses, era ella, la densa e inapelable oscuridad de Caos. Ello no obsta para que las criaturas engendradas de su vientre, ahora libradas a sí mismas y ya sin mirar hacia atrás, entablen batallas para lograr una hegemonía completa. Y cuando hasta los dioses se han ido (Hölderlin) y queda poco más que las cenizas de antiguas batallas, sobre las que se ha construido la gran máquina moderna dispensadora de libertades   encapsuladas,  los  tentáculos  del poder sólo se amedrentan ante el grito afilado del que invoca –como si fuese por vez primera– al prístino caos. Un caos que no es simple desorden, sino que, sin noción ninguna de la causalidad, aspira a desmantelar el orden dado. Los dioses por venir (una vez más Hölderlin) simbolizan el paso siguiente: la mirada intelectual de la construcción, indispensable para construir un orden nuevo desde la libertad, el viejo ideal de los hombres.   Los partidos políticos se sepultan bajo más y más mantos de pretendida inmunidad (pretendida porque en su idiotez ignoran a Caos); sus miembros y afines hablan de lo que no debería hablarse (y dale con ETA), e ignoran todo lo decisivo para la vida en libertad. Los pasaportes llevarán otra vez huellas digitales, una mera formalidad que oculta el registro completo –tecnología galáctica mediante– de nuestros cuerpos, por fuera y por dentro. Pronto podrán tomar muestras de tu código genético, y lo dictarán incompatible con la visita a determinadas regiones, reales o imaginarias. No desestiméis su poder. Saben lo que hacen. No están mal informados, y sus intenciones están lejos de ser neutrales. Su comodidad consiste en controlarte. ¿La tuya también en ser controlado?

Episodios como el desafío de Tomás Gómez a la autoridad del aparato central del PSOE revelan que Zapatero no está pasando por su mejor momento. No hace mucho, cuando un futuro despejado parecía pertenecerle, su poder de convicción e intimidación hubieran resultado incontestables. El ex acalde de Parla se ve con fuerzas para echarle un pulso a la favorita de los hombres más poderosos e influyentes del partido socialista (Zapatero, González, Rubalcaba), la simpática Trinidad Jiménez, única candidata – a tenor de las encuestas- con posibilidades de doblegar a la dama de hierro madrileña.   Esta disputa familiar, que se dirimirá mediante unas primarias, ha llenado de alborozo a don Pedro J. Ramírez, por cuanto ve en ella la mejor manera de cumplir con el artículo 6 de la Constitución, el que reza que la estructura interna y funcionamiento de los partidos políticos deberán ser democráticos. Y es que a don Pedro, que nunca se ha ocupado verdaderamente de la democracia externa que todos disfrutaríamos, siempre le ha preocupado la democracia interna de los partidos estatales como si esta fuese –junto con las listas abiertas- “la materialización de los derechos de participación política de los españoles para que sean los ciudadanos, desde abajo hacia arriba, y no las cúpulas de los partidos, desde arriba hacia abajo, quienes elijan a sus representantes”.   Este incurable regeneracionista señala el carácter mezquino de la vida partidaria y la imposibilidad de que el talento, la originalidad y la disidencia se abran paso en ese ambiente mefítico, puesto que “no son las bases, sino las alturas, las que te quitan y ponen en las listas”. Por supuesto, a don Pedro, que no repara en la inexorable oligarquización que se produce en el seno de los partidos políticos, no se le ocurre lisa y llanamente pedir la abolición de las listas y el establecimiento de una relación directa entre los electores y los elegidos a través de circunscripciones uninominales.   “Ya que son incapaces de incrementar el PIB, al menos que eleven nuestro imaginario PID (Porcentaje de Impulso Democrático)” remacha el director de “El Mundo”, manteniendo incólume su PIR (Porcentaje de Ilusionismo Reformista). El señor Ramírez admite el repudio social que lleva aparejada la actividad política, pero el descrédito afecta también a los “intelectuales” y periodistas como categoría social, cuando ponen su inteligencia al servicio de la impunidad política y de la posibilidad institucional de que la corrupción se perpetúe. Sí, don Pedro: ¡Vivan las primarias! ¡Vivan las caenas oligárquicas!

John Adams Obediencia debida El concepto de Estado de Derecho de esta monarquía de poderes inseparados queda reducido a su simple equiparación con el de imperio de la ley positiva, sin importar la forma de producción normativa ni su control constitucional efectivo. Nada que ver con su enunciación original por Robert Von Mohl en su brillante formulación para conseguir la limitación del Estado policía (Rechtstaat). Para darnos cuenta del actual significado raquítico del término, hoy de tan manido uso propagandístico, ha de contrastarse con la definición de Adams de “República de Leyes”. En este último concepto es pieza clave el deber de obediencia de la norma como consecuencia ineludible de su producción a través de verdaderos representantes de la ciudadanía mediante los mecanismos de propuesta y promulgación legislativa. Sólo en la medida en que intervienen en ese proceso representantes con mandato imperativo de los ciudadanos exclusivamente, la norma alcanza su carácter coercitivo. Ejemplares estados de derecho, desde la actual concepción postmoderna del término, serían la Alemania nazi o la URSS de Stalin, donde la sujeción de la sociedad a la legalidad estatal era de una pulcritud insalvable sin importar, eso sí, ni su contenido ni la forma de su producción.   Un botón como muestra facilitará la comprensión. El Abogado del Estado pidió el pasado 8 de Septiembre ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Sevilla que se mantengan los 150 € de multa y pérdida de tres puntos del carnet de conducir al policía nacional que fue detenido por la Guardia Civil por no llevar el cinturón de seguridad puesto cuando perseguía a unos delincuentes. La defensa del Ministerio del Interior mantenía así la bondad del ejercicio de la potestad sancionadora que le corresponde sobre unos hechos sucedidos el 23 de Abril de 2.007, cuando el agente de policía circulaba por la carretera Sevilla-Utrera en un vehículo camuflado siguiendo al cabecilla de una banda de delincuentes chinos que se dedicaban a explotar laboralmente a compatriotas. El policía recibió el alto de la Guardia Civil por no llevar el cinturón abrochado y tras explicar que se encontraba de servicio persiguiendo a unos sospechosos y que precisaba libertad de movimientos por si hubiera de usar su arma, el agente de tráfico le replicó que él también estaba trabajando. Después del primer incidente, el funcionario de paisano continuó a gran velocidad para intentar alcanzar a los delincuentes y fue entonces cuando la Guardia Civil volvió a adelantarle y le obligó a detenerse en el arcén, frustrando el seguimiento.   Ejemplos como éste ponen a las claras las consecuencias de la ruptura de la necesaria cadena de transmisión entre la producción normativa, su ejecución administrativa y el tamiz jurisdiccional de su interpretación. Por no hablar de la diferencia cualitativa entre este Estado de Derecho y la deseable República de Leyes.

Conversación (foto: warein.holgado) Abuso lingüístico La más hermosa de las criaturas, el idioma, está siendo violada con impunidad. La función vestal de los encargados de defender la pureza virginal de este tesoro se limita a describir la pornografía del atropello. Nuestro propósito es ofensivo. Atacar, no a la violación en sí, como deshecho gramatical, sino a los móviles bastardos de los violadores como hecho político. Ridiculizar la grosería idiomática desvelando la fabulación ideológica de donde proviene.   La innovación terminológica sólo está justificada cuando responde a la necesidad de designar un nuevo concepto; la novedad estilística cuando sintoniza con la moda, la gracia o el capricho estético de las nuevas generaciones. Las originalidades en el lenguaje, sin estos presupuestos, no significan más que degeneración o barbarie.   El periodismo político, en lugar de prever el futuro mediante el análisis del movimiento de la realidad social, trata de averiguar las intenciones del poder auscultando, como los sordomudos, las vibraciones de aire –flatus voci- producidas por el movimiento de sus labios.   Sin conocimiento y sin intuición de la gramática,  los periodistas  de  los  medios  de comunicación oral repiten los engendros de dicción de las personalidades en boga. La infamia de los famosos, la mala palabra de los que tienen fama de tenerla buena, está alimentada por especialistas en ocultar el mal que hacen, o el bien que evitan, mediante deformaciones del sentido propio de los vocablos, que son violentados para no comunicar ideas o sentimientos sino apariencias o imágenes engañosas.   La transición política inauguró la enseñanza de esta especialidad poniendo al frente de la facundia “deslenguante” a dos profesores en demagogia. La fraseología de los distintos Presidentes del Gobierno, sus habituales defectos de expresión gramatical y literaria, su forma personal de mal decir denuncian, más que inhabilidad oratoria, un mal pensamiento conceptual de la democracia y un avieso propósito político.   Otra cosa es que alguno de ellos sea considerado un buen comunicador por la sintonía que se produce entre la confusión de su pensamiento y la falta de claridad en una sociedad civil confundida por la seguridad que trasmite la ambición de poder a un pueblo débil. Pero lo que se concibe mal se enuncia confusamente y las palabras para decirlo llegan torpemente.

El Tribunal Supremo (TS) ha aceptado su competencia para encausar al diputado del Partido Popular (PP) Sr. Uriarte por un delito contra la seguridad vial después de que el pasado mes de febrero diera positivo en una prueba de alcoholemia tras chocar el coche que conducía con otro vehículo. La Sala de lo Penal designa así como instructor al Magistrado D. Joaquín Giménez García acordando a la par en el mismo Auto pedir autorización al Presidente del Congreso, D. José Bono, por conducto del Presidente del TS, D. Carlos Dívar, para proceder contra Uriarte “con todas las consecuencias legales”.   El privilegio irrenunciable de D. Ignacio Uriarte, Presidente de Nuevas Generaciones del PP y para más inri Vocal de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso a fecha de los hechos, provocó la suspensión del juicio rápido incoado por el titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Madrid tras solicitar la correspondiente certificación a la Cámara Baja sobre la condición de aforado del inculpado por delito común. Recibida ésta, el Juez remitió el atestado policial completo al TS. Aunque Uriarte refiriera al poco de los hechos estar dispuesto a ser juzgado por el órgano predeterminado por la ley procesal, lo cierto es que el Ministerio Fiscal subrayó la irrenunciabilidad del foro mientras no dejara su escaño, lo que a día de hoy no ha sucedido.   El privilegio procesal del aforamiento en el enjuiciamiento criminal de parlamentarios, miembros del ejecutivo o de la propia judicatura más allá de las manifestaciones que realicen en el ejercicio de sus funciones, supone un privilegio injustificable que atenta contra los principios de juez predeterminado por la ley y el más elemental de igualdad entre justiciables, no sólo por elementales razones de equidad, sino por la posición privilegiada de estos aforados que en abstracto facilita la ejecución de conductas criminales con mayores posibilidades de impunidad. Sin embargo, lo más grave del suplicatorio, más allá de lo simbólico de las formas, es el carácter de permiso expreso e imprescindible que la Justicia ha de cumplimentar y obtener para proceder conforme a Derecho frente a miembros de los otros poderes del Estado. Cualquier atisbo de eficaz contrapeso institucional se viene abajo cuando debe suplicarse la realización de la función estatal constitucionalmente asignada.

Desde hace mucho tiempo una buena parte de la “clase política” de este país (políticos, dirigentes de grandes medios de comunicación y una buena cohorte de “intelectuales orgánicos”) nos han vendido que uno de los problemas históricos de España ha sido la incomprensión del centro con la periferia que a lo largo del tiempo ha devenido en una fuerte exaltación de las particularidades de su tierra cercana y en un rechazo de cualquier vínculo social con sus regiones vecinas. Para solucionarlo han puesto a la venta multitud de mercaderías políticas, hoy vamos a comentar cuatro de ellas: la descentralización política es signo de progreso, la participación en los tributos estatales fomenta la corresponsabilidad fiscal, la gestión descentralizada de los servicios públicos conlleva la eficacia de los mismos y la transferencia de competencias junto con la capacidad normativa para desarrollarlas remedia el nacimiento de “naciones por consentimiento” (Murray N. Rothbard).   En sus machaconas propagandas no han tenido escrúpulos ni vergüenza en ofrecernos una vez más ungüento de serpiente: la descentralización política es un signo de progreso, ya que busca reconocer el derecho a la diferencia a todo grupo humano cargado de particularidades (lengua, costumbres, historia) y con un fuerte sentimiento de pertenencia a esa comunidad cultural (¿nación cultural?). Toda persona forma parte por origen de una comunidad cultural, está vinculada jurídicamente a un Estado y no a otro y, además, puede sentirse identificada en muy diferente grado con su Estado o con su comunidad cultural….y el nacionalismo es aquello que crea esa identidad (Miquel Caminal Badia). Por eso no cesan en la búsqueda de argumentos con los que justificar ese nexo de unión entre una “nación cultural” y un Estado a través de: la lengua, las costumbres, sucesos históricos sacados de contexto o tergiversados; leyendas y mitos locales al estilo de “En busca del valle encantado (The land before time)”; relatos de persecución y sometimiento por parte del “Estado Central"; “nación sin Estado”; expoliación sistemática realizada por la hacienda pública estatal (airean las “balanzas fiscales”, como si cada territorio fuese un solo contribuyente, pero ocultan las “balanzas comerciales” en las que se ve su interdependencia con la comunidad que aborrecen). Y muchas más quimeras y fantasías identitarias.   La burguesía periférica siempre ha querido tener las mismas oportunidades de influencia que la burguesía instalada en la capital del Estado, centro desde el que se dirige la política nacional (afirmación convertida hoy en otro mito).  Esos grupos sociales han luchado por participar de la "tarta tributaria" estatal no con la finalidad de ser corresponsables en la imposición de cargas tributarias a los ciudadanos sino con el objetivo de protagonizar el reparto de este botín entre sus feligreses, no dudando en inventar razones de interés social o bien común para que saboreen las mieles de los presupuestos públicos a través de subvenciones a actividades o a productos de la zona, transferencias de capital a sus empresas y a sus instituciones “sin fines de lucro”. Todas las justificaciones esgrimidas no han sido más que publicidad de aquel ungüento de serpiente, porque… ¿acaso les importa de dónde salen esos recursos? ¿Acaso les importa que dichas actividades sean ruinosas y no creen valor añadido regional o que esos productos no sean competitivos? ¿Acaso les importa que sus múltiples intervenciones públicas suplanten, coarten o ahoguen a la sociedad civil que pretenden liberar?   El mito de la descentralización política en un país pequeño como el nuestro, esgrimiendo la eficacia (son más aptos para conseguir el fin perseguido) y la eficiencia (utilizan medios más adecuados) de "la Administración más cercana al ciudadano" y los beneficios de la (falsa) competencia con otros territorios, no han conseguido ni una ni otra ya que muchas veces adolecen de falta de aquellos criterios que pregonan por tener dimensiones poco adecuadas para los servicios que prestan. En la organización práctica de los países democráticos, de dimensiones parecidas a las nuestras, funciona la gestión de competencias de forma escalar: las más sencillas y fáciles de ejercer, sin grandes dificultades técnicas, las ejerce el órgano más cercano (municipio o comunidad local); aquellas otras más complejas, que trascienden sus límites territoriales o su realización conlleva economías de escala, las ejercen órganos de mayor alcance (el Distrito o el Estado) o las ceden a empresas especializadas que poseen dimensiones y profesionales adecuados.   Aquella “clase política” nos ha vendido la descentralización política llevada a cabo en el Reino Unido a través del estatuto especial de Irlanda del Norte o de la “devolución” a Escocia y a Gales, el autogobierno de los Länders alemanes o el reconocimiento de Québec como una nación dentro de Canadá, como un remedio eficaz para evitar desmembramientos mayores (confederación o secesión) y así mantener integrada a esa burguesía periférica. Para remachar, nos recuerdan la constante crisis de entendimiento entre Flandes, Valonia y el enclave de Bruselas en Bélgica, la división de Checoslovaquia, las desintegraciones de Yugoslavia y de la Unión Soviética y los graves conflictos territoriales de Rusia (la Federación Rusa). Utilizan este miedo al caos como coartada para el vaciamiento de competencias del Estado, la absorción de competencias de los niveles más bajos (Provincias y Municipios) en favor de estos Entes Autonómicos inventados (innecesarios pero convertidos de facto en “miniestados”) y la posterior reutilización de esas competencias recibidas (educación, sanidad, vivienda, servicios sociales), sobre todo la educación, para convertir a los ciudadanos de esas regiones en reses sacrificables en el altar de ese engendro llamado “nación sin Estado” y en hombres adocenados que añoran la vuelta a las autarquías medievales.

En plena crisis económica y con la sensibilidad social –sea lo que sea tal cosa- que les caracteriza, los miembros de la familia real han acortado su estancia veraniega en la isla donde son tan bien recibidos y agasajados: recordamos el Bribón, aquel detalle que tuvieron algunos empresarios mallorquines. A esto hay que añadir los “roces” que impiden que la familia permanezca unida; y es que, según cuentan los correveidiles de la prensa cortesana, doña Leticia no gusta de la navegación a la que tan aficionados son los Borbones ni de la compañía de sus cuñadas, cuya rancia estirpe admite difícilmente la presencia de una advenediza. Además, a la ex locutora le incomoda especialmente la falta de intimidad que padecen en Mallorca, siempre con una nube de fotógrafos a sus espaldas. Así pues, los príncipes de Asturias han cogido a sus niñas y han tomado las de Villadiego.   El derecho a la intimidad procede de la mentalidad burguesa, puesto que durante el Ancien Régime no existía tal noción. Era deber aristocrático mostrarse en público como expresión visible de la jerarquía social. La persona del Rey, siendo la personificación del Estado, era rodeada de un estricto ceremonial. Todas las ocasiones trascendentales debían ser de público dominio: asistencia de testigos a la consumación del matrimonio, el parto en presencia de una Corte que también asistía a los postreros momentos del monarca. Marquesas como la de Châtelet, no sentían vergüenza de que sus doncellas las viesen desnudas, porque éstas eran para ellas, invisibles. Hasta las amantes regias eran admitidas en los mejores círculos, y las que lograban mantener una relación estable alcanzaron el rango de maitresses in titre (amantes titulares). Madame de Pompadour denominó una época y un estilo artístico.   En fin, los tiempos han aburguesado las cosas y las casas reales, y salvo casos excepcionales, como el del humorista palaciego, Alfonso Ussía, o el del místico Ansón que apela al “sufragio de los siglos”, ya no hay monárquicos con las insondables convicciones dinásticas de antaño. Lo que predomina es el oportunismo, y para ello, la mayestática operación de propaganda del 23-F llenó el escenario político de juancarlistas biempensantes.   A la postre, el rey no ha podido gozar de sus breves vacaciones ya que sus buenos oficios en la política exterior del Reino han sido precisos para calmar a su primo Mohamed y solicitarle que deje de incordiar en la frontera sur. Respecto a la política interior desconocemos si don Juan Carlos sigue pensando que Zapatero “sabe muy bien a dónde va”.