Censor copy (foto: metal_dragon92)   Imprimatur moderno   Cuando John Milton compuso su defensa de la libertad de expresión y de impresión sin licencia contra una orden del Parlamento inglés fechada el 14 de junio de 1643, acudió a motivos universales que tienen hoy plena vigencia. Tomando como punto de partida una cita de Eurípides (“Existe verdadera libertad cuando los hombres nacidos libres, teniendo que advertir al público, pueden hacerlo libremente; cuando, por hacerlo, merecen grandes alabanzas; y cuando no pueden o no lo hacen, mantienen no obstante la paz. ¿Qué Estado podría ser más justo que éste?”), Milton demostró en su célebre Areopagitica hasta qué punto una orden semejante no sólo atenta contra la libertad, sino en último término contra el beneficio común. Ambas cosas son indisolubles. El impedimento de la libertad oculta ambiciones privadas, confundidas como públicas.   Sin embargo, ni Milton ni nadie en su era podía anticipar una situación como la actual, en la que el cese del imprimatur (permiso para imprimir) no asegura la libertad, ligada no sólo al beneficio público sino a la verdad. Hay que esperar a la conjunción de intereses entre la nueva clase política y las élites financieras del Directorio francés para percibir el modo típicamente moderno de secuestro de la libertad, con la pulcra apariencia de que no ha sido así (lo que García-Trevijano bautizó con la expresión “como si”). En esta nueva constelación censora se dan cita diversos elementos: exterminio o marginalización de los disidentes, a través de un secuestro de su voz política; campañas mediáticas, ligadas a intereses financieros de alto cuño, para re-construir una historia favorable a tales intereses; inclusión de las masas en el Estado (ya sea mediante Partidos o Sindicatos estatales), aprovisionándolas de antemano para impedir una potencial protesta; reforma del sistema electoral, para que nadie pueda elegir directamente a su representante, perpetuando una casta política; etcétera.   Aunque el vínculo de la libertad con lo público, con el beneficio común y con la justicia general siga siendo firme, la apariencia del “como si” tuviésemos libertad (política), del “como si” viviésemos en una democracia, supone una ruptura con el modo clásico de abordar la cuestión de la libertad de prensa. Porque el consenso político, motivado por la ambición de repartirse el Estado, es imaginario y no puede, por sí mismo, producir verdades sino simulacros de verdad, la lucha política actual tiene como uno de sus grandes vectores hacer resplandecer verdades políticas claras y distintas, como diría Descartes. En contra del consenso de que la corrupción es local, la verdad de que es general, constitutiva; en contra del consenso de que la política es cosa de la clase política, la verdad de que es de todos; en contra del consenso de que somos políticamente libres porque votamos, la verdad de que no lo somos porque no elegimos a un representante. La lista continúa, pero el espacio es limitado.

Zapatero ha recuperado las ganas de seguir gobernando, desmintiendo a los que creían verlo irreparablemente desgastado por el manejo del poder durante la tormenta económica. A pesar de las aciagas encuestas de hoy en día, quiere trasmitir a su parroquia una ciega confianza en sus posibilidades de aquí a un año y medio, período en el que pueden ocurrir muchas cosas (y algunas de ellas muy favorables). “La política es tiempo”: sopesarlo, medirlo, ganarlo, aprovecharlo, etc., así que le recomienda a Rajoy que no tenga prisa por seguir en la oposición.   Con este mensaje de optimismo trata de evitar, en el seno de sus filas, precipitados ataques de pánico a un desplome electoral -como el sufrido por Barreda, el presidente de Castilla-La Mancha-, y calmar las ambiciones despertadas por los rumores de su renuncia a repetir como candidato, que han provocado las sugerencias de un envalentonado Tomás Gómez acerca de la limitación de mandatos. Zapatero, por razones estratégicas, no está dispuesto a confirmar o disipar dichos rumores, y anima a sus huestes a volver al campo de batalla propagandístico porque los socialistas están haciendo “lo que hay que hacer” para afrontar y superar la crisis.   Y para apuntalar la estabilidad gubernamental, y ganar el tiempo que necesita para revertir la situación, don José Luis ha recabado el apoyo parlamentario de los nacionalistas vascos y canarios para sacar adelante los controvertidos presupuestos generales. Zapatero agradece a PNV (dejando en una posición desairada a su cofrade Patxi López) y CC “su capacidad de pacto” de manera contante y sonante.   Este nuevo impulso requería un trastrueque ministerial: Rubalcaba, el fontanero mayor del Reino, se dedicará a taponar las vías de agua y enderezar el rumbo del Gobierno. Zapatero sigue confiando en Blanco, Sebastián, Salgado y Chacón, mientras se deshace de Fernández de la Vega y de Moratinos. Premia a Trinidad Jiménez Y Leire Pajín y castiga a Bibiana Aído y Beatriz Corredor, eliminando de paso los ministerios de Igualdad y Vivienda. La doblez de Rosa Aguilar es recompensada con la cartera de Medio Ambiente. Y al frente de Trabajo coloca a un hombre bien visto por los sindicatos, Valeriano Gómez, el cual acudió a la manifestación del 29 de octubre para mostrar su descontento con las reformas emprendidas por su Jefe.

Los dos pilares estatales del Régimen han comprendido la necesidad de reformar la Ley Electoral, pero no en sentido democrático (al respecto hay menos esperanzas que en la antesala del infierno), sino con el fin de impedir que se filtre cualquier candidatura afín al entorno etarra. De este modo, si los oligarcas deciden ilegalizar un partido que no sea más que el camuflaje de la extinta pero no enterrada Batasuna, los “electos” y cargos sospechosos dispondrán de quince días para condenar de forma “expresa e indubitada” la violencia generada por el nacionalismo vasco.   Pero este fetichismo supersticioso de la palabra, a cuya enunciación se le conceden propiedades taumatúrgicas, más allá de los negros pensamientos que oculte o disimule, no conjura por completo el peligro. Ha de recuperarse la fórmula ritual de juramento, formalmente constitutiva del compromiso, tal como sucedía en las antiguas civilizaciones. La acción de jurar se designaba con el nombre de ordalía (tragar azufre), o se refería al gesto solemne (tocar, tomar) o a ir al lugar de la ceremonia.   En el compromiso sacramental de los diputados “impuros” que acatan la Constitución, no ha de permitirse la reserva del imperativo legal –que no es una amenaza de muerte como la que hizo Manlius para obligar a jurar en los términos dictados (Tito Livio)-, sino que desempolvando la reliquia de la institución romana del juramento, aquéllos han de cumplir con el proceso ritual.   Se encaminarán a las Cortes (adigere ius iurandum est). Harán acto de presencia junto a los que deberán jurar lo mismo (idem iurandum est). Se levantarán ante un oficiante que les conminará a jurar (sacramento adigit). Y pronunciarán solemnemente la fórmula consagrada (iurar in verba magistri). El “ius iurandum” indica la naturaleza ritual del procedimiento y el carácter solemne de la enunciación.   Así, con este formulismo ritual estarán sacramentados frente al perjurio, y su fidelidad a las instituciones oligárquicas será absoluta, entrando en los Parlamentos como sacerdotes con los votos necesarios para invocar la soberanía popular y poder juramentarse con los demás servidores perpetuos de la grey votadora. Maldiciendo la violencia y bendiciendo la partidocracia: ése es el camino.

Mi perro Pipo (foto: vicente vicente)   Perra vida   El Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Badajoz ha decretado la custodia compartida por periodos de seis meses de un perro propiedad de una pareja que convivió durante los nueve años comprendidos entre 1.996 y 2.005. La sentencia establece que la mujer sea la primera en disfrutar de la compañía del animal, al que encontraron abandonado en el año 2.001, ya que ha sido ella la que en los últimos tiempos se ha visto privada de su tenencia, lo que la llevó a demandar a quien fuera su pareja.   Al parecer, a pesar de su separación siguieron compartiendo el cariño del cánido hasta el año pasado, cuando el hombre decidió quedárselo en exclusividad al considerar que él había sido quien lo había encontrado, extremo que según el Juez no quedó demostrado en el juicio con suficiente fuerza probatoria.   En principio, los bienes adquiridos durante la convivencia sin matrimonio no son comunes, asimilándose al régimen de separación de bienes, pero en casos de convivencia no matrimonial prolongados, como ocurrió en esta  ocasión,  la  jurisprudencia  aprecia  la existencia de una presuntiva comunidad de bienes tácitamente constituida. En el juicio, celebrado el pasado 27 de Septiembre, se admitió como prueba de lapropiedad compartida del perro la existencia de dos cartillas veterinarias conjuntas y las fotografías aportadas por la demandante.   En los fundamentos de derecho, el Juez alude a una leyenda de los indios norteamericanos, que asegura que el dios Nagaicho tenía ya a un perro a su lado cuando creó el mundo, señalando seguidamente que este animal “siempre ha estado ahí” y concluir que el asunto sí es acreedor de la tutela jurídica de Juzgados y Tribunales.   La sentencia, que señala que la palabra “perro” tiene veinte millones de resultados en Google y que recoge comentarios de los internautas sobre el amor que sienten por ellos, añade que un animal compartido es un bien susceptible de derecho de propiedad y por lo tanto, objeto de pleito civil.   Noble animal de docilidad demostrada, el perro nunca muerde la mano del amo que le da de comer, como la justicia dominada en el Estado de poderes inseparados. Perra vida.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de cada ejercicio son (o deberían ser) un conjunto de herramientas de política fiscal que los diputados del Parlamento (como representantes de los ciudadanos, ¡ojalá! fuese cierta esta afirmación en nuestro país), ponen en manos del Gobierno para que éste dirija, fomente y complemente las actuaciones llevadas a cabo por los millones de actores de la sociedad civil, ese lugar donde la acción humana despliega su vitalidad. Es de capital importancia conocer el perfil de los actores que manejarán tan ingentes recursos: 362.460 M€, la tercera parte de nuestro PIB esperado.   En los últimos años nuestra “clase política” (muchas veces convertida en “casta política”) ha ido convirtiendo con diligencia nuestras Administraciones Públicas (estatal, autonómica y local) en bosques de grandes árboles frondosos. Su crecimiento ha sido tan desorbitado que sus ramas han ensombrecido cualquier rincón de la sociedad.   El primer grupo de actores esta formado por la Administración General del Estado (AGE) que gestiona 209.283 M€, una vez eliminadas las transferencias a sus mismos Organismos, Agencias y Seguridad Social, se quedan en 179.235 M€: la mayoría de ellos ya están comprometidos (deuda, financiación de Entes territoriales y de la Unión Europea, clases pasivas y otras). Después de lo cual la AGE solamente dispondrá de 50.468 M€ para los diversos Ministerios y Órganos Constitucionales (Cortes Generales, Casa del Rey, Tribunal Constitucional, etc.).   Desde hace mucho tiempo la AGE ha ido desarrollando una impresionante maquinaria burocrática: Ministerios cuyas funciones podrían ser ejercidas por una simple Subdirección General; Secretarías de Estado creadas para coordinar Direcciones Generales, en realidad solamente sirven para tener reuniones semanales prescindibles (en algunos casos han creado Secretarías Generales como intermediarias entre la Secretaría de Estado y las Direcciones Generales); Direcciones Generales con menos funciones que un Servicio administrativo; cientos de Subdirecciones con Subdirecciones adjuntas, Vocales Asesores, Jefes de Área que acaparan las competencias de los funcionarios normales. La mayoría de estos órganos son inventos burocráticos sin razón de ser debido a la merma de funciones que año a año se transfieren a las Regiones (incluso para comprar apoyos para su aprobación, como este año). La única razón de ser de este follaje burocrático es premiar a la clientela política del grupo gobernante y a muchos altos funcionarios que le apoyan en sus iniciativas (muchos de ellos han confundido la lealtad al Estado con la fidelidad a sus dadivosos jefes).   El segundo gran grupo de actores, las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, desde hace mucho tiempo tienen una gestión independiente de la AGE y abarcan todas las facetas de la gestión del sistema de la Seguridad Social: elaboración y gestión de sus presupuestos; gestión y recaudación de las cuotas sociales; pago de las pensiones contributivas (99.090 M€), maternidad, incapacidad temporal, pensiones no contributivas y protección familiar; dotaciones para la Dependencia y para el Fondo de Reserva (3.457 M€). Para todas estas tareas cuenta con 124.275 M€ (una vez eliminadas las transferencias internas). Dentro de la burocracia estatal, forma una organización bastante eficiente ya que los gastos de gestión representan el 3,6% de este presupuesto.   El tercer grupo de la organización estatal lo forman los Organismos Autónomos, Agencias y Entes Públicos administrativos que realizan funciones perfectamente adaptables a cualquier Servicio de cualquier Dirección General de cualquier Ministerio existente. Muchos de estos entes se han ido desgajando de la AGE para modernizar la gestión de los servicios públicos (coartada técnica que persigue los mismos fines comentados para la AGE, corregidos y ampliados). De los 58.950 M€ que gestionan estos 74 organismos (una vez eliminadas las transferencias internas), cinco de ellos acaparan el 86% de estos créditos (64,4% el Servicio Público de Empleo Estatal, 12,8% el Fondo Español de Garantía Agraria, 4,5% las Mutualidades administrativas, 2,4% el Fondo de Garantía Salarial y 1,9% la Agencia Tributaria).   Pero el bosque del Sector Público Estatal se extiende hacia otros entornos no contemplados en esos cientos de órganos y organillos antedichos. Por esos parajes extrapresupuestarios crecen Entes de variado pelaje: más de 80 Sociedades Mercantiles y Entidades Públicas empresariales agrarias, industriales, crediticias, de seguros (Loterías del Estado, AENA, SEPI, ADIF, Correos, FNMT, ICO, Consorcio de Seguros, etc.) con cifras de negocios cercanas a 28.000 M€; unos cuantos Entes de Derecho Público con funciones reguladoras (CNMV, CNE, CMT,…) con unos presupuestos de explotación de 442 M€; 49 Fundaciones Públicas sin animo de lucro (organizaciones que fomentan actividades culturales o científicas, que podían ser desarrolladas por los órganos del Estado que también actúan sin animo de lucro); 10 Consorcios con otros Entes para gestionar algún servicio conjunto, que podía ser realizado por cualquier persona de la sociedad civil con un simple contrato; 12 Fondos carentes de personalidad jurídica cuyos presupuestos de explotación ascienden a 3.314 M€ (Fondo de Adquisición de Activos Financieros, Fondo de Ayuda al Desarrollo, Fondo de Apoyo a la República Helénica, etc.). Y…. el Banco de España.   Todo lo anterior es una somera descripción de una locura nacional y de un despilfarro descomunal. Si a todo ellos añadimos las selvas regionales y locales que han crecido de forma descontrolada, el desmadre institucional de España alcanza cotas increíbles. Por eso muchos analistas piensan que uno de los grandes problemas españoles es la ausencia de dirección política y la caótica organización del Estado. No es de extrañar que los últimos acontecimientos económicos hayan aconsejado una poda del Gasto Público, pues la gestión de la “res pública” en una nación de dimensiones medianas como la nuestra es mucho más limpia, sencilla y económica que la descrita más arriba.

Late for work (foto: Eneas) La increíble normalidad de un superhéroe   Hasta los pacifistas más convencidos reconocen las virtudes morales y los valores estéticos que el altruismo guerrero ha incorporado a la humanidad. Los héroes antiguos o modernos, ofreciendo su propia vida a la del grupo, en acciones memorables que van más allá de donde el deber y el coraje común imaginan, han labrado leyendas y epopeyas que nutren de espiritualidad a los pueblos y de arte a la narración épica o romántica. Una guerra sin héroes, como la comida sin sazón, aplaca la agresividad de un instinto, pero no satisface el apetito de degustar lo superfluo, haciendo virtuoso lo necesario.   No procedemos de un vivero de héroes. La selección inversa que produjo la elevada mortandad de los mejores en el siglo XX, “edad clásica de la guerra” de la que Nietzsche esperaba la emergencia de superhombres, ha poblado el mundo de dirigentes medrosos y oportunistas, hijos del escaso valor y de la excesiva técnica. Las actuales generaciones confían el heroísmo a las hazañas de ordenador.   Pero la literatura y la ficción audiovisual no tienen el poder de la propaganda del poder, que puede convertir a los antihéroes en arquetipos de la heroicidad, o hacer de la irremediable mediocridad, virtud electoral, tal como han logrado las juventudes del PSC con el anodino Montilla, transformándolo en un superhéroe de cómic: “El increíble hombre normal” que no descansa ni siquiera por la noche para atender las necesidades de los menesterosos y ayudar a los jóvenes a emanciparse. El crack bursátil de 1929 fue el detonante histórico de la explosividad creativa experimentada por el cómic estadounidense durante unos años 30 donde los relatos de superhéroes constituyeron un fenómeno residual frente a los héroes encarnados por personajes policiacos (Dick Tracy), de aventuras (The Phantom; Príncipe Valiente) y de ciencia ficción (Flash Gordon). La eclosión de los cómics de superhéroes se produce en los años sesenta con la aparición de la Marvel y la reacción revitalizadora de su rival DC, que vivió durante muchos años del éxito de Batman y Superman.   Clark Kent tenía que afrontar enormes dificultades para integrarse en nuestro mundo: trabajo diario, maldad y egoísmo, dolor por la pérdida de unos vulnerables seres queridos. Enviado por su padre a la Tierra, como un ángel de la guarda, no debía, sin embargo, interferir en el curso de la historia de los hombres. Por su parte, Montilla no ha tenido el menor problema en integrarse en el mundo de la ficción política, en esa monstruosidad habitual de la partidocracia, para, “desde” su salvífica normalidad, cambiar la nación catalana y lograr que reine en ella la justicia social.   Después de las elecciones, cuando Montilla, presumiblemente, ya se habrá estrellado contra el suelo, a pesar de su capa voladora, las juventudes socialistas, para ilustrar un nuevo cartel publicitario, podrían recurrir a la “Serie B”, primer espacio cinematográfico dominado por el mundo de los superhéroes de cómic, pero ahora, recuperando uno de los clásicos de ese género de bajo presupuesto y elevado ingenio: “El increíble hombre menguante”.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha puesto en marcha una campaña institucional, la primera en su historia, que ha costado 236.444 euros y que pretende difundir entre la ciudadanía un mensaje de reconocimiento y apoyo a la labor que realizan cada día los cinco mil jueces españoles. “Que aquello que más queremos esté protegido, es de Justicia”, “Que todos seamos iguales ante la Ley, es de Justicia” y “Que nuestros hijos vivan en un lugar seguro, es de Justicia”, son los mensajes publicitarios que próximamente aparecerán en prensa y radio durante tres semanas.   Según ha explicado en rueda de prensa la portavoz del CGPJ, Dña. Gabriela Bravo, el objetivo es que los ciudadanos tengan una imagen más “real” del “Poder Judicial” y “poner en valor algo consustancial al Estado de Derecho, que es la gran labor que realizan los jueces para garantizar la convivencia pacífica de la ciudadanía. También es de Justicia que no quede en el olvido la labor de los jueces” ha declarado la portavoz, que hizo hincapié en que “los ciudadanos valoran lo que conocen y la Justicia en este país es poco conocida y como consecuencia poco valorada”. Esta referencia al descontento ciudadano trae causa de los resultados de la última encuesta realizada por la Fundación Wolters Kluwer, donde la Administración de Justicia queda muy mal parada con un abrumador reflejo del descontento ciudadano, sólo comparable a la percepción de dependencia y control de la vida judicial por el poder político que también refleja de forma nítida el sondeo.   “En el último año se ha atacado a las instituciones del Poder Judicial y se ha puesto en duda su valor constitucional, por lo que creíamos esencial que los ciudadanos tengan claro que los jueces de su país están a su servicio”, subrayó Bravo. Preguntada si los jueces o alguna asociación judicial habían reclamado al CGPJ que llevara a cabo esta campaña, contestó que ha sido el propio Consejo quien tomó la iniciativa para defender su imagen.   El maquillaje edulcorado de la labor judicial, centrándose en subrayar su función social pacificadora de conflictos, pone deliberadamente en segundo plano, cuando no anula totalmente, su principal misión en cualquier sistema en el que exista constitución y por tanto separación de poderes, la institucional como titular de una potestad estatal independiente que sirva de contrapeso a los restantes poderes del estado, lo que nunca se podrá mostrar públicamente con orgullo en esta Monarquía de Partidos dada su inexistencia.

Normalidad (foto: Patricio) De lo uno a lo otro   “Khlestakov [un personaje de Gogol], cuando mintió, por lo menos tenía miedo de que le echasen del salón. Los Khlestakovs modernos no le tienen miedo a nada y mienten con perfecta tranquilidad. Hoy día todo el mundo goza de perfecta tranquilidad mental: están en calma y tal vez incluso son felices. Es dudoso que alguien se rinda cuentas a sí mismo; todos actúan “simplemente”, y esto ya es la felicidad completa” (Dostoievski, 1876). La mentira se ha normalizado, y atraviesa todo tipo de cuerpos, el político y el artístico desde luego. Aunque la mentalidad del “esclavo feliz” pueda ser común a nuestro mundo y al que retrataba Dostoievski, nosotros vivimos una época en la que el culto de lo anómalo ha sobrepasado con mucho el límite de lo admisible para el gusto en el caso del arte, y para la decencia en la política.   Paradójicamente, uno de los factores principales que impiden la emergencia de un verdadero sistema político democrático es la percepción acrítica de que vivimos en la normalidad, con alguna anormalidad, eso sí, pero en la normalidad al fin y al cabo. La esperanza de un cambio político genuino se basa en que aquellos que perciben la aplastante mendacidad del régimen empiecen a toparse con propuestas sensibles y lógicas, pero radicales, de renovación. Siempre hay que contar con que un segmento altísimo de la población preferirá la normalidad actual que cualquier  otra  anormalidad,  por  más  que  lo actual sea, lógica y moralmente hablando, anormal. Mejor dicho, subnormal.   En el arte se está pidiendo un cambio profundo que, sin ser reaccionario (pues tal cosa conlleva la ausencia de una percepción aguda de lo presente), permita transcender el afán individualista de resplandecer. La exploración personal siempre tiene un sentido, agudizado en los primeros dos tercios del siglo XX debido a la tremenda crisis de valores de la civilización occidental tras las dos grandes guerras. Pero esta trayectoria va perdiendo ostensiblemente su sentido cada año que pasa. Tal cosa se percibe en el contraste que existe entre la filosofía radicalmente subjetivista de la deconstrucción en el último tercio del siglo pasado (p. ej. Derrida), que quiso partir de la experiencia poética, y la propia experiencia poética a la que hacía referencia (p. ej. Antonin Artaud).   En política, sobra decir que ya nadie tiene miedo a que le echen del salón. La menos miedosa y la más peligrosa tal vez sea la espectral Comisión europea, que hace lo que se antoja operando sin el más mínimo control ciudadano (“¿quién le ha votado a Ud.?”, le espetaba con claridad y contundencia Nigel Farage a van Rompuy * ). Claro está que también te pueden dar un buen puntapié en el trasero y expulsarte del suntuoso palacio partidocrático si desobedeces al Gran Jefe, como le sucedió a algún rebelde sin causa recientemente en el PP asturiano.