La conquista de la libertad política colectiva necesita y requiere el desarrollo de una fuerza interior en los gobernados.
Antonio García-Trevijano, 1 de Oct. del 2016.
Fuente RLC: https://www.ivoox.com/rlc-2016-10-01-respuestas-a-preguntas-los-audios-mp3_rf_13136576_1.html
Música: Misa Votiva de Jan Dimas Zelenca (1679-1745).
Música sugerida por Marcelino Merino.
En la primavera del año 2006 tomó forma el MCRC de la mano de Antonio Garcia-Trevijano. Un ramillete de amigos y discípulos suyos formaba parte de ese cuerpo asociativo. Entre ellos me encontraba yo mismo, junto a Fernando Gómez, Pedro Manuel González y otros cuatro o cinco compañeros. Don Antonio escribía todos los días en aquel primer blog y poco a poco fuimos creciendo. Enseguida vinieron conferencias suyas en varios lugares de España. Un año después pronunciaría el célebre discurso de Totana ante 260 personas. Al día siguiente hablaría también ante los alumnos de uno de los institutos de la localidad (el Instituto Prado Mayor). Luego, la constitución formal del MCRC y su inscripción en el registro de asociaciones.
Yo había tomado contacto con él años antes y llegué a mantener una cierta relación epistolar. Después le había saludado personalmente en Lorca en una conferencia que ofreció habiendo sido invitado a un ciclo sobre la Transición Española. En esta ocasión le llevé a la firma tres de sus libros que ya obraban en mi poder. Corría el año 1998. Aquel encuentro fue determinante de mi porvenir.
Fue apasionante compartir estos años hasta la publicación de su obra magna Teoría pura de la república en el invierno del año 2010. Recuerdo muy bien el acto íntimo de presentación llevado a cabo en un hotel madrileño, reunidos en su salón unas 50 personas amigas del maestro entre las que se encontraba Dalmacio Negro. Enseguida comencé a preparar la presentación de este libro en Murcia, Totana, Lorca y Bullas. Para ello conté con la ayuda entusiasta de un grupo reducido de amigos. Con ocasión de este viaje que duró varios días organizamos igualmente entrevistas en emisoras de radio y TV locales, así como con dos periódicos regionales y uno de tirada nacional. Todo resultó ser un completo éxito. En cada acto, el librero de la zona proveía los ejemplares para que los asistentes pudieran adquirirlo y presentarlos a la firma del autor.
Desde Valencia hasta Granada no ha habido acto publico protagonizado por Antonio García-Trevijano en el que no hayamos estado los repúblicos murcianos. Manteniendo reuniones con grupos, con personas. Divulgando siempre el pensamiento vinculado a su obra: la democracia formal, la república constitucional, la separación de poderes en origen, la representación política, la libertad política colectiva. Llegado el momento, compareciendo en las plazas publicas, en las asambleas, en las manifestaciones masivas portando la pancarta con la leyenda «¡Libertad constituyente ya!». Viajando a Madrid, en sucesivas ocasiones, acompañando a jóvenes repúblicos para que le conocieran y le escucharan en la cercanía de su acogedor hogar.
Ahora se han cumplido cinco años desde que el MCRC de Murcia (un extraordinario grupo de personas) organizara y llevara a cabo un gran acto por el que D. Antonio vivió una jornada luminosa y vibrante ante 600 personas que llenaban a rebosar el Paraninfo de la Universidad de Murcia. No contento con esto, al terminar le estaban esperando los de la TV Canal6 de Totana que hicieron posible una de las mejores entrevistas de los últimos tiempos.
Este es el MCRC que, nacido de la mano de Antonio García-Trevijano, ha protagonizado grandes momentos de acción, de reflexión, de estudio y de contribución a la propagación del pensamiento y la teoría de la democracia formal y de la libertad política colectiva.
En los procesos canónicos de beatificación el cadáver incorrupto es signo de santidad. La ausencia de pecado impide los procesos naturales de putrefacción al punto de servir de evidencia de la incólume virtud del postulado. De la misma forma, en España, como la independencia de los jueces descansa por precepto constitucional en la consideración individual de su actuación (art. 117.1) y no en la garantía institucional que la instituya en origen, no pueden existir jueces corruptos.
Reconocer la existencia de un juez corrupto sería tanto como reconocer la corrupción del sistema en su integridad y su fragilidad. Al no existir potestad judicial estatal con poderes separados, sino sólo autoridad jurisdiccional particular derivada de una distribución de funciones, la conducta deshonesta de un magistrado se eleva a categoría general.
¿No es curioso que es España no exista ni un solo caso de jueces implicados en el narcotráfico, delincuencia organizada ni fraude bancario? ¿Acaso en la República de los Estados Unidos de América los casos destapados, enjuiciados y castigados severamente se deben a una particular inclinación de aquellos jurisdicentes? ¿Existe una superioridad moral del juez español?
No, señores, que se sepa la criminología forense no ha demostrado tal polilogismo delictual. Simplemente ocurre que cuando en los EEUU un caso de corrupción judicial se destapa es fruto y mérito de un sistema de garantías institucionales que da razón de su inteligencia institucional, mostrándose con orgullo, mientras que aquí supondría el expreso reconocimiento del fracaso constitucional en la organización de esa potestad del Estado. Si la Justicia no es independiente, poco importa que los jueces en el ejercicio de su función lo sean más allá de la casuística particular de la prevaricación.
La pregunta puede parecer retórica. Constitución y leyes, estatales y autonómicas, no se cansan de repetir el mantra de que la Administración sirve a los «intereses generales». Así, por ejemplo, el artículo 103 de la carta otorgada de 1978: «La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho». O el artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: «Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho». Como colofón, el artículo 1.1 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias, que ya sin desparpajo nos da una pista: «La Administración del Principado de Asturias, bajo la dirección del Consejo de Gobierno, desarrolla su actuación para alcanzar los objetivos establecidos por las leyes y el resto del ordenamiento jurídico, sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho».
Pero a poco que profundicemos, la realidad salta a luz, tan cierta como el día y la noche. La Administración sirve a su amo. O a sus amos, porque hay varios.
En este pequeño artículo, podremos colegir ya que, si la Administración del Principado de Asturias actúa bajo la dirección del Consejo de Gobierno y la Administración General del Estado (o la Administración de Justicia) actúa bajo la dirección del Gobierno (o del Ministerio de Justicia), la Administración no sirve con objetividad los intereses generales, sino que sirve bajo la dependencia del Gobierno (principio de jerarquía) a los intereses de éste, sean los que sean. Y eso del sometimiento a la ley y al derecho, sí, ma non troppo, como espero apenas esbozar en este artículo, si bien recomiendo las lecturas de eméritos profesores de Derecho administrativo, desde Ramón Parada a Alejandro Nieto y, por supuesto, de nuestro maestro Antonio García-Trevijano.
La carta otorgada de 1978 segrega, en su Título IV, Gobierno y Administración, expresiones que no se pueden entender, ni mucho menos, como sinónimas, aunque incluso entre los propios funcionarios la misma se confunda; de hecho, recuerdo el día en que una alta funcionaria se autodenominó, en el ejercicio de sus funciones, como poder ejecutivo. He de señalar que esa persona ni siquiera era un alto cargo (y reconociendo su profesionalidad, tampoco una alta carga, bien es cierto). Esta confusión es más grave y habitual de lo que puede parecer y tiene unos efectos muy perniciosos en el funcionamiento diario de la Administración.
La Constitución y el desarrollo normativo diferencian al Gobierno, como poder ejecutivo y con potestad política, de la Administración, sometida al principio de legalidad. Sí, es cierto, pero no lo es menos que la Administración está sometida al principio de jerarquía, como señalaba anteriormente. Y en este sentido, el político (sea ministro, secretario de Estado, etc.) es una mezcla de jefe de funcionarios (Administración) y asalariado indirecto del jefe del partido político (Gobierno), con las perversas consecuencias que de ello deriva, máxime sabiendo que el sueldo presente y futuro depende de la voluntad del secretario general o presidente del partido gobernante. Es decir, que si un cargo político ha de decidir entre la objetividad administrativa y la subjetividad del Gobierno, obedecerá a éste y obviará la necesaria objetividad que ha de mover a la Administración pública. Por lo tanto, la Administración no sirve a los intereses generales, excepto que estos intereses concuerden con los que tiene el Gobierno y el partido político que nutre sus cargos públicos, lo cual sucede más bien pocas veces.
Así pues, la Administración se convierte en el brazo armado (lato sensu) del Gobierno: desde el uso de la coacción con la actividad de policía (ya sea con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o mediante las inspecciones de Hacienda, en materia medioambiental, de espectáculos públicos, socio-sanitario, etc.) hasta con el poder de ejecución de sus propios actos, que permite que los mismos sean eficaces y ejecutables desde que se dictan. Es decir, por desgracia, la Administración actúa a caballo entre la legalidad vigente y la querencia arbitraria del político de turno, pero a sueldo de la Administración pública.
Por otro lado, quisiera proponer un juego deductivo que se llama Cuál es cuál en nuestro ordenamiento vigente. Muestro tres artículos plasmados en dos normas:
Artículo 11.- Todos los españoles podrán desempeñar cargos y funciones públicas según su mérito y capacidad.
Artículo 23.2.- Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.
Artículo 103.3.- Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes […] y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
Estos tres artículos pertenecen al Fuero de los Españoles, dado en El Pardo, a 17 de julio de 1945 y a la carta otorgada de 1978. ¿Cuál es cuál en nuestro ordenamiento vigente?
Prácticamente, los artículos son intercambiables. De hecho, prefiero la técnica jurídica de redacción del Fuero de los Españoles.
La realidad es que da igual. La Administración franquista servía a los intereses franquistas y la actual sirve a los intereses partitocráticos. Y la misma confluencia podría haber antes con los intereses generales que ahora. Y no quiero negar los avances habidos a partir de 1978 en libertades individuales, faltaría más, pero como se dice en Asturias, «muy amigos, pero la vaca por lo que vale». Y este régimen es una edulcoración liberal del franquismo. Y no se le puede llamar democracia.
Hoy en el capítulo nº 47 del programa «Coloquio y análisis político» Álvaro Bañón y Carlos Villaescusa analizan las consecuencias políticas de la última sentencia sobre el aborto dictaminada por la Corte Suprema de Estados Unidos:
– Aprovechan para diferenciar la bills of rights useña de la declaración de derechos española.
– También afirman la condición jurisprudencial y no positivo del derecho a la intimidad en USA.
– Y por último señalan que la relevancia política de dicha sentencia estriba en devolver la cuestión sobre el aborto a los soberanos jurídicos federados de la nación norteamericana.
Pedro Manuel González, autor del libro «La Justicia en el Estado de partidos», en el capítulo nº 116 de «La lucha por el derecho» nos habla de la corrupción personal de los jueces en España.
En EEUU hay sociedad política porque hay representantes, a diferencia de la Europa continental, donde los partidos siguen siendo estatales al no haber habido ruptura democrática con las dictaduras tras la segunda guerra mundial.
Antonio García-Trevijano, 24 de Sept. del 2016.
Fuente RLC: https://www.ivoox.com/rlc-2016-09-24-respuestas-a-preguntas-los-audios-mp3_rf_13038888_1.html
Música: Misa Votiva de Jan Dimas Zelenca(1679-1745).
Música sugerida por Marcelino Merino.
Una de las obras cumbre de la tragedia griega es Edipo Rey de Sófocles. En ella Edipo, rey de Tebas, descubre, para su sorpresa y desgracia, que es a la vez hijo y esposo de Yocasta, y que fue él quien arrebató la vida al rey precedente: Layo, su padre. Ante tal noticia desgarradora, se conoce por boca del mensajero que Yocasta se suicida y Edipo realiza lo siguiente:
Arrancó los dorados broches de su vestido [de Yocasta] con los que se adornaba y, alzándolos, se golpeó con ellos las cuencas de los ojos, al tiempo que decía cosas como éstas: que no le verían a él, ni los males que había padecido, ni los horrores que había cometido, sino que estarían en la oscuridad el resto del tiempo para no ver a los que no debía y no conocer a los que deseaba (…)
Haciendo tales imprecaciones una y otra vez —que no una sola—, se iba golpeando los ojos con los broches. Las pupilas ensangrentadas teñían las mejillas y no destilaban gotas chorreantes de sangre, sino que todo se mojaba con una negra lluvia y granizada de sangre.
El teatro de la Transición española, a decir verdad, por más que guarde ciertas similitudes con la referida tragedia mediterránea, tiene su propia idiosincrasia. España es diferente. Nuestra historia reciente muestra que el dictador Francisco Franco escogió como su heredero a Juan Carlos, hijo del que en aquel momento era la cabeza de la dinastía borbónica: Juan de Borbón y Battenberg. Con el beneplácito del generalísimo, Juan Carlos, en contra de la voluntad de su padre, y saltándose el linaje por el que se rige la monarquía, se proclamó Rey de España. Metafóricamente hablando, y tomando como referencia al fundador del psicoanálisis Sigmund Freud —quien se basó en la mencionada tragedia griega para elaborar su teoría psíquica del Complejo de Edipo—, Juan Carlos I mató a su padre, no de forma inconsciente como el rey de Tebas, sino de manera indiscutiblemente dolosa (para no enredar en exceso el guion teatral, corramos un tupido velo sobre el homicidio de su hermano).
Posteriormente, la horda o clan político se sentó a la mesa del monarca, conjuró y, en la línea de la obra freudiana Tótem y tabú, sacrificó al padre simbólico y líder de la oposición al franquismo, Antonio García-Trevijano, mediante difamaciones —y con él la libertad de la nación española— para celebrar públicamente la fiesta de la oligarquía de partidos coronada, denominándola por consenso democracia. Así, como bien cuenta la leyenda, la Mentira, mediante artimañas, consiguió salir del río vestida con ropajes de la Verdad y ésta, desnuda, tuvo que sufrir el desprecio y los reproches de los españoles horrorizados.
Sin embargo, a consecuencia de este doble «parricidio», de forma análoga al maleficio de Tebas, y tal como previó el propio García-Trevijano, la peor plaga estaba por llegar: la peste de la corrupción política.
A pesar de la propagación de la peste, los políticos españoles, al contrario que Edipo, no investigan ni impulsan la investigación de la causa fundamental de la calamidad pues, una de dos, o ya la conocen o no les conviene conocerla —y mucho menos darla a conocer—, y, lo que es peor, aunque quisieran tampoco podrían erradicar el problema toda vez que los partidos políticos como órganos del Estado forman parte de dicho mal. El rey de Tebas buscaba la verdad y ante ella se rindió en su propio perjuicio, mientras que la horda política española la desprecia. Edipo se destrozó los ojos debido al sentimiento de culpabilidad y amor al prójimo. En cambio, aquí la oligarquía política, cual Narciso ante su propio reflejo, y enamorada de sí misma, está encantada de verse mirándose. Por esa razón, si deseamos cambiar el curso de los acontecimientos y no ser presas de nuestro maléfico destino, a los españoles no nos queda otra que dejar caer en el mismo estanque a toda la clase política. La peste desaparecerá y en su lugar crecerá una flor. La libertad política colectiva.
En el programa de hoy, presentado y conducido por Marcelino Merino, Pedro M. González y Álvaro Bañón, vuelven a dar una respuesta política al canal Fortunata y Jacinta, esta vez centrándose en el programa FORJA 158 que lleva por título, “La separación de poderes”.
(aquí: https://www.youtube.com/watch?v=vimDaoGGAwM)
Antes de hablar concretamente de la Vega de Mestanza, debemos decir que en todo el ámbito de la geografía española, y desde que se aprobara la carta otorgada del 78, la que otros llaman Constitución del 78, viene sucediendo lo mismo. Los electores no eligen, sino que ratifican listas de partido, en las que figura una especie de empleados del jefe de turno. Una vez realizado el escrutinio de esos porcentajes de votos, por el sistema proporcional y corregido por la ley d’Hont, se le atribuye a cada partido un número de diputados. Éstos pasarán a ser representantes del jefe de partido que los ha colocado en esa lista y, de esta manera, se olvidarán de los ciudadanos, de los votantes y de los contribuyentes que supuestamente estarían llamados a representar. Y pasarán a votar, por mandato imperativo, todo aquello que los jefes les ordenen. Esta es la lamentable y odiosa experiencia que vivimos día a día.
Así pues, tendremos barrios, sectores productivos, comarcas, distritos electorales, provincias y distritos de grandes ciudades que, afectados por problemas de diversa índole, no encuentran amparo, protección ni representación, por parte de esos supuestos representantes ante el atropello, la sinrazón, la desmesura y la ausencia de diálogo para abordar cuestiones que tienen que ver con asuntos esenciales de la vida cotidiana:
Claro, si los ciudadanos tuvieran representación política verdadera, esto es, verdaderos diputados de distrito, elegidos nominalmente, por sus nombres y apellidos, en candidaturas con un titular y un suplente, en distritos pequeños —de en torno a 100.000 habitantes—, y a doble vuelta si en la primera no hubiera ninguno con mayoría. Este diputado estaría obligado y concernido por un vínculo o mandato imperativo de esos electores (ahora sí electores) y acudiría a esa cámara para defender los intereses de esos representados. Haría oír su voz, tomaría iniciativas para sumar a otros diputados de zonas próximas. Esto puede suceder cuando hay separación de poderes en origen, cuando se elige por separado al poder ejecutivo del legislativo, en elecciones separadas, y en ambos casos mediante un sistema electoral mayoritario y a doble vuelta, capaz de garantizar mayorías solventes. ¡Pero ojo!, esto significa que la nación legisla y que el Gobierno (poder ejecutivo) ha de gobernar. Aquí ya la asamblea legislativa no estaría a las órdenes del Gobierno, sino para representar a la nación frente al Estado.
Ni los habitantes de la rivera del Mar Menor (en Murcia), ni los afectados por la Línea de Alta Tensión (en Totana), ni los afectados por la construcción de la depuradora en la Vega de Mestanza (en Málaga) han contado con la ayuda, el apoyo, la representación política oportuna y eficaz frente al todopoderoso Estado.
La Vega de Mestanza está ahora amenazada por la construcción de esa depuradora. Esto supondría la tala masiva de 20.000 naranjos y limoneros. Un verdadero desacierto sobre un entorno ambiental que supone, además de ser despensa y pulmón de Málaga ciudad y de Alhaurín de la Torre, un atentado contra la naturaleza, a la que estamos llamados para defender y a cuidar y proteger.
Los vecinos afectados han llevado a cabo diversas iniciativas para tratar de evitarlo y, de esta manera, han llamado a las puertas de ayuntamientos afectados (Málaga y Alhaurín de la Torre). Allí se han aprobado sendas mociones en los plenos municipales. Igualmente, han contactado con diputados de diversos partidos en el Parlamento de Andalucía, que han elevado proposiciones no de ley y mociones a esa institución. En fin, estos afectados, como buenamente han podido, ha desarrollado cierto activismo para dar a conocer la gravedad del problema al que se enfrentan ellos y el medio en el que transcurren sus vidas generación tras generación desde 1.924. Esta suerte de activismo político no ha sido suficiente para frenar en seco al caballo desbocado del Estado (en este caso dicho caballo es el ejecutivo andaluz) que con sus diputados de lista integrados en la mayoría, obedientes al presidente Moreno Bonilla, han respaldado dicha construcción a la vez que han dado las espaldas a los afectados.
Existen emplazamientos alternativos para construir esa depuradora, que además de tener menor impacto ambiental resultarían mucho más económicos de llevar a cabo, ya que este Valle de Mestanza es una zona que requeriría construir una especie de isla a base de hormigón y grandes movimientos de áridos, para luego, sobre dicha elevación, construir la gran infraestructura. Todo esto viene determinado porque este emplazamiento es una zona inundable por las aguas del rio Guadalhorce, esto es, el Gobierno andaluz diseña y aprueba la construcción de una gran infraestructura en una zona inundable.
Desde que se aprobó la carta otorgada del 78, esto viene sucediendo una y otra vez, y en todo el territorio nacional, es la consecuencia lógica de la ausencia de representación política, y esto es así porque lo ha impuesto la clase política al resto de ciudadanos. Establecieron el reparto del poder del Estado en cuotas y porcentajes para asignárselo a los dirigentes de los partidos. Eliminaron la separación de poderes, la representación política y la independencia de la Justicia. Padecemos un mismo poder con división de funciones.
Pues lo que hicieron los 780 vecinos del valeroso pueblo de Benizar (bella pedanía de Moratalla, en Murcia), que ante afrentas del estilo y la desatención reiterada de parte, tanto del Ayuntamiento como de la comunidad autónoma, acordaron abstenerse de ir a votar en las elecciones municipales, autonómicas y generales en dos ocasiones seguidas (se abstuvo el 98 % del censo). Y se hicieron escuchar. De esta manera, descubrieron que a los partidos políticos se les puede negar la legitimidad. Y Benizar se convirtió en el primer núcleo abstencionario de España. Descubrieron que los partidos no son nada si el día de las votaciones uno decide, por dignidad y por amor propio dejar de otorgarles esa legitimidad.
El gran pensador político español, jurista y hombre de acción D. Antonio García-Trevijano ha defendido, desde el establecimiento del pacto de la Transición, que la manera de restarle legitimidad a este régimen es no acudir a votar hasta conseguir una alta abstención, que ante una crisis significativa ponga en jaque al Estado y de esta manera la sociedad civil tome las riendas para llevar a cabo un período de libertad constituyente, pacífico y ordenado.
D. Antonio García-Trevijano Forte, fundó una asociación cultural y prepolítica, el MCRC (Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional), que defiende y promueve lo siguiente:
En definitiva, un sistema de poder y contrapoder por el que el ciudadano se sienta protegido.
Invitamos a todos los españoles privados de libertad política colectiva y que perciben la ausencia de democracia, de separación de poderes y de representación, a que se unan al MCRC, para continuar la obra y la acción de este ilustre pensador. Solo de esta manera, la sociedad civil tendrá la oportunidad de articular la defensa de sus intereses frente al Estado.
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