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Jóvenes con ropa vieja

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Los jóvenes de los partidos emergentes que legitiman esta partidocracia son caras nuevas con ropa vieja.

Paco Corraliza y Antonio García-Trevijano Forte, 11 de abril del 2015.

https://www.ivoox.com/rlc-es-posible-reforma-regimen-audios-mp3_rf_6588858_1.html

Música: ültimo mov. 3ª sinfonía de Beethoven.

Comunicado del MCRC

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MCRC

Españoles:

Ante la grave amenaza a la unidad de España, el Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional (MCRC), fundado en 2006 por Antonio García-Trevijano, afirma que España no es resultado de la voluntad de los ciudadanos, sino un hecho histórico producto de innumerables factores involuntarios. Por ello, al igual que no se debe invocar a la patria con fines ideológicos, es necesario defenderla cuando se encuentra amenazada, puesto que, sin patria, la libertad política nunca se logrará. Sin España, nunca podrá haber democracia.

La preocupante situación actual no es sino el desarrollo natural de la llamada Constitución, que al introducir las nacionalidades ha fomentado el separatismo. Asimismo, los importantes defectos del régimen, con diputados obedientes a los jefes de partido, la elección del presidente del Gobierno mediante pactos parlamentarios y la politización de la Justicia, han sido el germen de la disolución de la nación española y de la impunidad de la clase política, que ahora intenta amnistiar delitos gravísimos.

El MCRC llama a los españoles a la unión, dejando de lado las ideologías, en defensa de la unidad nacional frente a la acción disolvente de la oligarquía política, apoyando toda acción pacífica que se convoque con este único objetivo.

Hoy, España. Mañana, la libertad política.

El régimen del 78 es culpable del pacto Sánchez-Puigdemont

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En el capítulo nº 74 del programa «La partidocracia entre líneas» Álvaro Bañón y Juanjo Charro analizan la siguiente noticia de la prensa española:

Sánchez rinde el Estado a Puigdemont. Portada de la edición escrita de El Mundo de 10 de noviembre de 2023.

Israel y Palestina, el conflicto irresoluble

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Hoy publicamos el capítulo nº 58 del programa «Escenario internacional», presentado y conducido por Marcelino Merino, donde Fulgencio del Hierro desvela algunos aspectos del conflicto con menos cobertura de los medios estatales.

Fin del Estado de derecho en España o no

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Pedro Manuel González, autor del libro «La Justicia en el Estado de partidos», en el capítulo nº 185 de «La lucha por el derecho» nos habla de la vacuidad de la declaración de los vocales conservadores del Consejo General de Poder Judicial. En la misma se señala que está en peligro el Estado de derecho en España ante la posible aprobación de la ley de amnistía.

Conductores y conducidos

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Esta mañana en Madrid se han podido ver vehículos blindados de la Unidad de Intervención Policial (UIP), listos para el operativo que está teniendo lugar ahora mismo en Madrid como consecuencia de las manifestaciones convocadas en Ferraz (sede del PSOE en la capital), con el propósito de mostrar rechazo popular al acuerdo de amnistía.

Viendo las concentraciones de ayer y antes de ayer, les recomendaría a los manifestantes que no enfadaran a papá Estado porque está tan fuerte, vigoroso y corrompido como le habéis dejado que sea. Ninguno de los lemas que he podido escuchar en los vídeos que se difunden, hablan nada de la representación política ni de separación de poderes, es decir que son una panda de indignados azuzados por líderes de opinión y algún partido estatal; pues de hecho se ha visto a Santiago Abascal y a Esperanza Aguirre durante las anteriores concentraciones. Esto deja entrever que ni son manifestaciones espontáneas, ni tienen un fin claro, es pura indignación con una fuerte carga ideológica.

¿Esta gente qué pretende cambiar con lemas como: «España es cristiana no musulmana», «que te vote Chapote» o «Felipe masón»? Pues claramente no son antisistemas ni mucho menos, hasta en el 15M se llegaron a escuchar lemas de un calibre intelectual algo mayor, aunque acabase donde acabó por no tener claro el origen del problema y por no haber deslegitimado antes el sistema, como fomentamos desde el MCRC con la Abstención Activa. En esto los revolucionarios norteamericanos tienen una lección que darles, pues hartos de la presión fiscal que les imponían desde el Parlamento inglés y que entendían ilegal por ir en contra de la Bill of Rights, exigieron a Inglaterra la capacidad de tener representantes políticos en el Parlamento haciendo uso del lema: «no taxation without representation»; un lema claro de gente que sabe lo que busca, eso es lo que necesita España y para lo que estamos los repúblicos. Sin embargo, por lo que veo, aún queda mucho camino por recorrer.

Dicho de paso les recordaré que en ese camino estamos algunos en España, en el del cambio sustancial, así que aprovecho para presentarles la iniciativa en la que estoy trabajando y que encontrarán en el canal de Telegram t.me/caminorepublico, ya que les permitirá profundizar haciendo uso de un material didáctico bien organizado, apoyado en recursos audiovisuales para facilitar el aprendizaje, además de una comunidad adyacente que les permitirá solventar dudas sobre el contenido.

Poder sin control

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Advertimos estos días, la estupefacción que muestran los tertuliantes afines y los portavoces de los partidos de la oposición al señor Pedro Sánchez que, escandalizados, se hacen cruces por las decisiones que está tomando el inefable presidente del Gobierno en funciones. Se les llena la boca de constitucionalismo democrático, de líneas rojas, de traición, de la venta y desmembramiento de España, de la amnistía, de los continuos cambios de opinión en aras del fin superior de mantenerse en el poder, del desprecio a su propio programa electoral, y esto es, efectivamente, muy grave y muy peligroso. Pero lo hace, simplemente porque puede hacerlo, porque la misma Constitución del 78 que dicen defender, con acompañamiento de gestos y muecas, nació preñada del oprobio que ahora denuncian.

Denunciando sus consecuencias sin entrar en la causa, intentan ocultar la mentira política de un régimen que, independientemente de su origen corrupto y alevoso, es capaz de llegar a concentrar en el jefe del Ejecutivo, el control político de todos los poderes del Estado, quedándose éste libre en sus acciones, de toda traba institucional o ciudadana. Una fiscalización a la que renuncian hipócrita y voluntariamente, en la confortable sala de espera de la bancada de una oposición que a nada se puede oponer, entretanto llega su momento. El que ostenta «el poder», ostenta todo el poder del Estado, objeto supremo y codiciado por la natural e irrefrenable ambición política.

La tendencia natural del poder político es la de crecer y expandirse, ampliando los limites de sus competencias en una constante revolución que quiere abarcarlo todo. El presidente Sánchez o cualquier otro, pasado o futuro, puede hacer simonía con España, poner su honorabilidad y la dignidad de su cargo en almoneda para mantenerse en «el poder», que no habrá ningún otro poder que se lo impida o sea capaz de frenarlo; alguna protesta lejana entre bostezos, desde la aburrida sala de espera, todo lo más.

Por esto, la Constitución del 78 no es la solución, es el problema: la causa primera del poder sin control.

En el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, podemos leer «Una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución».

Si nos ceñimos a texto de tanta solera, podemos afirmar que España carece de Constitución. Porque no constituye la separación efectiva de los poderes ejecutivo y legislativo en origen, en elecciones separadas y a doble vuelta, porque el sistema electoral proporcional anula la representación política del ciudadano, impidiendo el control de la acción de gobierno por parte de la nación, representada en el Parlamento mediante diputados de distrito elegidos también en segunda vuelta. Porque el órgano de gobierno de jueces y fiscales carece de independencia, al ser nombrados éstos por los partidos en su chanchullo de cuotas y pactos. Porque la mera existencia de un tribunal político como es el Tribunal Constitucional convierte a dicho Tribunal en constitucionario y en fuente de Derecho, como bien explica Pedro M. González en su artículo «Oportunismo constitucionario», para este mismo diario.

Ni una sola de las instituciones españolas, escapa al criterio de oportunismo político en la sinarquía de los partidos incrustados en el Estado.

La Carta otorgada del 78, ha conducido indefectiblemente a un régimen orgánico de poder, necesitado del alumbramiento de una sociedad igualmente orgánica, vaciada, dúctil, homogénea y concebida como un «ser»,que está por encima de sus integrantes, bajo la forma de un protectorado social.

El poder, en su continua revolución, ha arrastrado consigo al Estado, transformándolo de estático, -El Estado franquista era un Estado estático, que proporcionaba la paz social, aun a costa de la represión- en dinámico que, «instrumentaliza el Derecho al servicio de sus fines, enemigo de la sociedad, a cuya costa prospera y en este sentido entrópico, cuyo objeto inmediato es la movilización total, en último término, la guerra», (Dalmacio Negro Pavón en el prólogo a Sobre el poder, de Bertrand de Jouvenel).

Nunca a lo largo de la historia, habíamos percibido el mefítico aliento del poder tan de cerca. España es un país descentralizado burocráticamente, pero también ayuntamientos, diputaciones y CCAA, son meras concentraciones de poder, de poder sin control.

El cielo al asalto

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Pablo Iglesias con sus metáforas y comportamiento fascista desplazó a los reformistas de Rosa Díez y Rivera.

Antonio García-Trevijano Forte, 11 de abril del 2015.

https://www.ivoox.com/rlc-es-posible-reforma-regimen-audios-mp3_rf_6588858_1.html

Música: ültimo mov. 3ª sinfonía de Beethoven.

La letra pequeña

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Las exigencias nacionalistas más evidentes para dar el plácet a la investidura de Sánchez pasan públicamente por dos: una irrenunciable en sus propios términos como es la amnistía que alcance a los condenados o perseguidos de su facción, y otra a rebajar de contenido, como es el plebiscito autodeterminador.

Sin embargo, la letra pequeña del consenso de gobierno contiene otras exigencias que pasan como menores cuando no lo son. Es el caso de la exigencia de que la cúspide jerárquica de la justicia en Cataluña sea el Tribunal Superior de Justicia de esa Comunidad Autónoma, dejando fuera la competencia del Tribunal Supremo.

Romper el principio de unidad jurisdiccional supone acabar con cualquier posibilidad de independencia judicial. Este principio supone que la autoridad judicial es única e idéntica en todas sus decisiones independientemente del órgano que las dicte y donde radique. El mismo «poder jurisdiccional» se encuentra en el juzgado de primera instancia e instrucción de cualquier pueblo que en el mismísimo Tribunal Supremo.

Al contrario, la división o categorización de la función jurisdiccional parcelándola permite acotar fácilmente el alcance de su potestad en función de criterios políticos. Esta quiebra del principio de unidad jurisdiccional puede tener lugar en dos planos: el funcional, como ocurre con la creación de tribunales especiales que sustraen a los demás de la aplicación de la ley (es el caso del Tribunal Constitucional); y el territorial, como es la pretensión del separatismo de convertir el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el Tribunal Supremo de Cataluña.

La ejemplificación de la ruptura funcional y territorial del principio de unidad jurisdiccional, como ejemplo de la ausencia de independencia judicial, tiene ya hoy en día reflejo y ejemplo en el lenguaje, que la asumió pacíficamente hace tiempo. Por eso oímos hablar, sin darnos cuenta de la gravedad, de distintas jurisdicciones como la penal, la civil, la social o la contencioso-administrativa, cuando debiera hablarse sólo de una jurisdicción con distintos órdenes. Así, orden jurisdiccional penal, orden jurisdiccional civil, orden jurisdiccional social u orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

En el ámbito territorial se habla también de Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Galicia o Andalucía, cuando el principio de unidad jurisdiccional, sólo formalmente recogido en la Constitución de 1978, exige tratarlos como Tribunal Superior de Justicia en Madrid, en Galicia o en Andalucía, expresando la mera residencia física de un órgano del poder judicial único correlativo a una jurisdicción también única.

El lenguaje común, lejos de convencionalismos impuestos, en su evolución espontánea conforme a la realidad del momento, desenmascara así la muerte del principio de unidad jurisdiccional que queda reducido a vacuo concepto de cátedra.

La unidad de jurisdicción no permite su parcelación, sino que la organiza jerárquicamente garantizando los derechos del justiciable. Por eso, de existir una sola jurisdicción, sobraría cualquier tribunal político que decidiera sobre la constitucionalidad de las leyes que emanan del legislativo, ya que cualquier juzgado podría realizar tal declaración judicial, que finalmente quedara decantada en firme por la vía devolutiva del recurso en la última instancia de la organización judicial, el Tribunal Supremo.

La condición oculta para la investidura de Sánchez

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Pedro Manuel González, autor del libro «La Justicia en el Estado de partidos», en el capítulo nº 184 de «La lucha por el derecho» nos habla de la quiebra del principio de unidad jurisdiccional en relación a las negociaciones para la posible investidura de Pedro Sánchez.

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