En el capítulo nº 78 de la «La partidocracia entre líneas» Alan Simón, Fernando de las Heras y Álvaro Bañón analizan el nuevo acuerdo del Gobierno y los sindicatos para subir el salario mínimo, la delegación de la política migratoria y la salida de empresas de Cataluña.
Los jueces y la política
No hacen falta más leyes para acabar con la corrupción. Tampoco más organismos de control, comisiones parlamentarias que pidan responsabilidades a los jueces, ni locuras por el estilo. Sólo se necesita que la Justicia sea independiente.
Si en España no se reconoce legalmente la independencia de la Justicia y se confunde la institucional con la personal de los jueces, no es de extrañar que se confunda también la politización de su gobierno con el derecho a la ideología de cada magistrado. Percibiendo esta realidad, no es difícil darse cuenta del disparate que supone proponer como toda solución institucional al control político de la vida judicial, tan solo la incompatibilidad personal con la política, de los miembros de su órgano de gobierno, mientras les siguen eligiendo los partidos de Estado.
De poco sirve dicha medida, si la elección de esos candidatos no adscritos jamás políticamente a cargo público sigue en manos del mismo poder político a través de la propuesta de cuotas por Congreso, Senado o Gobierno, en realidad uno y trino poder partidocrático. Y es que la razón de dependencia no está en la ideología personal del candidato, inherente a su condición humana, sino en la de subordinación por razón de elección y haberes.
La independencia de la Justicia de los poderes políticos del Estado y de la nación, no prevista ni institucionalizada si quiera en el texto de 1978, sólo se consigue mediante la elección directa de su rector mayoritariamente por todo el orbe jurídico, para que nombre presidencialmente su gobierno con limitación temporal de su mandato y presupuesto propio.
Otra cosa es la independencia personal de los jueces y magistrados para dictar resoluciones, prevista en el artículo 117.1 de la Constitución Española. En este último caso, las más elementales normas de higiene y dignidad exigen que el miembro de la jurisdicción que luego ostente cualquier cargo político, o si quiera que se postule al mismo, no pueda reincorporarse a su puesto en un plazo prudencial, que García-Trevijano en su Teoría pura de la república fecha en cinco años, y en todo caso, nunca en su misma plaza o puesto que dejara vacante en su día.
Temor a la verdad
Las ideas de don Antonio García-Trevijano nos acercan a la verdad política y a las causas de las desastrosas medidas tomadas por los regímenes partidocráticos.
Antonio García-Trevijano,16 de Sept. del 2016.
Fuente RLC: https://www.ivoox.com/rlc-2016-09-16-crisis-existencial-ue-pero-audios-mp3_rf_12931066_1.html
Música: Concierto para piano nº5 de Bethoven.
https://www.ivoox.com/sala-musica-n-44-beethoven-concierto-audios-mp3_rf_12063068_1.html
Campechanismo político
Día tras día, la prensa publica noticias políticas que dejarían estupefacto a cualquier paisano, a modo de políticos actuando cual Candilejas, ya sea en asuntos internos al país o internacionales.
Desgraciadamente, muchos españoles han hecho callo (después de tantas décadas), a las constantes incongruencias y disparates de su casta, al punto de ignorarlas o darlas como naturales a una «democracia».
Esta desafección permite a los políticos hacer los mayores disparates, pero a su vez idiotiza a buena parte de la población en su respuesta refleja del decoro de sus gobernantes.
«¡Ni Flick, ni Flock!» «Miembros y miembras». «¡Viva Honduras!» «España va bien». «Brotes verdes». «Hilillos de plastilina». «Lo siento mucho, no volverá a ocurrir»… Hasta el punto en que los gobernantes son unas personas cercanas y sencillas, y los periodistas puedan tratarlos llanamente.
Pero eso no cambia un ápice la relación entre gobernantes y gobernados, y la sociedad civil española no puede articularse como un interlocutor válido en política, no solo como grupo de presión, sino ya en cuestiones más profundas como el establecimiento de una sociedad política intermedia.
Cuando la sociedad civil acepta la imposición de la oligogracia en la transición como forma política, acepta el mito de la concordia como hecho fundante de la democracia, olvidando que habrá concordia mientras haya posibilidad de reparto. Por tanto, como consecuencia de aceptar la imposición de «la Constitución», la sociedad civil queda anulada en la política y los oligarcas se establecen en nación política.
Sin embargo, la hegemonía del campechanismo queda desbordada en la esfera internacional. Ahí, los políticos españoles carecen de protagonismo, y si lo buscan, normalmente es para quedar en ridículo.
Atentados institucionarios (II)
A raíz del golpe institucionario pergeñado en la desastrosa «Constitución» de 1978, observamos que las instituciones resultantes del reparto atentan de forma canónica, a modo de una transición inacabable, que nunca llega a puerto.
La base de legitimación y legalización franquistas ha forzado a la oligarquía política resultante de la concordia a despejar su pacto fundante constantemente, con un chapucero resultado si se analiza desde casi todos los planos, excepto la bonanza económica y de poder para determinadas élites propias y ajenas.
En primer lugar, en 1976, tiene cabida la voladura controlada del régimen franquista mediante la Ley para la Reforma Política, que consistió en una serie de medidas encaminadas a la liquidación de las instituciones vigentes. Esta fase puede estar definida en la máxima «de la ley a la ley» de Torcuato Fernández-Miranda; usada como pretexto de legalidad, aunque contraria al régimen franquista, y a la vez, favoreciendo la reforma en lugar de la ruptura.
Con el visto bueno de Las Cortes, se celebran unas votaciones de refrendo a los partidos legalizados en 1977 que, por arte de magia, se convierten en votaciones constituyentes.
Sin libertad política, le es ofrecida al pueblo una «Constitución» redactada en secreto, presentada como la alternativa democrática genérica al franquismo. La oligarquía misma decide que no se someten a ‘democracia’ ni la forma de Estado ni la de gobierno: en 1978, el pueblo se tiene que tragar algo que llaman monarquía parlamentaria, pero que es de facto un Estado de partidos (coronado) a la europea.
A continuación, el rumbo institucionario se encamina a la fragmentación territorial de España, a favor de lo que se conoció como el «café para todos» de Adolfo Suárez, multiplicando la cuota de poder en manos de los partidos hacia instituciones artificiosas territoriales.
A pesar de haber sido establecida la «Constitución», este periodo se caracteriza por la inestabilidad política, el terrorismo, el descontento de algunas facciones estatales, sobre todo militares, en que a todas luces el monarca Juan Carlos ordenó un golpe de Estado en 1981 con el propósito de instaurar un gobierno de concentración, pero fue abortado.
El siguiente atentado institucionario fue la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, confirmación positivada de la imposibilidad del establecimiento independiente del poder judicial por la mala arquitectura jurídica de las leyes fundamentales, subyugando de pleno la judicatura en manos de los partidos.
En 1986, Felipe González consigue, a través de los medios a su alcance como presidente del gobierno —y dando un criterio contrario al mostrado años antes en «la oposición»—, que se celebre un referéndum favorable a la entrada en la OTAN. González no sólo consiguió que los españoles aceptaran la subordinación militar a intereses extranjeros a través de esta alianza, sino que además firmaría la adhesión a la Unión Europea un año antes, sentenciándonos en lo económico.
Catalonia is not Kosovo
El reciente reconocimiento por España del pasaporte kosovar, como documento válido a efectos de entrada y salida de personas del territorio nacional, es torpemente asumido como un precedente, que avalaría jurídicamente en el orden internacional, la posibilidad de una declaración unilateral de independencia.
El connatural narcisismo separatista, que piensa ser el ombligo del mundo, no comprende que lo que sucede con Kosovo solo se explica en clave internacional por intereses enfrentados de potencias como EEUU, que reconoce su existencia como Estado, y China y Rusia que no lo hacen. En la UE, la postura general es el reconocimiento, a excepción de Chipre, Grecia, Eslovaquia, Rumanía y la propia España, que de nuevo, se ha apresurado torpemente, como si tuviera algo que justificar, a señalar que su posición al respecto no ha variado.
El error del nacionalismo catalán, asumido invariablemente por la diplomacia española, es de orden jurídico sobre la interpretación del dictamen de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de 22 de julio de 2010 sobre la declaración unilateral de Kosovo. Tal dictamen ha sido tomado como auténtico clavo ardiendo donde agarrarse por los separatistas. Sin embargo, su invocación a favor de su causa carece del mínimo respaldo legal, no sólo por la falta de analogía de los supuestos de hecho, sino por la forma en que se produce la decisión de la CIJ y el contenido material de la misma.
En primer lugar, hay que dejar claro que el pronunciamiento del CIJ no es una sentencia, como se oye decir e incluso se lee en ocasiones en la prensa, sino que se trata de un dictamen, que por lo tanto no tiene valor vinculante ni jurisprudencial. En segundo término, hay que subrayar que el dictamen no se manifiesta sobre un reconocimiento internacional de la existencia de Kosovo como Estado, sino tan sólo analiza si la declaración unilateral de su independencia violó o no el contenido de la resolución 1244 del Consejo de Seguridad, que regulaba el régimen administrativo transitorio de la región tras la Guerra de los Balcanes, llegando a la conclusión de que tal declaración unilateral no contravenía dicha resolución ni el derecho internacional. Nada más ni nada menos. Por tanto, no se juzga ni se reconoce derecho a la secesión alguno ni el ejercicio de un, por otro lado imposible, derecho de autodeterminación según su configuración jurídica, pacíficamente declarada por la misma Corte Internacional.
Así delimitada la cuestión, la CIJ dictaminó que la declaración unilateral de independencia kosovar no contravino el derecho internacional en lo referido a la resolución 1244, a partir de la previa destrucción de facto del Estado yugoslavo, y configurando a las partes en conflicto como entidades de derecho internacional herederas de la descomposición de aquel Estado ya fenecido, sólo unidas por un régimen transitorio, expresamente determinado por la legislación internacional que no prohibía expresamente su finalización por la declaración de independencia de las partes.
El supuesto de hecho, lejos de servir al argumentario de los defensores del derecho de autodeterminación, más allá del proceso descolonizador y de la denominada «secesión remediadora» ante el atropello de los derechos humanos individuales más elementales (tortura, privación del derecho a sufragio por pertenencia a una religión, etnia o comunidad determinada, encarcelamiento sin proceso judicial…), subraya la debilidad de sus postulados jurídicos.
Efectivamente, la resolución de la CIJ vino a ratificar la unilateralidad de la declaración de independencia de Kosovo al margen del derecho de autodeterminación como lo que es, una mera actuación de hecho. Para ello, partía de la previa extinción de la personalidad jurídica como sujeto de derecho internacional de Yugoslavia en la época de «protectorado» ONU, tratándose de la finalización de un periodo transitorio sobre los restos de aquel Estado.
Por tanto, el rechazo de España a tal declaración unilateral se sustentó en realidad en la idiocia diplomática que manifiesta un desconocimiento palmario de los conceptos más básicos del derecho internacional precisos para desmontar racionalmente cualquier tipo analogía, por otro lado imposible. A ello se suma una razón de fondo de mucho más calado, como es la deficiente solución constitucional puertas adentro, para resolver el problema territorial patrio con el nefasto Estado de las autonomías.
Catalonia is not Kosovo
Pedro Manuel González, autor del libro «La Justicia en el Estado de partidos», en el capítulo nº 194 de «La lucha por el derecho» por qué es un error que el reconocimiento del pasaporte de Kosovo por parte de España se utilice como precedente de las aspiraciones independentistas de Cataluña.
Chile, una puerta abierta a la esperanza
Afirmaba Álvaro García Linera —exvicepresidente de Bolivia con Evo Morales— en una entrevista concedida a la Fundación Rockefeller, que una Constitución se redacta siempre en contra de alguien, es decir, en contra del adversario o enemigo político. De este aserto podemos extraer, al menos, dos conclusiones. La primera sería que no estaríamos hablando estrictamente de unas reglas del juego político, sino de una jugada política que subyugaría, mediante la ley de leyes, a una parte de la nación. La segunda nos conduce a la siguiente pregunta: ¿quién tiene y de dónde mana el poder para redactar esa Constitución?
La causa principal de las desgracias, ruina y calamidades generalizadas que sufren los países de la América hispana, según el criterio de quien escribe estas líneas, es que todos sin excepción, carecen de una verdadera Constitución.
Si entendemos que la democracia es el gobierno del pueblo, habría de ser éste, en toda su diversidad y complejidad, y haciendo uso de la libertad política colectiva, quien debería redactar el texto constitucional mediante representantes elegidos para tal fin. Pero resulta más que evidente que esto no sucede así, y que la herramienta fundamental de la que se sirven las élites legiferantes para su redacción, siempre a la medida de sus intereses, es el aberrante sistema proporcional de listas de partido, dando como resultado unos textos cargados de ideología en uno u otro sentido que, ignorando los intereses materiales de la ciudadanía, atiborran de inútil charlatanería unos textos constitucionales que lo único que deberían contener es la partición de la potencia estatal en dos poderes antagónicos que sirvieran como contrapeso y control de un poder sobre el otro, es decir, el poder de la nación frente al poder del Estado, con un sistema judicial absolutamente independiente del poder político.
Estas constituciones ideológicas de partido lo único que pretenden fragmentar es el poder de la nación, que queda inerme, sin posibilidad alguna de controlar el poder del Estado.
Entonces, ¿qué constituye una Constitución así redactada? La respuesta a esta cuestión es bien sencilla, la legitimación plebiscitaria de un poder sin control.
Sin embargo el pueblo chileno, después del estallido social de 2019 y haciendo gala de un extraordinario sentido común, parece haberse dado cuenta del engaño, abriendo con su ejemplo, una puerta a la esperanza.
Muchos medios, como la CNÑ o la misma expresidente chilena Michelle Bachelet, hablan de fracaso al haber sido rechazadas tanto la propuesta de izquierdas de 2022 como la de derechas de 2023. Pero el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales, Javier Couso, comenta en una entrevista a la citada cadena que ambas propuestas estaban plagadas de normas que pertenecen al ámbito legislativo y que, por lo tanto, no deberían figurar en un texto constitucional, aunque por otra parte, justifica que en ambos casos, esa redacción se haya llevado a cabo por comisiones de diputados de prestigio pertenecientes a los partidos políticos de la Cámara —la de 2023 paritaria, integrada por doce hombres y doce mujeres—, argumentando que el pueblo chileno es moderado en sus aspiraciones políticas. Por su parte, el presidente Boric ha comunicado que en lo que resta de su mandato no habrá ninguna propuesta de redacción constitucional.
Lo que resulta especialmente significativo tanto en el caso chileno, como en la mayor parte de los países de su entorno y también de la Unión Europea, es la manera en la que los partidos políticos estatales se arrogan un poder que únicamente le corresponde al pueblo.
Para la consecución de una legítima y verdadera Constitución ha de abrirse un período de libertad constituyente, tomándose el tiempo que hubiera menester para la reflexión —por ejemplo, ese parón anunciado por el señor Boric podría ser una gran oportunidad—, y convocar posteriormente elecciones constituyentes con representantes políticos de distrito para su redacción, no un proceso constituyente partiendo de un poder ya constituido, que es lo que ha ocurrido en Chile como también ocurrió en España con la Constitución de 1978.
Llamamiento real a la traición nacional del deber castrense
Felipe VI ha recurrido a la defensa de «la identidad histórica» como máximo exponente al dirigirse a los militares durante la tradicional Pascua Militar. Ya no habla siquiera de la defensa de la unidad material de la nación sino de ese concepto tan particular como subjetivo que es la identidad. Siendo justos, hay que reconocerle el que acompañe esa apelación identitaria con la defensa del acuerdo para la corrupción que selló su padre en el 1978, junto a los franquistas y el resto de supuestos opositores al régimen, al que engendraron con el nombre de «Constitución» y que más tarde serviría de bases a los sentimientos separatistas para amenazar hoy con desmembrar la nación; que no tiene más origen que esa identidad a la que el funcionario a título de rey apela.
De este modo, implícitamente, el propio titular de La Corona lo que está pidiendo a los militares es que primen la destrucción de la integridad de España en defensa de la voluntad a la que los oligarcas estatales nos quieran llevar, fruto de esa autodefinición identitaria de lo que es y será España. Hemos pasado del «España es un proyecto» al nuevo y popular término de «la identidad», promovido también en las esferas sociales como un tótem liberador que hay que venerar en su naturaleza tan particular como subjetiva.
No importan ya los hechos objetivos de las cosas, porque la política identitaria se ha impuesto bajo el embrujo relativista de la postmodernidad. Así, aquello con lo que te identifiques te permite construir tu realidad, tu autopercepción subjetiva es lo único que importa y puedes ser lo que quieras; un hombre, una mujer, un transespecie o un transedad. Bajo la justificación de este principio identitario propio de las más brutales ideologías que han pisado La Tierra, y que hoy toma color de rosas con movimientos sociales que se utilizan para reclamar particularismos raciales o de sexo, se utiliza también para mentir sobre el régimen político español, llamando democracia a lo que en realidad es un régimen de partidos estatales que requiere ya no sólo romper y separar España, llevados por el influjo del poder sin control, sino además, la división y la discordia social que vivimos en la actualidad.
El sistema de listas es el favorito de las dictaduras
El sistema de listas es el favorito de las dictaduras, fue el impuesto por Benito Mussolini tras la marcha sobre Roma en 1922.
La corrupción de la monarquía de partidos española está basada en la no separación de poderes y en las listas proporcionales de partidos y sindicatos estatales que anulan la representación política.
Pedro Manuel González y Antonio García-Trevijano 13 de Enero del 2015.
Fuentes:
Radio libertad constituyente: https://www.ivoox.com/rlc-2015-01-13-martes-trece-audios-mp3_rf_3945265_1.html
Música: Impromptus nº3 Op.90 de Schubert.
