Hoy, en el vigésimo tercer capítulo de «La cátedra de Dalmacio», presentado y conducido por Enrique Baeza, Dalmacio Negro Pavón (catedrático de Ciencias Políticas y autor de numerosos artículos y libros) disertará sobre la biopolítica y las consecuencias sociopolíticas y culturales de la pandemia del Covid-19.
Libros:
– «El rapto de Europa» de Luis Díez del Corral.
– «Origen y meta de la historia» de Karl Jaspers.
– «L’homme machine» de Julien Offray de La Mettrie.
Palacio del Marqués de Bermejillo (Madrid), la actual sede del Defensor del Pueblo.
Otra institución objeto del actual mercadeo de los partidos estatales es el Defensor del Pueblo. Junto con los vocales del Consejo General del Poder Judicial, los magistrados del Tribunal Constitucional y los miembros del Consejo de Administración de la televisión pública se incluye en el pasteleo de designación a quien haya de ocupar este cargo de defensor.
El Defensor del Pueblo no es más que un adorno institucional de esta monarquía de poderes inseparados. Ni defiende nada ni representa más que al consenso de los partidos que lo eligen.
Si los gobernados contaran con verdaderos representantes sometidos al mandato imperativo de sus electores elegidos independientemente del ejecutivo y con una justicia separada en origen de los poderes y facultades del estado, no se necesitaría tan floral como inútil figura, la cual al fin y al cabo no es sino otra prueba más de la arbitrariedad institucional y poder uniforme de la justicia de la razón del Estado de varios partidos que en él cohabitan.
Llamar «pueblo» a los gobernados es un recurso para apelar a la bonhomía de quien dice defenderlo dándole prestigio frente al común. El uso demagógico de la palabra para crear una ficción que sustituya la realidad de lo político no es nuevo. El concepto de soberanía popular, sin ir más lejos.
Esta vez se trata de dar un efecto bruñidor a lo que no es más que otro cementerio de elefantes para los quemados de la política, premiando los servicios prestados en una institución tan inútil como prescindible si existieran diputados de distrito. El Consejo de Estado (¿un Estado aconsejado?), los Consejos de Administración de las empresas energéticas o de grandes corporaciones se le equiparan como retiros dorados.
Sin embargo, «el pueblo», los gobernados, están indefensos frente al poder único de los partidos que controlan el Estado, suplantan a la nación y someten a la Justicia desde la elección de sus cuadros de mando hasta su presupuesto. De eso su «defensor» no dice ni pío.
Y es que puede decirse sin temor a equivocación que en un país en el que exista el Defensor del Pueblo no hay democracia puesto que de concurrir los elementales principios que configuran esta forma de gobierno (representación y separación de poderes) no tendría sentido algo así.
• La carne de laboratorio es una realidad cada día más cercana. • Comerla permitiría luchar contra el cambio climático y evitar futuras pandemias. • Bill Gates lleva invirtiendo en el desarrollo de la carne sintética desde 2013.
Los países ricos deberían empezar a consumir solamente carne sintética”, ha dicho Bill Gates recientemente. No es de extrañar que el fundador de Microsoft se exprese así: tras el escenario de la pandemia, se prevé una escasez global de alimentos ricos en proteína animal, advertía la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación el pasado mes de junio. ¿Tendrá razón Bill Gates? ¿Salvaremos el planeta y evitaremos más pandemias comiendo carne de laboratorio? (…).
Asimismo, en el diario Expansión, se puede leer en la noticia de 1 de febrero de 2020 titulada «Bill Gates se convierte en el mayor propietario de tierras agrícolas de EEUU», lo siguiente:
Con un patrimonio neto de 121.7 mil millones de dólares, Bill Gates se ha convertido ahora en el rey de las tierras agrícolas. Se calcula que sus tierras, diseminadas por 18 estados, ocuparían un área similar a siete veces Manhattan.
Bill Gates es un terrateniente. Sí, también es el cofundador de Microsoft y el cuarto hombre más rico del mundo. Pero si algo le diferencia de los otros multimillonarios es que Bill tiene latifundios por todo lo ancho y largo de los Estados Unidos de América. Entre él y su mujer, Melinda, poseen 242.000 acres de tierra de cultivo.
Por último, en la Sexta TV, se puede leer, en la noticia de fecha 11 de mayo de 2019, titulada «Bill Gates financia la hamburguesa vegana que quiere conquistar España tras vender 75 millones de unidades en todo el mundo», lo siguiente:
Detrás del fondo filantrópico que hace una donación millonaria a la fundación animalista española ‘Igualdad Animal’ están dos jóvenes multimillonarios: Dustin Moskovitz y Cari Tuna. Moskovitz es uno de los cofundadores de Facebook.
Fue Bill Gates el que convenció a Moskovitz para crear una iniciativa en la que 1.000 millonarios se comprometieron a donar en vida gran parte de sus fortunas a causas benéficas.
Además de a la causa vegana, invierten en una empresa llamada ‘IF’, donde crean hamburguesas conocidas con el nombre de ‘Beyond Burger’ que no están hechas de carne, pero saben y parecen carne. Lo hacen con el objetivo final de reducir el consumo de carne animal y la ganadería.
Bill Gates, el fundador de Microsoft, financia esta hamburguesa que ahora quiere conquistar España tras vender 75 millones de unidades en todo el mundo. Gonzalo Mijangos, uno de sus distribuidores en España, indica que las previsiones que tenían “para el mercado español realmente han saltado por los aires, están superadísimas”.
“Esta famosa hamburguesa de Bill Gates es una maravilla de la técnica porque a la vista parece carne picada, e incluso en la plancha reacciona como la carne. Entre sus ingredientes está el agua, extracto de proteína de guisante, arábica, colorante o almidón modificado”, explica Mijangos.
Sin embargo, Gonzalo Mijangos defiende que, a pesar de cumplir con la denominación de ultra-procesado, “eso no quiere decir que no sea saludable”. “No tiene ningún conservante y es más saludable que su contraparte de origen animal”, señala.
A la pregunta de qué la echan para que la hamburguesa tenga olor y sabor a carne, Mijangos responde que “es un poco la fórmula de la Coca-Cola”.
Pues bien, respecto a ello el espíritu de Von Mises, plasmado material y perpetuamente en su magna obra La acción humana (1949), ya contestó, antes de que naciera, al informático transganadero Bill Gates:
Las necesidades fisiológicas —se ha dicho— en todos los hombres son idénticas; tal identidad, por tanto, brinda una pauta que permite apreciar en qué grado se hallan objetivamente satisfechas.
Quienes emiten tales opiniones y recomiendan seguir esos criterios en la acción de gobierno, pretenden tratar a los hombres como el ganadero trata a sus reses. Se equivocan al no advertir que no existe ningún principio universal que pueda servir de guía para decidir una alimentación que fuera conveniente para todos. El que al respecto se sigan unos u otros principios dependerá íntegramente de los objetivos que se persigan. El ganadero no alimenta a las vacas para hacerlas más o menos felices, sino para alcanzar determinados objetivos. Puede ser que quiera incrementar la producción de leche o de carne, o tal vez busque otras cosas. ¿Qué tipo de personas querrán producir esos criadores de hombres? ¿Atletas o matemáticos? ¿Guerreros o jornaleros? Quien pretenda criar y alimentar hombres con arreglo a un patrón preestablecido en verdad desea arrogarse poderes despóticos y servirse, como medios, de sus conciudadanos para alcanzar sus propios fines, que indudablemente diferirán de los preferidos por aquellos.
Mediante sus subjetivos juicios de valor, el individuo distingue entre aquellos que le producen más satisfacción y lo que le satisface menos. En cambio, el juicio de valor emitido por una persona con respecto a la satisfacción de un tercero nada dice acerca de la real satisfacción personal de este último. Tales juicios no hacen más que proclamar cual es el estado en que quien los formula quisiera ver al tercero. Esos reformadores que aseguran perseguir la máxima satisfacción general no hacen más que expresar la situación ajena que conviene a sus propios intereses.
A mayor abundamiento, como respondió aún más satisfactoriamente D. Antonio García-Trevijano, sin libertad política colectiva, somos reses sin verdaderos derechos, en el sentido de cosas pecuniarias a intercambiar o aun prescindibles sin precio. Sin libertad política colectiva, controladora del poder, no somos personas, ni siquiera hombres, somos el ganado del terrateniente de turno para que haga con nosotros lo que quiera, servidumbre voluntaria mediante.
La honradez alimenta la honradez y la corrupción alimenta la corrupción.
Susan-Rose Ackerman
En la primera parte —ya publicada— de este artículo hablé de los costes de la corrupción, hayan sido estos cuantificados y tasados, u ocultos.
Se trata de una corrupción que en España atañe mayoritaria y directamente a los partidos incrustados en el Estado y que ha generado un modelo genuinamente «transversal» dado que afecta a todos ellos.
La corrupción política de la España actual tiene su origen en el consenso fundador posfranquista, un pacto entre los partidos que pugnan por la conquista del Estado y su posterior saqueo. De ahí deriva el extraordinario número de casos —más de 100 al año entre los años 2000 y 2018— y las escandalosas cifras de corrupción —superando ampliamente los 124.000.000.000 euros—.
El régimen de partidos ha perfeccionado su sofisticada maquinaria, bien sea para la financiación ilegal, para el pago de campañas electorales, para el establecimiento de redes clientelares, para la fundación de un universo de empresas y organismos públicos creados ad hoc para pagar con un despacho al fiel tiralevitas del partido, o bien para favorecer a familiares y amigotes con un ocioso destino galdosiano a cuenta del erario público. No existe control alguno sobre sus actuaciones. Sus empleados, los que integran las listas, gozan de un sistema prebendario de uso exclusivo (manga ancha en todos sus negocios, situándose por encima de sus propias leyes, gracias a los aforamientos). Gestores eficacísimos de los sobrecostes, los partidos del Estado, con sus perversas alianzas, son los que succionan la savia y los recursos más valiosos de la sociedad.
Si un sistema político genera corrupción, creando una extractiva industria política, deja de ser un sistema político y pasa a convertirse en un régimen de poder; un régimen fundamentado en todo tipo de corrupciones, desde las primeras traiciones fundadoras a la corrupción moral, de las ideas, o la económica.
Los controles sobre la corrupción política en la partidocracia española son sólo apariencia (véase como se vetan las comisiones de investigación parlamentarias porque el investigado tiene mayoría sobre los que piden la rendición de cuentas) como lo es también la separación de poderes o la independencia judicial.
Ante tan bajo precio, es lógico inferir que la corrupción haya devenido en metástasis.
Tampoco hay que esforzarse mucho para colegir que no existe, ni puede existir, ninguna solución final para el problema de la corrupción. Pero sí sistemas más eficaces de control.
No es asunto de tener confianza o fe en el denominado representante político, sino de que exista presión ciudadana en la fiscalización de su gestión. Este tipo de fuerza sólo es susceptible de producirse en un sistema representativo de distritos pequeños, con la suficiente competencia entre los candidatos a ocupar el cargo, a sabiendas de que la confianza depositada en ellos tendría un alto coste si se llegara a traicionar.
Llegar a escuchar la voz de los partidos débiles y candidatos independientes, integrados en la sociedad civil y pegados a las aceras de su distrito, sería el resultado del paso de un Estado de corrupción sistémica a un Estado de baja corrupción. Aquellos se harían fuertes ante los malos gobernantes mediante el compromiso adquirido con sus electores, sometiéndose al escrutinio ciudadano y al de sus rivales políticos que, extremando las medidas de vigilancia, fundamentadas en la desconfianza de origen, convertirían en menos apetecible, por las consecuencias, la transacción corrupta.
Hoy, en el vigésimo segundo capítulo de «La cátedra de Dalmacio», presentado y conducido por Enrique Baeza, Dalmacio Negro Pavón (catedrático de Ciencias Políticas y autor de numerosos artículos y libros) disertará sobre el cientificismo como arma ideológica y las limitaciones biológicas del ser humano para enfrentarse al mundo que le rodea.
Libros :
«Revelar se vende» de J. Heath, A. Potter
«Naturaleza, Historia, Dios», «La esencia» y «La realidad» de Javier Zubiri
Recientemente se han dictado dos resoluciones judiciales que hacen que los difamadores habituales contra el MCRC queden en el más rotundo ridículo.
La primera de ella es la confirmación del sobreseimiento favorable a la asociación acordado por la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Madrid mediante Auto de 19 de enero de 2021, que previamente había sido decretado por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Pozuelo de Alarcón, mediante resolución de la misma clase, de fecha 10 de febrero de 2.020 en sus Diligencias Previas 624/2019.
En este procedimiento, cuyo archivo se ratifica en segunda y última instancia, el querellante dirigía la acción penal, entre otras personas físicas y jurídicas, contra el MCRC, acusando a la asociación de graves delitos en relación con donaciones recibidas, cuyas alegaciones de opacidad e irregularidad quedaron en ridículo tras aportarse todos los datos y circunstancias relativas a tales aportaciones, demostrando la total transparencia de las cuentas y la absoluta legalidad de la gestión de la asociación. La desestimación del recurso de apelación por la Sala confirma ahora el sobreseimiento.
Por otro lado, el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Pozuelo de Alarcón ha dictado en fecha 23 de febrero de 2021 Decreto de sobreseimiento, esta vez en causa civil, de la demanda que dio lugar a su procedimiento ordinario 24/2020 por la que el derrotado aspirante a tesorero en la última asamblea para elección de cargos impugnaba la licitud de su convocatoria, los acuerdos alcanzados y en consecuencia el nombramiento de la junta directiva que de allí salió.
En este caso el ridículo no puede ser mayor puesto que dicho sobreseimiento deviene del impotente y aun grotesco desistimiento del actor días antes de la audiencia previa tras obtener su demanda la contundente y fundada contestación del MCRC oponiéndose a los motivos con que se pretendía sustentar la acción. Una rendición procesal en toda regla.
Estas resoluciones judiciales cierran las bocas de la difamación en papel de oficio. Las disculpas de quienes la han sustentado y propagado sembrando la duda sobre la probidad de la asociación, sus miembros y todos aquellos que con sacrificio personal se han implicado e implican directamente en su gestión y colaboración activa debiera venir de consuno.
Sin embargo, no cabe esperar nada al respecto, pues tal actuar exige valor y dignidad, de lo que los difamadores por definición carecen. El contenido de estas resoluciones servirá, eso sí, para sustentar a futuro las acciones judiciales contra quienes continúen manteniendo la infamia con publicidad y desprecio a la verdad según lo ya examinado judicialmente.
Pedro Manuel González, autor del libro «La Justicia en el Estado de partidos», analiza, en el capítulo nº 48 de «La lucha por el derecho», los motivos que han podido llevar a la Fiscalía General del Estado a dar instrucciones para solicitar la liberación del excomisario José Manuel Villarejo.
La búsqueda y conquista de un período de libertad constituyente por una mayoría de españoles representados en unas cortes constituyentes podrían fundar la libertad política colectiva en España, una república constitucional fundadora y garante de las libertades y derechos.
Antonio García-Trevijano Forte, 25 de Octubre del 2016.
La tentación de corromperse y corromper para obtener un beneficio, prebenda, o cualquier tipo de ventaja de las instituciones públicas es un tema ampliamente tratado que, pese a la cantidad de soluciones y reformas propuestas por los especialistas de las diferentes disciplinas que estudian el fenómeno de la corrupción, parece difícil —por los intereses que se hallan en juego— que pudieran llegar a implantarse.
La transacción corrupta va de la picaresca de un ciudadano poco ejemplar hasta los grandes escándalos multimillonarios. Cuando se materializa, aparecen dos figuras: la del corruptor y la del funcionario corrupto. El primero ofrece un soborno al segundo y éste le corresponde en forma de favor administrativo. En los países aún en vías de desarrollo y con Estados débiles la corrupción viene a impregnar a todas las capas sociales en su relación con las administraciones públicas. Desde las «mordidas» al funcionario de turno a las comisiones en los contratos con la Administración.
Estas corrupciones suelen tener como objetivo la agilización de trámites o la obtención de algún pequeño beneficio o ventaja, en los casos de corrupción en el escalafón más bajo del funcionariado. Y, ante las élites gobernantes, son las grandes compañías privadas quienes tienen la posición de fuerza, haciendo efectiva en la persona del soberano y sus elegidos la partida presupuestaria destinada al soborno.
La corrupción es una anomalía económica y política que florece en los sistemas o regímenes políticos que la toleran, bien sea porque opera como factor de gobierno, utilizando el concepto de Antonio García-Trevijano, bien porque intencionadamente no se ponen los medios para combatirla.
También en las llamadas democracias —palabra ésta que ha elevado el rango del significado común del término polisemia— la corrupción política encuentra su acomodo. Las grandes corporaciones obtienen enormes beneficios de la corrupción mediante los lobbys sin control, con la cómplice opacidad de los Gobiernos y parlamentos.
Odón Elorza reconoció, en el marco de la presentación del proyecto impulsado por Transparencia Internacional España, el pasado 15 de febrero de 2021, denominado «Avances y retos en transparencia e integridad en el Congreso de los Diputados y el Senado de España» que «hay que regular los lobbys».
A estas jornadas de Transparencia Internacional España fueron invitados todos los grupos políticos, algunos de los cuales excusaron su asistencia alegando compromisos previos. Quienes si estuvieron fueron Meritxell Batet —presidenta del Congreso de los Diputados—, Edmundo Bal —de Ciudadanos— y el ya citado Odón Elorza, entre otros de la pléyade partitocrátrica.
Otro asunto importante a raíz de estas jornadas es la Declaración de bienes y rentas de diputados y senadores, a la que Transparencia Internacional España dedica este comentario y, que reproduzco íntegramente:
Una de las fuentes de información de transparencia parlamentaria más importante es la Declaración de Bienes y Rentas de Diputados y Senadores, a la que se presta gran atención al inicio de cada legislatura. Sin embargo, se ha podido constatar que este mecanismo de control presenta numerosas deficiencias: insuficiente información y especial dificultad para la accesibilidad, la interoperabilidad, la investigación y la monitorización de la información por parte de la ciudadanía.
En el estudio realizado durante el desarrollo de Integrity Watch se ha podido constatar que la dificultad para acceder a esta información tiene su origen en diversas causas: (I) las limitaciones del modelo actual del formulario de declaración; (II) el escaso cumplimiento de las instrucciones que contiene el propio formulario para su correcta cumplimentación; (III) la falta de directrices detalladas que tienen los parlamentarios para rellenar el formulario, lo cual genera heterogeneidad de las declaraciones y, a su vez, discrepancia de la información brindada y (IV) la no disponibilidad de las declaraciones en formatos reutilizables.
En un informe del diario El País, fechado el 25 de mayo de 2018, el número de casos de corrupción en España desde el año 2000 sobrepasaba los dos mil expedientes, entre grandes tramas y otros casos menores. Y la cifra que ofrece casos-aislados.com sobre el coste de la corrupción asciende a 124.124.090.826 euros.
En el índice de la percepción de la corrupción (IPC), correspondiente a 2020, y que hace público Transparencia Internacional, España se sitúa en el puesto 32 de 100.
En todos los casos, la corrupción siempre tiene costes muy altos. Los más evidentes son las cifras, tan a menudo escandalosas, que se sustraen del dinero público. Pero también los elevadísimos costes ocultos, como el precio que paga la sociedad por albergar la corrupción.
Esta situación debería hacernos pensar, no solo en el alcance y el coste astronómico de la corrupción y la tibieza en perseguirlo, sino también en sus causas. Y estas se hallan, todas, en el Régimen que permite la corrupción. La omnipotencia de los partidos integrados en el Estado extiende sus redes clientelares hasta los lugares más alejados, favoreciendo intereses privados a cambio de comisiones en las contrataciones, o cualquier otra forma sencilla o compleja de corrupción.
En España, la corrupción es pieza fundamental en el origen y posterior funcionamiento del Estado posfranquista. No podríamos asegurar cuáles serían las consecuencias si ésta desapareciese de manera repentina.
Para atajar políticamente el problema de la corrupción y los costes que conlleva, debemos dotarnos de las reglas de la democracia formal, con una efectiva y rígida separación de los poderes del Estado y la representación real, mediante la elección uninominal del representante político por parte de la ciudadanía. Sólo un sistema competitivo de representantes de distrito, con la espada de Damocles de la revocación, empuñada por sus electores, puede forzar y asegurar la honradez del representante político.
Solo la nación, representada en la cámara representantes, puede fiscalizar y contraponer su poder al del ejecutivo.
Transparencia Internacional.
Rose-Ackerman, S. (2001). La corrupción y los gobiernos: causas consecuencias y reforma. Madrid: Siglo XXI de España Editores.
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