La tentación de corromperse y corromper para obtener un beneficio, prebenda, o cualquier tipo de ventaja de las instituciones públicas es un tema ampliamente tratado que, pese a la cantidad de soluciones y reformas propuestas por los especialistas de las diferentes disciplinas que estudian el fenómeno de la corrupción, parece difícil —por los intereses que se hallan en juego— que pudieran llegar a implantarse.

La transacción corrupta va de la picaresca de un ciudadano poco ejemplar hasta los grandes escándalos multimillonarios. Cuando se materializa, aparecen dos figuras: la del corruptor y la del funcionario corrupto. El primero ofrece un soborno al segundo y éste le corresponde en forma de favor administrativo. En los países aún en vías de desarrollo y con Estados débiles la corrupción viene a impregnar a todas las capas sociales en su relación con las administraciones públicas. Desde las «mordidas» al funcionario de turno a las comisiones en los contratos con la Administración.

Estas corrupciones suelen tener como objetivo la agilización de trámites o la obtención de algún pequeño beneficio o ventaja, en los casos de corrupción en el escalafón más bajo del funcionariado. Y, ante las élites gobernantes, son las grandes compañías privadas quienes tienen la posición de fuerza, haciendo efectiva en la persona del soberano y sus elegidos la partida presupuestaria destinada al soborno.

La corrupción es una anomalía económica y política que florece en los sistemas o regímenes políticos que la toleran, bien sea porque opera como factor de gobierno, utilizando el concepto de Antonio García-Trevijano, bien porque intencionadamente no se ponen los medios para combatirla.

También en las llamadas democracias —palabra ésta que ha elevado el rango del significado común del término polisemia— la corrupción política encuentra su acomodo. Las grandes corporaciones obtienen enormes beneficios de la corrupción mediante los lobbys sin control,  con la cómplice opacidad de los Gobiernos y parlamentos.

Odón Elorza reconoció, en el marco de la presentación del proyecto impulsado por Transparencia Internacional España, el pasado 15 de febrero de 2021, denominado «Avances y retos en transparencia e integridad en el Congreso de los Diputados y el Senado de España» que «hay que regular los lobbys».

A estas jornadas de Transparencia Internacional España fueron invitados todos los grupos políticos, algunos de los cuales excusaron su asistencia alegando compromisos previos. Quienes si estuvieron fueron Meritxell Batet —presidenta del Congreso de los Diputados—, Edmundo Bal —de Ciudadanos— y el ya citado Odón Elorza, entre otros de la pléyade partitocrátrica.

Otro asunto importante a raíz de estas jornadas es la Declaración de bienes y rentas de diputados y senadores, a la que Transparencia Internacional España dedica este comentario y, que reproduzco íntegramente:

Una de las fuentes de información de transparencia parlamentaria más importante es la Declaración de Bienes y Rentas de Diputados y Senadores, a la que se presta gran atención al inicio de cada legislatura. Sin embargo, se ha podido constatar que este mecanismo de control presenta numerosas deficiencias: insuficiente información y especial dificultad para la accesibilidad, la interoperabilidad, la investigación y la monitorización de la información por parte de la ciudadanía.

En el estudio realizado durante el desarrollo de Integrity Watch se ha podido constatar que la dificultad para acceder a esta información tiene su origen en diversas causas: (I) las limitaciones del modelo actual del formulario de declaración; (II) el escaso cumplimiento de las instrucciones que contiene el propio formulario para su correcta cumplimentación; (III) la falta de directrices detalladas que tienen los parlamentarios para rellenar el formulario, lo cual genera heterogeneidad de las declaraciones y, a su vez, discrepancia de la información brindada y (IV) la no disponibilidad de las declaraciones en formatos reutilizables.

En un informe del diario El País, fechado el 25 de mayo de 2018, el número de casos de corrupción en España desde el año 2000 sobrepasaba los dos mil expedientes, entre grandes tramas y otros casos menores. Y la cifra que ofrece casos-aislados.com sobre el coste de la corrupción asciende a 124.124.090.826 euros.

En el índice de la percepción de la corrupción (IPC), correspondiente a 2020, y que hace público Transparencia Internacional, España se sitúa en el puesto 32 de 100.

En todos los casos, la corrupción siempre tiene costes muy altos. Los más evidentes son las cifras, tan a menudo escandalosas, que se sustraen del dinero público. Pero también los elevadísimos costes ocultos, como el precio que paga la sociedad por albergar la corrupción.

Esta situación debería hacernos pensar, no solo en el alcance y el coste astronómico de la corrupción y la tibieza en perseguirlo, sino también en sus causas. Y estas se hallan, todas, en el Régimen que permite la corrupción. La omnipotencia de los partidos integrados en el Estado extiende sus redes clientelares hasta los lugares más alejados, favoreciendo intereses privados a cambio de comisiones en las contrataciones, o cualquier otra forma sencilla o compleja de corrupción.

En España, la corrupción es pieza fundamental en el origen y posterior funcionamiento del Estado posfranquista. No podríamos asegurar cuáles serían las consecuencias si ésta desapareciese de manera repentina.

Para atajar políticamente el problema de la corrupción y los costes que conlleva, debemos dotarnos de las reglas de la democracia formal, con una efectiva y rígida separación de los poderes del Estado y la representación real, mediante la elección uninominal del representante político por parte de la ciudadanía. Sólo un sistema competitivo de representantes de distrito, con la espada de Damocles de la revocación, empuñada por sus electores, puede forzar y asegurar la honradez del representante político.

Solo la nación, representada en la cámara representantes, puede fiscalizar y contraponer su poder al del ejecutivo.


  • Transparencia Internacional.
  • Rose-Ackerman, S. (2001). La corrupción y los gobiernos: causas consecuencias y reforma. Madrid: Siglo XXI de España Editores.
  • El diario El País.
  • casos-aislados.com

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