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martes 30 diciembre 2025
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Solidaridad con Grecia

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La crisis fiduciaria de Grecia hizo ver la falta de solidaridad de la UE. Como ejemplo, Antonio García-Trevijano cuenta una anécdota que hacía durante el franquismo.
La afinidad cultural por la religión cristiana ortodoxa entre Grecia y Rusia hizo creer a la opinión pública que Grecia pudiera ser rescatada por Rusia.
Por último distingue entre ciudadano, concepto griego y conciudadano, concepto romano.

Antonio García-Trevijano Forte, 1 de febrero del 2015.

Fuente RLC:
https://go.ivoox.com/rf/4024946

Música: Misa en Si menor BWV 232 Credo: Et resurrexit J.S.Bach

Concordia e indulto

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Plaza de la Concordia (París).

La concordia es la excusa para Sánchez y a la vez el óbice para Lesmes en orden a conceder el indulto a los condenados por sedición. Ni el presidente del Gobierno ni el del Tribunal Supremo, que lo es a la vez del Consejo General del Poder Judicial, son conscientes de la profundidad de sus palabras y de cómo desenmascaran las miserias del régimen partidocrático.

Como señala García-Trevijano con mayor precisión que Ortega y Gasset, quien ya lo adelantara, la concordia es el banderín de enganche para el reparto del botín del Estado. En Francia, tras la muerte de Robespierre a manos de quienes temían ser víctimas de éste, se inauguró la plaza de la Concordia como símbolo de la paz del cementerio, en la que antiguos enemigos se abrazaban. En la España del consenso de los partidos los enemigos políticos también se abrazan juntos en el reparto del Estado.

La propia etimología de la palabra expresa un concepto religioso, un pulso del corazón latiendo al unísono que tiene una traducción política: la oligarquía —en este caso, de los partidos estatales—.

Es ridículo apelar a la concordia cuanto lo que pretende el Gobierno no es un indulto, sino una amnistía encubierta ya que, generalizándolo a todos los autores de la misma conducta criminal, se persigue satisfacer a sus socios separatistas no tanto perdonando la pena, sino despenalizando el delito. Las paralelas intenciones legislativas de reforma del Código Penal lo avalan.

Si optan por indulto y no por la amnistía no solo es por las dificultades jurídicas de esta última opción (que a mi juicio, y con Gimbernat, son auténtica imposibilidad dentro del marco legislativo vigente), sino por sus efectos electorales negativos.

Sin embargo, en términos de política criminal el indulto es todavía más agresivo con la legalidad ordinaria que la amnistía, y denota miseria de carácter.

En efecto, y como ya apreciara Bacon, el indulto premia una conducta delictiva e invita a cometerla a futuro a otros, incentivando el ilícito. Es peor que el delito. ¿Cómo no van a incurrir nuevamente en delito de sedición los separatistas, si cuentan con la perspectiva de que saldrá gratis?

Eso sin contar con la desautorización de la ya de por si sumisa Justicia, dejando sin efecto sus resoluciones. Porque eso significan el indulto y amnistía. Medidas de gracia excepcionantes del monopolio de la función jurisdiccional de juzgar y hacer cumplir lo juzgado. Mientras la amnistía perdona el delito, el indulto condona la pena.

El indulto rompe el monopolio jurisdiccional de la Justicia de hacer cumplir lo juzgado en firme, sustrayendo y excepcionando esa facultad, que entrega al ejecutivo. Y la gracia sólo la puede dar quien tiene el poder para otorgarla por su posición de superioridad. Por eso, su reconocimiento constitucional supone asumir la preponderancia del ejecutivo sobre el judicial y el sometimiento de éste como instancia instrumental de la política.

La amnistía supondría ese mismo excepcionamiento por vía de ley, negando el monopolio de la facultad jurisdiccional en favor del legislativo, que es en este caso quien concede la gracia. Pero sin representantes verdaderos sujetos al mandato imperativo de sus electores, cualquier ley de amnistía, de ser posible, tan solo sería otra farsa.

El miedo que pone en riesgo la existencia o conquista de la libertad política colectiva

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El grito (Edvard Munch).

Hay autores de daños materiales a la sociedad cuyo blanco de ataque son los Estados o los Gobiernos. En estos casos los agresores plantean un desafío al monopolio de la fuerza del Estado. Para combatirlos los Gobiernos optan entre dos formas de defensa, cada una con consecuencias diferentes, como vemos enseguida:

Cuando el Gobierno desafiado induce miedo en la sociedad civil, este miedo hace que una parte considerable de ella busque depender del Estado. Y si, por el contrario, quienes tienen el poder no introducen miedo, en la sociedad no se presenta tendencia alguna hacia la dependencia del Estado.

Muchos son los males que el Estado combate para mantener su monopolio del uso de la fuerza en la sociedad, pero es la observación del fenómeno del terrorismo la que permite ver con mayor claridad que el miedo no proviene del ataque sino de una determinada clase de reacción al ataque. Los que tienen el poder del Estado dicen que en este caso la causa del perjuicio son los terroristas y que, para tranquilidad de la población, el Estado va a eliminar o reducir a la impotencia. Para cumplir con este fin, ante un atentado, ordenan a las unidades de fuerza pública que apliquen ésta sobre los responsables del acto, y que los entreguen a las autoridades judiciales.

Pero, al mismo tiempo que dan las órdenes a la fuerza pública, los jefes del poder ejecutivo, con muy pocas excepciones, emiten mensajes a los gobernados sobre el peligro que, supuestamente, los amenaza, utilizando un vocabulario exaltado que hace ver a los terroristas como seres con una perversidad y capacidad letal extraordinarias. De esta manera, la población que, por lo general, no estaba atemorizada, comienza a tener miedo.

En realidad, el terrorismo muy pocas veces causa temor en las poblaciones, pues lo único que despierta en éstas es consternación e indignación. Es la reacción de los Gobiernos ante los actos de terrorismo los que producen miedo en las comunidades, o la que lo potencia si algo de él existía. Por eso, el objetivo inmediato de los terroristas no es amedrentarlas, sino hacer reaccionar a los jefes de Gobierno de tal manera que éstos, a través de su torpeza habitual, sean los que las atemoricen por ellos.

Una vez así atemorizada una sociedad, el terrorismo puede comenzar a cosechar los frutos de su victoria, que son los objetivos políticos específicos, que arranca de los que tienen el poder del Estado. Y las acciones de la fuerza pública ya se vuelven irrelevantes, pues lo que el terrorismo buscaba ya se ha cumplido, incluso antes de que esa fuerza comenzara a ejecutar sus operaciones.

Mas, con frecuencia, cuando la sociedad es atemorizada por el terrorismo, vía su propio Gobierno, ella puede ser usada en forma repetida para la obtención de nuevos y variados fines políticos, que pudieran concebir los agresores.

Después del triunfo del terrorismo frente al Estado, los que a éste dirigen, con la finalidad de ser más eficaces en su lucha contra aquél, restringen o suprimen, bajo ciertas condiciones, algunas libertades, tales como la de circulación, reunión o expresión. Con esto, los ineptos gobernantes que ya han fracasado en su lucha por conjurar la fuente del peligro para la sociedad, esperan deshacerse de las cortapisas que les ha impedido aplicar aún mayor cantidad de fuerza física a la solución de su problema.

Con frecuencia, las medidas restrictivas de las libertades se vuelven costumbres al olvidarse la fuente de su origen. Por eso, cuando alguien que sea avisado observa acciones de la fuerza pública que no tienen ningún sentido, como inspecciones policiales rutinarias sobre las personas en las vías públicas, sin que haya ninguna posibilidad de comisión de delito o hecho que cause perjuicio público a la vista, puede darse cuenta de que en el pasado ahí ha habido un fracaso del Estado en su lucha contra una o varias amenazas sobre la sociedad.

Si la amenaza, el miedo, las medidas restrictivas de las libertades y la aplicación de la fuerza aún persisten después de años o décadas de haber ocurrido por la primera vez, significa que los agentes que buscan fines políticos con la amenaza aún están activos y arrancando concesiones de los que dirigen el Estado. Pero el elemento principal y esencial de este cóctel es el miedo, pues sin él los autores de las amenazas nada tendrían que ganar y hace mucho que habrían renunciado a ellas.

Por consiguiente, cuando los jefes de los Gobiernos descubren que sin miedo de la sociedad ninguna clase de terrorismo puede subsistir, ante cualquier amenaza de esta clase deberían dejar de reaccionar como lo hacen. Es decir, deberían abstenerse de calificar a los agentes del terrorismo como amenazas excepcionales de producción de daño a la sociedad, pues la fuente del miedo es esa reacción, no el terrorista ni su acto en sí mismos.

A decir verdad, ni los actos de terrorismo ni las acciones del Estado contra ellos deberían ser diferenciados de los otros hechos delictivos y la lucha estatal contra estos. No hay razón para hacerlo. Es más, hay muchos agentes que cometen delitos comunes muy dañinos contra la sociedad, y que producen consternación e indignación, en vez de miedo. Pero si el Estado falla en el cumplimiento de su función de perseguir adecuadamente el delito, la indignación social se vuelca contra los que ejercen el poder y, poco después, la ley del más fuerte comienza a imponerse en substitución del Estado.

Cabe preguntarse entonces, ¿por qué si los que gobiernan saben o deberían saber que es el miedo el factor del éxito del terrorismo, reaccionan ellos de aquélla habitual manera? Parece que la respuesta es que esa reacción casi siempre se presenta porque ellos no saben que la misma es la que causa el miedo. En esta categoría se encuentra, por ejemplo, el mandatario colombiano entre el 2002 y el 2010, Álvaro Uribe, que se refería a las guerrillas y grupos violentos que perseguían fines políticos con un lenguaje exagerado, que daba proporciones fuera de límites a la capacidad malhechora de estos actores. Él lo hacía por imitación del entonces presidente de los Estados Unidos George W. Bush, quien por ineptitud y falta de inteligencia, ante los atentados del 11 de septiembre de 2001 adoptó un discurso exaltado contra los autores de ese terrorismo.

Afortunadamente para los colombianos, Álvaro Uribe era un presidente competente y hábil, que a pesar de su erróneo discurso supo combatir y neutralizar eficientemente a los violentos. Por eso, durante ese periodo la sociedad colombiana no tuvo miedo. En cambio, en los Estados Unidos una parte de la sociedad americana, que hasta entonces había sido serena y desprevenida, se volvió insegura y desconfiada, por el miedo introducido por la oratoria torpe del presidente Bush.

El miedo de esa parte de la sociedad norteamericana, junto con la inseguridad y la desconfianza que su miedo le produjeron, han llevado a este grupo poblacional a cambiar su tradicional forma de pensar y sentir. Si hace veinte años era inconcebible la idea de que un grupo apreciable de americanos quisiera tan siquiera aceptar el amparo de un cheque estatal bisemanal de desempleo, ante una calamidad pública, por un periodo prolongado, hoy es casi la mitad de la población americana la que busca ese amparo, ante el temor que siente de la amenaza del coronavirus.

Asimismo, si antes era inimaginable que una cantidad apreciable de americanos celebrara que las corporaciones más ricas del mundo suprimieran la expresión de otros americanos, hoy casi la mitad de los mismos estadounidenses que antes criticaban con acerbidad el poder corporativo, aplauden que Facebook, Amazon y Google eliminen los mensajes de la otra mitad de estadounidenses. Tienen miedo de que esos mensajes echen a perder la democracia americana. Se han vuelto incautos y creen todo lo que el establecimiento, la gran prensa televisiva, hablada o escrita, los que les prometen un cheque periódico o el doctor Fauci les digan.

El miedo inducido desde el poder arruina el valor personal y hace que masas enormes de población se entreguen a supuestos protectores que prometen suprimir la amenaza. Perdido el coraje, esas poblaciones pueden no solamente permitir que los Estados se vuelvan totalitarios, sino que ellas pueden urgir que eso sean y, finalmente, pueden quedar a merced no solamente de los que mandan, sino de los dineros y organizaciones de los aliados de los que mandan.

Hipócrita ilegalización de partidos

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Pedro Manuel González, autor del libro «La Justicia en el Estado de partidos», aclara, en el capítulo nº 59 de «La lucha por el derecho», cómo la república constitucional ideada por García-Trevijano opera respecto a todos los partidos políticos sin excepción sacándolos del Estado para anclarlos a la sociedad civil de la cual surgen, en contraposición al Estado de partidos hoy vigente, el cual los enajena de la sociedad civil financiando su actividad desde el propio Estado y donde la amenaza de su ilegalización revela, por tanto, un pilar fundamental de este régimen: privarles de las prebendas de las cuales el resto de partidos del Estado hoy se benefician.

Ucrania, Rusia, China, OTAN

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El golpe de Estado en Ucrania provocó la fractura y una guerra civil.

La OTAN continúa rodeando a Rusia bajo la propaganda de la amenaza rusa.

Antonio García-Trevijano Forte, 1 de febrero del 2015.

Fuente RLC:
https://go.ivoox.com/rf/4024946

Música: Misa en Si menor BWV 232 Credo: Et resurrexit J.S.Bach.

¿Qué sucede en Colombia?

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Hoy publicamos el cuarto capítulo del programa «Escenario internacional» para analizar, conocer y comprender la crisis y los disturbios surgidos recientemente en Colombia.

Han intervenido en el programa Fulgencio del Hierro y Fabián Moreno.

Fidelización tributaria de la oligarquía

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Pedro Manuel González, autor del libro «La Justicia en el Estado de partidos», nos habla, en el capítulo nº 58 de «La lucha por el derecho», de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y de la posibilidad de una deducción parcial de la contribución de los gobernados a los partidos políticos, conviertiéndose así dicha deducción en un premio fiscal a la servidumbre voluntaria de los españoles respecto a la clase política partidocrática.

Tic-tac. Psicología de masas

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Con el tic-tac el partido estatal Podemos hizo popular un infantil eslogan para hacer creer que votando a Pablo Iglesias caería el llamado régimen del 78.

Antonio García-Trevijano Forte, 1 de febrero del 2015.

Fuente RLC:
https://go.ivoox.com/rf/4024946

Música: Bourée BWV232 J.S.Bach

Premio fiscal por servidumbre voluntaria

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Como cada año, llega la implacable obligación de retratarse tributariamente con la correspondiente declaración del Impuesto sobre la Renta. Y también, como cada año, al lado de «Iglesia» y «Organizaciones Notoriamente Gubernamentales», que mendigan su asignación tributaria anual solicitando que marquemos la correspondiente casilla de nuestra declaración de la renta, los partidos políticos imponen también su presencia.

El artículo 68.3 c) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF), junto a las deducciones por donativos a entidades sin ánimo de lucro y asociaciones de utilidad pública, establece la deducción, con un tope de 600 euros, del 20% de las cantidades pagadas como cuotas de afiliación y demás aportaciones realizadas por afiliados, adheridos y simpatizantes de los partidos políticos.

La razón de Estado de los partidos lleva al consenso sobre su preeminencia social y reconocimiento legal como únicos agentes políticos al punto de premiar y fidelizar a quien directamente así lo acepta. La propia existencia de esa deducción significa reconocer la importancia capital de ese papel exclusivo premiando su sustento económico e igualándolo legalmente en términos de justicia tributaria a quien viene obligado a satisfacer unas pensiones a favor de sus hijos, o a asegurarse el futuro tras su retiro.

El IRPF es el impuesto que con intencionalidad redistributiva grava directamente la renta personal del contribuyente contemplando los elementales principios de equidad y justicia tributaria, por lo que sus reglas impositivas deben reflejar los criterios más elementales de adecuación entre la generación de riqueza y la inversión personal de la misma. Más claro agua.

Si el protagonismo único de los partidos como clase política separada de la sociedad civil tiene su reflejo en la forma en que la renta personal es gravada por el Estado, la oligárquica presencia de los sindicatos de Estado no podía ser menor. Por eso también nuestra declaración recoge la reducción en los rendimientos del trabajo de las cuotas satisfechas a los sindicatos, equiparando tal deducción a las aportaciones obligatorias de los profesionales a sus respectivos colegios, sin cuyo abono tienen vedado tal ejercicio profesional y, por tanto, la generación de renta alguna (artículo 19 LIRPF).

La perpetuación de los partidos y sindicatos en el Estado como bien deseado por un poder único e inseparado tiene así su correspondencia en las obligaciones tributarias de los ciudadanos, premiando la aceptación de la servidumbre.

Europa protocolizada

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Hoy, en el vigésimo octavo capítulo de «La cátedra de Dalmacio» (CátD), presentado y conducido por Enrique Baeza, Dalmacio Negro Pavón (catedrático de Ciencias Políticas y autor de numerosos artículos y libros) disertará sobre una larga entrevista recientemente realizada al político francés Phillipe de Villiers. Programa especial en el que, basándose en esta entrevista, se tratarán temas como el transhumanismo, la biopolítica, el Estado y el miedo, los antecedentes históricos a la decadencia de Europa e incluso se realizará un breve repaso a los resultados de las votaciones de la comunidad de Madrid.

https://infovaticana.com/2021/04/24/philippe-de-villiers-el-reinicio-del-mundo-es-realmente-un-borron-y-cuenta-nueva/

Referencias a:
Hobbes
Brage
Tocqueville
Díaz del Corral

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