De acuerdo con la idea nietzscheana de la eterna repetición de lo idéntico expresada en Así habló Zaratustra, Alberto Iturralde y Emilio Triviño hablan de los nuevos partidos, que, como savia nueva, vienen a injertarse, para renovarlo, en el árbol podrido del Estado de partidos. Tales agrupaciones de intereses encauzan la indignación que surge cíclicamente en la sociedad civil contra la corrupción sistémica de la partidocracia, y, tras integrarse plenamente en el régimen, vuelven a provocar la desilusión de los súbditos votantes, y una nueva indignación (que surge, como decía Antonio García-Trevijano, por ignorancia de sus causas) que será pastoreada por nuevas siglas partidistas, tal como ha ocurrido con Podemos y VOX.

Tras la caída de Robespierre, el nuevo gobierno le cambió el nombre a la sangrienta Plaza de la Revolución por el de Plaza de la Concordia. Al tiempo, se abrieron en todo París, como recuerda Antonio García-Trevijano, un gran número de salas de baile y restaurantes de lujo, donde los ricos que habían escapado a la guillotina y sus antiguos verdugos podían encontrarse. El cambio político fue saludado como un triunfo común de verdugos y víctimas, ansiosos de asegurar un nuevo régimen de poder que beneficiara a ambos. Es por eso que un joven Ortega y Gasset decía que había que echarse la mano a la cartera cuando se oía hablar a los políticos de «concordia». Ahora, el presidente del Gobierno partidocrático presenta la concesión de indultos a los políticos presos independentistas (Antonio García-Trevijano, parafraseando a Francis Bacon, decía que el indulto es peor que el mismo delito, pues incita a una masa de malhechores a marchar por esa vía abierta de impunidad) como un sacrificio en bien de la concordia, que hipócritamente hipostasiará en el corrupto consenso de nuestra partidocracia, es decir, la unanimidad en busca del reparto de las prebendas del Estado.

Alberto Iturralde y Emilio Triviño señalan que los indultos que va a conceder el actual gobierno para congraciarse con sus socios independentistas no se darían si existiera separación de poderes, que implicaría elecciones separadas para poder legislativo y ejecutivo, en este caso con una circunscripción electoral única. El presidente elegido contaría, pues, con una amplia legitimidad, que harían innecesarios estos pactos de la vergüenza propios de la partidocracia.

Como señala Luis Escribano: «muchos votantes del PP y Cs siguen creyendo, como buenos fans, que dichos partidos van a luchar contra la corrupción, ya sea propia o de otros partidos. Sin embargo, una vez más se demuestra, mediante otra prueba documental reciente a la que ha tenido acceso este medio, que dichos partidos no sólo no luchan contra la corrupción denunciando actos ilegales, sino que se ponen del lado de querellados que ocuparon cargos en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la etapa del PSOE, tal como revelan ciertos autos judiciales. Dicho documento ha sido conocido el mismo día que se ha aprobado en el Parlamento andaluz la Ley contra el Fraude y la Corrupción y Protección de la persona denunciante, con los votos favorables del PP, Cs y Vox. Las mentiras tienen las patas muy cortas, y la estafa a la nación española se reitera una y otra vez por todos los partidos, como podrán comprobar a continuación. Ni estos partidos ni el resto lucharán contra la corrupción, porque de esta viven los partidos».

Ignacio Ruiz Quintano comenta un titular de «El periódico de las élites»: «como partido en un Estado de partidos, Vox sólo puede hacer dos cosas: política, que es conflicto (según la doctrina oficial, que no puede ser más franquista, el conflicto lleva a la guerra civil como el sexo lleva al infierno o el dinero lleva a la infelicidad), y entonces lo echarán del sistema; o consenso, que es pensar como los demás, sólo que después, y ocuparse de meter en el redil estatal a la derecha descolgada del sistema, y entonces recibirá su prebenda como la foca su sardina.

>> Pero Vox, según el periódico de las élites, “dinamita consensos”, en plural, como corresponde a la “dictadura plural” que obedecemos. Diciendo “consensos” y “políticas” creen vender pluralismo político en la sociedad.

>> – Donde hay políticas, en lugar de política, reina el consenso —resume el hombre que más tiempo y talento dedicó a estudiarlo [Antonio García-Trevijano]—.

>> El consenso, nos avisa, es un acuerdo por unanimidad entre varias voluntades particulares que lo negocian en privado. El consenso, con eso, saca la política de su seno civil para meterla en el Estado, y reduce la libertad de los gobernados a elegir entre dos partidos prebendarios financiados con fondos públicos. El consenso, pues, no es un ente rusoniano de la voluntad general, como nos vendían Leibholz en Europa y García Pelayo en España, donde prosperan dos consensos defendidos por el periódico de las elites: el normativo, dominado por el cinismo, y el expeditivo, dominado por la hipocresía.

>> – Por el consenso normativo, los partidos transfieren al partido en el gobierno “el derecho de no oponerse” a su acción legislativa. Y por el consenso expeditivo, la oposición comunica al Gobierno su intención de no trabar los decretos que no merezcan su conformidad pública».

Arrimadas lleva a Bruselas el indulto de los secesionistas: viola la separación de poderes. Difícilmente se puede atacar o violar algo que no existe, como es la separación de poderes en la partidocracia española y europea. No hay separación de poderes en origen, sino separación de funciones, como ocurría en el franquismo: el poder legislativo (que legisla en nombre de la nación) no está separado del ejecutivo (que ejecuta, y promueve iniciativas legislativas, pero no legisla, como sí se hace y se afirma vergonzosamente aquí sin que nadie se lleve las manos a la cabeza), y la potestad o autoridad judicial ni se la menciona en la Carta Otorgada del 78, cuyo órgano de gobierno es determinado por los partidos del régimen.

Ignacio Ruiz Quintano comenta la retirada de placas conmemorativas de Pemán ocurrida en la ciudad de Cádiz por parte del ayuntamiento de la ciudad: «el escarnio de esta fanfarria está en actuar en nombre de una “memoria democrática”. Si aquí nadie ha visto la democracia (ni, por las trazas, la verá), la gamberrada de “ostraconear” a Pemán en nombre de la democracia, sistema de gobierno que no conciben, sólo es una versión chisposa del “Arbeit macht frei” (“El trabajo hace libre”) de los campos alemanes, o de “El trabajo os hará hombres” de los campos cubanos del Che, flamante dios tutelar de la Unesco, para “rehabilitación” de homosexuales». Ciertamente, cortinas de humo como esta arcaica damnatio memoriae para levantar polémicas estériles sirven a politicuchos del régimen, que serán olvidados cuando la fama del escritor aludido siga subsistiendo (como, salvando las distancias, la de Céline en Francia), para desviar la atención sobre su cuestionable gestión municipal.

El Consejo de Transparencia ordena al SAS y a la Intervención General que entregue a Justicia por la Sanidad documentos solicitados sobre control de gasto sanitario. Como señala Luis Escribano, «tanto el SAS como la Intervención General han incumplido la Ley de Transparencia, a pesar de la propagación pública del compromiso del gobierno del PP y Cs por la transparencia y la lucha contra la corrupción. Es lo que tiene esta partidocracia: los partidos pueden mentir lo que quieran, dado que sus adeptos los seguirán votando irreflexivamente».

A vueltas del tema de los indultos, Ignacio Ruiz Quintano trae de nuevo a colación el criterio de Antonio García Trevijano: «– El indulto político es un crimen colectivo —repetía Trevijano, al hilo de una reflexión psicológica de Francis Bacon según la cual es más peligroso el indulto del delito que el delito indultado, pues, si se indulta a un delincuente, el ejemplo político es que se indulta de antemano a una turba de malhechores que saben que pueden obrar como el delincuente sin que les pase nada—.

>> Y comparaba estos indultos con las bulas para las cruzadas, que perdonaban los pecados del pasado y los pecados a cometer en el futuro. La cultura que nos ha traído aquí es el Consenso de la Transición, que suspendió el Código Penal para los delitos políticos tan graves como la sedición. En ese Consenso de bulderos han estado (y están) todos los partidos».