El Consejo Fiscal emitió un informe sobre la reforma que entrega a los fiscales la instrucción de las causas penales. El órgano que preside la fiscal general del Estado Dña. Dolores Delgado no se da por satisfecho y entiende que los residuales jueces de garantías que se crean para el control ex post de las actuaciones del fiscal mantienen aún «competencias exorbitantes».

Nunca es suficiente en el natural proceso de concentración de poder al que conduce la falta de separación de poderes y de independencia judicial.

El nuevo contenido de la inminente reforma procesal penal, cuya andadura comenzó cuando Ruiz-Gallardón ocupaba el Ministerio de Justicia, apuntilla sin recato la ya inexistente independencia judicial. En los programas electorales de los dos partidos mayoritarios se venía recogiendo desde hace tiempo la sustracción a los jueces de instrucción de la función investigadora de los delitos para atribuírsela directamente a la fiscalía. Ambos partidos estatales han coincidido simétricamente en este punto. Una vez más el consenso, erigido en auténtica razón de estado, sacrifica el más elemental principio constitucional de independencia judicial.

La atribución de la función instructora a los fiscales, que a día de hoy ya existe en el ámbito del enjuiciamiento penal de los menores, no supondría quiebra del principio de separación de poderes si la fiscalía y la judicatura integraran un cuerpo judicial único e independiente de los poderes políticos como ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos. Al contrario, en España, al constituirse el Ministerio Público como una estructura jerárquica dependiente de un fiscal general de Estado elegido directamente por el presidente del Gobierno, la independencia a la hora de perseguir, investigar y calificar conductas delictivas se pone directamente en manos de la clase política dirigente.

La jefatura en la investigación de todos los ilícitos penales se va a entregar a un comisario político elegido por el ejecutivo que, independientemente de su color político, se muestra siempre dócil y complaciente con quien le nombra. Los Conde-Pumpido, los Cardenal, las Delgado, decidirán sin filtro ni cortapisa judicial alguna qué delitos se investigarán y cómo se calificarán penalmente las conductas sociales así como las medidas investigadoras a adoptar (entradas y registros domiciliarios, intervención de las comunicaciones, etc.).

Tal escándalo merece una especial llamada de atención porque la ciudadanía tiende a observar este tipo de cuestiones como problemas estrictamente técnicos cuando en realidad afectan de lleno a la existencia misma de la justicia como bien deseado por todos.

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