La  explosión de una furgoneta bomba colocada por ETA junto a la casa cuartel de Legutiano (Álava) ha provocado la muerte de un guardia civil que se encontraba vigilando la entrada, sepultado bajo los escombros. Aparte de la extensa cobertura que han dado los medios de comunicación a este atentado, han propagado el eco aterrador del mismo, atribuyendo a esa banda terrorista la intención de causar una masacre, al no haberse recibido un aviso previo, con una acción indiscriminada, comparándola con la del 11 de diciembre de 1987 contra la casa cuartel de Zaragoza, en la que once personas (cinco niños entre ellas) fueron asesinadas.   Por primera vez en los últimos años, todos los partidos del Congreso de los Diputados junto a las principales organizaciones sindicales y empresariales, han comparecido ante los periodistas, rodeando al portavoz del PSOE, José Antonio Alonso, que ha leído una declaración conjunta en la que  los firmantes anuncian que seguirán defendiendo la vida y la libertad frente a ETA, a la que combatirán con “fortaleza democrática hasta derrotarla definitivamente”. También hacen un llamamiento a los ciudadanos para que respondan “serena y democráticamente” ante este último crimen, uniéndose a las manifestaciones convocadas por la misma clase política que después de más de treinta años, sigue siendo incapaz de solventar el problema del terrorismo en España.   Asimismo, en la prensa ha sido unánimemente alabado el cambio de actitud del Partido Popular con respecto a los últimos atentados, en los que no acudió a la manifestación unitaria, no aceptó incondicionalmente la declaración de condena, o no suscribió el pacto con el resto de fuerzas políticas en el Congreso. Ahora, Mariano Rajoy ha ofrecido a Zapatero todo su apoyo. Éste, ha proclamado que “con el Gobierno al frente, somos más fuertes si estamos más unidos”. El restablecimiento de la unidad sin fisuras contra ETA vuelve a presentársenos como el agua milagrosa que curará las viejas heridas del terrorismo separatista.   hechos significativos Rudolf Elmer, ex gerente del banco suizo Julius Baer, afirmó hoy que la Ley de banca de aquel país permite a las instituciones financieras encubrir delitos económicos, como la evasión de impuestos, y a los testigos a permanecer en el anonimato si se pone en entredicho el secreto bancario. El Sr. Corbacho, ministro de Trabajo, ha reconocido que en cuatro años "no se cambia un modelo económico", admitiendo que el paro aumentará durante los próximos meses. La OMS prepara el primer programa global contra el abuso del alcohol.

Chipiona (fotografía: Óscar) Llamadas Me llaman llamaradas, las llamas rumiantes, las llanuras, la hondura de las llagas borboteando un crepúsculo, la versatilidad de un tornado, la epidermis de las flores recién desabotonadas.   Me ausculta el viento cuando levanta las telas del alma, Me convocan las llantas invisibles de tus pasos, las llaves que abren pozos y paludes, las llábanas de hórreos olvidados.   El llar encadenado a la humareda de pensamientos que asciende por las lucernas abiertas en los tejados buscando aludes, parapentes en vuelo, cielos constelados.   Me emplazan los duelos, las bodas de gorriones, los regatos de veleros, los rompeolas que llevan como obsequio una mujer al fondo.   Me instigan los trapecios, las cárceles, los sanatorios clausurados, me diseminan las riberas con un poso amable de adormideras, me presienten los dromedarios, cubren mis sienes morrenas de glaciares, me hostigan los poetas con su deseo de calandrias, de arrabales.   Me nombran, me apellidan, me bautizan, me titulan las mareas, las ciudadelas, los meandros.

Es inevitable que cuatro fanáticos se dediquen a poner bombas o al tiro en la nuca. Tanto como que acaben siendo detenidos por la policía. El problema es que a esos cuatro les sustituyan otros continuando la serie. Y esto ocurre y ocurrirá porque la causa por la que se asesina y los mismos asesinos tienen el reconocimiento social. En no pocos municipios del País Vasco son comunes los homenajes, las calles o los monumentos a la memoria de tan insignes paisanos, a quienes no se considera asesinos sino presos políticos, con lo que la cantera queda asegurada mientras sea necesario.   Imágenes de etarras (foto: Kontrainformatu) La incuestionable mentira oficial que sostiene la Monarquía se basa en conceder rango de demanda social a la voluntad de los partidos estatales. En España no existe posibilidad de lo público sin pasar por estas organizaciones, el reconocimiento social es el político, ergo los referidos actos que encumbran a los heroicos gudaris de la ejecución por la espalda, son siempre, por acción u omisión, actos institucionales.   La implicación criminal del propio Estado quedó al descubierto cuando se comprobó que la llamada izquierda abertzale usaba la información oficial y las subvenciones como cobertura al terrorismo, con el que formaba un único movimiento. Evitar esto sin vulnerar los derechos de reunión y asociación implicaba acabar con la financiación estatal y poner en crisis el sistema. Naturalmente la Ley de Partidos consumó lo primero, aun a costa de reforzar la imagen de opresión españolista que justifica la dialéctica de la lucha armada. De ahí se pasó a un nuevo reconocimiento como interlocutor político, y vuelta al Estado con ANV.   El abertzalismo en la sociedad vasca no es lo preocupante. Se ve tan débil que necesita del terror. Y es el nacionalismo estatal de la parcela autonómica el que consiente tal situación. La fractura social y la tensión de la violencia se fija en la Comunidad Vasca, oponiendo la lengua, manipulando la historia o sacando a pasear el Rh si es necesario. Por mucho que se nos presenten como algo opuesto, el PNV y el Parlamento Vasco son Estado tanto como el PP y el Congreso de los Diputados. ETA resulta insoluble en esta Monarquía, porque la razón de ser de ETA es la permanente inconstitución del Estado por su reparto entre los partidos.

Los partidos políticos son producto de la ambición política y de la libertad de asociación. Nada más. Ni un requisito para la Democracia como creen muchos, ni un impedimento para su aplicación como otros se figuran. Ni su historia como organización, ni los méritos que puedan corresponderles en la conquista de la libertad política, los convierte en cauces de esa libertad. Pero una vez constituidos, incluso en las democracias, el compadreo entre sus cuadros directivos y los de los ámbitos económicos e informativo-culturales y su presencia constante en los medios de comunicación magnifica la importancia institucional que poseen y los convierte en una axiomática referencia psicológica para el ciudadano.   La Constitución legaliza en su artículo sexto el Golpe de Estado Original y la traición a la sociedad civil de quienes se hicieron dirigentes políticos de prestigio hablando de libertad. La constante apelación a la política de Estado denota el carácter estatófilo de los partidos y esconde que, caso de que tal política tenga alguna connotación admisible por la Sociedad Civil, a los partidos políticos españoles no les es dado hablar en nombre del Estado, hacer pactos de Estado o hacer una política de Estado por encima de la partidista. La estupidez de que los partidos políticos tienen que ser democráticos sólo tiene sentido si esos partidos se han convertido en protagonistas exclusivos de la Sociedad Política. Entonces, esa democracia interna maquilla la ausencia absoluta de democracia externa con primarias y congresos que jamás podrán librarse, de puertas para adentro, de las vicisitudes psicológico-organizativas que imperan en cualquier grupo. Carlos Schmidt dio fuste intelectual a este copo estatal por parte de grupos organizados al establecer la esencia de lo político en la oposición amigo-enemigo, siempre en el seno de lo público, en lugar de en aquella que establece el mando-obediencia. La ideología de confrontación irreconciliable legitimó el vil consenso de los partidos que asaltaron el Estado como medida pacificadora, cuando no procazmente civilizadora.   El 14 de junio de 1791, la Asamblea aprueba la ley propiciada por don Isaac Le Chapelier que prohibía las asociaciones profesionales; la norma pretendía evitar que se convirtieran en grupos de presión política constituyendo monopolios y sindicatos. Vuelva señor Le Chapelier, vuelva de entre los descabezados por El Terror y haciendo esta vez caso a Marat: prohibir la asociación sólo puede perjudicar a la sociedad civil. Pero déjeme preguntarle jocosamente algo: ¿no sería hermoso prohibir a los partidos políticos hacer política? ¿Sería usted capaz de presidir de nuevo la Asamblea que llevara adelante la resolución? A fin de cuentas, una de las condiciones sine qua non de la democracia es la evitación de que las candidaturas que instrumentan el principio de representación sean encarnadas por partidos en lugar de por personas.

Con el pretexto de la crisis sucesoria del Partido Popular, arrecia en los medios de comunicación el debate en torno a la “democratización del funcionamiento de los partidos políticos”. Discusión que no tiene más pretensión que ocultar un debate mucho más urgente y necesario, es decir, la democratización de la estructura misma de los poderes del Estado; en suma, su división y el necesario control y contrapeso entre ellos, que el parlamentarismo no puede garantizar. Pues no hay teoría, por ingeniosa que sea, que pueda soslayar, si no es con sofismas ad-hoc, la evidencia de que el Poder Legislativo, en un régimen parlamentario con reparto proporcional de escaños y listas cerradas y bloqueadas, queda, en la práctica, anulado, en el acto mismo de constitución y refrendo del Poder Ejecutivo. La moderna doctrina constitucionalista ha designando este modelo con la expresión “parlamentarismo frenado” (ver Oscar Alzaga, “Derecho Político Español”). Pero ni siquiera el parlamento ostenta el poder, y por lo tanto ni siquiera con propiedad este sistema puede definirse como parlamentario. Son las ejecutivas de los partidos políticos las soberanas, las que toman decisiones con procedimientos que escapan por completo al control de los electores y vulneran toda noción de representatividad: la “disciplina de voto” parlamentaria cierra el círculo del descontrol.   Una asociación voluntaria, como lo es un partido político, no puede apropiarse de la única asociación obligatoria del poder que es el Estado, sin destruir los cimientos mismos de la democracia. Los partidos políticos son condición sine qua non para la expresión, en la sociedad política, de la división ideológica de la sociedad civil; pero el Estado debe ser protegido de ellos a fin de que ésta pueda defenderse, precisamente, de la tendencia natural del poder a la expansión y al descontrol. El Poder Legislativo traiciona su función cuando renuncia a sus facultades de control sobre el Poder Ejecutivo a cambio de su cuota de participación en éste. Y unas organizaciones cuyo axioma es la disciplina difícilmente serán democratizadas. Por el contrario, el ejercicio del poder sí puede y debe ser democratizado. Y ello pasa  por sacar a los partidos políticos del Estado. El “debate de ideas” que algún prócer del Partido Popular ha exigido ¿tiene en cuenta estas consideraciones? ¿O nuevamente nos encontramos ante un cambio de vestidos que no supone un cambio de señores?   Sra. Aguirre y Sr. Zapatero (foto:lademocracia.es)

Jean-Paul Sartre (foto: jadc01) En el inicio de la legislatura se desencadenan rebeliones en los partidos. En el de la oposición: lucha cada vez más indisimulada por el control de la dirección y el poder que ello conlleva. En el partido del gobierno: lucha federalizante por el reparto de la financiación entre barones autonómicos.   La comunicación a la opinión pública de esta actividad pseudopolítica concita en las inteligencias políticas el aburrimiento angustioso de lo habitual : percepción de fragilidad o de equilibrio inestable, y miedo a un indefinido vacío de poder o al desorden que acarrearía la transformación del régimen político vigente.   Jean Paul Sartre esbozó – en vísperas de la Francia ocupada y entregada a los nazis- las líneas de una conciencia humana productora de irrealidad en la emoción, la imaginación y la percepción. La negatividad de la realidad presente constituye, entonces, la esencia de la imaginación y percepción humanas. Algo de ello ocurre en el español actual: imposibilidad de analizar, sin prejuicios cratológicos, su régimen político.   La lucha por el poder y el dinero en los partidos del Estado desvela que los partidos, no solamente están disgregados de la sociedad civil y enemistados con su democracia interna, sino que genéticamente constituidos por el estado franquista se mimetizan con el Estado neofranquista.   Los asuntos internos de los partidos (sus tribulaciones, peripecias, e intrigas) son asuntos de Estado, y sus razones para mantenerse en el poder o aspirar a él en el banquillo de la oposición, son razones de Estado que se justifican por sí mismas, sin necesidad de argumentarlas. En el Estado de partidos, y ésta es la diferencia específica con los demás tipos de Estado desde el fin de la segunda guerra mundial, los partidos son el Estado. Se dio un salto cuantitativo: del Estado de partido único al Estado de partidos muy parecidos.   E n España, con una larga tradición de sumisión oriental a la tiranía del poder político, las maneras y usos despóticos, y sus correspondientes aprobaciones populares, se reproducen extensa e intensamente a través de los partidos estatales.

Turbados por el desasosiego que provoca el conocimiento público de una minúscula porción de la corruptela institucionalizada, los prudentes varones del oligopolio editorial infunden calma a las conciencias ciudadanas, no procurándoles remedios groseramente tangibles, como impedir, atajar o castigar la corrupción con mecanismos democráticos, sino evasiones de la realidad, dulces anestesias y piadosos embaucamientos reformistas.   Insufriblemente gazmoños, confunden la tranquilidad con la esclerosis. Pastores de almas pacatas, aborrecen la valentía moral y la honestidad intelectual, únicas energías capaces de disolver la grumosa condescendencia ante la rapiña institucionalizada. Virtuosos fulleros, se las arreglan para componer un fantástico trampantojo: hacer pasar por interés general la abyecta seguridad de unos jerarcas ilegítimos. Megalomanía irrisoria, si no fuese tan peligrosa.   Refugiados en la estabilidad de la patria, vaporizan el ambiente con los narcóticos del sosiego y el miedo a la libertad. Tan solemnes trapacerías surten efecto en las asustadizas voluntades de un excesivo número de personas, con una formidable propensión a creerse los ponzoñosos embustes de los señores políticos. Lo previsible no escandaliza, confirma sospechas razonables, salvo para la acostumbrada caterva de fariseos que tiende a justificar la desbordante corrupción del “régimen demócrático”, porque éste nos proporciona el mísero consuelo de tener relativa noticia sobre aquélla. Se ventila así, la inquietud general, con la falsa coartada de que tenemos democracia.   No hay que soltar las bridas de la imaginación para inferir el sinfín de tropelías que propicia un poder máximo, sin diques que contengan su inclinación al atropello. Sólo es preciso hacer deducciones lógicas: cualidad humana que parece estar vedada a los animales políticos de la era partidocrática. Un Gobierno con una oposición testimonial o lealmente cómplice es el deseo que los políticos disfrazados de demócratas hicieron realidad con la Constitución que consagra la impunidad del poder político. A partir de esa jugada magistral de la truhanería política, lo que no se encamine a desbaratarla, no pasa de ser inútil o pueril.   Publicaciones españolas (foto: Lisérgico)

El Rey ha confesado a una reportera de El Mundo la opinión que le merece el Sr. Zapatero: “es un hombre muy honesto. Muy recto” “Él sabe muy bien hacia qué dirección va, y por qué y para qué hace las cosas”. Estas  declaraciones han sido consideradas históricas por el citado periódico.   En “El negocio del libertad” Jesús Cacho escribe que en abril de 1994, Aznar entregó a Manuel Prado un mensaje con destinatario real. En caso de crisis institucional el PP nunca apoyaría al Monarca, si se diera alguno de estos casos: a) el estallido de un caso de corrupción que salpicara a la Corona; b) que el Rey no actuara como garante de la unidad nacional; c) que la Monarquía ligara su futuro al de un líder político determinado.   En la obra referida, Cacho cuenta que el entonces presidente del Gobierno, Felipe González, cuando esperaba, impaciente, a ser recibido por el Monarca para uno de sus despachos habituales, exclamó lo siguiente: ¡Y dile a Manolo Prado que se conforme con el 2 por ciento, porque eso de cobrar el 20 por ciento es una barbaridad”. Estaba hablando, según lo afirmado en “El negocio de la libertad” de las comisiones del petróleo importado por España de cierto país árabe. Nada más reinar Juan Carlos I, Manuel Prado se dedicó a enviar una serie de cartas reales a monarcas reinantes del mundo árabe para pedirles dinero en nombre del Rey. Una de ellas ha sido publicada por el ex jefe de la Casa del Sha de Persia en un libro de memorias, titulado The Shah an I.   La Reina aseguró a su biógrafa Pilar Urbano que Juan Carlos había hecho creer a los militares, antes del 23-F que estaba con ellos. Al respecto, resulta esclarecedor el télex del Rey a Milans del Bosch que ABC reprodujo (23-II-95) diciéndole de madrugada “después de este mensaje ya no puedo volverme atrás”.   El Rey era pobre en 1975; hoy es un hombre rico. No condenó la corrupción ni los GAL durante el periodo gubernamental de Felipe González. Tampoco se ha manifestado en contra, en nombre de la unidad de España, del derecho de autodeterminación que se proclama insistentemente, creyendo  que “hablando se entiende la gente”.   hechos significativos El gabinete de comunicación de la Casa Real ha recalcado que las palabras de don Juan Carlos sobre el presidente son "comentarios informales" y en ningún caso "declaraciones oficiales". Tras la detención de los agentes de Coslada, el Sr. Rubalcaba, pide para la Policía local un control similar al de las Fuerzas de Seguridad del Estado.