En el BOE del pasado 5 de noviembre aparece una orden del Ministerio de la Presidencia «por la que se publica Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional», firmada por Carmen Calvo quien, recordemos, fue ministra de Cultura con Rodríguez Zapatero, y que ha tenido cargos políticos durante toda su vida.

Esta orden ministerial parte de unas premisas falsas y que en España nunca han estado vigentes como «el acceso a información veraz y diversa» o que «por este motivo, la libertad de expresión y el derecho a la información se consagran como derechos fundamentales en nuestra Constitución».

Durante los gobiernos de Felipe González, era de dominio público la manipulación en Radiotelevisión Española, así como en otros medios de comunicación, la gran mayoría de ellos bajo la órbita de Jesús de Polanco. No obstante aún existía Antena 3 Radio, que era más veraz, diversa y crítica, llegando a ser número uno en audiencia. Eso no podía mantenerse mucho tiempo, así que el Gobierno de González propició la absorción por la SER de Antena 3 Radio.

   Hoy en día, esa «información veraz y diversa» brilla por su ausencia pues ni RTVE, ni Atresmedia ni Mediaset son grupos de comunicación independientes del poder político ni están enfocados a ciudadanos con interés por la actualidad y en los que existan opiniones de todo tipo. Se dirigen a masas proporcionándoles una realidad falsa. En los medios de radio sí existe más pluralidad sabiendo que cada emisora tiene su tendencia. En los pocos medios de prensa escrita podemos decir lo mismo que en el caso de las distintas emisoras de radio.

   Pues bien, la orden ministerial antes mencionada, argumentando de forma falsa decisiones en el entorno de la Unión Europea y la COVID-19 plantea la entrada en vigor de todo un «Procedimiento de actuación contra la desinformación» cuyo contenido está, de principio a fin, absolutamente tergiversado y con un fin absolutamente espurio, pese a que en esta orden ministerial se dicen aseveraciones tales como «esta situación sugiere la necesidad de un reajuste de este marco de actuación y, a tal efecto, se desarrolla la actualización de este procedimiento, que ha servido de base para la creación de un Sistema Nacional para la prevención, detección, alerta, seguimiento y respuesta cuyas causas, medio y/o consecuencias están relacionadas con la desinformación» o que «Por último, se revisan las funciones de la Comisión, a fin de responder a la necesidad de elaborar una propuesta de Estrategia Nacional de Lucha contra la desinformación».

En el desarrollo de esta «estrategia» dice la orden que «Acorde con los órganos y organismos que conforman el Sistema de Seguridad Nacional, se establece una composición específica para la lucha contra la desinformación. La estructura está constituida por los siguientes componentes:

1. El Consejo de Seguridad Nacional.

2. El Comité de Situación.

3. La Secretaría de Estado de Comunicación.

4. La Comisión Permanente contra la desinformación.

5. Las Autoridades públicas competentes.

6. El sector privado y la sociedad civil».

Casi nada. Es sabido que todo aquello que comience por ciertos vocablos como consejo, comité o comisión permanente, el ciudadano debe echar mano a su bolsillo pues ello conlleva indefectiblemente dinero que sale de todos para mantener ese conglomerado burocrático. 

   Expuesto el contenido de esta orden ministerial, cuyo rango jurídico es mínimo, redactado por el poder ejecutivo y sin participación alguna del poder legislativo, podemos concluir, en primer lugar, que pretendidamente, a partir de entrar en vigor, existiría «oficialmente» información y desinformación, verdad y mentira oficiales, creándose una suerte de «Ministerio de la Verdad» como en la escalofriante novela 1984 de George Orwell. En segundo lugar, partiendo de lo anterior, se implantaría un pensamiento único impuesto por el ejecutivo, una auténtica dictadura, además, plasmada negro sobre blanco.

  Desde mi punto de vista, jamás en España ningún gobierno se ha atrevido a tanto. Ahora, parece ser que con internet, y personas o grupos que defienden la libertad, necesitan este nuevo «Ministerio de la Verdad» para intentar en vano hacerles callar.

Pregunto: ¿quién va a creer seriamente a un presidente del Gobierno que de un día para otro cambia absolutamente de criterio?; ¿quién va a creer a un señor como Simón que en su día dijo que la pandemia en España afectaría a una o dos personas?; ¿o que Calviño vaticinara que la repercusión económica de la pandemia sería inapreciable?. ¿Quién miente y manipula en España?.

Sinceramente, creo que esta orden nunca llegará a ser aplicada, pero deja vislumbrar unas finalidades absolutamente totalitarias.

1 Comentario

  1. Es lo que se espera en un Estado en el que su constitución estuvo hecha bajo la atenta mirada de los militares franquistas, con parlamentarios y partidos elegidos con sistema electoral diseñado por el régimen franquista para favorecer sus intereses y con mayoría del partido del antiguo secretario general del Movimiento (léase del partido franquista).

    Por mucho que los telediarios repitieran un millón de veces que eso es una constitución democrática, no por ello lo es. Y la deriva autoritaria de los últimos gobiernos lo confirman.

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