El Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha instado a Gobierno y Comunidad Autónoma a incrementar los medios materiales y personales del Juzgado de Ejecutorias penales, encargado de dar efectividad a las sentencias sobre “violencia de género”. El titular del Juzgado de Ejecutorias Penales nº 2 denunció que la pendencia de las siete mil resoluciones que se tramitan en su sede era un “polvorín”. Esa llamada de atención judicial y fiscal a las administraciones que controlan el presupuesto de la Justicia, no deja de ser una forma de cubrirse las espaldas ante previsibles nuevos escándalos como los tristemente recientes, con causa en la burocratización de la función jurisdiccional inherente a este sistema de poderes inseparados.   Plaza de Castilla (foto: Peruxu) Tal configuración burocrática de la Justicia, como mero tentáculo administrativo, simplifica la respuesta a problemas de hondo calado. El Juez, convertido en funcionario ministerial, se limita así a reclamar mayores dotaciones presupuestarias como única salida al colapso de su parcela administrativa. Si existiera dignidad en la judicatura, su voz se levantaría para reclamar su independencia, incluida la presupuestaria, y no para solicitar más dinero de un ejecutivo en reconocimiento expreso de supeditación al poder político.   La separación orgánica del poder judicial es imposible sin independencia presupuestaria. Si el ejecutivo controla y dispone de sus fondos y medios materiales, cualquier expresión de independencia está vacía de contenido. Por eso, la mera existencia de un Ministerio de Justicia es un insulto a la separación de poderes.   La independencia presupuestaria de la Justicia sólo se conseguirá cuando exista un Órgano de Gobierno de los Jueces auténticamente independiente que asuma las competencias presupuestarias actualmente en manos tanto del ejecutivo estatal (Ministerio de Justicia), como del autonómico (Consejería de Justicia) en aquellas autonomías donde la competencia se encuentra transferida. La dignidad de Jueces y Magistrados es premisa necesaria de eficacia jurisdiccional, y ésta no existe si se comportan como meros mendicantes de fondos gubernamentales.

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