En la ronda de reuniones para preparar la cumbre del G-20 los presidentes del Santander, BBVA, La Caixa y Caja Madrid han sido los primeros en acudir a la Moncloa. Éstos han comunicado a Zapatero la necesidad de mayores controles en el sistema financiero internacional, coincidiendo todos en las “buenas prácticas” de los bancos españoles, que velan por la seguridad de sus inversiones y los depósitos de sus clientes, lo que les ha llevado a convertirse en un ejemplo de solvencia en el panorama de incertidumbre global. Más tarde se presentaron los presidentes de las patronales CEOE y CEPYME, y los secretarios generales de CCOO y UGT, quienes reclamaron que se devuelva el protagonismo a la economía real y productiva por encima de la financiera.   Las cajas de ahorro, que en teoría son entidades públicas sin ánimo de lucro cuya mayor parte de sus beneficios debería destinarse a obras sociales, representan la mitad del alabado sistema financiero español. En 1985 se promulgó la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorro (la Lorca), que rige para todas las cajas y que otorgó a los ayuntamientos y comunidades autónomas la posibilidad de controlar o manejar sus consejos de administración.   Tras la aprobación de la Lorca, los partidos no sólo mandan en las cajas merced a sus cuotas en las administraciones locales y autonómicas, sino también a través de las asambleas de impositores, en las que participan mayoritariamente sus militantes y los de los sindicatos, que también están metidos en los consejos.   Miguel Blesa ha estado al frente de Caja Madrid desde 1996 por la gracia de Aznar. En el próximo mes de marzo se llevará a cabo una renovación parcial de los consejeros de la caja en la que estaría incluido el cargo de presidente, que ocupa uno de los sillones correspondientes a la Comunidad. Sin embargo, una disposición de los estatutos de la caja permite a Blesa un tercer mandato de seis años, que además cuenta con el apoyo de los sindicatos, IU y Gallardón y la abstención del PSOE, lo cual, junto a su negativa a dar cobijo a algunos dirigentes del PP como Acebes y Lamela, ha provocado la desaprobación de Esperanza Aguirre.   hechos significativos   La Generalitat exige disculpas a “The Economist” por un reportaje en el que se denuncia “el dogmatismo lingüístico” de los nacionalistas. La duquesa de Alba también solicita el secuestro judicial de un número de la revista satírica “El Jueves”.