El expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, principal protagonista del caso de los trajes que acabó con su carrera política, sabía por el Síndico de Cuentas de Valencia que los contratos con Iñaki Urdangarin eran ilegales. Así se lo ha hecho saber la institución al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, que ha remitido al juez los informes de fiscalización de los ejercicios 2004, 2005 y 2006, según el diario El Mundo.

En la documentación enviada se hace referencia a contratos como el de Valencia Summit, organizado por el marido de la infanta Cristina, cuyo objetivo era analizar el impacto de los grandes eventos en las ciudades. El Tribunal de Cuentas denunció sin éxito que con estas contrataciones no quedaba acreditado la necesidad del gasto en ninguna de las tres ediciones.

Según El Mundo, la Generalitat dio 4 millones de euros a dedo al duque, ninguneando el informe del síndico. Pese a las advertencias del Tribunal de Cuentas, el Gobierno de Camps otorgó fondos, vulnerando la Ley de Contratos del Estado.