La ley de la gravedad es inexorable. Una bola de acero siempre caerá al suelo si nada la sujeta. Cuando no sucede así, es que algún oculto resorte se lo impide. Y aunque no lo podamos ver, sabemos que está ahí. La última gran y continuada movilización social en nuestro país se produjo tras el apoyo del Gobierno —y por ende del Parlamento, ya que siempre son lo mismo por más que nos lo quieran presentar como algo distinto— a la guerra de Iraq. Cualquiera en sus cabales sabe que alcanzar los cuatro millones de parados es algo infinitamente mucho más preocupante y grave que una guerra a cuatro mil kilómetros de distancia. Resulta obvio que hay algo que evita la notoria explosión del descontento popular por esta situación.   En circunstancias como estas, puede apreciarse con evidente claridad cómo la sociedad civil española no tiene medio institucional de existir públicamente. El interés común se define en lo esencial según la voluntad privada de una minoría que patrocina los visibles partidos estatales, encargados de escenificar una aparente democracia (votaciones, división orgánica del poder, pluralismo de partido, agentes sociales, etc.). Sin embargo, lo extremo de la situación desaconseja las manifestaciones callejeras, al resultar insolubles a una coherente solución de partido —para qué salir a la calle contra un Gobierno que mantiene las prestaciones y no teme el gasto público, favoreciendo a un PP que propugna recortes y facilidades para el despido—, pudiendo llevar a los trabajadores a tener que mirar más allá del Régimen. Impedir, no obstante, esta última válvula de escape, demuestra la ciega confianza en unos mecanismos de control que han de coparlo absolutamente todo, desde la educación y los medios de comunicación social hasta los sindicatos, pasando por la mismísima Iglesia, para conseguir juntos el hermetismo respecto a un poder político del que se sienten, cuando no son, deudores. Tal cerrazón anuncia el “pacto de Estado”, pues éste no puede rebasar la voluntad conjunta de las jefaturas de los dos grandes partidos. El idilio vasco y el interés financiero compartido en sus cajas de ahorro les aproximan. Ambos unirían sus fuerzas para poner a salvo la Partitocracia.   Nadie puede seguir un camino que no existe. Tampoco puede liderarse una marcha que se ignora si podrá ser suficientemente apoyada, marchitándose entonces en el intento y vacunando al búnker. En España, la alternativa democrática al posfranquismo juancarlista que nos consume está vetada públicamente. Disuelta en el limbo de la incertidumbre. Poco importan los horrores vividos, el empobrecimiento de las clases medias o la condena a las nuevas generaciones. No se permitirá ver la bola caer. Ni en un solo momento, ni en un solo lugar. Y no hay ninguna dignidad en la resignación, únicamente demuestra la momentánea victoria de la impotencia. Más triste es, para quien dispone del espacio público, ceder a la cobardía. Aunque, por muy certera que sea una idea, siempre queda denostarla o rebajarla antes de que nos comprometa al arrojo.

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