Esta semana y a raíz de la sentencia del caso “Noos” crece y crece la indignación, especialmente exteriorizada en la redes sociales; sobre todo, por la absolución de la hermana del Rey Felipe VI.

¿Quién se indigna y por qué? La respuesta es sencilla. Se indignan los que ignoran las causas, los que ignoran el porqué de sentencias como la mencionada.

La reacción de los que sí conocen las causas de situaciones injustas, podridas o simplemente intolerables, no es la generación de bilis e indignación, sino de denuncia de las causas de estas últimas y propuestas para eliminarlas con el objetivo de evitar que se  produzcan nuevas situaciones injustas o podridas en el futuro.

La sentencia del caso “Noos” ha consagrado y dejado patente para el que quiera verlo, que “el desconocimiento, la tontez y el enamoramiento”, separación de bienes por medio, es la gran coartada de las parejas de los políticos y de la clase política, para eludir todo tipo de responsabilidades, incluidas las penales, y ello aunque resulte probado la utilización y aprovechamiento de lo obtenido ilícita o irregularmente.

El caso “Noos” no es el primero, hay otros, por citar sólo algunos, según la “canalla mediática”, el de la pepera Ana Mato en relación con la financiación de las fiestas de sus hijos o los coches del en su día marido; o el de la alcaldesa podemita Carmena en relación con la insolvencia de la empresa de arquitectura de su marido para no abonar los salarios de los trabajadores de la misma. La tonadillera Isabel Pantoja pretendió lo mismo, dijo: “yo también estaba enamorada y no sabía nada”; esta última sin embargo ha cumplido penal y económicamente por necesidades ejemplarizantes del régimen, así lo ha manifestado uno de los ministros del mismo, y porque no era un miembro de la clase política.

Así funciona en España el régimen político de 1978, y que consciente o inconscientemente apoyan y sustentan todos los que una y otra vez acuden a votar a alguno de los partidos de la “monarquía de partidos” que padecemos, tanto los que votan a los partidos progres de izquierdas como a los partidos progres de derechas; tanto los que votan a los partidos conservadores de derechas como los que votan a los partidos conservadores de izquierdas, todos ellos se financian y funcionan integrados en el “régimen español de partidos políticos estatales”.

El PP y el PSOE son los padres y el sustento, hasta hace poco tiempo en exclusiva, de la “monarquía española de partidos estatales”, son los dos pilares del “estado de partidos estatales español”, uno de cuyos principios de funcionamiento es la confusión de los poderes del estado mediante, entre otros mecanismo, la neutralización de la independencia del poder judicial, esencial para el control disuasorio cautelar y a posteriori del abuso y la desviación de poder.

De los llegados hace poco, Ciudadanos confunde poder judicial y gobierno del poder judicial; llamado Consejo del poder judicial por la Constitución de 1978; y su propuesta es sustituir la politización o control por los políticos de la justicia por el corporativismo y gremialismo de los jueces, atribuyendo a estos últimos la elección de los miembros del citado Consejo o parte del mismo

Las propuestas de Podemos apuntan a intensificar la influencias política sobre los jueces que considera deben tener presente la sensibilidad manifestada electoralmente, neutralizando con ello cualquier atisbo de independencia judicial; en otras palabra, dirección contraria a la independencia judicial.

Ánimo, voten y disfruten. Observando como “los mismos que acuden a votar a cualquiera de los partidos de la monarquía de paridos estatales son los mismos que se indignan y escandalizan por hechos como la sentencia del caso Noos”; no puedo evitarlo; inmediatamente acude a mi mente lo de “sarna y gusto”.

La imprescindible independencia judicial que controle y limite la actuación de los otros dos poderes del estado, tanto del legislativo como del ejecutivo,  para evitar casos como el mencionado, puede conseguirse institucionalmente, incluida la suficiencia económica del poder judicial, mediante la elección del gobierno del poder judicial, no por los ciudadanos en general que desconocen tanto el funcionamiento de la administración de la justicia como los actores de la misma,  sino por todos los que intervienen en dicha administración:  jueces, secretarios judiciales, fiscales, agentes judiciales, gestores procesales, policías judiciales, abogados y procuradores en ejercicio, forenses y peritos judiciales, notarios, registradores, gestores administrativos, graduados sociales, etc. La garantía institucional ideal consiste en descolgar del Gobierno  las competencias actuales del Ministerio de Justicia que deberían ser ejercidas por el poder judicial, incluía la gestión íntegra de una policía judicial ajena al control del Ministerio del Interior.

La separación en origen de los poderes del estado si bien no es un antídoto infalible contra la corrupción, sí es la mejor garantía institucional contra la misma.

La confusión de aquellos poderes mediante la designación de las personas que ejercen un poder, por ejemplo el ejecutivo o el judicial, por las personas que pertenecen a otro poder, por ejemplo, el poder legislativo, sí que asegura e institucionaliza altas dosis de corrupción política y económica, convirtiendo el pacto y reparto del poder del estado –consenso– en la savia imprescindible que necesita el “estado de partidos” para funcionar.

Sapere aude.

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