Los contribuyentes pagarán 290 millones por la quiebra de 8 autopistas con un “socavón” de 3800 millones

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La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha confirmado los peores temores: los contribuyentes pagarán 290 millones por la quiebra de las 8 autopistas que aparecieron en 2012 con un “socavón” de 3800 millones de euros. El agujero procede de la época en que Aznar era presidente del Gobierno fueron impulsadas por el ministro Alvarez Cascos. Las constructoras que las realizaron cobraron, los directivos también, pero los conductores estimaron sus precios prohibitivos para la calidad del servicio que proporcionaban en comparación con las autovías gratuitas. Y ahora los bancos que prestaron el dinero, ante el temor de perder lo arriesgado, recurren de nuevo al Estado para sufragar la quiebra, es decir, a todos los españoles. Un negocio sobre ruedas.

 

La impunidad de la situación lleva a que ningún directivo de estas autopistas ni ningún político que las autorizó ni mucho menos ningún banquero que les prestó el dinero, ha sido víctima de un proceso judicial por la quiebra. Se irán de rositas, pero los ajustes sociales a que obliga tener que pagar con el dinero de todos 3800 millones imprevistos, con la que está cayendo además con la deuda española, provoca que la consideración internacional sobre la gestión española baje un peldaño más, y no sólo en las auditorías de Moody´s.

 

Los pactos entre políticos y banqueros de PP y PSOE (pues la quiebra afecta a las carreteras de Madrid, Murcia, Andalucía, Castilla la Mancha y Comunidad Valenciana) que van a salvar con dinero público este escandaloso dispendio que ha terminado en fracaso empresarial y político pretende salvar a empresas muy reconocidas: Abert, Globalvia, Cintra, ACS (Florentino Pérez), Isolux, Comsa, OHL y Ploder. Son meros nombres que esconden detrás a instituciones muy concretas: Caja Madrid, Sacyr, Unicaja, Cajamar, Infu Capital, Caja Murcia, Caja Castilla la Mancha, Kutxa, Budimex, Acciona, Concursos Intercontinentales, Sando Concesiones, Esconcessoes y Capital. Faltan por conocer los nombres y apellidos de quienes cobraron o cobrarán indemnizaciones y sueldos millonarios a pesar de la quiebra, como ha ocurrido en las cajas de ahorros.

 

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