Los autónomos y las pequeñas y medianas empresas están entre la espada y la pared. La morosidad de las Administraciones Públicas españolas -tardan más de 145 días en saldar sus deudas frente a los 65 de media en Europa- está ocasionando graves problemas a unas empresas que siguen padeciendo la aguda restricción del crédito. Según una encuesta de las Cámaras de Comercio, ocho de cada diez pymes tienen serias dificultades para acceder a una financiación, cuyos costes, además, han aumentado: no sólo respecto a los tipos de interés, sino también con los gastos de tramitación y las comisiones bancarias.   El estallido de la burbuja inmobiliaria y la consiguiente merma de ingresos de los ayuntamientos ha provocado que transcurran hasta siete u ocho meses antes de que estas corporaciones paguen a las empresas que suministran, por ejemplo, material hospitalario, o prestan distintos servicios urbanos. &nbsp Aparte de esta crítica situación (en la que las Administraciones Públicas adeudan más de 12.300 millones de euros), se exige a estas empresas, bajo amenaza de embargo, que ingresen en las arcas públicas más de 5600 millones por las facturas de unos servicios que aún no han cobrado.   Ante esta deuda pública, los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) proponen que se compense a las empresas perjudicadas, eximiéndolas del pago del IVA y del Impuesto de Sociedades, o bien, que lo que se les debe sea considerado “aval suficiente” para aplazar sus obligaciones fiscales sin tener que abonar intereses de demora. Lo cual, según Gestha, supondría una inyección de liquidez para muchas empresas que, siendo hasta ahora solventes, se ven obligadas a echar el cierre por la falta de capital circulante con el que pagar a sus empleados.   El plazo de pago de 30 días que establece la ley es pura filfa, al igual que la aplicación de las sanciones -como la indemnización por costes de cobro- que mitiguen los perjuicios que causan los retrasos. Sin embargo, difícilmente se atreverá un empresario a reclamar sus derechos ante un juzgado por temor a las represalias o a verse relegado en su trato con el Estado.   hechos significativos Esperanza Aguirre, dejando a un lado la condición estatal de los partidos, dice que “si hiciéramos a todos funcionarios, habría pobreza, hambre y corrupción”.   El ICO achaca el fracaso de su línea de créditos a la virulenta mutación de la crisis.