El día diez de junio, el Senado aprobó una moción del grupo socialista con la intención de que el Gobierno impulse una reforma de los servicios públicos locales que, dirigida a profundizar en la consecución de una financiación suficiente de tales servicios públicos, sirva de base para la aprobación de una nueva ley de financiación. La iniciativa viene precedida por la presentación del libro “La financiación local en España: radiografía del presente y propuestas de futuro”, efectuada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la cual se reclamó más atención y trato equitativo para las Entidades Locales.   Un 37,2 % de los ingresos no financieros (INF) están ligados a la construcción. En ese porcentaje se incluyen figuras tributarias tan relevantes como los impuestos sobre bienes inmuebles, sobre el incremento del valor de los terrenos y sobre las construcciones, instalaciones y obras; además de contribuciones especiales, licencias urbanísticas, cuotas de urbanización, aprovechamientos urbanísticos y enajenación de terrenos. Y un 37,4% de esos INF están ligados a los ingresos de otras administraciones, como la cesión de ciertos tributos estatales (sólo a las grandes ciudades) (1,7%) y a las transferencias del Estado (el 20,5%), de la Comunidad Autónoma (10,2%) y de la Diputación Provincial (5%) según la Liquidación de los Presupuestos de 2005 de las Entidades Locales de España.   Los municipios se quejan de que prestan servicios cuyas competencias pertenecen sobre todo a las Comunidades Autónomas, sin que ellas aporten financiación suficiente. La FEMP ha evaluado el coste de esos servicios en 7.000 millones de euros. Los Gobiernos Autonómicos, en especial los dirigidos por nacionalistas, están de acuerdo con esta propuesta, pero quieren que sea el Estado el que pague los costes. En definitiva, los municipios no quieren perderse el reparto del pastel tributario estatal, ni negociar con cada Comunidad Autónoma de forma bilateral sino con todas a la vez y a ser posible en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera; quieren recibir las cuantías de los servicios que prestan por el hecho de ser la administración más cercana al ciudadano, tener mayor poder fiscal no sólo sobre los inmuebles sino sobre la renta y el consumo y saber qué competencias deben asumir en el caótico entramado administrativo actual (estatal, autonómico y local).   hechos significativos La dirección de la central nuclear de Ascó silenció conscientemente los efectos de la fuga y modificó a su conveniencia el umbral de alarma. Irlanda decide en referéndum acerca del Tratado de Lisboa.